Justicia de género y ganadería: Un análisis feminista de la elaboración de políticas ganaderas y forestales

La Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, firmada en noviembre de 2021 durante la COP26, se comprometió a frenar la deforestación para 2030. Esta fecha es diez años más tarde que la meta (aún no cumplida) establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También es un triste recordatorio del hecho de que los bosques siguen amenazados a lo largo del mundo, a pesar de que sabemos que debemos detener urgentemente la deforestación y restaurar los ecosistemas forestales para tener alguna esperanza de detener el catastrófico cambio climático.

La expansión agrícola es la principal causa de la pérdida de bosques y biodiversidad en todo el mundo, y dos de los cuatro grandes impulsores de la deforestación son la producción industrial de carne y de soja. Las mujeres – y particularmente las de comunidades indígenas, pobres y marginadas – sufren de forma desproporcionada los impactos de la pérdida de bosques. La pérdida de bosques puede privarlas de sus ingresos, su seguridad alimentaria y sus conocimientos tradicionales. Las mujeres también son actores clave en la conservación forestal y la producción sostenible de alimentos, por lo que deberían ser al centro de los esfuerzos de mitigación climática y conservación de la biodiversidad.

Este número de de Cobertura Forestal ofrece una perspectiva feminista tanto de las políticas que promueven la expansión de la ganadería y la agricultura de subsistencia insostenibles, como de los esfuerzos para abordar las consecuencias de estos sectores. Consta de tres estudios de caso en profundidad a nivel de país y seis artículos breves que exploran contextos nacionales e internacionales. En conjunto, se analizan las implicaciones de estas políticas para las mujeres y sus comunidades, y hasta qué medida avanzan u obstaculizan la justicia de género.

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Para más información sobre el trabajo de GFC sobre la justicia de género y la acción climática, por favor visitan las páginas de las campañas de Justicia de género y bosques, y Ganadería insostenible.

Contenido:

• • Editorial: Las perspectivas feministas son vitales para acertar con las políticas ganaderas
  • La producción ganadera industrial en Togo impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se dedican al pastoreo
  • Estudio de caso en profundidad: Bolivia en llamas: Cómo las políticas agropecuarias impulsan la pérdida de medios de vida de las mujeres rurales
  • Los bancos de desarrollo les fallan a las mujeres
  • Estudio de caso en profundidad ¿Prohibir el pastoreo o dar bosques a los ganaderos? El dilema del sobrepastoreo en Nepal afecta más a las mujeres
  • Una dieta según el género: En Georgia, la agricultura intensiva destruye los medios de vida rurales y aumenta la desigualdad de género
  • Estudio de caso en profundidad: En busca de tekoporá: Consideraciones de género en la ganadería industrial en el Paraguay
  • Mujeres y agroecología en América Latina: Voces desde las bases
  • Una perspectiva feminista sobre los recientes esfuerzos para desvincular la ganadería de la deforestación

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Editorial: Las perspectivas feministas son vitales para acertar con las políticas ganaderas

por Dennis Mombauer y Vositha Wijenayake, SLYCAN Trust, Sri Lanka

Los ecosistemas forestales abarcan más de un tercio de la superficie de la Tierra y son el hábitat de la gran mayoría de la biodiversidad terrestre. Desde una perspectiva global, regulan los ecosistemas, protegen la biodiversidad, estabilizan el clima y secuestran aproximadamente 2.600 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Para las comunidades locales, los bosques sirven como fuente vital de bienes, servicios y medios de vida. Garantizan la salud y el bienestar comunitario, fortalecen la resistencia al cambio climático y son de gran valor cultural.

En la actualidad, sólo la mitad de la superficie forestal del mundo sigue relativamente intacta. El cambio climático, los incendios forestales, las plagas y enfermedades, las especies invasoras y las sequías contribuyen a la destrucción, degradación y fragmentación de los paisajes forestales. Además, el principal motor de la pérdida de bosques y biodiversidad es la expansión agrícola, incluida la ganadería industrial insostenible, que es una de las principales causas de las emisiones antropogénicas de metano. La explotación neocolonial, impulsada por el mercado y globalizada de los recursos y paisajes forestales acelera el cambio climático, reduce la biodiversidad y supone una amenaza existencial para los 1.600 millones de personas que dependen de los bosques para su subsistencia (una quinta parte de la población mundial). Sin embargo, las comunidades, los hogares y las personas que viven en los bosques y sus alrededores sufren de forma desproporcionada las consecuencias de estos problemas.

Las comunidades indígenas, pobres, marginadas y vulnerables dependen de los recursos forestales y de los servicios de los ecosistemas como red de protección socioeconómica en tiempos de crisis. A menudo, son las mujeres de estas comunidades las que pagan el precio más alto por la deforestación y la quema de bosques, que pueden privarlas de sus ingresos, su seguridad alimentaria y sus funciones tradicionales como guardianas de sabiduría y conservacionistas. Las mujeres, en toda su diversidad, son discriminadas de múltiples maneras que se combinan, dependiendo de su estatus social, etnia, edad, clase, orientación sexual e identidad de género, entre otras. 

Existen diversas maneras de abordar las desigualdades relacionadas con el género, incluido mediante políticas, leyes y reglamentos; la gestión integrada de los paisajes; la conservación, rehabilitación y restauración de los bosques; la creación de capacidades, y concienciación sobre cambios dietéticos; la acción comunitaria; la creación de coaliciones; o los instrumentos financieros y la tecnología. Sin embargo, estas medidas deben basarse en pruebas sólidas para ser eficaces y evitar reproducir las desigualdades o las relaciones de poder existentes.

Las diferencias de género pueden observarse en el acceso y el control de los recursos, bienes y activos; la propiedad de la tierra y los derechos legales o consuetudinarios; la división del trabajo y los perfiles de las actividades diarias; los roles, la imágen de sí mismas, normas, reglas, expectativas, y prácticas institucionales de género; los flujos de información y los conocimientos locales o tradicionales; la participación en los procesos de planificación y toma de decisiones a nivel del hogar, la comunidad o la sociedad; los servicios de educación y salud; la gestión de riesgos y la protección social; y la distribución de los beneficios de los recursos forestales.

Cualquier intervención debe partir de una profunda comprensión de los impactos, implicaciones, contribuciones, capacidades, limitaciones y desafíos diferenciados por género, especialmente para las mujeres y niñas indígenas y rurales y otros grupos subrepresentados o marginados. Los estudios de caso de este número de Cobertura Forestal ilustran la importancia de una perspectiva feminista específica para cada país y contexto en la elaboración de políticas relacionadas con la ganadería, que plantee las preguntas clave: ¿Cómo afectan a las mujeres la gestión forestal oficial y no oficial y su entorno socioeconómico propicio? ¿Cómo se reconocen y perciben sus funciones por parte de la sociedad y de ellas mismas? ¿Cuáles son los motores de cambio para fortalecer los derechos, las oportunidades y el poder de decisión de las mujeres?

La investigación llevada a cabo por los grupos miembro de la Coalición Mundial por los Bosques y sus aliados para esta publicación ha seguido una metodología feminista desarrollada por los miembros de la Coalición. La metodología ofrece una lente interseccional a través de la cual se analizan las políticas que promueven la producción ganadera insostenible y que buscan abordar sus impactos. La investigación se ha recopilado en tres estudios de caso en profundidad a nivel de país, apoyados por cinco artículos que exploran los contextos nacionales e internacionales. Termina con un análisis de los esfuerzos multilaterales para abordar los impactos de la ganadería en los bosques, y si pueden o no contribuir a la justicia de género.

En algunos casos, las mujeres son custodias de los ecosistemas forestales y poseen profundos conocimientos tradicionales y basados en la experiencia, incluidos los relativos a la distribución espacial de las plantas, la estacionalidad, los ciclos fenológicos, los límites de explotación, los nichos sensibles y las amenazas. En otros casos, desempeñan un papel fundamental para el modo de vida tradicional de los pastores y la ganadería sostenible. Las diferencias de género se ven en cuanto al consumo, por ejemplo, a través de la “segregación del menú” y el consumo desigual de carne entre hombres y mujeres, pero también en la producción y distribución de alimentos. En Sri Lanka, por ejemplo, las mujeres diversifican la base nutricional cultivando “jardines genéticos” y domesticando alimentos y plantas medicinales en huertos domésticos por todo el país.

Los bosques son ecosistemas de inmensa diversidad, al igual que las comunidades humanas que dependen de ellos. Del mismo modo, existen enormes diferencias entre la ganadería industrial insostenible y las prácticas de pastoreo tradicionales, el pastoreo o los sistemas integrados de cultivo y ganadería a pequeña escala. La acción sobre la conservación de los bosques y las prácticas ganaderas sostenibles debe basarse en el conocimiento local y sensible al género; por ejemplo, mediante la recopilación de datos desglosados y participativos o la provisión de plataformas de diálogo y espacios seguros para que las mujeres y los grupos de mujeres compartan sus experiencias y propuestas.

Los bosques son mucho más que elementos físicos del paisaje. Tienen dimensiones sociales, económicas y culturales que conectan de forma diferente con la vida de hombres y mujeres. Las mujeres tienden a verse más afectadas por la pérdida de bosques y se enfrentan a riesgos y vulnerabilidades adicionales. También son actores clave en la conservación forestal y la producción sostenible de alimentos. Sus contribuciones son esenciales, y no es posible una gestión forestal holística sin tener en cuenta a las mujeres en toda su diversidad, reconociendo sus capacidades únicas y garantizando su plena participación en la toma de decisiones.

La protección de los bosques va más allá de plantar árboles y garantizar que no se corten. La protección de los bosques significa la protección del clima, la biodiversidad y los medios de vida. Igualmente, implica empoderar a las comunidades locales de manera específica, inclusiva, participativa y transformadora de género, reconociendo especialmente el papel de las mujeres, las niñas, los pueblos indígenas y otros grupos marginados o vulnerables.

 

¹ GFC (2021). Metodología para estudios de caso para entender las causas fundamentales del impacto sobre las mujeres de políticas e iniciativas para abordar los principales motores de la pérdida de los bosques.

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La producción ganadera industrial en Togo impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se dedican al pastoreo

por Martina Andrade y Kwami Kpondzo, FoE-Togo

Togo ha tenido una alarmante tasa de deforestación del 4,5% anual durante los últimos años,  como respuesta a este hecho, en 2011 el gobierno elaboró una Política Forestal Nacional para detener la deforestación y aumentar la cobertura forestal en un 30% para 2050 (desde el 6,8%)[1].

La política identificó la expansión de la agricultura y la trashumancia incontrolada como motores clave de la degradación de los bosques, y estableció estrategias para el control estricto de las actividades de pastoreo. Por ejemplo, se crearon corredores para el desplazamiento del ganado.

Además de las elevadas tasas de deforestación, Togo también experimenta una creciente demanda de proteínas animales, que actualmente supera la producción en 4,5 kg per cápita al año lo que ha conllevado a un aumento en las importaciones de carne. Para hacer frente a esta situación, el gobierno está apoyando la construcción de ranchos, lecherías y mataderos. Además de aumentar la producción, se supone que esto ayudará a “controlar y modernizar la práctica de la trashumancia internacional y local”.

Es probable que la doble estrategia política del gobierno de controlar el pastoreo tradicional y promover la ganadería intensiva tenga importantes repercusiones en las mujeres, muchas de las cuales dependen económicamente de la trashumancia y juegan un papel clave en la ganadería tradicional. Además, aunque la Política Forestal reconoce la importancia de la participación de las mujeres en la lucha contra la deforestación, ignora los obstáculos que enfrentan para acceder en igualdad de condiciones a la tierra y los recursos, y omite la dependencia en la agricultura como medio de vida.

En Togo, el 51% de las personas que se dedican al sector agrícola son mujeres, no obstante su papel se ve mermado en las sociedades pastoriles. Como consecuencia, el 42% de las agricultoras no tienen formación escolar, versus el 15% de los agricultores, y la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es del 44%. La mayoría de las sociedades pastoriles también son patriarcales y dominadas por los hombres, a pesar del papel clave que desempeñan las mujeres en las actividades de subsistencia y generación de riqueza. Algunas de las principales responsabilidades que recaen en los hombros de las mujeres incluyen planificar las rutas de pastoreo de rebaños, guiar los animales en sus migraciones y fortalecer los vínculos sociales con las poblaciones locales en las zonas de pastoreo. Las mujeres pastoras también guardan un profundo conocimiento de las condiciones de pastoreo, la disponibilidad de agua y el cuidado de sus animales.

A pesar de sus importantes conocimientos y responsabilidades, la venta de animales en el mercado todavía se considera un rol que corresponde a los hombres de la familia, y persiste la percepción de que los rebaños pertenecen principalmente a los hombres. Por ello, no se reconocen las aportaciones económicas de las mujeres al hogar, ni su papel clave en la prevención de conflictos entre pastores y agricultores a través del trabajo que realizan en la comunidad.

Las políticas togolesas para controlar el pastoreo se centran en parámetros técnicos básicos, como los lugares donde pueden pastar los animales, dejando en segundo plano el papel de las mujeres en la trashumancia y la importancia de esta práctica para su sustento. Esto perpetúa las normas sociales discriminatorias e impide la igualdad de acceso a los recursos, patrón que se repite en la forma en que el gobierno togolés promueve la ganadería intensiva.

 

¹ La trashumancia es una forma de pastoreo que implica el desplazamiento estacional del ganado entre los pastos, ya sea dentro de las fronteras nacionales o a nivel internaciona.

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Bolivia en llamas: Cómo las políticas agropecuarias impulsan la pérdida de medios de vida de las mujeres rurales

por Pamela Cartagena y Carmelo Peralta, CIPCA, Bolivia

En Bolivia, las actividades agropecuarias como la ganadería extensiva [1] y la agricultura mecanizada son sectores que generan deforestación, degradación de ecosistemas, emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos medioambientales, así como impactos perjudiciales en los medios de vida de hombres y mujeres. La deforestación en Bolivia ha significado la pérdida de más de siete millones de hectáreas, tamaño casi similar a la superficie de Bélgica y Países Bajos conjuntamente, siendo la ganadería extensiva y la agroindustria las principales causas de este fenómeno. 

Según el Proyecto MapBiomas Amazonía, se estima que las actividades agrícola y pecuaria en las tierras bajas y yungas de Bolivia aumentaron en 3,7 millones de hectáreas de frontera agropecuaria entre 1985 y 2018, llegando a alcanzar un poco más de 5 millones de hectáreas en el total histórico. Para el mismo periodo, los bosques disminuyeron de aproximadamente 49 millones de hectáreas a 45,3 millones , una cantidad casi idéntica al aumento de tierras agropecuarias. 

El volumen de carne bovina exportada se incrementó en 550% entre 2016 y 2020 (de 2.457 a 15.962 toneladas), teniendo como mayor comprador a China en 84%. Es claro que una mayor producción bovina ocasiona quemas e incendios forestales que se generan por la habilitación de áreas para producción pecuaria en tiempo seco, pero en los últimos años, diversas políticas enfocadas en la promoción del agronegocio en tierras bajas han acrecentado las áreas quemadas y deforestadas en el país. 

No se tienen referencias claras sobre el impacto de la deforestación y quemas generadas en comunidades campesinas e indígenas, y mucho menos sobre las consecuencias para las familias rurales y sus medios de vida, ni los impactos desglosados por género. En ese sentido, el objetivo general de este trabajo es analizar los impactos de las normativas agropecuarias que favorecen estos procesos, así como sus efectos en los en los medios de vida de familias rurales, desde una perspectiva de género.

Metodología

Este estudio de caso analiza los impactos de las políticas y medidas nacionales y regionales para promover la producción ganadera y por ende la deforestación y las quemas sobre las mujeres y los medios de vida de las familias rurales. El enfoque de género nos permitió identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Además, el enfoque medio de vida nos permitió entender los impactos de las normativas que incentivan la producción ganadera sobre los ingresos y el bienestar económico de las comunidades.

Para este propósito, investigamos las políticas y medidas nacionales que impulsan la deforestación, incendios forestales y quemas. Estas incluyeron el Decreto Supremo 3973 del año 2019 que autoriza desmontes para actividades agropecuarias en las regiones de la Amazonía, Chiquitania, y Chaco del Oriente y la Ley 1171 que sanciona las quemas para el sector agropecuario (ganadería y agricultura) a nivel nacional.

También se aplicaron entrevistas semi estructuradas en 12 comunidades: tres entrevistas en comunidades campesinas de la región norte amazónica, seis en comunidades indígenas guaraníes de la región del Chaco y tres en comunidades indígenas Guarayas de la región oriental de Bolivia.  Nueve de las personas entrevistadas fueron mujeres y tres fueron hombres, todos mayores jefes de hogar y líderes de organizaciones campesinas e indígenas. Fueron seleccionados por sus conocimientos en políticas y propuestas de desarrollo agropecuario desarrolladas en sus regiones, y la dinámica actual sobre estos temas. La edad de las mujeres entrevistadas es 33 a 51 años, mientras que la edad de los hombres es de 57 a 59 años. Las entrevistas exploraron los roles de género a nivel familiar y comunal; estrategias de vida y recursos naturales; género, toma de decisiones y efectos de proyectos y políticas sobre mujeres y hombres; y perspectiva de futuro.

Normativas y medidas agropecuarias y su impacto a nivel nacional

Algunas normativas que impulsaron la deforestación y quemas en Bolivia en los últimos años fueron las leyes 337, 502, 739 y 952 que legalizaron los desmontes ilegales consolidando con ello el cambio de uso de suelo en las tierras bajas bajo el pretexto de producción de alimentos entre los años 2013 a 2017 tanto para la agricultura y la ganadería. El Decreto Supremo 3973 de 2019 fue controversial, ya que autorizó desmontes en tierras de vocación forestal [2] en los departamentos del Beni y Santa Cruz, aspecto antes limitado por diversos instrumentos de gestión según los Planes de uso de suelos de dichos departamentos. Esto generó que el mismo año se quemarán 6,43 millones de hectáreas en toda Bolivia, principalmente en estos dos departamentos (Figura 1). En 2020 y 2021, las quemas alcanzaron cifras de 4,54 y 1,50 millones de hectáreas respectivamente con grandes pérdidas boscosas, de nuevo principalmente en Beni y Santa Cruz.

Estas leyes tienen repercusión nacional en diferentes regiones de Bolivia, y el impacto es muy evidente en el nivel local. Pese a que el gobierno promulgó la Ley 1171, que sanciona las quemas con fines agropecuarios, éste no ha tenido mucho efecto en la zona puesto que las quemas en su mayoría ilegales continúan y las multas por hectárea quemada son bajas lo cual no desincentiva está práctica.

 

Normas nacionales favorables a la expansión de la frontera agropecuaria y pérdida de bosques

Año	Norma	Aclaración
2013	Ley 337: apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques	Aplicable a predios privados titulados o en proceso y a pequeñas propiedades y propiedades colectivas de naciones y pueblos indígena originario campesinos, que hayan efectuado desmontes ilegales entre 1996-2011. Se perdonan los desmontes tras la única condición de que produzcan alimentos. Se establecen sanciones y multas bajas.
2014	Ley 502	Amplía el plazo del perdonazo (Ley 337) por 12 meses adicionales.
2015	Ley 739	Amplía el plazo del perdonazo (Ley 337) por 18 meses adicionales.
2015	Ley 740: modifica el plazo de verificación de función económica social (FES)	Aplicable en procedimientos de reversión de propiedades agropecuarias que no demuestren la FES. Se amplía el plazo de 2 a 5 años con lo cual se impulsa la deforestación en propiedades privadas y consolida el latifundio improductivo.
2015	Ley 741: autoriza el desmonte en pequeñas propiedades para actividades agropecuarias	Aplicable a pequeñas propiedades, comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada. Se amplía la superficie de desmontes libres de 5 a 20 hectáreas en tierras de producción forestal permanentes con el objeto de desarrollar actividades agrícolas y pecuarias.
2017	Ley 952: ampliación del plazo de registro bajo la Ley 337	Amplía el plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, relacionado a la Ley 337, a 27 meses adicionales.
2019	Ley 1171	Autoriza y “sanciona” las quemas para actividades agropecuarias (con multas máximas de 16,4 Bs/ha.
2019	D.S. 3973: modificación del Art. 5 del D.S.26075 de 2001	Aplicable a propiedades privadas y comunitarias en los departamentos Beni y Santa Cruz. Se autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en tierras que antes debían cumplir con el Plan de ordenamiento predial o Plan de desmonte, aprobados por la autoridad competente.

Fuente: elaboración propia con base a normativas publicadas en Official Gazette of the Bolivian Government 

 

Mapa de áreas quemadas por actividades agropecuarias en Bolivia, periodo 2009-2019

Fuente: elaboración propia con base de datos de Fundación Amigos de la Naturaleza.

Impactos de políticas agropecuarias a nivel local 

En las tres regiones de estudio a partir de entrevistas se confirmó que las mujeres, sus medios de vida y el bienestar de sus familias tienen alta dependencia de los recursos naturales. La pérdida de bosques ocasionada por las quemas y la deforestación en estas regiones, particularmente durante el 2019 y 2020 con la implementación de la Ley 337 y relacionadas, así como el DS 3973, repercute en el cambio de dinámica de sus actividades.  

Los impactos sufridos por las mujeres se agudizan cuando la mayoría no son titulares de la tierra y los recursos forestales en sus comunidades. Desde las haciendas [3] en la primera mitad del siglo XX al presente, las mujeres han sido restringidas a cumplir roles reproductivos y de cuidado. En la etapa de saneamiento de la tierra (1990-2000) se priorizó la titulación colectiva en atención a las formas de organización local de las comunidades campesinas e indígenas de tierras bajas; por tanto cada comunidad logró un título ejecutorial legal que cuenta con un documento anexo con la lista de titulares que son los hombres de la comunidad. La falta de sensibilidad al género por parte de las autoridades, sumado a la cultura patriarcal local, impidió que las mujeres fueran incluidas a la par de los hombres como titulares de derecho, o compartir los derechos con sus parejas. La emigración masculina creciente hace que ellas asuman muchas actividades productivas, de cargos dirigenciales y, sean incluso jefas de hogar, pero esto no es reconocido por la institucionalidad estatal. 

Igualmente, tanto hombres como mujeres entrevistadas perciben cambios negativos en sus comunidades y recursos naturales locales que están afectando a sus medios de vida, pero tienen poco margen de acción sobre ellos. La percepción de las mujeres respecto a los proyectos ganaderos externos de empresas basadas en el capital en alrededores de sus comunidades y que son producto de las leyes mencionadas es crítica. Por otro lado, las mujeres en general no han sido informadas, consultadas o tomadas en cuenta a la hora de implementar proyectos y, por ello, muchos han fracasado. Por ejemplo, el programa gubernamental nacional de ganadería “Plan Patujú” que consistió en repoblar ganado en zonas como la Amazonía y tierras bajas de Bolivia, se repartieron cierto número de cabezas de ganado bovino a comunidades campesinas e indígenas sin considerar previamente alimento, infraestructura, manejo y otros insumos para desarrollar un modelo sostenible de ganadería. En muchos casos, el ganado fue vendido, consumido, y en otros, sigue presente en ciertas comunidades.

En referencia a los impactos sobre sus medios de vida, identificaron tres: la falta de agua para el consumo y para la producción sostenible, la presión del ganado de las medianas y grandes empresas privadas por los recursos naturales como el bosque, y la falta de oportunidades para generar ingresos propios debido a lo anteriormente mencionado y otros factores socioambientales. Tanto mujeres y hombres creen que en los últimos diez años la producción agrícola ha enfrentado riesgos por las sequías cada vez más frecuentes o por la desregulación de los periodos lluviosos como consecuencia de la ganadería insostenible y la agroindustria. Asimismo, en las tres regiones la mayoría de la deforestación a nivel local fue el resultado de la quema descontrolada de pastizales de grandes predios privados empresas ganaderas que ha conllevado la quema de áreas de bosque comunal que usan para recolección, y en algunos casos, quema de sus áreas productivas con la consecuente pérdida de sus medios de vida. Por ejemplo, en la región el Chaco la producción de miel ha sido afectada por que se ha quemado el bosque y se han perdido miles de abejas; en el Oriente se ha perdido áreas de bosque donde se recolecta frutos de la palmera de cusi (Attalea speciosa) y hace varios años se ha perdido áreas de bosque con cacao silvestre (Theobroma cacao) que era recolectado por mujeres guarayas.

Un ejemplo donde se puede apreciar los efectos de las normativas que incentivan la quema y deforestación en la región Oriente de Bolivia es el de la Tierra de Comunidades Originarias(TCO) Guarayos en Santa Cruz. En esta área, que cuenta con un millón de hectáreas, las quemas efectuadas por empresas ganaderas para habilitación de pastizales son frecuentes y afectan a los medios de vida de las comunidades indígenas. En 2016 y 2017, áreas de cacaotales silvestres fueron quemadas, y ahora no se pueden aprovechar los frutos del cacao como en años anteriores, ya no hay ingresos por venta de pastas artesanales. Las quemas de 2019 a 2020 afectaron sobre todo a bosques con palmeras de cusi, las mujeres indígenas que generan ingresos por recolección y transformación en aceite también sufren las consecuencias. Asimismo, estos últimos incendios han generado pérdida en sistemas agroforestales de varias familias, perdiéndose sobre todo la producción a pequeña escala de plátano.

A nivel familiar, las mujeres sólo manejan el 5% de parcelas productivas mientras que los hombres el 95%, su base de ingresos está sobre todo en la recolección, transformación y venta de frutos del bosque. La persistencia de propiedades privadas con medianas y grandes empresas ganaderas dentro de la TCO conlleva año tras año riesgos de incendio o incendios forestales que afectan al pueblo indígena.

También, la competencia por recursos productivos está presente en las tres regiones, las grandes propiedades privadas con producción extensiva de ganado suelen invadir áreas de bosque comunitario, áreas de pasturas o fuentes de agua de las comunidades para que el ganado ramonee. Además de mermar las posibilidades productivas de las familias campesinas indígenas, esto genera conflictos que muchas veces no son resueltos dadas las relaciones de poder de los ganaderos frente a los comunarios, dado que estos últimos tienen como primera opción de empleo extra predial las mismas empresas ganaderas. 

La falta de oportunidades para generar pequeños ingresos por transformación y venta de productos a pequeña escala a nivel de sus comunidades es un tema recurrente. Está claramente evidenciado que si se pierden los medios de vida a nivel familiar (bosques de recolección, sistemas agroforestales, áreas de cultivo o la crianza de traspatio) son las mujeres las que enfrentarán etapas muy duras para sustentar a su familia, en comparación de los hombres quienes suelen optar por salir de la comunidad en busca de trabajo asalariado.

Conclusiones

La normativa boliviana a nivel nacional tiene un efecto marcado en los procesos de pérdida de los bosques a través del incentivo de la ganadería, tal como ocurrió con la promulgación del Decreto Supremo 3973, que impactó negativamente en los medios de vida de familias rurales, y sobre todo son las mujeres, debido a que los hombres suelen migrar en busca de oportunidades económicas. Las mujeres, los(as) ancianos(as) y los niños(as) son más vulnerables a los efectos adversos de fenómenos antrópicos como las quemas, incendios forestales, degradación de bosques y deforestación, dado que se quedan en las comunidades afectadas y dependen directamente de los recursos naturales para vivir.  

En el nivel local, las mujeres no son titulares de la tierra y los recursos forestales, por tanto, el acceso, uso y control de los recursos naturales no está a su cargo. Esto limita sus estrategias de vida debido a que ellas dependen totalmente de los recursos naturales y de la producción agrícola familiar. Asimismo, su participación es marginal en la toma de decisiones sobre los proyectos e iniciativas derivadas de la normativa que tienen incidencia directa sobre ellas. 

Las mujeres perciben cambios negativos en sus comunidades y recursos naturales proveniente de las normativas que están afectando a sus medios de vida y por tanto el bienestar de sus familias, pero tienen poco margen de acción sobre ellos. También se evidencia que los impactos o problemas con los que lidian permanentemente son comunes en las diferentes regiones del país.

¹ Se entiende por ganadería realizada en tierras de gran extensión y a un costo bajo de producción dado que se da a campo abierto con resultados magros en cuanto a productividad por la escasez de forraje y agua en época seca, pero también porque sus prácticas utilizadas ocasionan impactos ambientales y presión sobre los recursos forestales nativos.

² Las tierras de vocación forestal son aquellas que son aptas solo para estas actividades de aprovechamiento forestal a través de Planes de Manejo Forestal otorgado por la Autoridad Nacional de Bosques y Tierra; un cambio de cobertura forestal a otros usos de suelo como el agrícola, ocasionaría la pérdida de la vegetación y la degradación inminente del suelo.

³ Propiedades privadas con explotación productiva de carácter latifundista y con empleados con baja o ninguna remuneración económica.

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Los bancos de desarrollo les fallan a las mujeres

por Merel Van der Mark, Sinergia Animal, Holanda

El hambre en el mundo aumentó en 2020 y también la brecha de género en cuanto al hambre: la prevalencia de la inseguridad alimentaria es un 10% mayor en las mujeres que en los hombres, frente al 6% del año anterior. Si esta tendencia continúa, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), no se cumplirá el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre la erradicación del hambre en el mundo (ODS 2).

Una de las vías que la FAO recomienda para tratar las causas de la inseguridad alimentaria es potenciar a las y los pequeños agricultores, quienes producen alrededor del 70% de los alimentos del mundo, pero todavía enfrentan al hambre y la malnutrición. Igualmente, hay que abordar la brecha de género, ya que las mujeres rurales experimentan la pobreza, la exclusión y los impactos del cambio climático de forma desproporcionada en comparación con las mujeres urbanas o los hombres rurales. Ellas a menudo no tienen acceso igualitario a los recursos, incluido el acceso a la tierra y a la financiación, lo que afecta la productividad de las pequeñas agricultoras. Sin embargo, cuando cuentan con igual acceso a los recursos, las mujeres rurales obtienen los mismos niveles de rendimiento que los hombres rurales y ayudan a frenar el hambre, la malnutrición y la pobreza rural.

Ante esta realidad, cabría suponer que el apoyo a la aplicación de políticas que promuevan el empoderamiento de las mujeres rurales para erradicar el hambre y la desigualdad de género (ODS 5), formaría parte de la misión de cualquier banco de desarrollo. Pero la realidad es que, aunque los bancos de desarrollo parlotean sobre la importancia de alcanzar los ODS, están inyectando miles de millones en grandes empresas ganaderas. En vez de apoyar a los y las pequeños productores, compiten con ellos, concentrando los recursos en lugar de distribuirlos. Las mayores empresas cárnicas y lácteas obtienen miles de millones de beneficios cada año.

Aun así, sigue fluyendo la financiación del desarrollo para el sector de la ganadería industrial. Marfrig, la segunda empresa de carne de vacuno del mundo, con sede en Brasil, solicitó recientemente un préstamo de 43 millones de dólares al BID Invest para “reforzar la sostenibilidad en la cadena de suministro de carne de vacuno”, aprovechando los fondos de inversión pública para ayudar con sus objetivos de sostenibilidad. Esta solicitud se produce poco después de que Marfrig comprara más de 1.700 millones de dólares en acciones de dos multinacionales agroalimentarias en un solo año. Una empresa que cuenta con miles de millones de dólares para ampliar su ya extenso negocio no necesita un préstamo de un banco de desarrollo. Estas prácticas de préstamo respaldan a las industrias extractivas, como la agricultura industrial, y favorecen los mercados de exportación por encima de la seguridad alimentaria local, limitando la inversión en otros aspectos de la economía rural. Las mujeres pueden verse perjudicadas de forma desproporcionada por esta situación, ya que su acceso reducido a los recursos se ve aún más limitado cuando son desplazadas por las operaciones de las grandes empresas.

Las explotaciones ganaderas industriales también tienen impactos adicionales. A menudo explotan y contaminan la tierra y los recursos de las comunidades locales y contribuyen a la crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos. Las consecuencias para la salud tienen una dimensión de género especialmente importante, ya que las mujeres suelen ser las cuidadoras principales de la familia y responsables del mantenimiento del hogar, lo que supone innumerables horas de trabajo no remunerado. Estos impactos, que amenazan el futuro de la humanidad en su conjunto, a menudo afectan más a las mujeres de las zonas rurales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia y tienen menos capacidad de respuesta ante las catástrofes naturales.

Los bancos de desarrollo podrían integrar eficazmente los ODS en su modelo dando prioridad a la producción de alimentos resiliente y diversificada dirigida por las comunidades, y apoyando en particular a los colectivos de campesinos dirigidos por mujeres. En lugar de un enfoque de arriba hacia abajo que depende de los mercados mundiales, se debe dejar que las mujeres y sus comunidades determinen las mejores semillas, razas y prácticas para sostenerse a sí mismas al tiempo que preservan sus recursos, satisfacen sus necesidades nutricionales y celebran su cultura. La financiación pública puede proporcionar y reforzar el acceso a los mercados locales y regionales y una distribución más equitativa de los alimentos. Las explotaciones ganaderas industriales se basan en los monocultivos y en la imposición de un puñado de especies vegetales y animales en entornos no autóctonos, con insumos que consumen muchos recursos y resultados perjudiciales. Los sistemas alimentarios comunitarios tienden a utilizar menos recursos, lo que sin duda es más compatible con un clima cambiante.

En lugar de destinar miles de millones de dólares a gigantescas corporaciones como Marfrig, los bancos de desarrollo deberían apoyar a las y los pequeños agricultores, y especialmente a las mujeres, porque el acceso igualitario a la educación, la atención sanitaria, los recursos financieros, la tierra, y el poder de decisión, es esencial para la lucha contra el hambre y la pobreza.

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¿Prohibir el pastoreo o dar bosques a los ganaderos? El dilema del sobrepastoreo en Nepal afecta más a las mujeres

por Shova Neupane, Tulasi Devkota, Amika Rajthala y Bhola Bhattarai, National Forum for Advocacy Nepal (NAFAN), Nepal

La ganadería se considera uno de los principales impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques en Nepal, tanto por el sobrepastoreo como por la recogida de alimentos para animales en las zonas boscosas. La estrategia nacional REDD+ de Nepal en 2018 identificó el sobrepastoreo y el pastoreo incontrolado como la cuarta prioridad dentro de los nueve impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques, y abogó por restringir el acceso de la ganadería a los bosques. 

 

Al mismo tiempo, la ganadería también se considera una valiosa herramienta para aliviar la pobreza y una vía de prosperidad económica. En aparente contradicción con la estrategia REDD+, otro plan financiado por la ONU, el Programa de Arrendamiento Forestal y Ganadero, ha fomentado la ganadería de pequeños propietarios en los bosques nacionales para apoyar los medios de subsistencia y restaurar los bosques degradados. 

 

Estos dos enfoques opuestos tienen un impacto muy diferente en las mujeres rurales de Nepal, especialmente porque estas contribuyen con cerca del 70% del trabajo que supone la ganadería. Son ellas las principales responsables de la recogida de piensos y las mujeres más pobres tienden a participar más en la ganadería. Al mismo tiempo, tienen un control limitado sobre la financiación y la toma de decisiones relacionadas con el ganado.

La ganadería en Nepal

Una gran parte del ganado del país, estimado en casi 23 millones de rumiantes (bovinos, búfalos, ovejas y cabras), pastan abiertamente y/o se alimentan con forraje y pienso recogido de los bosques cercanos. Aunque no se dispone de estadísticas sobre la proporción de animales que pastan abiertamente en los bosques, incluso los animales criados de forma intensiva y alimentados en establos suelen obtener una cantidad considerable de alimento de los bosques, que en muchos casos supera su capacidad de carga.

El sobrepastoreo está muy extendido en el Tarai, el Siwalik y las zonas de alta montaña de Nepal. Sin embargo, la presión del pastoreo en los bosques de media montaña se ha reducido drásticamente gracias a las acciones de los grupos de usuarios forestales comunitarios. El pastoreo en las regiones de las tierras bajas lo practican principalmente los pequeños agricultores sedentarios, mientras que los pastores nómadas lo practican en las altas montañas. Los bosques gestionados por el gobierno son el tipo de gestión más afectado por el sobrepastoreo, ya que no existe un control del mismo. Los bosques comunitarios, los bosques en régimen de arrendamiento y las zonas protegidas son los menos afectados, debido a los diversos tipos de medidas y restricciones impuestas al pastoreo y a la recogida de forraje, algunas de las cuales son muy estrictas.

Las restricciones al pastoreo del ganado son una práctica habitual en las áreas protegidas de Nepal, y los regímenes forestales comunitarios también están restringiendo ahora el acceso a los ganaderos para el pastoreo y la recogida de forraje. Aunque los pequeños ganaderos suelen participar también en la toma de decisiones en los bosques comunitarios, estas restricciones han afectado especialmente a los medios de vida de las mujeres. Algunos Grupos de Usuarios de Bosques Arrendados (GUBA) también han optado por introducir restricciones al pastoreo, aunque este sistema de tenencia de la tierra también promueve la ganadería al poner la tierra a disposición de los agricultores para que mantengan el ganado para la producción de leche y carne, como se analiza con más detalle a continuación.

REDD+ y la intensificación de la ganadería en Nepal

Un estudio realizado en 2014 encuestó a 324 agricultores de Nepal y sugirió que las actividades de REDD hasta ese momento pueden haber reducido el pastoreo y el uso de los bosques para la producción ganadera, dando lugar a que los sistemas de ganadería se vuelvan más intensivos. El estudio descubrió que los agricultores que tienen sistemas ganaderos intensivos tienen mayores ingresos, lo que sugiere que la estrategia de restringir el acceso al pastoreo y fomentar la intensificación había afectado de forma desproporcionada a los hogares más pobres. Aunque no proporcionó datos desglosados por género sobre la proporción de hombres y mujeres que participan en los diferentes sistemas ganaderos, sí mostró que proporcionalmente las mujeres asumen más responsabilidades en la ganadería en general, lo que hace probable que las mujeres más pobres sean las que menos se beneficien de las políticas de REDD relacionadas con la ganadería. 

La estrategia REDD+ más reciente de Nepal parece seguir la senda marcada por los trabajos anteriores de ONU-REDD, al pretender apoyar e incentivar a los pequeños propietarios para que realicen cultivos con el fin de alimentar al ganado en sistemas de estabulación más intensivos, y promover la gestión de forrajes en zonas forestales comunitarias y privadas, lo que puede interpretarse como una restricción del acceso para el pastoreo y la recogida de forraje. La estrategia incluye intervenciones como la promoción de la gestión de forrajes polivalentes, la alimentación en estabulación y la ampliación de los sistemas de reserva de forraje, como el ensilado y el heno, para su uso durante los meses de invierno. 

Esto es coherente con la Ley Forestal, que pretende controlar el pastoreo y la recogida de forraje en los bosques para su protección, y con la política gubernamental que da prioridad a la intensificación y mecanización de la producción ganadera. Según el Departamento de Desarrollo Ganadero, la intensificación de la producción ganadera está actualmente subvencionada de forma significativa con dinero público. Por ejemplo, el Proyecto de Modernización de la Agricultura del Primer Ministro subvenciona la compra de tractores, equipos y herramientas agrícolas, semillas y fertilizantes, y los beneficiarios de estas ayudas suelen ser las explotaciones más grandes, propiedad de las élites locales con conexiones con funcionarios del gobierno.

REDD+ en Nepal también ha sido criticado por no promover eficazmente la participación de los grupos desfavorecidos, y las mujeres en particular no tienen la oportunidad de participar debido a su limitado acceso al espacio público y a su escasa capacidad para articular sus preocupaciones. Además, las mujeres, las personas más pobres dependientes de los bosques y los pueblos indígenas han estado poco representados en los foros de múltiples partes interesadas formados para gobernar el proceso de REDD+.

Programa de arrendamiento forestal y ganadero

A diferencia de las actividades de REDD y REDD+ apoyadas por las Naciones Unidas, el Programa de Arrendamiento Forestal y Ganadero financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas ha fomentado la cría de ganado a pequeña escala en zonas de arrendamiento forestal como estrategia para restaurar los bosques degradados y mejorar la vida y los medios de subsistencia de algunos de los hogares más pobres de Nepal. El Programa comenzó en 2004 y tenía como objetivo reducir la pobreza en 44.300 hogares pobres a los que se les asignaron parcelas forestales en arrendamiento a largo plazo en 22 distritos de media montaña. El proyecto pretendía permitir a los hogares aumentar la producción de productos forestales y de ganado dando acceso directo y derechos a los bosques a pequeños grupos de hogares organizados en Grupos de Usuarios de Bosques Arrendados (GUBA). Dado que sus medios de vida dependían de los bosques, las comunidades rurales tendrían un incentivo para mantener y restaurar los bosques que se les habían asignado.  

El informe de finalización del programa, que terminó en 2014, indica que en las 21.000 hectáreas cubiertas por el proyecto se produjo un aumento de la cobertura arbórea y mejora del suelo, una mejora de la disponibilidad de forraje y un incremento de los ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares. 

Además, el informe constata que el programa ha tenido importantes repercusiones sociales, económicas, medioambientales y personales positivas para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tuvieron que dedicar menos tiempo a la recogida de forraje y leña, con lo que se ahorraron entre dos y tres horas al día, que dedicaron a actividades generadoras de ingresos. Se comprobó que su mayor contribución a los ingresos del hogar les daba más voz en la forma de gastar los ingresos, y aumentaba su participación y poder de decisión en la comunidad. El aumento de la solidaridad y de la fuerza de grupo conseguido gracias a los esfuerzos de capacitación del proyecto significó que las mujeres tenían más confianza para expresar sus preocupaciones y luchar por sus derechos en sus comunidades.

También se observó que los resultados de los grupos forestales formados sólo por mujeres eran mejores que los de los grupos mixtos o los formados sólo por hombres, con una mayor participación en las reuniones, más ahorros e inversiones y sus bosques en mejor estado. Incluso en los grupos mixtos y en los de sólo hombres, solían ser las mujeres de los hogares las que realizaban el trabajo forestal, lo que ponía de manifiesto la desigual distribución de la carga de trabajo.

Sin embargo, aunque el acceso a los recursos y el poder de decisión pueden haber mejorado para las mujeres, en la mayoría de los casos el control sobre los mismos seguía estando dominado por los hombres, incluidos los beneficios de la ganadería, generados en gran medida por las mujeres. En muchos casos, incluso los préstamos solicitados a nombre de las usuarias eran gestionados por sus maridos. Del mismo modo, aunque las mujeres ahorraban tiempo en la recogida de productos forestales, en general experimentaban un aumento de la carga de trabajo porque gestionaban los bosques arrendados además de sus responsabilidades habituales, aunque generaban más ingresos.

Ganadería en el municipio rural de Raksirang

Con el fin de evaluar los méritos relativos de los dos enfoques diferentes adoptados para la ganadería y la conservación de los bosques en Nepal y los impactos diferenciados por género de los mismos, el equipo de investigación de NAFAN visitó el municipio rural de Raksirang en el distrito de Makawanpur en octubre de 2021. Raksirang estaba dentro de la zona del proyecto del Programa Forestal y Ganadero de Arrendamiento, y sus bosques nacionales también están cubiertos por la estrategia REDD+ de 2018. 

En Raksirang hay 162 Grupos de Usuarios de Bosques Arrendados o GUBA, que representan una población de 7.300 personas, y gestionan 830 hectáreas de bosques. Se realizaron cinco entrevistas a informantes clave, con tres mujeres y dos hombres, y 16 personas, de las cuales nueve eran mujeres y tres jóvenes, participaron en dos grupos de discusión. Todos los entrevistados y participantes eran indígenas. Los informantes clave fueron un dirigente de un GUBA, el dirigente del municipio rural de Raksirang, el secretario del Ministerio de Agricultura, el dirigente de la cooperativa de agricultores de Devitar y un representante de una empresa ganadera privada de reciente creación. Entre los participantes de los grupos focales se encontraban miembros de los GUBA, ganaderos y miembros de cooperativas de agricultores. Los debates del grupo focal se centraron en los puntos fuertes, los puntos débiles y las oportunidades de la silvicultura de arrendamiento para la ganadería.

La importancia de la recogida de forraje para los medios de subsistencia

Las entrevistas pusieron de manifiesto que, en general, los GUBA desconocen las distintas políticas y programas forestales y ganaderas que cubren la región, a pesar de los impactos que tienen en sus vidas. Además, el programa de arrendamiento forestal no se ha aplicado con éxito. Una mujer miembro de un GUBA declaró que “Tenemos más de 162 GUBA en nuestro municipio, pero casi todos los grupos han sido disfuncionales durante los últimos cinco años. No tenemos educación, sin apoyo externo no podemos revitalizar nuestros grupos“. Destacó que los GUBA no reciben el apoyo necesario de la Oficina Forestal de la División (DFO) y de otras agencias de apoyo.

El presidente del GUBA en Dharapani describió lo siguiente: “Estamos en una zona montañosa. Esta zona está sometida a un programa de desarrollo forestal en régimen de arrendamiento aplicado por el gobierno, pero el 99% de los habitantes de esta zona no conocen las políticas y leyes forestales. Recogen leña, forraje, hojas y PFNM del bosque para su uso diario. En esta situación, ¿cómo pueden proteger el bosque?”. Explicó que los aldeanos son agricultores que han estado criando búfalos, cabras y ovejas para su sustento, y que si se restringe la recogida de forraje en los bosques arrendados, no tendrán formas alternativas de alimentar a sus animales.

Conflicto con los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas chepang y tamang constituyen la mayoría de la población de Raksirang. Dependen de las actividades agrícolas para su subsistencia y llevan muchos siglos gestionando las zonas forestales nacionales. Tradicionalmente, practicaban el cultivo itinerante en las zonas forestales, pero en 1993, tras la aplicación de la Ley Forestal, el gobierno prohibió el cultivo itinerante y convirtió el sistema de gestión forestal de Raksirang en una explotación forestal en régimen de arrendamiento. 

El líder de la Asociación Chepang de Nepal argumentó que, al hacerlo, el gobierno debilitó los derechos y prácticas consuetudinarias de los chepang, ya que ahora los bosques están controlados en última instancia por el personal de la Oficina Forestal Divisional a nivel comunitario, en lugar de los grupos indígenas. Se calcula que más del 60% de las familias de Raksirang han perdido sus derechos sobre la tierra a causa del programa de arrendamiento forestal. Durante los últimos diez años, la Asociación Chepang de Nepal ha abogado por el levantamiento de la prohibición de la agricultura itinerante, pero el proyecto de política que prepararon y compartieron entre las partes interesadas para conseguirlo no ha recibido el apoyo del gobierno.

Durante un grupo de discusión, el presidente del GUBA de Kalidevi declaró que en los últimos seis o siete años no se han realizado actividades en las zonas forestales arrendadas debido al conflicto entre la comunidad chepang y el gobierno, por el que los chepang reclaman el territorio bajo su sistema consuetudinario, pero el gobierno de Nepal ha convertido la tierra indígena en bosque nacional. Esto ha repercutido directamente en los medios de vida de las mujeres y niñas indígenas, ya que son ellas las que se encargan de alimentar y cuidar a sus familias, cultivar la tierra, criar el ganado, vender los productos y realizar trabajos en la comunidad, como participar en reuniones, realizar actividades de conservación de los bosques y celebrar festivales.

En general, los miembros masculinos de los hogares trabajan fuera de sus aldeas en las ciudades cercanas y participan mucho menos en las actividades agrícolas y de subsistencia basadas en los bosques. La prohibición de las prácticas agrícolas tradicionales y la inseguridad en la tenencia de sus tierras aumentan considerablemente la carga de las mujeres indígenas.

Una mujer miembro del GUBA de Kalidevi describió cómo: “Mi marido es un obrero que trabaja en Damauli. Gana 600 rupias nepalíes [4,40 euros] al día. Viene a casa todos los meses. Nos trae arroz, sal, aceite y lentejas. Si no gana dinero con su trabajo, no tenemos opciones. Nuestra familia no tiene tierra, nuestra khoriya (tierra consuetudinaria) se ha convertido en bosque nacional. No tenemos derecho a acceder al bosque ni a cultivar en él”.

Los pueblos indígenas no pueden acceder a las ayudas gubernamentales para la ganadería

A pesar de las importantes ayudas disponibles para la ganadería y la intensificación agrícola en general, los agricultores indígenas de Raksirang no pueden acceder a ellas. En su lugar, se desvía hacia empresas privadas de reciente creación, vinculadas a los gobiernos federal, provincial y local, que explotan a mayor escala y de forma más intensiva. No hay información disponible públicamente sobre cómo se está gastando la financiación pública en la ganadería, pero según un miembro de la cooperativa de agricultores de Devitar, “las mujeres de la cooperativa no han sido informadas sobre las subvenciones [para la ganadería], y tampoco son conscientes del nuevo proceso de registro de la empresa [que es necesario para recibir la ayuda del gobierno]“. Una agricultora de la aldea de Devitar, en Raksirang, también describió la imposibilidad de obtener información del gobierno a nivel local y, por lo tanto, es muy difícil para los agricultores pobres acceder a la financiación pública.

Conclusión 

Las políticas y prácticas contradictorias en torno a la ganadería y la silvicultura están teniendo un amplio impacto en Nepal. Por un lado, la estrategia REDD+ y otras políticas de ámbito nacional pretenden minimizar la presión sobre los bosques por el pastoreo abierto y la recogida de forraje, al tiempo que incentivan la intensificación, como el cultivo de cosechas específicamente como forraje y la alimentación de los animales en el interior. Por otro lado, el Programa de Arrendamiento Forestal ha entregado pequeñas superficies de bosques a los hogares más pobres, para que puedan desarrollar actividades generadoras de ingresos basadas en el bosque, como la ganadería, y al mismo tiempo restaurar los bosques degradados. Uno de los enfoques repercute claramente en las mujeres rurales, mientras que el otro tiene el potencial de beneficiarlas significativamente.

Sin embargo, el hecho de que los derechos consuetudinarios sobre la tierra aún no estén garantizados para los pueblos indígenas de Nepal en lugares como el municipio rural de Raksirang socava el enfoque de arrendamiento forestal y otras prácticas de gestión. Las mujeres chepang, en particular, han perdido el acceso y el control sobre los recursos forestales, y se les ha prohibido llevar a cabo sus prácticas agrícolas consuetudinarias. Esto ha significado que no han podido beneficiarse del programa de arrendamiento forestal, y hace más probable que se vean afectadas negativamente por nuevas restricciones a la ganadería vinculadas a REDD+.

La estrategia REDD+ de Nepal identifica la escasa coordinación entre las partes interesadas, la falta de una política eficaz de uso de la tierra y la inseguridad en la tenencia de los bosques como las principales causas subyacentes del sobrepastoreo. Sin embargo, estas mismas causas subyacentes son también barreras estructurales para lograr la justicia de género en Nepal, como lo ejemplifica la situación en Raksirang. Los proyectos REDD+ deben ahora cumplir su compromiso de garantizar la “adecuada representación de las mujeres, los pobres, los indígenas y los grupos socialmente marginados en los principales órganos y procesos de toma de decisiones forestales y reconocer las prácticas tradicionales y consuetudinarias de gestión forestal”, con el fin de revitalizar los conocimientos tradicionales y las prácticas de gestión forestal que han protegido y conservado los bosques durante generaciones.

 

¹ La Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación de los bosques, un programa de las Naciones Unidas.

² MOALD. (2021). Statistical information on Nepalese Agriculture. Kathmandu: Ministry of Agriculture and Livestock Development (MOALD).

³ La silvicultura comunitaria es un sistema de gestión forestal participativa en Nepal, donde más de 2,2 millones de hectáreas de bosques están controladas por más de 22.000 grupos de usuarios de bosques comunitarios.

⁴ Los bosques arrendados son zonas de bosques nacionales degradados que se han entregado a hogares pobres y marginados por un periodo de hasta 40 años para apoyar sus actividades generadoras de ingresos. Hasta ahora se han arrendado 41.730 hectáreas de tierras forestales degradadas de propiedad estatal a Grupos de Usuarios de Bosques Arrendados (GUBA), formados por 5-15 de los hogares más pobres y vulnerables.

⁵ REDD ha sido el precursor del programa de REDD+.

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Una dieta según el género: En Georgia, la agricultura intensiva destruye los medios de vida rurales y aumenta la desigualdad de género

por Olga Podosenova, Gamarjoba, Georgia

Georgia tiene fama de comer mucha carne; este pequeño país de Europa del Este es conocido como la tierra del shashlyk (o shish kebab). Sin embargo, las cifras cuentan otra historia: el consumo de carne en Georgia es de un promedio de 26 kg per cápita al año, una cuarta parte de la cantidad consumida en Estados Unidos y parecido al de las naciones africanas más pobres, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Para las mujeres de Georgia, hay incluso menos carne en el menú. Según una encuesta realizada en 2019 por un grupo de jóvenes feministas llamado StrongGogo, más del 80% de las encuestadas afirmaban que a las mujeres se les sirve menos carne, diferencia que tiene su origen en una antigua tradición caucásica según la cual los soldados varones debían proteger a su comunidad y recibían los alimentos más preciados. Aunque vivir en cuevas es cosa del pasado en Georgia, el prejuicio de género de que “la carne es para los fuertes” sigue vigente, a pesar de que todo el mundo debería tener el mismo acceso a los alimentos, independientemente del género.

La desigualdad de género es generalizada en las comunidades rurales de Georgia, donde las mujeres tienen una mayor responsabilidad en el mantenimiento del ganado, y dedican más tiempo a la recogida de forraje y a la alimentación y ordeño de los animales. Las mujeres rurales, además de realizar más tareas en las granjas familiares, también son responsables de cocinar, lo que suele hacerse sobre hornos de fuego producido con leña cuyo humo resulta peligroso para la salud. La recogida de leña para el invierno es otra tarea que forma parte de la desigual carga de trabajo que soportan las mujeres, lo que limita sus oportunidades.

En la actualidad, la ganadería en Georgia se lleva a cabo principalmente en granjas privadas a pequeña escala, que producen principalmente productos animales de alta calidad y orgánicos. Sin embargo, el país tiene dificultades con la seguridad alimentaria, ya que la carne que producen los ganaderos nacionales se exporta a países como Azerbaiyán, Irán y Turquía, mientras que la mayoría de las personas en Georgia comen carne congelada importada de países como Brasil. Según Geostat, la carne brasileña representa el 82,5% de las importaciones de carne de cerdo, el 26,7% de las de vacuno y el 20,9% de las de aves. También se están llevando a cabo negociaciones para aumentar las importaciones de productos cárnicos congelados de Uruguay, y al mismo tiempo exportar más carne a Turquía. Hasta las fuentes de la industria cárnica culpan a las exportaciones de carne de Georgia, que suelen ser exportaciones de animales vivos que obtienen mejores precios, dada la escasez de carne y el aumento de los precios locales.

Con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, el gobierno de Georgia está aplicando un modelo de agricultura intensiva, apoyando la creación de grandes explotaciones y el uso de insumos químicos. El apoyo político a la producción ganadera intensiva no hará más que aumentar las desigualdades de género y la explotación de las zonas rurales.

A través de proyectos financiados por el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo internacionales, el Ministerio de Agricultura busca duplicar la superficie agrícola en los próximos diez años. Aunque el medio ambiente se plantea como una prioridad, este plan perjudicará a las zonas silvestres y naturales, incluidos los vulnerables ecosistemas de montaña del país. Las y los pequeños agricultores también reclaman que se agravará la desigualdad de acceso a los alimentos sanos.

Está claro que el modelo de desarrollo descrito no está relacionado con la justicia y no es la mejor opción para el bienestar económico o la salud de los ciudadanos de Georgia. El aumento de los rendimientos y los beneficios depende de una mayor explotación de la mano de obra local, mientras los rebaños de ovejas – la mayor exportación ganadera de Georgia – podrían pisotear prados de montaña únicos y provocar la deforestación. Al mismo tiempo, los ganaderos rurales siguen en una situación económica difícil y sus medios de vida quedan a merced de las fluctuaciones de los mercados internacionales de la carne.

Por otro lado, en el Cáucaso Sur ya están apareciendo las granjas agroecológicas. Estas granjas, como Ecovillage Georgia, suelen ser iniciadas por mujeres, y tienen el potencial de abrir el camino hacia una producción verdaderamente sostenible y equitativa. Las ONG georgianas, como Gamarjoba, StrongGogo y “The Greens of Georgia”, están promoviendo proyectos de demostrativos relacionados a soluciones agrícolas ecológicas, instalando tecnologías renovables y creando cooperativas agrícolas y energéticas. Todo ello contribuye a lograr la justicia de género y a mejorar la vida de las mujeres rurales. Por ejemplo, las cooperativas energéticas apoyadas por las ONG locales ayudan a las mujeres rurales a instalar calentadores de agua solares, lo que reduce la necesidad de utilizar estufas tradicionales de leña, disminuye el impacto sobre la salud, ahorra tiempo y evita la tala de árboles. La instalación de hornos solares para cocinar ha tenido un impacto similar.

En Georgia, hay un dicho que dice: “Una mujer georgiana puede alimentar a su familia poniendo una mesa de hierbas recogidas en su jardín”. Por lo tanto, los conocimientos tradicionales de las mujeres georgianas y los enfoques agroecológicos pueden mejorar el acceso equitativo a los recursos, la soberanía alimentaria local, la producción ganadera respetuosa con el clima y la preservación de los ecosistemas montañosos únicos del país.

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En busca de tekoporá: Consideraciones de género en la ganadería industrial en el Paraguay

por Miguel Lovera, Iniciativa Amotocodie, Paraguay

La producción agroganadera insustentable en Paraguay ocupa gran parte del territorio nacional y la mayoría de sus tierras más fértiles. Se estima que un 94 % de la tierra cultivada se encuentra cubierta por rubros de exportación y solamente un 6 % de ésta se dedica a rubros que responden a la demanda interna, como son alimentos y materia prima para artesanías e industria locales. Los impactos de este modelo económico son nefastos, especialmente el medio ambiente y las mujeres, quienes históricamente han tenido menos acceso a bienes y servicios esenciales, sin contar con el trabajo no remunerado por las actividades que realizan a diario.

Sin duda, la deforestación representa el impacto ambiental y socioeconómico más grande en todo el país. Los ecosistemas forestales han sido eliminados en gran medida para habilitar suelos para la agricultura y la ganadería, para alojar explotaciones extensivas, las que se intensifican paulatinamente con la irrupción del modelo agroempresarial mecanizado controlado por el agronegocio. El bosque del Alto Paraná – formación subtropical húmeda de gran biodiversidad – ha sido eliminado casi totalmente, así como los demás tipos de bosque en el Paraguay oriental. El Bosque Atlántico del Alto Paraná ha perdido el 91% de su cobertura forestal original. La región del Chaco, que cubre el Occidente del Paraguay,  en la actualidad tiene una de las  tasas de deforestación más aceleradas del mundo; según el monitoreo de Güyra Paraguay, para el periodo de enero a octubre del 2017 se registró un promedio de pérdida de bosque de casi 700 hectáreas por día en todo el Gran Chaco (Paraguay, Argentina y Bolivia).

 

Las principales causas de la destrucción de los ecosistemas en el Chaco, tanto de la deforestación como de la fragmentación de bosques, son la ganadería, la apertura de carreteras, y la prospección de hidrocarburos. Este proceso de destrucción se incrementó abruptamente desde 2007 con la apertura de los mercados internacionales para la carne vacuna, expandiéndose desde el Chaco Central hacia el Norte. 

El impacto del proceso de deforestación es particularmente severo sobre las mujeres de bajos recursos que habitan áreas rurales, al ser quienes normalmente se encargan de la manutención de los hogares, la nutrición, la salud y el suministro de agua. En el caso de las comunidades indígenas, la escasez de recursos provenientes de los bosques representa un gran obstáculo para el desarrollo de las mujeres y las tareas que culturalmente desempeñan a diario tales como el cuidado de chacras o el uso de recursos del bosque con fines medicinales. 

Las políticas y programas destinados a la gestión de los impactos del modelo económico, prestan escasa atención a las necesidades directas de las mujeres, aumentando así considerablemente la condición de vulnerabilidad que padecen en la sociedad paraguaya.

Metodología

El presente documento es un análisis, desde una perspectiva de género, de las acciones desempeñadas para abordar la problemática de la producción agroganadera en el Paraguay por diversos actores. Recoge, además, la visión y las estrategias propuestas por mujeres campesinas e indígenas que analizan los impactos diferenciados de las acciones identificadas. 

El proceso de investigación abarcó la revisión de fuentes secundarias tanto como entrevistas con 14 mujeres líderes de diferentes grupos étnicos y socioeconómicos. Estas entrevistas se dieron en un ámbito de discreción necesario para garantizar la libertad de expresión en el marco de una sociedad que aún no tolera o no interpreta correctamente los reclamos de igualdad de las mujeres, necesarios para el goce pleno de los derechos humanos.

La producción agroganadera insustentable

Paraguay tiene la distribución de la tierra más desigual del planeta, siendo la ganadería y el monocultivo de soja los sectores más importantes de la producción. Con respecto a la ganadería, el país tiene casi 14 millones de cabezas de ganado bovino, a razón de 2 animales por habitante. Faena unos 2,5 millones de cabezas al año, y exporta unas 380.000 toneladas de carne cada año, casi el doble de lo que se destina al mercado doméstico. El sector ocupa unos 26 millones de hectáreas, de los que 5,6 millones están cubiertas con pasturas cultivadas, 10,6 millones con pastizales naturales y 10 millones de bosques nativos, el 90% de los tenedores de ganado crían manadas de menos de 100 cabezas, mientras el 10% de los tenedores son propietarios del 82% del ganado bovino del país. Esta concentración se agudiza si consideramos a los “grandes ganaderos” con hatos de más de 1.000 cabezas: el 2% de los tenedores tienen el 54% del hato nacional.

Las consecuencias de este modelo son de orden ambiental y social. Paraguay es el país más vulnerable al cambio climático de América del Sur y se encuentra entre las naciones de América Latina y el Caribe cuyo riesgo es extremo ante esta grave problemática ambiental. Por otro lado, la pobreza y la desigualdad se encuentran entre las mayores del continente, con un Índice de Desarrollo Humano inferior a la media. 

Las desigualdades también se trasladan al ámbito del género, con brechas significativas señaladas por organismos multilaterales como el Foro Económico Mundial, incluyendo desventajas económicas y violencia de género, situación que ha empeorado durante la pandemia.

La brecha de género en el acceso a la tierra es considerable, solo el 15% de la tierra está en manos de las mujeres. A esto se suma diferentes formas de violencia desplegadas sobre las mujeres rurales, campesinas e indígenas, con el aval del Estado, por parte de los agronegocios, inmobiliarias y hasta el crimen organizado, con fuerzas militares y paramilitares. 

Es sobre esta estructura fundiaria y distributiva que se desarrollan las actividades agroganaderas. La participación de las mujeres es claramente minoritaria y está subordinada a relaciones desiguales en las que son discriminadas por su género, y condición socioeconómica. Las mujeres, sin embargo, contribuyen desproporcionadamente en la producción de alimentos y a la manutención de los hogares, crianza de los hijos y cuidado de personas desvalidas y de edad. Esta contribución, despreciada en las cuentas formales, representa una formidable porción de la economía familiar, especialmente en el contexto rural. 

Las mujeres son fuertemente afectadas por el modelo ganadero extensivo. Las grandes explotaciones ganaderas situadas en el Chaco dependen de la mano de obra indígena masculina, y los trabajadores deben alojarse en las estancias, a veces a, cientos de kilómetros de distancia de sus comunidades. Este fenómeno tiene efectos muy serios sobre la vida comunitaria y familiar. Por ejemplo, ante la ausencia masculina, muchas mujeres indígenas deben ocuparse de conseguir los recursos necesarios para la alimentación, ya sean recolectados o cazados en el medio natural o adquiridos comercialmente,; quedando sin posibilidades de atender los procesos formativos tradicionales y pautas culturales autóctonas necesarios para mantener su estilo de vida.

Medidas para abordar la deforestación en el Paraguay

Existen algunas acciones y políticas relevantes contra los impactos de la producción agroganadera insustentable en Paraguay, siempre ligadas a los compromisos internacionales del país y a la influencia de la cooperación internacional Sin embargo, las medidas adoptadas no consideran cuestiones de género y se basan principalmente en prácticas extractivistas  que refuerzan al modelo productivo vigente. 

Tal es el caso de la producción ganadera en parcelas “agroforestales” que combinan la implantación de pasturas exóticas con árboles también exóticos – principalmente eucalipto –  en tierra campesina. Esta estrategia, de hecho, aumenta la superficie ocupada por el agronegocio y disminuye las posibilidades de acceso a la tierra a las mujeres.

La incorporación de las parcelas campesinas a estos esquemas, conlleva consigo la anexión del territorio campesino al del agronegocio, destinatario potencial de la mayor parte de la futura cosecha de leña (utilizada para el secado de granos). De esta manera, es muy difícil que el sector campesino se oponga a la expansión de estas operaciones de plantación de árboles, ya que estarán involucrados directamente en el negocio, contribuyendo con tierra y trabajo a la provisión de una materia prima (hasta ahora) indispensable para el agronegocio.

Existen varias políticas y normas impulsoras del incremento de la plantación forestal en Paraguay, a saber, el PROEZA (Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático), programa destinado a introducir la producción de eucalipto en fincas campesinas e indígenas. El programa es financiado por el Fondo Verde para el Clima y recibe el apoyo de la FAO. Existe una mención de la vulnerabilidad de género en la documentación del proyecto, sin embargo, promueve el modelo dominante patriarcal, lo que significa que los impactos diferenciados por género quedan agravados.

Las políticas nacionales incluyen la Ley 536 de Fomento a la Forestación y Reforestación, que repone a quienes implementan plantaciones forestales hasta el 75% del costo de implantación de las mismas; y la Ley N° 3.001/06 de Valoración y retribución de los servicios ambientales, que incluye las plantación forestal entre las actividades elegibles para la compensación.El país también se caracteriza por su remarcable ambiente de desregulación y “libertad” empresarial, que es como el sector privado prefiere las cosas. En este sentido, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) organizó en noviembre un seminario en el que elogió la política de “no regulación” del Gobierno nacional.

Como ejemplo de las medidas de mitigación existentes, se destaca la “Plataforma Nacional de Commodities Sustentables” (su nombre original en inglés “Green Commodities”). Esta última palabra significa simplemente “mercancía”, pero, resalta el sesgo anglosajón en la jerga utilizada por los agentes del modelo del agronegocio en la cultura de la cooperación internacional. En este marco se verifican actividades como encuentros para introducir a las mujeres en la producción de soja y carne. No obstante, la matriz productiva predominante en el país, se basa en el monocultivo a gran escala y a la producción extensiva latifundista, modelo patriarcal de uso de la tierra. 

De acuerdo a las versiones de participantes en los eventos organizados en el marco de la “Plataforma Nacional de Commodities Sustentables”, el objetivo principal es de promover la expansión de la producción agroganadera, mientras que el componente de sustentabilidad es mínimo aunque el proceso se presenta como la alternativa sustentable al modelo imperante. Las referencias a la “sostenibilidad” son meras enunciaciones, ya que no se aborda la problemática de los impactos de la deforestación, de los efectos del modelo de desarrollo propuesto sobre el agua y los suelos ni sobre la biodiversidad.

La narrativa es que la soja supuestamente no contribuiría a la deforestación del Chaco y que supuestamente la biodiversidad aumenta en el centro chaqueño, y que se podría sembrar unas 500.000 ha sin deforestar un solo árbol. Esta lógica racionaliza la explotación creciente del Chaco, con el mismo enfoque productivo, socioeconómico y de ceguera de género que asegura que el país sea uno de los más pobres del continente. 

En abril de 2021 el Estado paraguayo publicó la actualización de su Contribución Nacionalmente Determinada a la reducción de emisiones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). A pesar de depender en más de un 90% en la reducción de la deforestación, no se incluyeron medidas de recuperación de tierras malhabidas y territorios usurpados, ni medidas de recuperación de la gestión territorial por parte de comunidades indígenas y campesinas, ni medidas punitivas a la deforestación. Ni siquiera intentó frenar la producción agroganadera, cuya expansión depende totalmente de la deforestación. La actualización ha buscado hacer al país “más competitivo” desde una perspectiva económico financiera, y describe buenas intenciones, metas generales, lejanas a la realidad de la gestión pública nacional, que impulsa la deforestación y el avance del agronegocio con graves consecuencias.

Las propuestas genuinas que hacen las más afectadas por el modelo agroindustrial

Las comunidades indígenas y campesinas han desarrollado estrategias de resistencia y lucha para responder a la ausencia de propuestas desde el Estado que priorizan el bien común por encima de los intereses privados, y la equidad de género. 

Las mujeres del pueblo ayoreo y su lucha por la biodiversidad

El pueblo ayoreo en Paraguay ocupa solo el 2% de su territorio original de 110.000 km2, que ha causado una gran transformación en sus prácticas de subsistencia y para la reproducción de su cultura. Las áreas circunvecinas a las comunidades del pueblo ayoreo se encuentran vastamente transformadas, convertidas a pasturas ganaderas y no constituyen hábitat ni para la fauna ni la flora locales y su capacidad de producción primaria disminuidas a niveles ínfimos. 

La relación de las mujeres con su entorno y, en especial, con el bosque, es muy importante. El bosque para el ayoreo es el mundo, es hábitat, pero también cosmos. La destrucción del mismo significa un golpe muy duro para la cultura y cosmovisión del pueblo y, singularmente, de las mujeres ayoreo. Las posibilidades de éstas de adaptarse e, incluso, recuperar los territorios son muy escasas al tratarse de tierra usurpada por sectores poderosos y reacios a cualquier cambio en la situación de control de la tierra.

Las mujeres frecuentemente recolectan caraguatá (Bromelia sp.), planta que constituye la base para la producción textil tradicional ayoreo. La población de esta especie se ha visto disminuida por la deforestación, y los escasos remanentes se encuentran muy lejos de las comunidades indígenas. Como consecuencia, las mujeres deben invertir más tiempo y recursos financieros para trasladarse a los lugares de recolección de la mencionada planta.

Las mujeres líderes en las comunidades han hecho ensayos para el repoblamiento de caraguatá en condiciones de enriquecimiento de monte, proceso que ha dado resultados válidos desde el punto de vista de la restauración y los recursos de los bosques. Estas iniciativas sirven el objetivo práctico de proveer de materia prima a las comunidades, pero no constituyen una solución a la grave carencia de tierras que padece el pueblo ayoreo.

La Vía Campesina: única vía para el Paraguay

Perla Álvarez es una de las voces más representativas del movimiento campesino en Paraguay. Activista feminista, socialista y ambientalista, nos explica cuál es la visión estratégica del campesinado nucleado en la Vía Campesina para hacer frente a las amenazas de la destrucción ambiental que avanza con los agronegocios.

“Nosotras no usamos la palabra conservación; hablamos de arraigo, de no descampesinización, de no desplazamiento… Incluso hablamos de la necesidad de proteger lo que tenemos, a la par de ir a la conquista de nuevos territorios. Sí decimos que queremos permanecer en el campo, conservarnos ahí́. Eso incluye la protección de todos los bienes naturales que tenemos: el agua, el bosque, las semillas, la tierra en donde producimos, y donde vivimos, por eso hablamos de nuestros territorios, y de nuestras relaciones también, por eso hablamos de nuestras formas de ser en el campo. Estar en el monte, en el campo, fuera de la ciudad, implica otras formas de relacionamiento humano y con la naturaleza”. 

“Cuando hablamos de conservación, de arraigo, de mantenernos en el campo, de recuperar nuestro arraigo, incluye la biodiversidad. Por ejemplo, hablamos de que no es lo mismo tener dos variedades de maíz nomás ya, porque la mayoría de las familias en este momento guarda dos variedades nomás ya, cuando que hace unos 10 años atrás la mayoría de las familias tenían por lo menos 6, 7 variedades, porque eso reduce radicalmente la calidad de la alimentación, y no solo la alimentación humana, sino incluso la posibilidad de tener diversidad de aves, porque hay variedades de maíz que se usan para la alimentación de ciertos animales. Esa es nuestra lucha, la defensa del teko, del tekoha, del tekove”. 

“El tekoha es el territorio, el lugar físico, material, donde se desarrolla el teko, que es la cultura. Es el lugar donde se vive, donde se es, donde se produce y donde se reproduce la gente. El tekove es la vida, es vivir, ñande rekove ñande rekohape (nosotros vivimos en nuestro territorio). Y en ese tekoha aspiramos al tekoporá, que es el bienestar pleno, la cultura del bienestar, bienestar entendido en que uno se siente cómodo, bien, satisfecho, es decir feliz. Ese es el tekoporá, el disfrute pleno de los derechos, del bienestar ambiental, de salud, en las relaciones, cuando uno está mal no tiene tekoporá. El tekoporá constituye la aspiración humana para lo cual trabaja. Y para tener tekoporá necesitas tekokatu, que es la dignidad, que se logra con el trabajo digno”.

Conclusión: priorizando los beneficios sobre la justicia

Las mujeres constituyen una población vulnerable en el país, por lo que se encuentran desproporcionadamente expuestas a diferentes formas de violencia, más aún en el ámbito rural. Sin embargo, son ejemplos de organización y resistencia ante el avance de un sistema cuyas formas de expropiación se han recrudecido en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las redes de cuidado que ellas han tejido en momentos agudos de crisis socioeconómica, sanitaria y ambiental son fundamentales, sobre todo en las zonas rurales, en donde se han recrudecido las hostilidades por parte de latifundistas así como empresas que buscan apropiarse de tierras por medio del uso de la violencia.

La explotación agroganadera del territorio, que prioriza el lucro ante otros factores, difícilmente podrá enfocarse en considerar y, mucho menos, respetar o remediar los numerosos casos de violación de derechos y postergación hacia las mujeres que se verifican en el país. Los niveles de deforestación y destrucción de los ecosistemas han traspasado los niveles de cambio aceptable en casi todos los ecosistemas del territorio nacional. Las políticas y procesos destinados a abordar esta problemática se encuentran subordinados a los poderosos intereses motivados por el interés económico o crematístico y a un Estado que se alista como asistente de esos procesos de expansión económica.

Así, las políticas concebidas para dar solución a los escollos del modelo de desarrollo, recurren a los mismos inconvenientes y aberraciones que justifican su origen. En realidad, agudizan la situación de acaparamiento de la tierra y la producción, obviando nuevamente la problemática de la mayoría de la sociedad paraguaya y sin el enfoque de género necesario para la justicia.

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Mujeres y agroecología en América Latina: Voces desde las bases¹

por Mora Laiño and Lucía Moreno, LATFEM, Argentina

El sistema agroalimentario actual se caracteriza por el desarrollo de prácticas intensivas de cultivo que degradan los suelos y estimulan récords de deforestación, monocultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación de agrotóxicos que dañan la salud de la tierra y de las personas, concentración de la riqueza en manos de corporaciones, e inequidades en el acceso a la tierra. 

Hay una necesidad urgente de rescatar y desarrollar formas más sostenibles de producir alimentos, de la mano de los grupos sociales históricamente invisibilizados que cumplen una labor crucial, como las mujeres, que han desempeñado históricamente un rol central en la recolección de semillas, la preparación de la tierra, la cría de animales, el tejido de redes comunitarias, la recolección y el almacenamiento de la cosecha, y la comercialización de alimentos. 

A pesar de ser las principales productoras de alimentos, las mujeres enfrentan barreras de acceso a la tierra, a los recursos productivos y financieros, a la tecnología y a la educación, sumado a la sobrecarga en las tareas domésticas y de cuidado que recae sobre sus cuerpos.

En América Latina y el Caribe solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector. 

Como respuesta a estas inequidades, las mujeres campesinas e indígenas se organizan para  producir alimentos con métodos agroecológicos. El objetivo común es construir sistemas agroalimentarios social, económica y ambientalmente justos. En ese camino buscan conectarse con sus territorios, sus saberes, sus semillas y su historia, para trazar senderos de igualdad e inclusión en el acto político de trabajar la tierra y producir alimentos.

“Con la agroecología nos sentimos seguras y tranquilas cuidando la naturaleza, el campo y a nuestras familias”, cuentan Zaida Rocabado Arenas y Maritsa Puma Rocabado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Argentina.

Además de la preocupación por producir alimentos sanos y cuidar el ambiente, buscan visibilizar las múltiples desigualdades. 

“Las mujeres hemos sido omitidas históricamente de la participación social. Nuestras propias experiencias de vida en el campo nos ayudan a identificar las formas de opresión y su origen”, reflexiona Viviana Catrileo de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) de Chile.

“Con la agroecología, nuestro trabajo como mujeres campesinas se politiza y se valoriza porque no se trata de una receta sino de un movimiento político”, agrega Alicia Amarilla de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay.

Estas poderosas voces se manifiestan en toda la región, mostrando la importancia de la organización colectiva y la formación política como herramientas de lucha. El mensaje es unívoco: una salida transformadora tiene el desafío de modificar las lógicas patriarcales del campo, y proponer modelos de producción de mayor inclusión e igualdad.

Sofía Sánchez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-UST)  de Argentina, explica: “La salida es colectiva, comunitaria, con trabajo y cuidando la tierra. Ojalá que algún día podamos tener en nuestras manos un mercado de productos artesanales y campesinos que construyan una nueva economía: feminista, campesina, indígena y popular”. 

 

¹ Nota: una versión de este artículo fue originalmente publicada en LATFEM.

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Una perspectiva feminista sobre los recientes esfuerzos para desvincular la ganadería de la deforestación 

por Caroline Wimberly, experta en ganadería, Estados Unidos, y Simone Lovera, GFC, Paraguay

En los preparativos, durante e inmediatamente después de la COP26 de Glasgow se produjo una avalancha de iniciativas anunciadas por la ONU, los gobiernos y el sector privado para abordar la deforestación vinculada a la producción de carne. Sin embargo, ninguna de ellas intenta reducir la producción y el consumo de productos animales, y la mayoría trata el tema del género como algo secundario, si es que lo hace. En este contexto, ¿pueden dichas iniciativas contribuir a la justicia de género, o simplemente agravarán los impactos diferenciados por género? 

Dado que la ganadería insostenible y la producción de soja se encuentran entre los cuatro principales motores de la pérdida de bosques, este número de Cobertura Forestal  presenta varios estudios de caso que ponen de relieve cómo la pérdida de bosques y la producción ganadera insostenible suponen una carga específica para las mujeres y las niñas. Pero eso no significa que las políticas y los proyectos para mitigar los impactos de la ganadería insostenible y la producción de materias primas (piensos y forrajes) en los bosques vayan a beneficiar automáticamente a las mujeres. 

Por ejemplo, el desplazamiento de la producción de soja genéticamente modificada fuera de las áreas forestales y hacia zonas habitadas por comunidades campesinas podría aumentar las tasas de cáncer de mama relacionadas con el uso intensivo de agroquímicos. También podría conducir a una concentración de la propiedad de la tierra y a la despoblación rural, puesto que las prácticas de cultivo de soja y la ganadería son especialmente intensivas en el uso de la tierra y mano de obra. 

Las mujeres son las primeras perjudicadas, ya que se quedan sin acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios públicos que ellas y sus familias necesitan. Además, las “soluciones” para frenar la deforestación rara vez se ocupan de la biodiversidad, el bienestar animal, la salud humana, las emisiones de metano u otras consecuencias de la ganadería insostenible.

Los compromisos y las políticas para hacer frente a la deforestación provocada por la producción de materias primas tienden a clasificarse en tres grandes categorías: (i) asociaciones público-privadas entre organismos de la ONU, empresas y otros actores que promueven la producción de productos básicos que causan menos deforestación; (ii) planes voluntarios dirigidos por el sector privado; (iii) iniciativas legislativas para obligar a las empresas a practicar la diligencia debida en relación con los productos básicos importados asociados a la deforestación y/o a las violaciones de los derechos humanos, como ha ocurrido recientemente en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania. 

La medida en que estas medidas respondan a los derechos, roles y necesidades de las mujeres es de vital importancia, dada la gran dependencia de las mujeres de los productos forestales en las comunidades dependientes de los bosques, y el papel clave que desempeñan las mujeres en la producción campesina de alimentos en todo el mundo.

Línea de trabajo de la CMNUCC sobre agricultura

Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Trabajo Conjunto de Koronivia sobre la Agricultura  es el proceso oficial sobre cuestiones relacionadas con la agricultura y el cambio climático. Aunque se suponía que en la COP26 , se iba a acordar dar seguimiento al Trabajo Conjunto de Koronivia, no se llegó a ningún acuerdo sobre el texto propuesto. El borrador incluye entre paréntesis referencias a la agroecología y a la participación con perspectiva de género en el desarrollo de políticas, pero no incluye lenguaje sobre cambios de dieta o la reducción del número de cabezas de ganado, probablemente debido a la gran influencia de la industria ganadera.

Anuncios de APP sobre agricultura y sistemas alimentarios

La COP26 proporcionó una plataforma para que las corporaciones impulsaran sus agendas a través de anuncios de asociaciones público-privadas que sólo profundizarán la dependencia de las agencias de la ONU y de entes gubernamentales en los intereses corporativos, incluyendo los intereses de las grandes empresas cárnicas y lácteas. La toma de control empresarial en la elaboración de políticas corre el riesgo de socavar los esfuerzos para hacer que las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos y la deforestación, ya que las iniciativas legislativas bien intencionadas se hunden rápidamente por los fuertes grupos de presión corporativos. A continuación, un resumen de los principales anuncios de asociaciones público-privadas relacionados con la ganadería, y la medida en que el género figura en ellos:

La Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM4C), lanzada por Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos con el apoyo de 35 países, importantes fundaciones, empresas agrícolas y ONG, pretende acelerar la inversión en innovaciones agrícolas climáticamente inteligentes. La equidad de género es “fundamental para el éxito de la misión”, pero no hay directrices ni salvaguardias para garantizar que las mujeres se beneficien de los multimillonarios proyectos de investigación.

 

Por otra parte, el Diálogo sobre Bosques, Agricultura y Comercio de Productos Básicos (FACT, por sus siglas en inglés), en el que las Consultas Regionales Multiactor proporcionaron orientación y aportes para el desarrollo de principios compartidos y una hoja de ruta para la acción colectiva de 28 gobiernos sobre la deforestación impulsada por materias primas. En una carta abierta un mes antes de que se lanzara la hoja de ruta, el Grupo de Trabajo Multiactor designado para garantizar la representación efectiva en las consultas aconsejó a los gobiernos que aumentaran su ambición, incluyendo la integración de una lente de género que había estado ausente.

Otra iniciativa voluntaria es la Agenda de Acción Política para la Transición a la Alimentación y la Agricultura Sostenibles, que fomenta los programas o actividades que apoyan la creación de capacidades para los grupos de mujeres, así como su participación en los procesos de consulta. Sin embargo, siendo una de las convocatorias más sólidas, sólo cuenta con 17 países adheridos. 

También merece la pena mencionar la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, con más de 100 países firmantes. Estos jefes de estado “se comprometen a trabajar colectivamente para detener e invertir la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030…” Esto es exactamente diez años después de que los firmantes deberían haber detenido la pérdida de bosques según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fijan el año 2020 como meta. En el texto de la declaración no hay referencias al género ni a las mujeres. 

Los ajustes en la producción de alimentos que no incluyen soluciones del lado de la demanda no son transformadores. Todas estas iniciativas implican vagas promesas que no son legalmente vinculantes. Además, ninguna de ellas intenta desafiar las dinámicas de poder imperantes, incluidas las desigualdades de género, ni hacer las cosas de forma tan diferente.

Iniciativas del sector privado lanzadas durante la COP26

Otras iniciativas de actores no estatales incluyen el Compromiso sobre la eliminación de la deforestación impulsada por productos básicos agrícolas. Se trata de una carta de 33 instituciones financieras para “eliminar las actividades de deforestación impulsada por productos agrícolas de riesgo para los bosques en las empresas parte de nuestras carteras de inversión y en nuestras actividades de financiación para 2025”. Aunque los materiales que la acompañan destacan los derechos humanos, no hay ningún contexto para la desigualdad de género y el papel de las finanzas. 

Un puñado de empresas financieras y agroindustriales también se comprometieron a aportar 3.000 millones de dólares a la iniciativa Finanzas Innovadoras para la Amazonía, Cerrado y Chaco (IFACC), que apoya “la producción de soja y ganado libre de deforestación y conversión en América del Sur”, pero claramente con el objetivo de aumentar la producción. 

En un anuncio menos publicitado, los directores generales de 12 empresas agroalimentarias mundiales, todos ellos hombres, aprobaron una Declaración de Propósito Corporativo. Estas empresas dicen que “comparten el compromiso de detener la pérdida de bosques asociada a la producción y el comercio de productos agrícolas”. Ninguna de las empresas mencionó el género en sus comentarios sobre el compromiso. Tres de ellas ya firmaron y no cumplieron el plazo de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) para eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro antes de 2020. 

Los gobiernos, las empresas y otros actores dependen cada vez más de anuncios llamativos como estos para crear la apariencia de una acción climática ambiciosa, lo que hace que la COP26 sea quizás la más dominada por las empresas hasta la fecha. Estos compromisos son voluntarios, no tienen mecanismos de rendición de cuentas y se basan en el supuesto de que hay que apoyar y ampliar estos sectores. Ninguno cuestiona el modelo de producción del que dependen, y mucho menos la insistencia en estos productos específicos; ¿acaso es de extrañar, por tanto, que ninguno de ellos adopte tampoco un enfoque transformador de la justicia de género?

La propuesta de la UE para regular los productos libres de deforestación

Otro acontecimiento importante relacionado con los bosques que tuvo lugar en noviembre de 2021 fue la publicación del proyecto de reglamento de la UE sobre “determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación de los bosques”, la llamada legislación FERC. Se trata de la más importante de las diversas iniciativas para reducir los impactos de los patrones de consumo en los bosques del mundo. Propone que la UE prohíba la importación de carne de vacuno y soja producida ilegalmente y/o asociada a la tala de bosques después del 31 de diciembre de 2020, fecha en la que se suponía que los países debían haber detenido la deforestación según los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los productores y comerciantes deben demostrar que los productos que importan están libres de deforestación. Si ellos, o las autoridades competentes, reciben una “preocupación fundamentada” por parte de las ONG u otros actores de que los productos que importan están asociados a la deforestación, tienen que investigar. 

Aunque existe el riesgo de que la legislación se diluya considerablemente antes de su aprobación, la mayoría de las ONG europeas de conservación de los bosques apoyaron el hecho de que la legislación propuesta incluya una prohibición clara y una diligencia debida jurídicamente vinculante. Sin embargo, se mostraron decepcionadas porque no aborda las violaciones de los derechos humanos ni, por ejemplo, el papel del sector financiero en el apoyo a la deforestación. También les preocupa que la legislación no se aplique a los productos cárnicos procesados, y que limite la protección a los bosques, lo que significa que podría desplazar la producción a otros ecosistemas preciosos como los humedales y los pastizales.

Además, el artículo 28 del proyecto legislativo propone que la Comisión Europea se comprometa con los países productores a través de asociaciones y mecanismos de cooperación para permitir la transición a “métodos sostenibles de producción, consumo, transformación y comercio de productos básicos”. Es probable que esto dé a los productores y a los países productores un peso importante en la elaboración de las políticas de la UE. No hace falta mencionar que los productores no estarán dispuestos a reducir la producción, lo que significa que la cooperación podría llevar en realidad a la expansión de la producción de carne de vacuno y soja en tierras ya deforestadas, incluyendo en particular las tierras campesinas e indígenas.

Desde una perspectiva feminista, los aspectos más preocupantes de la nueva legislación propuesta son el hecho de que no tiene en cuenta el género, lo que resulta bastante decepcionante a la luz de la agenda formal de la UE para la integración de la perspectiva de género, y que podría incluso conducir a un aumento de la producción de productos básicos como la carne de vacuno y la soja fuera de las zonas forestales, lo que exacerbaría los impactos desproporcionados que la industria tiene sobre las mujeres.

Conclusión: El único camino es abandonar la producción ganadera agroindustrial

Está claro que las políticas y las iniciativas legislativas para abordar los efectos de la producción insostenible de carne, productos lácteos y materias primas en los bosques podrían tener importantes consecuencias no deseadas para las mujeres y otros grupos económica y políticamente marginados si no se abordan de forma integral las muchas otras ramificaciones medioambientales, sociales y sanitarias de las que son responsables estos sectores. 

La producción de soja y carne de vacuno no sólo son motores clave de la pérdida de bosques, sino que también provocan la concentración de la tierra y la despoblación rural, con efectos especialmente negativos para las mujeres, que suelen tener derechos de tenencia de la tierra más frágiles y se ven afectadas de forma desproporcionada por la despoblación rural. Otras consecuencias, como el uso de productos agroquímicos, la contaminación del agua y las emisiones de metano que aceleran el cambio climático, también están relacionadas con el género. 

Sólo un cambio profundo y transformador que abandone la producción ganadera agroindustrial puede hacer frente a estos múltiples impactos. Sin ese cambio, las principales víctimas de estas políticas serán las mujeres rurales que dependen de los bosques para su subsistencia, y las mujeres cuyos medios de vida serán devastados por las plantaciones de soja y las explotaciones ganaderas que se trasladarán fuera de las zonas forestales y a sus tierras.

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Equipo editorial : Caroline Wimberly, Jeanette Sequeira, Johanna Molina, Juana Delgado, Megan Morrissey, Milena Bernal, Oliver Munnion y Simone Lovera
Editores: Oliver Munnion, Megan Morrissey y Caroline Wimberly
Traductores: Danae Barrera, Megan Morrissey y Milena Bernal
Diseño: Oliver Munnion

This publication has been produced with support from Women Engage for a Common Future (WECF) through the Green Livelihoods Alliance, financed by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Misereor and the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). The contents of this publication are the sole responsibility of the Global Forest Coalition and can in no way be taken to reflect the views of donors.

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22 dic., 2021
Posted in Forest Cover, Unsustainable Livestock Production, recursos y publicaciones, Justicia de género y bosques