Justicia de género y acción climática: Un análisis feminista de la formulación de políticas climáticas y forestales

Mientras las negociaciones mundiales sobre el clima se convocan por vigésimo sexta vez, ahora en Glasgow (Escocia), se nos recuerda una vez más que el cambio climático es el desafío más grande, complejo e injusto al que nos enfrentamos como sociedad.

Hay una necesidad urgente de políticas eficaces para hacer frente a la emergencia climática y restaurar los bosques. Pero cuando estas políticas nacen de las mentalidades coloniales y patriarcales existentes, no hacen más que perpetuar las causas profundas de la crisis que se supone que deben abordar. Al hacerlo, no abordan la distribución desigual del acceso y el control de los recursos que experimentan las comunidades de primera línea en función del género, la clase, la raza, la casta, la edad y la capacidad, y otras formas de discriminación. Como resultado, mantienen un sistema injusto y desigual de formas de opresión que se entrecruzan y que no sólo reproduce y refuerza las barreras estructurales para lograr la justicia climática, sino que también reduce la capacidad de la Tierra para restaurar sus ecosistemas y extraer el carbono de la atmósfera.

Y esto nunca ha sido una mayor amenaza que en la COP26, bajo el liderazgo de una presidencia que ha sido acusada de misoginia y negación del cambio climático. No es de extrañar, por tanto, que las falsas soluciones, como las promesas de “cero neto” y las Soluciones Basadas en la Naturaleza, ocupen un lugar destacado en la agenda, cuando las promesas de reducción de emisiones hechas por los gobiernos ponen al mundo en camino de un devastador calentamiento de 2,7 grados o más.

El último número de Cobertura Forestal de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC) se centra en ocho estudios de caso a nivel país aportados por nuestros grupos miembros, con un editorial que contextualiza estas luchas y extrae sus temas comunes. Analizan una amplia gama de políticas de mitigación del cambio climático relacionadas con los bosques, desde los planes a nivel nacional hasta los programas globales del Banco Mundial y la ONU. El análisis se ha llevado a cabo según una metodología feminista desarrollada por los grupos miembros de GFC, que ayuda a evaluar las políticas climáticas a través de una lente de justicia de género. Esta perspectiva hace hincapié en las necesidades y los papeles de las mujeres en toda su diversidad, como titulares de derechos y agentes poderosas de cambio.

Esperamos que este informe pueda contribuir a que la COP26 y la elaboración de políticas climáticas y forestales en general se alejen de las falsas soluciones inequitativas y se acerquen a la justicia climática.

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Lea aquí nuestro comunicado de prensa sobre el informe.

Para más información sobre el trabajo de GFC en materia de justicia de género y acción climática, consulte nuestras páginas de la campaña Justicia de Género y Bosques, y Bosques y Cambio Climático.

 

Contents:

• • Introducción: No podemos lograr la justicia climática sin la justicia de género
  • Cómo las compensaciones de carbono de la forestación están socavando el progreso hacia la justicia de género y la gobernanza forestal comunitaria en Bakhai, India
  • REDD+ en Nepal: ¿cuáles son los impactos sobre las mujeres y niñas indígenas y campesinas?
  • Los impactos de los proyectos de forestación y reforestación en las mujeres y niñas indígenas y rurales en Kivu del Sur, República Democrática del Congo
  • La nueva política forestal tiene como objetivo detener la destrucción de los bosques en las Islas Salomón, pero ¿qué puede hacer por las personas más afectadas?
  • Las compensaciones de carbono, las plantas de celulosa y la resistencia indígena en Wallmapu (Chile)
  • Las mujeres rusas contra la tala y las plantaciones de árboles: los esfuerzos de una ONG para regenerar los bosques mixtos tradicionales y recuperar los medios de vida locales
  • Paraguay: donde la mentira se convierte en política internacional sobre el clima
  • Por qué las políticas de protección de los bosques en Ruanda deben adaptarse a las necesidades de las mujeres rurales pobres

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Introducción: No podemos lograr la justicia climática sin la justicia de género

Por Coraina de la Plaza, Global Forest Coalition, España, y Jeanette Sequeira, Global Forest Coalition, Países Bajos

El cambio climático es el desafío más grande, complejo y menos justo al que nos enfrentamos como sociedad. El fracaso de una agenda política que se niega a abordar las causas profundas de la crisis o a eliminar las barreras estructurales que se interponen en el camino de la acción efectiva nos está llevando rápidamente al punto de no retorno. 

La narrativa del cambio climático global sigue dominada y moldeada por los gobiernos y las corporaciones en lugar de por las comunidades de primera línea y la sociedad civil. Las estrategias de mitigación del clima se diseñan principalmente para evitar la acción urgente, y no responden a las necesidades y el bienestar de los grupos más afectados o subrepresentados, aunque sean los menos responsables de la crisis. 

Las promesas de cero emisiones por parte de los gobiernos y las industrias contaminantes, los planes basados en el mercado que mercantilizan la vida, la forestación y la reforestación con monocultivos, las soluciones basadas en la naturaleza y la bioenergía a gran escala, son todos ejemplos de este enfoque fallido. La COP26, dirigida por una presidencia casualmente misógina y hasta hace poco negadora del cambio climático, es un claro ejemplo de cómo esta narrativa se está introduciendo en la agenda climática mundial, disfrazada de acción climática transformadora.

Los enfoques basados en el mercado favorecen intrínsecamente a quienes tienen poder económico y tienden a empeorar las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos poco representados en lo económico, social y político. Por ejemplo, en sistemas como el pago por servicios ecosistémicos (PSE), se ha comprobado que los pagos suelen estar controlados por hombres relativamente ricos. Las investigaciones realizadas en la cuenca del Congo apuntan a que diez años de proyectos REDD+ no han dado lugar a mejoras en los derechos de los pueblos de los bosques, la gobernanza forestal o la reducción de las tasas de deforestación. No es de extrañar, por lo tanto, que según se ha reportado, la percepción del bienestar de las mujeres haya empeorado en algunos programas de REDD+. 

Este número de Cobertura Forestal presenta una serie de estudios de caso aportados por los grupos miembros de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC, por sus siglas en inglés). Analizan una amplia gama de políticas de mitigación del cambio climático relacionadas con los bosques, desde planes a nivel nacional hasta programas globales del Banco Mundial y de la ONU. El análisis se ha llevado a cabo según una metodología feminista desarrollada por los grupos miembros de GFC, que ayuda a evaluar las políticas climáticas a través de una lente de justicia de género, enfatizando las necesidades y los papeles de las mujeres en toda su diversidad, como titulares de derechos y agentes de cambio. 

En conjunto, los estudios de caso de este informe muestran cómo las políticas relacionadas con el clima y los bosques que nacen de las mentalidades coloniales y patriarcales existentes no hacen sino perpetuar las causas profundas de la crisis que se supone que deben abordar. Al hacerlo, no abordan la distribución desigual del acceso y del control de los recursos que experimentan las comunidades de primera línea en función del género, la clase, la raza, la casta, la edad y la capacidad, entre otras cosas. Como resultado, mantienen un sistema injusto y desigual con formas de opresión que se entrecruzan y que reproduce y refuerza las barreras estructurales en lugar de romperlas. Esta es la situación que se describe en los estudios de caso sobre las Islas Salomón, Nepal y la República Democrática del Congo, donde los planes de mitigación del cambio climático están socavando los derechos de las mujeres y otros grupos subrepresentados.

Cada vez hay más pruebas que demuestran que las mujeres, especialmente las indígenas y las de clase baja, son más vulnerables al cambio climático y a los cambios en el uso de la tierra, como la deforestación, y que abordar la desigualdad de género es fundamental para una mitigación y adaptación eficaces al clima. A pesar de ello, la ceguera de género sigue siendo alarmantemente común, incluso en políticas climáticas supuestamente emblemáticas, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la CMNUCC. Las NDC son el núcleo del Acuerdo de París y establecen hojas de ruta a nivel nacional para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, en la primera ronda, solo 64 de las 190 NDC incluyeron una referencia a las mujeres o al género. El estudio de caso de Paraguay sobre las NDC actualizadas del país es un ejemplo de esta ceguera de género que prevalece en algunas áreas de la elaboración de políticas climáticas, donde se promueven falsas soluciones en lugar de propuestas que consideren realmente a los y las pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las mujeres. 

Una de las repercusiones que sufren las mujeres de forma desproporcionada es cuando las políticas amenazan y socavan los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades, dado que las mujeres tienen la mayor responsabilidad de proporcionar alimentos, agua y energía a las familias, pero a menudo tienen poca influencia sobre el uso de la tierra. Por ejemplo, los estudios de caso examinan cómo la estrategia REDD+ de la RDC y los programas de forestación en la India vinculados a los compromisos de la convención climática de la ONU, explotan las condiciones de inseguridad en la tenencia de la tierra y los derechos de acceso a los recursos forestales.  

Los estudios de caso de este informe también señalan la importante contribución económica de las mujeres rurales a través de su trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como la forma en que esta carga se ve exacerbada por las políticas climáticas que promueven la protección estricta de los bosques y las plantaciones privadas de monocultivos de árboles. La restricción del acceso a los bosques obliga a las mujeres y a las niñas a desplazarse más lejos y a dedicar más tiempo a la recogida de agua, alimentos, medicinas y leña para sus hogares, con mayor riesgo personal. 

En Ruanda, la falta de políticas energéticas incluyentes y con justicia de género consolida la dependencia de la bioenergía para las necesidades energéticas domésticas, lo que dificulta las perspectivas de educación de las mujeres y las niñas, y su participación en las actividades de desarrollo comunitario. Los medios de vida que dependen de los bosques sufren un impacto similar, como se demuestra en el estudio de caso sobre Rusia, donde las plantaciones de monocultivo de pinos han interrumpido los pequeños negocios de los que dependían las mujeres, que se basaban en la recolección de bayas del bosque, setas, hierbas y agua potable.

Aunque se han hecho progresos, todavía queda un largo camino por recorrer para reconocer a las mujeres como los poderosos agentes de cambio que son, e incorporar la justicia de género en las políticas y procesos de toma de decisiones sobre el clima, los bosques, la tierra, el agua y la energía. El mejor ejemplo es el de las mujeres indígenas Dhanwar de la India, y cómo sus conocimientos y prácticas tradicionales desempeñan un papel fundamental en la conservación de los bosques, aunque su modo de vida se ve amenazado por las políticas climáticas y forestales que intentan sustituir sus diversos bosques por plantaciones de monocultivos de árboles. 

La integración de la justicia de género en la elaboración de políticas tiene que ir más allá de simplemente responder a las necesidades de las mujeres y las niñas. Debe ser transformadora, lo cual significa garantizar los derechos de las mujeres a la información, la capacitación, la representación, la gobernanza y el acceso a los recursos, además de respetar sus derechos humanos básicos.

Como faro de esperanza en lo que se podría leer como una evaluación bastante sombría de los esfuerzos de mitigación climática, un tema importante en los estudios de caso de Chile, Rusia, India y Nepal es que las luchas lideradas por las mujeres están ocurriendo en todas partes. Su acción colectiva para cuidar y alimentar a sus comunidades, y para conservar los bosques de los que dependen, es un acto de resistencia indispensable para resolver la crisis climática y salvaguardar los derechos humanos y territoriales. Además, su organización de abajo hacia arriba para gestionar los bosques en beneficio de todos y todas, y detener la deforestación y la degradación de los bosques está logrando la reducción de emisiones en lo que tantas políticas climáticas de arriba hacia abajo han fallado.

Su acción colectiva reafirma la importancia de situar la justicia de género, los derechos de los pueblos indígenas y la gobernanza comunitaria en el centro de la elaboración de políticas forestales y climáticas, y cómo a través del feminismo podemos lograr los cambios radicales que nos llevarán a un futuro justo y equitativo.  

 

¹ REDD+ es un programa de la ONU cuyo objetivo es “reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y fomentar la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono”.

Desequilibrios de poder por razón de género en las llamadas soluciones basadas en la naturaleza¹

La mayoría de los bosques que quedan en el mundo se encuentran en zonas remotas, escarpadas y económicamente poco atractivas, ya que las tierras fértiles fueron históricamente las primeras en ser convertidas a usos agrícolas y de otro tipo. Las comunidades marginadas política y económicamente, como los pueblos indígenas, han acabado a menudo en estos bosques tras ser expulsadas de zonas más atractivas. Estas comunidades tienden a depender de forma desproporcionada del libre acceso a los recursos no monetarios que pueden proporcionar los bosques, como la leña, y una gran variedad de productos forestales no madereros como la carne de animales silvestres y las plantas medicinales. Sin embargo, debido a su marginación, a menudo se les ha negado la tenencia legal y los derechos de gobernanza sobre sus bosques. 

Estos bosques restantes también ocupan ahora un lugar destacado en la agenda climática, dado que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y otras instituciones han reconocido que la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, y la eliminación del carbono de la atmósfera mediante la reforestación pueden desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Cada vez más, estas políticas se presentan como “soluciones basadas en la naturaleza” (SBN). 

La pregunta que hay que plantear es: ¿qué problemas están abordando realmente estas soluciones, y las necesidades de quién se están teniendo más en cuenta? Existe una tensión inherente entre los intereses de las élites urbanas, a menudo económicamente poderosas, que promueven las SBN, y los derechos, necesidades e intereses de los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las mujeres y otros grupos subrepresentados que habitan los bosques en los que se aplican estas “soluciones”. 

Como resultado del arraigado patriarcado, las mujeres sufren múltiples formas de discriminación y marginación. Esto incluye la falta de derechos formales de tenencia y acceso a la tierra, a pesar de que las mujeres representan el 83% de los 850 millones de personas que dependen de los bosques para sus necesidades básicas. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la conservación y restauración de los bosques, pero suelen tener muy poca voz en la gobernanza forestal, y sus derechos de acceso y tenencia se pasan por alto con facilidad. De hecho, cada vez que los bosques se vuelven más atractivos desde el punto de vista comercial, por ejemplo, a través de los mercados de compensación de carbono forestal, se tiende a que los derechos de tenencia y acceso a los bosques pasen de las mujeres a los hombres, con lo que se despoja y excluye a las mismas mujeres que más contribuyen a cuidar y proteger los bosques.

El actual régimen climático está dominado hoy en día por poderosas élites empresariales y políticas mundiales que responden principalmente a los intereses de los consumidores urbanos ricos, lo que crea tensiones inherentes y desequilibrios de poder en la elaboración de políticas climáticas. Esto significa que se está dando prioridad a las SBN impulsadas por las empresas frente a enfoques más basados en los derechos, a pesar de las claras pruebas de que el reconocimiento de los derechos de gobernanza forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales con justicia de género puede ayudar a proteger a quienes realmente viven en los bosques, dependen de ellos y los cuidan.

 

¹ Este es un resumen de las principales conclusiones de Lovera-Bilderbeek y Lahiri, 2021, “Addressing Power Imbalances in Biosequestration Governance.”

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Cómo las compensaciones de carbono de la forestación están socavando el progreso hacia la justicia de género y la gobernanza forestal comunitaria en Bakhai, India

Por Kanta Marathe, Navrachna Samaj Sevi Sanstha, y Souparna Lahiri, GFC, India

Bakhai se encuentra en las estribaciones de Narsimhnath, en el distrito de Korba, rico en carbón, en la provincia central india de Chhattisgarh. El pueblo de 320 personas está habitado por la comunidad indígena Dhanwar.

Bakhai enfrenta constantemente la doble amenaza de la expansión de la minería del carbón y la forestación compensatoria, que contribuyen a los objetivos de reducción de emisiones de la India. En su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, India se ha comprometido a aumentar la cobertura arbórea en 10 millones de hectáreas, y mejorar la captación de carbono en 100 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año. Estos compromisos se hicieron sobre la base del proyecto climático emblemático de la India, la Misión India Verde (GIM, por sus siglas en inglés).

La Autoridad de Planificación y Gestión de la Forestación Compensatoria (CAMPA, por sus siglas en inglés) recauda un impuesto sobre los proyectos industriales que causan deforestación, y el Fondo de Forestación Compensatoria es un importante financiador de proyectos de la GIM, que en 2019 ascendió a unos 15.000 millones de dólares. CAMPA es esencialmente un programa interno de compensación, en el que las corporaciones involucradas en la minería y otras industrias pagan un valor neto por la deforestación para financiar pagos por servicios ecosistémicos en otros lugares, lo cual involucra principalmente la expansión de plantaciones de árboles.

En contraste con este enfoque de arriba hacia abajo para la reducción de emisiones y la compensación por la deforestación, está la histórica Ley de Tribus y Otros Moradores Tradicionales de los Bosques (Reconocimiento de los Derechos Forestales) de la India, de 2006, también conocida como la Ley de Derechos Forestales. Esta Ley ha permitido a las mujeres de Bakhai resistir la deforestación y las plantaciones de monocultivos, y emprender un camino de medios de vida sostenibles, así como la gobernanza de los recursos.

Las mujeres, que tradicionalmente se habían mantenido al margen de los procesos de toma de decisiones y luchaban por contribuir a los ingresos familiares mediante la recolección ilegal y en pequeña escala de productos forestales, encontraron una voz a través de la Ley de Derechos Forestales. La Ley otorga autoridad al Gram Sabha (Consejo de aldea), una asamblea constitucionalmente ordenada de todos los miembros adultos de una aldea que requiere que, siempre que se convoque, un quórum de no menos de un tercio de los participantes sean mujeres. La Ley de Derechos Forestales también garantiza la participación plena e irrestricta de las mujeres, y defiende los derechos de propiedad de las mujeres que viven en los bosques, cuando los títulos de propiedad se registran conjuntamente a nombre de ambos cónyuges, o a nombre de una mujer si es la cabeza de familia como persona soltera. 

Tras años de retraso, debido a la mala implementación de la Ley de Derechos Forestales y a los obstáculos puestos por el Departamento Forestal, el Gram Sabha de Bakhi se convocó en agosto de 2016. El espíritu y los principios básicos de la Ley aseguraron que las mujeres de Bakhai pudieran compartir en el Gram Sabha sus perspectivas y comprensión de prácticas de conservación y gobernanza de recursos, e implementar el plan de manejo forestal de la aldea. También otorgó a las mujeres bakhai el poder de detener las operaciones de tala.

En la primera oportunidad, las mujeres de Bakhai se enfrentaron a los funcionarios del Departamento de Bosques y detuvieron la tala de árboles que se estaba llevando a cabo en sus bosques. La Ley de Bosques de la India colonial de 1927 faculta al Departamento de Bosques para practicar la tala, en la que los árboles viejos se talan en bloques y se reemplazan por plantaciones comerciales. En diciembre de 2016, además de detener la tala de otros 60.000 árboles, las mujeres de Bakhai se apoderaron de los troncos que ya habían sido talados y escribieron al funcionario forestal del distrito, a altos funcionarios del gobierno e incluso al gobernador de la provincia.

El Departamento Forestal respondió tratando de plantar árboles por la fuerza en Bakhai y, en el proceso, destruyendo los cultivos tradicionales cultivados por los aldeanos. Las mujeres convocaron una reunión del Gram Sabha, y emitieron una citación a los funcionarios del Departamento Forestal correspondientes. La plantación de árboles en las tierras de las aldeas y en los pastizales es un fenómeno común que practican los departamentos forestales para llevar a cabo proyectos de forestación nacional y programas de forestación compensatoria en nombre de la GIM y CAMPA.

Las mujeres de Bakhai eran conscientes de que el Departamento Forestal estaba llevando a cabo programas de plantación por la fuerza en varias aldeas del distrito vecino de Bilaspur, por lo que movilizaron a los miembros del Gram Sabha para asegurarse de que no se pudiera plantar árboles sin solicitar primero su permiso. Los miembros masculinos del Gram Sabha se solidarizaron con las mujeres y, por lo tanto, obligaron al Departamento Forestal a respetar la legislación de gobernanza local establecida en la Ley de Derechos Forestales.

Tras detener con éxito la tala y la expansión de las plantaciones, las mujeres bakhai pudieron reorientar sus esfuerzos en sus prácticas agrícolas y de conservación tradicionales, que han protegido los bosques durante generaciones.

Con el apoyo de Navrachna, las mujeres de Bakhai facilitaron y dirigieron el mapeo de los recursos comunitarios de sus bosques, que implicó identificar, contar y mapear las especies de árboles, hierbas y raíces locales y en peligro de extinción. También formaron un comité de manejo forestal comunitario (CMFC) que se reúne regularmente, y las familias involucradas comparten la responsabilidad de proteger los bosques comunitarios. Las mujeres protegen los bosques comunitarios durante el día, mientras que los hombres se hacen cargo durante la noche.

Los aldeanos han establecido bancos de semillas de especies forestales, pues las mujeres han descubierto que rociar bolas de semillas en el bosque para que germinen durante el monzón es una mejor manera de restaurar los bosques, que el establecimiento de plantaciones. Las mujeres han preparado además viveros para bambú y otros árboles frutales como jamun, guayaba, mango, amla, fruta de la selva, morera y chirimoya, y han contribuido de manera voluntaria a cavar pozos, y a sembrar y cercar el área plantada con arbustos espinosos. El bambú se cultiva en viveros, ya que los residentes de Bakhai son tradicionalmente tejedores de bambú y venden cestas tejidas en los mercados locales.

Al ser una comunidad dependiente de los bosques, los dhanwar no han cultivado tradicionalmente verduras anuales, sino que han recolectado y consumido alimentos no cultivados que se encuentran en los bosques. Con el aumento de la deforestación y la prohibición de entrada a las reservas forestales, los alimentos forestales desaparecieron de sus platos, lo que provocó desnutrición en mujeres lactantes y niños. En fecha tan reciente como en 2018, las mujeres de Bakhai comenzaron a plantar cultivos anuales como frijoles, papas, arroz, tomates y hortalizas de hoja verde utilizando técnicas orgánicas y de labranza cero, lo que ha aumentado los niveles de nutrición y ayuda a retener el carbono en el suelo. Incluso la cúrcuma, la mostaza, la linaza y las legumbres se cultivan ahora en pequeñas parcelas como parte de la práctica de cultivo de tres niveles.

La agricultura agroecológica tradicional también ha resurgido en Bakhai con la vuelta a la práctica del cultivo del mijo, que antes se cultivaba tradicionalmente a través de la agricultura de roza, tumba y quema, pero que desapareció cuando se prohibió esta práctica después de la promulgación de la Ley de Conservación de los Bosques de 1980. El mijo es un cultivo adecuado para la mayor parte del terreno de la aldea que es empinado, ondulado y pedregoso, y es compatible con la restauración forestal, ya que su siembra no requiere labranza.

Otras innovaciones lideradas por mujeres incluyen sistemas de riego por goteo basados en macetas de barro con un pequeño orificio en la parte inferior para regar las plantas tiernas en el verano. Esta es la solución perfecta para Bakhai ya que la región está situada en un terreno montañoso que no retiene el agua fácilmente, y por otro lado, crea resiliencia en la comunidad, dado los patrones cambiantes de lluvia que se han producido como consecuencia del cambio climático.

Para preservar y difundir sus prácticas y conocimientos tradicionales, las mujeres de Bakhai han establecido un centro de recursos que exhibe diferentes variedades tradicionales de arroz y semillas de árboles. Su exhibición en el centro de recursos les permite a ellas transmitir su conocimiento tradicional de los bosques y de la biodiversidad a los niños de la aldea.

Si bien este poderoso grupo de mujeres en Bakhai ha logrado transformar su aldea, todavía no tienen garantizados los derechos de la comunidad sobre sus recursos forestales. El gobierno aún no ha registrado oficialmente sus derechos, en violación de la Ley de Derechos Forestales de 2006, desperdiciando así una gran oportunidad para fortalecer el régimen de conservación de los bosques protegidos, y al mismo tiempo garantizar los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y locales que habitan los bosques. La lucha de las mujeres Bakhai continúa.

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REDD+ en Nepal: ¿cuáles son los impactos sobre las mujeres y niñas indígenas y campesinas?

Por Anila Onta, con la participación de miembros de FECOFUN y Community Forest Groups en Nepal

More than 8 million people in Nepal are living below the poverty line (16% of the population). Women and girls are more likely to be poor despite their significant contributions to the economy, especially through unpaid care and household work and community services. Indigenous and rural women and girls are highly dependent on forest resources for their daily subsistence and livelihoods, and because of this, they are key actors in forest conservation in Nepal. They have conserved their community forests since time immemorial through their traditional knowledge and customary practices, which has been recognized in law for the last four decades.¹  

Women are also key to Nepal’s unique community forestry model, where more than 2.2 million hectares of Nepal’s forests are controlled by over 22,000 Community Forest User Groups (CFGs). Established following the 1993 Forest Act, this bottom-up, ecosystem-based approach to forests is a real solution to conserving biodiversity and mitigating climate change. 

Gender equality is built into the model; the Forest Act stipulates that CFGs must be formed by households and not individuals, and it requires the involvement of at least one female and one male member of each household. Across the country, more than 1,000 CFGs are solely managed by women, with women comprising the entire executive committee. In other CFGs, as stipulated in the Community Forestry Guidelines developed in 2015, at least half of executive committee members are women, including either the chairperson or secretary. 

REDD+ and other emissions reductions policies

However, the progress made by Nepal’s CFGs is now being eroded by top-down climate mitigation policies. In partnership with the government and in the name of reducing emissions in the forestry sector, the livelihoods and traditional practices of Indigenous and rural women and girls across the country are under threat. Underpinning these projects is the false belief that, as set out in the National REDD+ Strategy 2018, poverty and dependency on forest resources for livelihoods are underlying drivers of deforestation and forest degradation in Nepal.

Supporting this discourse and implementation of the REDD+ Strategy are a number of World Bank-funded projects. Firstly, the 2017 Forest Investment Plan (FIP) for Nepal aims to develop commercial forestry industries on community and private forest land, including plantations of fast-growing species. Implementation is now taking place in two provinces in Southern Nepal through the Forestry for Prosperity project, which  focuses on “moving from a  conservation and subsistence-oriented approach to sustainable forest management and to establish smallholder forest plantations on public and private lands.” Secondly, the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-supported Emission Reduction Program is a results-based payment system supporting REDD+ implementation on over 2.4 million hectares in the lowland Terai region.

In addition, the Green Climate Fund (GCF) projects Building a Climate Resilient Churia Region and Climate Resilience in the Gandaki River Basin were approved in 2019 and 2020, respectively, and link to Nepal’s REDD+ strategy, as does Nepal’s Second Nationally Determined Commitment to the UNFCCC, which commits to managing 50% of lowland and 25% of middle hills and mountain forests through REDD+ initiatives by 2030.

The most contentious elements of the REDD+ Strategy are its commitments to:

1.3 Update and improve management plans of all forest management regimes with provisions of carbon stock measurement, monitoring methods and measures to control drivers of deforestation and forest degradation.

1.7 Rehabilitate degraded land by adopting appropriate measures, such as natural regeneration, plantation, and bio-engineering.

1.8 Increase supply of sustainably harvested timber and timber products with improved distribution mechanisms.

As this case study shows, there is wide-spread evidence that, in the name of increasing forest carbon stocks, these policy commitments have resulted in government-imposed commercial logging activities in community forests (referred to as “scientific forest management”), followed by the establishment of monoculture plantations of sal trees (Shorea robusta).² CFGs say that this practice is violating their forest resource and tenure rights, in part due to lack of legal recognition of the carbon rights³ of Indigenous and local communities in their community forests. 

Methodology

This case study aims to identify the impacts of REDD+-related forest and climate change policies and projects on the livelihoods of Indigenous and rural women, girls and marginalized groups in two districts in Nepal: Kalilali in the west and Sindhuil in the east, both lowland areas that have been highly affected by REDD+ related commercial logging.

To achieve this, FECOFUN visited Kalilali and Sindhuil and interviewed eight women representatives of CFGs and held four focus group discussions with Indigenous and rural women and girls nominated by the CFGs. FECOFUN also organized a virtual discussion with women representatives of CFGs and members of local FECOFUN groups to share their experiences. Interviewees and focus group participants were selected after consultation with the executive committees of the different CFGs.  The experiences and opinions shared by the participants, in addition to desk-top research, form the basis of this case study. 

Impacts of REDD+ on community rights

Although Gender Action Plans and social safeguards are an integral part of the emissions reduction projects considered here, they have not been able to mitigate gender-differentiated impacts. Firstly, it is clear from interviews with Indigenous and rural women and girls that there is little awareness at the community level about what these projects involve, and their participation is hampered by language barriers and a lack of capacity building. 

Secondly, during the focus group discussions, women CFG executive committee members described how forest policies governing participatory, community-based and bottom-up planning processes in community forests are being violated due to the top-down imposition of commercial logging of community forests, as a result of REDD+ policies and projects aimed at reducing emissions. These projects intentionally limit the access that women and poor forest dependent households have to the forest products that they depend on for their daily subsistence and livelihoods, and there is clear evidence that these projects are also affecting the collective legal rights of CFGs in Nepal more broadly. 

Impacts on livelihoods and forest tenure rights 

Collecting firewood and fodder, grazing small numbers of livestock (goats, cows and buffalo), collecting wild fruits, plants and vegetables and operating micro-enterprises are some of the major sources of livelihoods for Indigenous and rural women, girls and marginalized groups in Nepal.⁴ At the same time, these traditional practices ensure food security, and are therefore reflected in CFG management plans. 

However, because of actions undertaken as a result of the National REDD+ Strategy and emissions reduction projects to update the management plans of all forest management regimes, including community forests, Divisional Forest Offices now require management plans to include provisions for commercial logging and carbon stock enhancement through the establishment of tree plantations in community forests.

So far, in lowland areas, 768 Community Forest Groups (CFGs) have been forced to do this, which has prevented rural women-led CFGs in particular from carrying out their community conservation and forest management systems, as is their legal right.⁵ Clear-felling and plantation activities prevent women and girls from accessing forest resources for their livelihoods, and the replacement of community forests with monocultures harms biodiversity and the associated traditional knowledge of Indigenous and rural women. On top of this, the private contractors carrying out the work employ men from outside the area. 

Following protests by CFGs in the Terai and Churia regions against government-imposed commercial clear-felling operations in community forests, the Parliamentary Committee on Public Finance investigated the misuse of public funds in different forest areas.⁶ It found that funds made available through the PCPF-funded Emission Reduction Program had been used for clear-felling and the deforestation of community forests and establishment of monoculture sal plantations, in the name of carbon stock enhancement.⁷ 

As well as forcing CFGs to include commercial forestry practices in their management plans, according to interviewees, Divisional Forest Offices are also now refusing to allow CFGs to include the collection of forest products from community forests in them. They claim that, in line with the National REDD+ Strategy, forest-dependent livelihoods are a driver of deforestation. In addition to jeopardizing livelihoods, this also denies Indigenous and rural women their cultural rights and traditional knowledge. Biodiversity is key to maintaining the cultural practices of Indigenous and rural women who collect and use leaves of different tree species and wild fruits, flowers, bark, roots and shoots, seeds, latex, resin, vegetables and grasses for numerous purposes. Indigenous and rural women in Nepal also have rich traditional knowledge regarding the use of forest products for medicine, food, fuel, fodder, soil enhancement and natural pesticides. 

Most CFGs – more than 60% – have not yet revised their management plans, which they are obliged to do every ten years,⁸ due to the conflict that this policy has created in terms of imposing emissions reduction activities in community forests. This has also impacted the forest-based livelihood activities of Indigenous and rural women and girls, since CFG members are not allowed to collect wood and non-timber forest products (NTFPs) in community forests unless their updated management plans have been approved by the Divisional Forest Offices.

We have conserved our community forest for many years and collected different forest products for our livelihoods, though the government agency is now refusing to approve our forest management plan with provisions to promote livelihood activities. The government agency is forcing us to manage forests for commercial timber production and enhancing carbon stocks, which is not beneficial to us.

Members of the Sonaha Indigenous community in Kailali district

Increased violence against women 

As well as the impacts on livelihoods, women-led CFGs have been leading protests against commercial felling and plantation establishment in community forests due to the increased threat of violence against rural women and girls that these operations bring. Women are already at risk during conservation work when patrolling forests, participating in meetings and speaking out about local leaders, and commercial forestry operations increase the threats that they endure. Interviewees and focus group participants described how loggers have attacked women that have challenged the felling, and how some employees of the government and emission reduction projects have threatened women members of CFGs when they have raised concerns over transparency and social safeguard mechanisms in emissions reductions projects.  

Interviewees also described how women members of CFGs have been forced to volunteer to plant trees in plantation establishment projects in community forests under the Forestry for Prosperity project even though there is sufficient public funding to pay them. Women members of CFGs in these areas have been demanding transparency in how projects are financed and an end to corruption in commercial logging and plantation activities. However, a lack of representation of Indigenous and rural women in decision-making means that their voices and demands have not been addressed. 

The Divisional Forest Officer, contractors and members of the elite tried to restrict us from participating in the meetings and general assembly of CFGs because we had organized a protest against commercial logging in our community forest. Many times, they also threatened us to stop our protests and community campaigns. However, after our protest, the commercial logging stopped.

Women members of a CFG in Kanchanpur district

Community forest land grabbing in the name of Nature-Based Tourism

Nepal’s Forest Investment Plan aims to enhance the role of the private sector through nature-based tourism activities in forest areas. The tourism industry has been putting pressure on the central and local governments to obtain concessions on community forest land to build tourism infrastructure such as hotels, resorts and cable cars, funded by the FIP grant. Community members say that the Government of Nepal has also given permits to private companies to use community forests for nature-based tourism projects without the free, prior and informed consent of impacted CFGs and their members. The affected CFGs, led by rural women’s rights groups, have been organizing protests against community forest landgrabbing which the government has responded to by calling in the security and police forces to suppress the women-led protest groups.   

Conclusions and recommendations 

Essentially, the different emissions reductions related projects in Nepal are encouraging a shift from small-scale, women-led forest resource use for a diverse range of local livelihoods, to centralized, male-dominated, commercially-driven forest management for timber production. 

This has resulted in community land rights being curtailed and increasing conflicts between CFGs and government agencies. The livelihoods and socio-cultural practices of Indigenous and rural women and girls in the areas studied have suffered, as has biodiversity, and gender-based violence is also likely to increase due to these projects.

The following urgent actions must be taken to protect the legal and customary rights to forest resources of Indigenous and rural women, girls and marginalized groups, and the livelihoods that directly depend on these rights being upheld: 

• CFGs should not be forced to participate in carbon emissions reduction projects, and free, prior and informed consent should be upheld and respected. 
• Priority should be given to forest-based livelihood activities instead of commercial forestry activities in community forests and management plans.
• The rights of Indigenous and rural women and girls to forest resources should be ensured and safeguarded through independent monitoring and effective and accessible grievance redressal mechanisms.

¹ MOFE. 2013. Persistence and Change, Review of 30 years of community forestry in Nepal, Ministry of Forest and Environment (MoFE), published by Multi-Stakeholder Forestry Program (MSFP), Kathmandu, Nepal

² Shorea robusta is a hardwood tree that is widely used in the construction industry.

³ Generally carbon rights are ‘detached’ from land and resource rights, as carbon has become a commodity through the carbon trade. According to Schedule 5 of the Constitution of Nepal (2015), carbon is included under the jurisdiction of the federal government. Section 44 of the Forest Act 2019 also centralizes carbon rights, and only the Government of Nepal has the right to develop plans for sharing benefits generated by the forest carbon trade.

⁴ FECOFUN, 2019. SDG book

⁵ House of Representative. 2020, Investigation Report on Scientific Forest Management in Nepal (Nepali language), Parliamentary Committee on Public Fiscal,  House of Representative, Kathmandu, Nepal 

⁶ The Rising Nepal. 2021. Ministry Plans To Change Forest Mgmt Method, https://risingnepaldaily.com/main-news/ministry-plans-to-change-forest-mgmt-method; User’s opinion in scientific forest management implementation in Nepal – a case study from Nawalparasi district, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1778987

⁷ Supra 6

⁸ Section 18 of Forest Act 2019 (Previous Forest Act 1993)

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Los impactos de los proyectos de forestación y reforestación en las mujeres y niñas indígenas y rurales en Kivu del Sur, República Democrática del Congo

Por John Ciza, FCPEEP, RDC

La República Democrática del Congo cuenta con un marco REDD+ desde 2012 como parte de su estrategia de adaptación al cambio climático. A través de la restauración del paisaje, la reforestación, proyectos agroforestales y otras iniciativas, su objetivo es estabilizar la cubierta forestal en el 63,5% del territorio nacional para 2030, confrontar los impulsores directos y subyacentes de la deforestación y aumentar las reservas de carbono forestal.¹ También tiene como objetivo apoyar esfuerzos paralelos para facilitar la reforma política y mejorar la gobernanza nacional, así como elevar el nivel de vida y reducir la pobreza. 

Sin embargo, varios proyectos de forestación y reforestación en Kivu del Sur, como en las tierras altas de Kalehe, han tenido como resultado la adquisición de grandes áreas de tierras comunitarias y el desalojo de comunidades locales para establecer plantaciones comerciales de árboles y té. Esto ha marginado aún más a las mujeres y niñas indígenas y rurales y a los pequeños agricultores al violar sus derechos a la tierra y los recursos forestales. Según un funcionario de la Coordinación Ambiental Provincial en Kivu del Sur, esto ha provocado abusos flagrantes de los derechos humanos, y degradación ambiental.²

Las mujeres y niñas indígenas y rurales también se ven aún más marginadas por prácticas de gestión discriminatorias en las plantaciones. Según una activista de derechos de las mujeres y directora de una organización de desarrollo campesino, las condiciones de trabajo en las plantaciones son difíciles para las mujeres y niñas rurales. Ganan alrededor de 1000 FC (francos congoleños) por día, o 0,44 euros, mientras que los hombres que trabajan para la misma empresa reciben el doble o incluso el triple que las mujeres, con el pretexto de que su trabajo requiere fuerza y / o habilidades especializadas. Según la activista, las mujeres y las niñas todavía son consideradas una fuerza laboral más barata y obediente, por lo que sus derechos son violados a diario.³

Líderes de organizaciones de derechos de la mujer y feministas de la región destacan la ausencia de un marco legislativo y político sobre la tierra indígena y los derechos colectivos, y la falta de evaluaciones adecuadas de impacto de género en los proyectos que se ejecutan. Estos factores están provocando una pérdida de acceso a los bosques y sabanas para las comunidades rurales, lo que está socavando los medios de vida, la seguridad alimentaria y los esfuerzos de conservación.⁴ Las mujeres también sienten estos impactos de manera desproporcionada, dados sus roles, responsabilidades, oportunidades y necesidades diferenciados, y una menor participación en la toma de decisiones y el acceso a la tierra y los recursos.⁵

Aunque la falta de rendición de cuentas y transparencia en algunas instituciones significa que es difícil saber la cantidad real de financiamiento que se ha dedicado a REDD + en la RDC,⁶ un informe reciente sobre el financiamiento del Fondo Verde para el Clima para los bosques tropicales en la cuenca del Congo critica el esquema. Concluye que más de diez años de intervenciones REDD+ en la región no han generado las mejoras esperadas en la gobernanza forestal, el apoyo a los derechos de los habitantes de los bosques o la reducción de las tasas de deforestación.

 

¹ 1 Ministerio del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo, Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Proceso REDD +. Marco de planificación para poblaciones indígenas, Kinshasa, enero de 2014, p.15.

² Información proporcionada por un oficial de la Agencia Provincial de Medio Ambiente en Kivu del Sur, entrevista realizada en Bukavu, 25 de julio de 2021. Todos los nombres de los entrevistados han sido eliminados para proteger sus identidades.

³ Información proporcionada por una activista de derechos de las mujeres, en entrevista realizada en Combo, el 24 de julio de 2021.

⁴ Información proporcionada por los líderes de una asociación de aldea para el desarrollo y la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, entrevista realizada en Kamakombe, 27 de julio de 2021.

⁵ Osman-Elasha, 2008. Gender and Climate Change in the Arab Region, Organización de las Mujeres Árabes. p. 44.

⁶ Información proporcionada por el Director encargado del estudio y planificación para la Dirección General de Medio Ambiente en Kinshasa, 18 de agosto de 2021..

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La nueva política forestal tiene como objetivo detener la destrucción de los bosques en las Islas Salomón, pero ¿qué puede hacer por las personas más afectadas?

Por James Meimana y Aydah Gwaena Akao, Network for the Indigenous Peoples Solomons (NIPS), Las Islas Salomón

Las Islas Salomón tienen actualmente una de las tasas de tala más altas del mundo, estimadas en hasta 19 veces la tasa de producción sostenible.

Casi el 87% de los 2,8 millones de hectáreas de las Islas Salomón son de propiedad consuetudinaria, y la constitución nacional garantiza que los propietarios consuetudinarios controlen los bosques de estas tierras. Sin embargo, alrededor del 22% de las zonas forestales han sido clasificadas como apropiadas para la tala comercial, y se estima que el 18% ya han sido taladas. En consecuencia, alrededor del 85% de las licencias de tala operan ahora en bosques explotados. Las tasas de tala también reflejan una grave sobreexplotación de los recursos forestales: la tasa anual de tala ‘sostenible’ se estima en 250.000 m3¹ al año pero, según fuentes gubernamentales, en 2018 se talaron 2,73 millones de m3. Otra estimación sugiere una tasa mucho mayor, y predice que los bosques naturales se agotarán allí en 2036.

La tala se ha convertido en una actividad económica muy importante para las Islas Salomón y actualmente representa alrededor del 20% de los ingresos del gobierno, y alrededor del 65% de las exportaciones. Los propietarios de los recursos tienen derecho al 10%, el gobierno al 30% y los madereros al 60% de lo que se gana con las operaciones de tala. Al mismo tiempo, se calcula que el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero de las Islas Salomón proceden de la silvicultura y del cambio de uso del suelo.

Las repercusiones desproporcionadas y diferenciadas de la tala en las mujeres de las Islas Salomón están bien establecidas, especialmente en lo que respecta a la inseguridad alimentaria y del agua, y a la violencia contra las mujeres. Las mujeres se encargan de la agricultura de subsistencia y del cultivo de alimentos básicos, así como de la recogida de agua dulce. Los impactos de la tala, como la sedimentación, los vertidos de petróleo y los daños en las tuberías de agua causados por la maquinaria de la tala, a menudo dificultan que las mujeres mantengan a sus familias, y tengan que trabajar más horas en condiciones más peligrosas.

Tres áreas políticas importantes tienen como objetivo reducir la degradación de los bosques y sus emisiones de carbono asociadas en las Islas Salomón, manteniendo al mismo tiempo sus industrias forestales económicamente rentables. Las actividades de la ONU-REDD comenzaron en las Islas Salomón en 2017, y el país está desarrollando actualmente un Programa nacional de REDD+, y llevando a cabo un proyecto piloto en Buala y Kia, en la provincia de Isabel. Junto a esto, la Política Forestal Nacional (PFN) se finalizó en 2018 y tiene como objetivo apoyar al gobierno en la gestión y el sostenimiento de los recursos forestales del país para el beneficio y la resiliencia de todos los salomonenses. Las Islas Salomón también están realizando un inventario forestal nacional como parte de su Contribución determinada a nivel nacional (CDN) a la CMNUCC, que actualmente no tiene en cuenta las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo.  

Metodología

Este estudio de caso analiza la PFN desde una perspectiva feminista, para evaluar sus implicaciones para el reconocimiento de la gobernanza forestal por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Se centra en la tala en la aldea de Kosisi, distrito de Hograno, provincia de Isabel, donde la NIPS llevó a cabo una investigación en julio de 2021. Después de buscar el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad de Kosisi a través de la comunicación por teléfono y cartas, la NIPS llevó a cabo ocho entrevistas personales, en las que los entrevistados fueron seleccionados para abarcar una amplia muestra representativa de la sociedad y sus miembros menos representados, que incluyó a los representantes de la tala, ancianos, mujeres, niñas, viudas, huérfanos y personas sin educación formal. También se celebró una reunión con la comunidad y los representantes madereros en el campamento maderero cerca de Kosisi, al que asistieron 26 personas, la mayoría de las cuales eran propietarios varones. Los bosques alrededor de la aldea de Kosisi son una de las cuatro áreas de tala que operan a unos pocos metros entre sí en la Bahía de los Mil Barcos, en la provincia de Isabel. El propósito de la investigación era identificar hasta qué punto la PFN impacta o reconoce la gobernanza forestal por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo en particular las repercusiones sobre las mujeres y niñas indígenas y rurales. 

Resultados: ¿la PFN está logrando sus objetivos?

Identificamos cuatro metas y objetivos de la PFN que tienen implicaciones para los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de recursos. Estos son: el Objetivo 6, sobre creación de capacidades para la equidad de género y el empoderamiento de la comunidad; el Objetivo 12, la estrategia de gobernanza comunitaria; el Objetivo 13, sobre manejo forestal comunitario; y el Objetivo 16, sobre transparencia para combatir la corrupción. Dentro de estos objetivos evaluamos cada meta de acuerdo con los resultados de las entrevistas y la reunión comunitaria.

Si bien el respeto por la cultura y los derechos humanos se mencionan explícitamente en uno de los diez principios rectores de la PFN, también debe señalarse que el género y los derechos de las mujeres y las niñas no figuran específicamente en la visión estratégica del documento. Además de esto, solo cuatro de los casi 90 objetivos de la política mencionan explícitamente el género, y solamente en términos de ‘inclusión de género’, lo que rara vez implica un intento genuino de abordar los desequilibrios de poder fundamentales que crean efectos diferenciados por género, e injusticias.

Objetivo 6: Creación de capacidad para la equidad de género y empoderamiento de la comunidad

Los Objetivos 6.1 y 6.3 se centran en la creación de capacidades dentro de las comunidades y se proponen desarrollar tanto la capacidad técnica como la capacidad de entender la legislación, a fin de permitir que la población local tome decisiones, y contribuya a la gestión forestal, la reforestación y el desarrollo sostenible con inclusión de género en el sector de la silvicultura. Sin embargo, en la práctica, todavía no se han llevado a cabo tales actividades en muchos sitios de tala en el país, y la mayoría de los pueblos indígenas y las comunidades locales nunca han participado en las sesiones de capacitación relacionadas con la implementación de la PFN. En Kosisi, Clara Magi, madre de dos niños, declaró en una entrevista que no se había llevado a cabo tal capacitación en la comunidad o comunidades cercanas.² Según Agaster Gasepea, las mujeres y niñas de la aldea de Kosisi tampoco tienen un conocimiento sólido de la legislación forestal y ambiental, y los derechos de uso de la tierra. Esto se nota en el hecho de que en 2020 se construyó un estanque de troncos en uno de los bosques de manglares vírgenes que la comunidad de Kosisi había conservado durante generaciones a través del tabú tradicional, que solo permitía que los recursos forestales se cortaran en ocasiones especiales como ceremonias de la iglesia, matrimonios y funerales.³ Si la comunidad en general hubiera sido consciente de sus derechos, no habría permitido que se construyera el estanque de troncos.

Objetivo 12: Estrategia de gobernanza comunitaria

El Objetivo 12.2 de la PFN reconoce los sistemas tradicionales de gobernanza y la toma de decisiones en los procesos de adquisición de derechos de madera y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), como el Consejo Local Tradicional de Jefes. Sin embargo, en casi todos los sistemas tradicionales de gobernanza y toma de decisiones de las Islas Salomón, las mujeres, las niñas y otros grupos subrepresentados suelen quedar fuera. Es una práctica común en la mayoría de los sitios madereros, que solo los hombres de la tribu propietaria de la tierra asistan a las reuniones y participen en los procesos de toma de decisiones sobre las actividades de tala.

El Objetivo 12.3 detalla claramente la necesidad de una metodología y un sistema de evaluación eficientes para crear conciencia sobre la tala y la gobernanza forestal en las comunidades, que se adapte a los niveles educativos rurales, sea inclusiva en materia de género y educativa en materia de legislación y derechos. Sin embargo, según Georgina Vehe, una anciana de Kosisi, esto no se está implementando, y hay poca conciencia de las amenazas de la tala, la legislación y los derechos de la comunidad, a pesar de que la tala se ha practicado durante varios años. Ella ha sido igualmente testigo de primera mano de las repercusiones de la deforestación y de las operaciones de tala, como los derrames de petróleo que han arrastrado a los manglares y han matado a los cangrejos de fango y a las conchas de barro de los que dependen los pueblos indígenas y las comunidades locales, especialmente las mujeres y las niñas, para su alimentación y su sustento diario.⁴

El Objetivo 12.5 de la PFN garantiza el apoyo a las comunidades para el establecimiento de sistemas formales, justos y transparentes de distribución de los beneficios. Sin embargo, sobre el terreno, muchas comunidades todavía tienen problemas con la distribución de regalías de las operaciones de tala, y la mayoría de los beneficios prometidos que las empresas madereras han acordado no se han cumplido. En Kosisi, Joycelyn Authegna describió cómo los sistemas formales de distribución de beneficios necesitan rendición de cuentas y transparencia; de lo contrario, solo la tribu propietaria de la tierra se beneficiará, y no quienes no tengan título legal.⁵ Betsy Thosa, una fideicomisaria propietaria de tierras de un acuerdo de distribución de beneficios, agregó que incluso cuando los sistemas de distribución de beneficios se acuerdan formalmente, éstos todavía no se comparten equitativamente, ya que los fideicomisarios hombres reciben una mayor parte de las regalías.⁶ Asimismo, un anciano de la comunidad, Mathias Hoamana, dijo que este es un problema continuo que ocurre normalmente en todas las operaciones de tala, en las que se discrimina a las mujeres, niñas y otros grupos subrepresentados. También describió los problemas sociales que surgen de las operaciones de tala que afectan a las mujeres en Kosisi, uno de los cuales es el embarazo indeseado. Hasta la fecha, dos mujeres de la comunidad han tenido hijos de madereros asiáticos que se negaron a casarse con ellas. Han sido estigmatizadas en la comunidad y ahora son madres solteras.⁷

El Objetivo 12.7 de la PFN apoya el establecimiento de organizaciones forestales comunitarias, como las Asociaciones forestales tribales comunitarias, con el fin de aumentar la gobernanza comunitaria sobre la gestión y utilización de los recursos forestales. En la aldea de Kosisi no existen tales organizaciones comunitarias, como confirmó Nelson Bodrick, presidente de los fideicomisarios de Kosisi, en el acuerdo de distribución de beneficios. Afirmó que hay que establecer este tipo de organizaciones para que los jóvenes, mujeres, niñas y otros grupos subrepresentados en su comunidad, participen como vigilantes para garantizar el uso sostenible de sus bosques.⁸

El Objetivo 12.9 trata de los mecanismos de reparación de quejas de la comunidad para el uso de la tierra y los recursos naturales, con el fin de ayudar a los propietarios de recursos forestales a desafiar el uso forestal ilegal y no autorizado, y para facilitar la debida diligencia por parte de los compradores de madera. Es muy problemático el hecho de que las autoridades responsables no puedan apoyar de manera efectiva la implementación de mecanismos de reparación de reclamos para la tierra y los recursos naturales en las Islas Salomón, ya que las mujeres, las niñas y otros grupos subrepresentados son constantemente discriminados, y no tienen forma de solucionar esto. La concesión de la empresa maderera que opera actualmente en Kosisi se superpone con el límite de la tierra de otra tribu, lo que ha provocado un conflicto entre las dos tribus propietarias de tierra, ya que ambas afirman que son los verdaderos dueños de la tierra. Por lo tanto, las autoridades pertinentes deberían documentar legalmente los límites tribales, para que queden legalmente reconocidos y se eviten conflictos futuros.

Obtjetivo 13: Manejo forestal comunitario

El Objetivo 13.1 fomenta los proyectos de manejo forestal sostenible basados en tribus, clanes y comunidades para mejorar los ingresos del gobierno, los medios de vida de las comunidades y la sostenibilidad a largo plazo de los bosques. Sin embargo, en las Islas Salomón se han establecido pocos proyectos de ordenación forestal eficaces. Esto lo confirmó Jessye I’te, de Kosisi, quien se refirió a la falta de apoyo de las autoridades responsables para facilitar el establecimiento de proyectos de manejo forestal, y a que esa información aún no había llegado a la aldea de Kosisi.⁹

Objetivo 16: Transparencia para combatir la corrupción

El Objetivo 16.3 se propone diseñar e implementar un marco de comunicación para compartir información entre las agencias gubernamentales de los gobiernos nacional y provincial. Este es uno de los desafíos que enfrentan muchas tribus propietarias de tierras y comunidades involucradas en operaciones madereras en el país. No existe un marco de comunicación, y los líderes comunitarios generalmente tienen que acudir a las agencias provinciales, e ir directamente al Ministerio de Silvicultura en la capital, Honiara, para obtener información sobre la legislación y los acontecimientos. Así lo expresó Joycelyn Authegna, quien afirmó que este es uno de los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales, particularmente las mujeres y niñas, quienes están más atadas a sus pueblos por sus responsabilidades de cuidado y producción de alimentos.¹⁰

Conclusión

La PFN es la principal herramienta que tienen las Islas Salomón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene numerosos objetivos importantes relacionados con los pueblos indígenas, las comunidades locales y la gobernanza y conservación de los bosques. Sin embargo, los problemas identificados en este estudio de caso son dobles: en muchos sentidos, la PFN aún no se ha implementado, pero lo que es más importante, ha ignorado los derechos, roles y necesidades específicos de las mujeres y niñas en la conservación de los bosques.

Las autoridades deben ser más proactivas en la defensa de los derechos de las tribus propietarias de tierras y los miembros de la comunidad, y muy especialmente las mujeres, las niñas y otros grupos subrepresentados. La tala en Kosisi ha generado numerosos problemas que aún no han sido abordados por la PFN, han privado a la comunidad local de sus derechos, y solo han dado voz a las tribus propietarias de tierra en los problemas que afectan a toda la comunidad. Un aspecto fundamental de estos factores es la falta de representación de las mujeres y niñas en la toma de decisiones y en las consultas relacionadas con la tala, algo que la PFN no intenta encarar explícitamente.

El hecho de que la deforestación sea de lejos lo que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Salomón subraya la importancia de que la PFN logre su objetivo de “conservar los recursos forestales del país”. Sin embargo, para que esto realmente vaya “en beneficio y resiliencia de todos los habitantes de las Islas Salomón”, habrá que poner mucho más énfasis en la justicia de género.

 

¹ Ministerio de Hacienda y Finanzas de las Islas Salomón, 2018. Informe del Comité de Sostenibilidad de la Tala de las Islas Salomón.

² Magi, C. Entrevista personal, 23 de julio, 2021, 8:30 pm.

³ Gasepea, G. Entrevista personal, 24 de julio, 2021, 7:30 am.

⁴ Vehe, G. Mothers Union, Entrevista personal, 24 de julio, 2021, 7:30 am.

⁵ Authegna, J. Madre soltera, Entrevista personal, 24 de julio, 2021, 9:30 am.

⁶ Thosa, B. Fideicomisaria maderera, Entrevista personal, 25 de julio, 2021, 10:30 am.

⁷ Hoamana, M. Anciano, Entrevista personal, 24 de julio, 2021, 1:30 pm.

⁸ Bodrick, N. Director para la tala, Entrevista personal, 25 de julio de 2021, 7:50 am.

⁹ I’te, J. Entrevista personal, 25 de julio, 2021, 9:36 am.

¹⁰ Authegna, J. Madre soltera, Entrevista personal, 24 de julio, 9:30 am.

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Las compensaciones de carbono, las plantas de celulosa y la resistencia indígena en Wallmapu (Chile)

Por Camila Romero, Colectivo VientoSur, Chile

“Si nosotros no tenemos aguas limpias, si no tenemos un terreno, un mawizantu, una montaña donde sacar los remedios sanos y buenos, sin contaminación… eso es un problema para nosotros” –Dirigenta Trem Trem Mapu

El conflicto entre la principal empresa de celulosa presente en Wallmapu y las comunidades Mapuche de San José de la Mariquina ha seguido vigente durante más de 25 años, desde que se propuso por primera vez la planta Valdivia. A partir de 2009, esta planta ha vendido créditos de carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la producción de energía con la quema de biomasa. Ha subsidiado de forma directa las operaciones de la planta, y depende de su producción de celulosa y las vastas plantaciones industriales de árboles de las cuales se obtiene la madera.

Este artículo da cuenta de algunas de las principales problemáticas que enfrentan mujeres Mapuche de la Asociación Indígena Trem Trem Mapu en la comuna de San José de la Mariquina, Wallmapu. A partir del testimonio de una dirigenta de la organización y los antecedentes del conflicto socio ambiental CELCO (Celulosa Arauco y Constitución S.A.), se explica cómo la producción de celulosa para papel y pulpa textil y la generación de energía a partir de biomasa por la Planta de Celulosa de la empresa forestal ARAUCO impacta en los territorios Mapuche. Todo ello en el contexto del proceso constituyente en curso, la pandemia COVID-19, y la creciente militarización y represión, que repercute y presiona en los distintos ámbitos del quehacer en los territorios y corporalidades.

La región de Los Ríos mantiene activos al menos diez conflictos socio ambientales, donde cinco de ellos están vinculados al sector energético y dos al sector forestal. Cabe señalar que siete de los conflictos se ubican en territorios indígena Mapuche, cuya población representa casi la cuarta parte de la población total a nivel regional.

En la comuna de Mariquina, las comunidades Mapuche Lafkenche (“gente del mar”) y Williche (“gente del sur”) históricamente han debido defender sus derechos y territorios ante la implementación de un modelo de desarrollo forestal extractivista y neoliberal propiciado por el Estado de Chile, en alianza con las empresas privadas forestales. De tal modo, la industria forestal, basada en las plantaciones industriales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, ha generado desde sus inicios una serie de conflictos en la comuna debido a la fuerte degradación ambiental y vulneración de derechos humanos, dando lugar a la creación de una potencial zona de sacrificio. Pobladores y comunidades organizadas denuncian hasta la actualidad los impactos de este modelo, el cual ha traído repercusiones en la salud de las personas debido a la emanación de gases, la contaminación del agua, la escasez hídrica producto de las extensas plantaciones de monocultivo que alimentan la planta, y la cercanía de éstas a las viviendas y centros educacionales. Todo esto ha tenido fuertes impactos en las prácticas económicas, culturales y espirituales de las comunidades.

Frente a este panorama devastador que se extiende por múltiples territorios en donde opera la industria forestal, desde el pueblo Mapuche continúa la resistencia ante la violencia estatal que ha ido de la mano con la imposición del modelo extractivista en el territorio Wallmapu. En esta lucha, las mujeres han tenido un rol fundamental histórico, involucrándose en los procesos de defensa territorial  en la reproducción de la cultura, sostenimiento de las economías familiares y la espiritualidad como prácticas de resistencia, haciendo frente a las múltiples desigualdades del sistema económico extractivista.

La Asociación Indígena Trem Trem Mapu tiene una larga trayectoria en la defensa del territorio y el medio ambiente con un énfasis en la salud intercultural, en donde participan mujeres dirigentas y autoridades de la salud, como machi (curanderas) y lawentuchefe (herbolarias), relevando la importancia del Itrofill Mongen y Az Mapu, bases del conocimiento Mapuche, que reconoce la importancia del respeto y cuidado por todas las formas de vida de forma integral. 

Las prácticas que las mujeres llevan a cabo para el mantenimiento de la salud comunitaria y de la economía familiar se ven fuertemente afectadas por las problemáticas ambientales que produce el extractivismo forestal. Por ejemplo, la destrucción del bosque nativo y su reemplazo por las plantaciones de pino y eucalipto ha desplazado las plantas medicinales que recolectan y necesitan para hacer remedios. Igualmente, la escasez hídrica y la contaminación del suelo afecta la agricultura campesina, produciendo desequilibrio en los tejidos sociales y comunitarios, debilitamiento y enfermedades.

Esta situación prolongada ha generado que autoridades de la salud tradicional mapuche deban buscar alternativas para contrarrestar la degradación que se vive en los territorios, complejizando las actividades para las mujeres, encargadas de múltiples labores en los entornos familiares y domésticos. A esto se suma los efectos de la pandemia COVID-19 en las economías familiares, particularmente en las actividades que ellas realizan, como la venta de productos agrícolas, gastronómicos y artesanías.

Aún en este contexto de dificultades, las mujeres resisten liderando demandas por el cuidado ambiental, sistemas agroalimentarios saludables, economías locales, e iniciativas comunitarias que promuevan el acceso igualitario a la educación, salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

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Las mujeres rusas contra la tala y las plantaciones de árboles: los esfuerzos de una ONG para regenerar los bosques mixtos tradicionales y recuperar los medios de vida locales

Par Lyudmila Zhirina, Viola, Rusia

Los esfuerzos de la ONG Viola por restaurar los bosques en una región rusa afectada por la radiación son un ejemplo de acción climática transformadora de género que mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero, restaura la biodiversidad y fortalece los medios de vida de las mujeres rurales. Su enfoque práctico y autodirigido de la restauración de los bosques está revirtiendo el daño causado por la tala ilegal y el establecimiento de plantaciones patrocinadas por el Estado, y establece un poderoso ejemplo de cómo puede ser la mitigación efectiva del clima. 

Viola fue fundada por un grupo de maestros, profesores, médicos y estudiantes preocupados por la catástrofe de Chernóbil de 1986 en la región rusa de Briansk, en la frontera con Ucrania y Bielorrusia, donde se produjo el mayor nivel de lluvia radiactiva. La parte occidental de esta región, situada a 170 km al noreste de Chernóbil, recibió niveles de contaminación del suelo significativamente superiores a 40 Curies por kilómetro cuadrado.

En Rusia, las mujeres rurales típicamente prefieren debatir y resolver los problemas que les afectan con otras mujeres. Para ello, Viola creó en 1995 una segunda ONG llamada Provincial Women (Mujeres provinciales), que desde entonces funciona con una plantilla permanente de seis personas y 30 voluntarias, todas ellas mujeres de entre 18 y 80 años.

La región afectada se encuentra en la intersección de varios tipos de paisajes: la taiga del sur, los bosques de hoja ancha y la Polesia. Tradicionalmente, estos bosques estaban formados por abetos, robles, tilos y carpes de edad avanzada, árboles que tienen sistemas de raíces profundas. Los bosques cumplían importantes funciones: ayudaban a mantener el equilibrio de los pequeños ríos forestales y pantanos y el nivel de agua en los pozos de los aldeanos locales, resistían los incendios y fomentaban un clima templado y confortable. También proporcionaban bayas, setas y hierbas medicinales que las familias podían consumir y vender. La recolección de productos forestales era un pequeño negocio para las mujeres locales.

Después de Chernóbil, en 1986-93, los científicos informaron a la población local de que los árboles son acumuladores de radionúclidos. Se detectaron altos niveles de contaminación forestal en el 35% de los bosques, una superficie de 415.400 hectáreas. Este periodo coincidió con el colapso de la URSS, una época de agitación económica y jurídica. No existía un servicio local de bomberos forestales y las normas de seguridad prohibían a los trabajadores forestales pasar más de dos horas al día en bosques con altos niveles de radiación. 

Los madereros ilegales se aprovecharon de la situación, talando más del 80% de los viejos abetos, robles, tilos y carpes. Esto fue documentado por las observaciones anuales de seguimiento realizadas por ecologistas locales y científicos de ONG locales (en documentos no publicados). Los madereros ilegales introdujeron de contrabando en Bielorrusia madera en rollo con altos niveles de radionúclidos y la vendieron a los fabricantes de muebles para luego abandonar nuestra región. Los residentes locales y las ONG se vieron impotentes para detener este proceso.

Las empresas y la administración gubernamental plantaron monocultivos de pino en estas tierras. Las leyes rusas obligan a los productores de madera a plantar nuevos árboles en las zonas deforestadas, y los pinos jóvenes son baratos y requieren poco mantenimiento (en comparación con el roble, por ejemplo).

Las plantaciones de pino no cumplen las funciones de un bosque tradicional que, en comparación, contiene una enorme biodiversidad y proporciona alimentos a las comunidades locales. Los pequeños ríos y pantanos se están secando y los niveles de agua de los pozos están disminuyendo debido al estrés hidrológico que provocan las plantaciones. Esto ha aumentado la vulnerabilidad a los incendios forestales, que han estallado en cada verano caluroso desde 2009. Los pinos tienen sistemas de raíces superficiales, y los vientos fuertes rompen fácilmente los frágiles troncos y los arrancan. Esto estimula un proceso de desertificación. Las mujeres de la zona dicen que han perdido sus pequeños negocios de recogida de bayas, setas y hierbas de los bosques, y que tienen problemas para encontrar agua potable para sus familias.

Las ONG llevan a cabo acciones educativas, de derechos humanos, y prácticas. Nuestra principal población destinataria son los grupos vulnerables, como los y las jóvenes, las mujeres de las comunidades locales, las mujeres con familias numerosas y las mujeres de las antiguas tradiciones religiosas ortodoxas que utilizan los árboles viejos para los rituales y la construcción (conocidas como “viejas creyentes”). Prestamos radiómetros a los residentes y los capacitamos para que hagan mapas de los pueblos, campos y bosques, identificando la contaminación localizada. Pero nuestra principal tarea es restaurar los bosques.

El trabajo ha sido particularmente exitoso entre las mujeres jóvenes de entre 16 y 35 años. Elizaveta T., de 18 años, estudiante de la ciudad de Unecha, indica que Provincial Women ha creado proyectos educativos y prácticos que han ayudado a prevenir la desertización del territorio local tras la destrucción de los bosques mixtos tradicionales. Vasilisa S., de 19 años, estudiante de un pequeño pueblo del distrito de Klintsovsky, expresa preocupación por el hecho de que los monocultivos de pinos no puedan soportar las tormentas de viento que han afectado cada vez más a esta zona en los últimos 10 años debido al cambio climático. Evgenia K., de 27 años, madre de tres hijos y residente en una aldea del distrito de Zlynkovsky, atestigua que ha sufrido por la pérdida de biodiversidad de los bosques, pues ya no puede almacenar bayas, setas y hierbas medicinales para su familia. 

Viola ha creado un grupo local de mujeres de silvicultura pública y un laboratorio científico de biomonitorización basado en la Universidad Estatal de Bryansk. Formamos a las mujeres locales para que realicen la biomonitorización del suelo y los análisis dendroclimatológicos. También formamos a mujeres locales de todas las edades para que recojan semillas de alta calidad de los raros abetos, robles, tilos y carpes que sobreviven, cultiven plántulas en pequeños viveros forestales y obtengan el permiso oficial para plantar determinadas especies de árboles, para fomentar la regeneración de los bosques mixtos tradicionales.

Cada año, los miembros de Provincial Women ayudan a cultivar y plantar entre 5.000 y 7.000 plántulas. Esto ayuda a sustituir parcialmente las plantaciones por bosques naturales de hoja ancha y taiga. El trabajo efectivo y a largo plazo de Provincial Women es único en la región, y ha conseguido unir a las mujeres en torno a la tarea de la restauración de los bosques.

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Paraguay: donde la mentira se convierte en política internacional sobre el clima

Por Inés Franceschelli, Heñói, Paraguay

“El campo necesita agua, no necesita eucalipto. El Covid19 no nos va a matar, las empresas transnacionales sí. Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a decidir”.

El presente trabajo presenta un análisis, desde una perspectiva de género, de las políticas públicas sobre el uso de la tierra, las prácticas productivas, el cambio climático y los bosques en Paraguay. Recoge la visión de las mujeres, que analizan los impactos diferenciados del modelo de extracción en sus territorios y en sus vidas, y sus luchas por una transformación de la realidad política del país. 

A pesar de la baja contribución histórica del Paraguay a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es un país de extrema vulnerabilidad al cambio climático. Según el Estado del Clima Paraguay 2019, un informe publicado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ese año fue el más cálido en la historia nacional. La precipitación anual promedio, por su parte, ha aumentado en 200 mm, durante los últimos 70 años, aunque se concentra en pocas áreas que han experimentado fenómenos extremos, mientras el resto del país se seca y desertifica vertiginosamente.

Esta situación preocupante se reconoce tanto en la Política Nacional de Cambio Climático como en la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación. Diversas respuestas se proponen en el documento de Contribución Nacionalmente Determinada del Paraguay, recientemente actualizado. El corpus normativo nacional aparenta dar cuenta de los problemas que aquejan a la población del país con respecto al clima, sin embargo, los datos de gestión ejecutiva nacional parecen responder a otros intereses y desafíos; una mirada al paisaje nacional y a la población que allí habita, muestra esfuerzos en sentido contrario.

Paraguay sigue sosteniendo un modelo de producción extractiva de materias primas tales como soja y maíz modificados genéticamente; carne de res; arroz con riego; y cada vez más madera de eucalipto, destinada a la industria de la pulpa de celulosa o la producción de carbón para secar granos o fabricar acero. Recientes inversiones transnacionales acentúan este modelo, como la instalación de una mega industria de producción de biocombustibles, y la expansión de plantaciones de  especies exóticas de árboles en cientos de miles de hectáreas.

Estas formas de uso de la tierra tienen graves consecuencias para la vulnerabilidad del país ante el cambio climático,  y las principales víctimas son aquellas que ocupan lugares postergados en la sociedad, como los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y especialmente en las mujeres. 

La contradicción entre enunciados y gestión solamente puede explicarse en tiempos en el que la humanidad justifica la destrucción y la violencia sobre la vida -en todas sus formas- a partir de la “necesidad” del crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la dominación competitiva que ha impuesto la visión capitalista, colonial y patriarcal del mundo. Estas prácticas se expresan con especial violencia en territorios colonizados como el de Paraguay, donde el gran capital transnacional saquea recursos sin consideración ni respeto a la vida.  

La vulnerabilidad del país y de las mujeres ante el cambio climático

Según el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático  publicado por la Corporación Andina de Fomento, Paraguay es el octavo más vulnerable al cambio climático de 33 países en la región de América Latina, y es 

especialmente sensible a los impactos de la crisis climática dadas las altas tasas de pobreza y desigualdad y su extrema dependencia del sector agrícola como fuente de riqueza y empleo (este sector contribuye el 16% del PIB en Paraguay, más que en cualquier otro país del Mercosur). El cambio climático tiene y tendrá impactos extensos en los rendimientos y viabilidad de los cultivos, tanto como en el acceso a agua potable y saneamiento por parte de las poblaciones pobres, rurales y urbanas. Esta situación se agrava por los altos índices de contaminación derivados del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos. 

El índice de capacidad adaptativa del país al cambio climático se califica como extremadamente bajo, el séptimo más bajo de la región. Esto también se debe a la dependencia en la agroexportación, y la debilidad institucional, marcada por el control empresarial de las políticas públicas y la extrema corrupción de los sucesivos gobiernos de un único partido durante décadas. 

La vulnerabilidad del país ante el impacto del cambio climático se expresa especialmente en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 26,9% de la población del país es pobre. Si bien el ente oficial no reporta datos discriminados de pobreza en las mujeres, podemos deducir las dificultades de acceso a recursos de éstas de varios indicadores, incluido el hecho de que, del total de cuentas corrientes bancarias en el país, 45% corresponden a hombres, mientras que solo el 26% corresponden a mujeres. Las mujeres también acceden menos a préstamos: el 55% fueron para varones, versus el 40% para las mujeres.

Las mujeres son cabeza de familia en el 36,4% de los hogares, y ganan aproximadamente el 70,6% de lo que ganan los hombres, sin considerar el nivel educativo ni las horas trabajadas. Según el INE, las mujeres gozan de menos oportunidades educativas, tienen tasas de empleo más bajas y registraron más pérdidas de empleos en 2020 durante la pandemia.

En cuanto al trabajo no remunerado, para 2016, las mujeres dedicaban un promedio de 28,7 horas semanales a estas actividades, más del doble de horas de los hombres (12,9 horas). La brecha es aún mayor en áreas rurales, donde las mujeres dedicaban 33,3 horas semanales al trabajo no remunerado.

Las mujeres campesinas e indígenas también son víctimas de la exclusión y condena; siguen asumiendo casi con exclusividad las tareas de cuidado familiar, pero al mismo tiempo asumen cada vez más tareas productivas (tanto en sus fincas como saliendo a emplearse). Las mujeres de condición periurbana y urbana, igualmente, enfrentan el desafío de sostener a sus familias sin la formación académica o empírica requeridas para emplearse como asalariadas. Muchas acceden a empleos de pésima calidad como los ofrecidos por las empresas maquiladoras. Otras recurren a la venta ambulante u otros subempleos.

Aunque el acceso a la tierra, a créditos y otros recursos son necesarios para el desempeño económico de las mujeres rurales, tanto campesinas como indígenas, los procesos de distribución de tierra en Paraguay no han transformado la estructura injusta de tenencia, y han excluido a las mujeres. Según Oxfam, las mujeres son propietarias de el 23% de las fincas y el 16% de la superficie nacional, y  las mujeres apenas recibieron el 13,6% de las tierras fiscales adjudicadas a familias campesinas. También han sido marginadas en el acceso al apoyo agrícola, pues han recibido el 14% de la asistencia técnica y menos del 23% del crédito agrícola..

La raíz del problema: el modelo productivo

El modelo productivo del extractivismo en Paraguay a base de las materias primas representa una seria amenaza para el entorno y sus habitantes, y es la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los cultivos transgénicos de soja y maíz han producido altos niveles de contaminación agrotóxica,  y la ganadería ha impulsado la conversión de bosques nativos en pasturas. Las plantaciones de eucaliptos desecan los suelos y aumentan los riesgos de incendios, y el uso insostenible de agua para regar los arrozales está desecando los grandes humedales del sur del país y envenenando los ríos.

En las últimas décadas, la producción de estas commodities ha tenido como consecuencia lo siguiente: 

• La destrucción de casi la totalidad del Bosque Atlántico que cubría la mayoría de la Región Oriental, creciente destrucción del ecosistema de humedales del sur del país, y creciente destrucción de los ecosistemas del Cerrado y Gran Chaco de la región occidental.
• El desplazamiento forzado y a menudo violento de comunidades indígenas y campesinas, que implica la migración de estas personas a las áreas urbanas y periurbanas, en donde sobreviven en condiciones de pobreza extrema.
• La pérdida de soberanía alimentaria, dada la alta tasa de conversión de territorios que producían alimentos a producción de commodities para exportación, con la consecuente necesidad de importación de alimentos que en el pasado se producían en el país.
• La pérdida de conocimientos tradicionales, técnicas de producción y culturas, ya que las comunidades indígenas y campesinas desplazadas no pueden continuar con sus modos de vida ancestrales.

Las políticas propuestas para abordar el cambio climático 

En abril de 2021 el Estado paraguayo publicó la actualización presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), inicialmente establecidas en 2015 como parte del Acuerdo de París. 

La actualización, basada en el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, la Política Nacional de Cambio Climático y otras políticas públicas en teoría implementadas, ha incluido medidas orientadas a hacer al país “más competitivo” desde una perspectiva económico financiera, y describe buenas intenciones que son lejanas a la realidad de lo que se experimenta sobre el terreno. En contrapartida, no reflejan la gravedad de la situación ni se destacan medidas orientadas al respeto de los territorios y los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, y sus propuestas para abordar de manera genuina los problemas concretos que enfrentan.

Las contribuciones nacionales determinadas incluyen, para aumentar la resiliencia comunitaria, propuestas vagas como más áreas verdes; mecanismos de participación ciudadana ante el cambio climático; promoción del turismo con énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural; mejoras de servicios de salud; e “iniciativas que ayuden a el incremento de la resiliencia climática de los ecosistemas a través de actividades socioeconómicas y culturales”. 

En cuanto a ecosistemas y biodiversidad, el plan hace declaraciones generales del tipo “acciones de conservación y restauración que tengan en cuenta los servicios ecosistémicos y las comunidades vulnerables”, pero ignora el avance de la deforestación y las prácticas productivas criminales. Por lo tanto, no es de extrañar que el Fondo Verde para el Clima y la Organización de las Naciones Unidas hayan impulsado la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles en territorios indígenas a través de la financiación del programa Proeza. 

En el sector de la producción agropecuaria, forestal y seguridad alimentaria, el NDC del Paraguay contiene metas y objetivos relacionados con la mejora de rendimiento de cultivos e intensificar la producción. Sin embargo, carece de medidas orientadas a la recuperación de la seguridad y soberanía alimentaria.  

En paralelo con el NDC existe el paquete de “Políticas, Acciones y Medidas (PAM) REDD++”. Mientras que el país reporta avances en los papeles, y ha sido otorgado un pago REDD+ a base de resultados de $50 millones por el Fondo Verde para el Clima, la deforestación y los incendios forestales siguen a un ritmo alarmante, y la destrucción de los bosques y otros ecosistemas del país no impulsa reacción alguna de parte de las autoridades nacionales.

Los pueblos indígenas resisten a los monocultivos de eucalipto

Existen muchos ejemplos de resistencia y lucha en el Paraguay que provienen de la conciencia y el coraje de las mujeres, como la resistencia de las mujeres Qom contra las falsas soluciones.

Bernarda Pesoa es líder del pueblo indigena Qom en el distrito de Benjamín Aceval, Departamento de Presidente Hayes en el Chaco Paraguayo. Es además miembro de Conamuri, la coordinadora de mujeres rurales e indígenas del Paraguay.

Bernarda lidera la lucha de las mujeres qom en contra de la plantación de grandes extensiones de eucaliptos en el Chaco. Hace ya cuatro años que la “Fundación Paraguaya” una ONG desarrollista asociada a sectores conservadores del país, insiste en plantar eucaliptos en las tierras de los Qom, asegurando que el emprendimiento los sacará de la pobreza, dado que dentro de unos años “podrán vender la madera a los silos, para secar la soja”. 

Esta propuesta se enmarca en diversas iniciativas que pretenden convencer a comunidades rurales de aventurarse en el cultivo de esta especie exótica, que deseca y deteriora los suelos. En el caso específico de los Qom, la amenaza es mayor, ya que este pueblo basa sus ingresos en la producción y venta de artesanías hechas a base de totora (Schoenoplectus californicus), una ciperácea acuática que, en caso del desecamiento del territorio, desaparecería dejando a las mujeres qom sin materia prima para su trabajo.

Afirma Bernarda: “Ellos vinieron a romper nuestra organización, a crear disturbios entre los líderes de nuestro pueblo, a cooptar a algunos con la promesa de ganancias, pero nosotras sabemos que no es así, que a esos sectores lo único que les interesa es la renta”.

“Hace más de 38 años que vivimos en esta tierra, tenemos 1.117 hectáreas en las que vivimos tres clanes, un total de 620 familias; tenemos escuelas, puesto de salud, todo lo necesario para vivir. Hace cuatro años vinieron con una supuesta investigación que consistía en marcar con un ‘semáforo’ (colores verde, amarillo y rojo) diferentes propuestas de ‘lucha contra la pobreza’. Resulta que nuestra gente pintó de verde la idea de plantar eucaliptos y ellos dijeron que con eso era suficiente como consentimiento libre, previo e informado”. 

“Solamente dos, de entre los ocho líderes que estamos acá, firmaron el contrato con la empresa. Y desde entonces lo único que tenemos es violencia. A mí ya me emboscaron y golpearon cuando intentamos frenar los tractores. Hicimos denuncia ante la fiscalía y no pasó nada. Me amenazaron de muerte, me dijeron que ellos trabajan con el INDI, con la Municipalidad y la Gobernación, me dicen que van a anular el reconocimiento de mi liderazgo, que mi comunidad va a desaparecer. Yo sé que ellos no pueden hacer eso”. 

“El proyecto va a afectar nuestro pozo artesiano, nuestro cementerio, y tenemos miedo por la totora, que es nuestra materia prima para la artesanía. El proyecto va a beneficiar solamente a 40 familias, no a las 620 que somos. La fundación les paga 200.000 guaraníes (menos de 30 dólares) semanales a cada familia. ¿Qué se puede hacer con eso? Es menos de la mitad del salario mínimo… Además, ellos les dijeron a los líderes que es un proyecto de tres años, y para cosechar hay que esperar como mínimo 7 y hasta 10 años. Es la primera vez que nos peleamos entre hermanos; si no hubiera la presencia de esta empresa privada, no nos hubiéramos peleado”. 

“El campo necesita agua, no necesita eucalipto. El COVID-19 no nos va a matar, las empresas transnacionales sí. Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a decidir”.

Conclusión

Paraguay es un caso emblemático de territorio destinado al saqueo de riquezas, con un alto costo de destrucción, en donde nada importan los ecosistemas y la vida en todas sus formas, incluyendo la vida humana.

Las empresas transnacionales hacen allí sus negocios multimillonarios, aliadas con capitalistas locales y tomando como gerentes a políticos de los tres poderes del Estado. Las políticas públicas, o bien se diseñan para subsidiar de manera encubierta a los agronegocios, o bien recitan buenas intenciones que no se cumplen.

Este es claramente el caso de las políticas de mitigación climática en Paraguay. A nivel nacional e internacional, en lugar de abordar las causas fundamentales de la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, crean incentivos. Esto aumenta los impactos de la producción de commodities como la soja y el eucalipto en las comunidades pobres, campesinas e indígenas, que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres.

 

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Por qué las políticas de protección de los bosques en Ruanda deben adaptarse a las necesidades de las mujeres rurales pobres

Por Aphrodice Nshimiyimana, Global Initiative for Environment and Reconciliation (GER), Ruanda

 

Ruanda sufre una creciente deforestación debido a varios factores, uno de los cuales es el hecho de que la bioenergía a partir de la madera sigue siendo la fuente de energía más fiable utilizada en el país. Aunque la dependencia de la madera ha disminuido en los últimos años, cerca del 85% del consumo global de energía primaria de Ruanda sigue procediendo de la biomasa y casi todos los hogares la utilizan para cocinar. Entre 2001 y 2020, Ruanda perdió 37.700 hectáreas de cubierta forestal, lo que equivale a una disminución del 7,6%.

Para luchar contra la deforestación en Ruanda y las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes se han puesto en marcha diferentes políticas forestales, de biodiversidad, medioambientales y de uso y gestión del suelo. Sin embargo, a menudo no han aportado las soluciones necesarias. En cambio, en algunos casos, han aumentado la presión sobre las mujeres de familias pobres e históricamente marginadas, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a los bosques está muy restringido, a pesar de los altos niveles de dependencia de la madera para uso doméstico.  

Por ejemplo, el documento “Crecimiento verde y resiliencia climática: Estrategia nacional para el cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono” de Ruanda fue elaborado en 2011 para integrar la acción climática en todos los sectores de la economía. Su Programa 12 trata de la silvicultura y la biomasa y, entre otros objetivos, pretende 1) “Promover la forestación/reforestación”, que implica el establecimiento de plantaciones de árboles para suministrar leña y carbón vegetal; 2) “Emplear una gestión forestal mejorada”, que a menudo implica la protección de las zonas forestales mediante la restricción del acceso a las mismas; y 3) “Promover estufas mejoradas para un consumo eficiente y limpio de leña y carbón vegetal”, con el fin de reducir la demanda de biomasa.

Estos tres objetivos pueden tener un impacto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas. La restricción del acceso a los bosques y el establecimiento de plantaciones de árboles amenaza los medios de vida que dependen de los recursos forestales, así como la producción de alimentos a pequeña escala; las mujeres suelen tener mayor una responsabilidad para estas actividades. Sin embargo, el uso de la biomasa para cocinar tiene quizás el mayor impacto directo y diferenciado, debido al tiempo que las mujeres y las niñas dedican a la recogida de leña, y a los impactos sobre la salud debido a la exposición al humo. 

El énfasis en las estufas mejoradas como política de protección de los bosques y mitigación climática se ha producido en gran parte debido al elevado coste financiero de las alternativas. En un principio, el biogás se consideró una solución prometedora para abordar las necesidades energéticas de los hogares, pero la infraestructura y los materiales necesarios para el funcionamiento de los digestores y estufas de biogás, así como la cantidad de material orgánico que había que obtener, han hecho que sólo un pequeño número de comunidades hayan podido construirlos y mantenerlos.

El gobierno ruandés ha declarado con frecuencia que el GLP y la electricidad renovable son más rentables en comparación con la leña y el carbón vegetal, y la electrificación rural también ha progresado considerablemente en Ruanda en los últimos años. Sin embargo, en general, las comunidades han considerado inasequibles los costes del gas y la electricidad y de las estufas necesarias.  

Para muchas comunidades rurales pobres, la recogida de la biomasa sigue siendo la única opción asequible, a falta de un apoyo más eficaz. Jacqueline Ayinkamiye, residente de la zona rural de Nduba, en el distrito de Gasabo, cerca de Kigali, dijo que “recoger leña y otra biomasa para cocinar es la única prioridad que tenemos; incluso luchamos por conseguir lo suficiente para comer, no tenemos dinero para comprar carbón o gas. Lo único que podemos hacer es comprar comida y los niños van a recoger leña”. Dado que la recogida de leña en los bosques públicos y privados es ilegal, Jacqueline dice que “…los bosques están muy protegidos, nos desplazamos y recogemos cualquier cosa que encontremos que pueda servir en lugar de la leña”. 

Las estufas mejoradas son, por tanto, una herramienta popular para reducir la demanda de leña o carbón. En comparación con otras opciones, requieren menos infraestructura y menores costes de funcionamiento, dado que los usuarios ya recogían su propia biomasa. En un debate grupal sobre el tema, los habitantes de Nduba dijeron que “aunque la leña y el carbón vegetal siguen siendo necesarios, al menos es la opción más asequible para los que vivimos en zonas rurales con ingresos ínfimos… para la comida que necesitaba 10 piezas de leña para cocinar, con esta estufa sólo utilizamos 3, para la comida que necesitaba 5 kg de carbón vegetal para cocinar, utilizamos 1,5-2 kg”.

Sin embargo, existen pocas pruebas publicadas que sugieran que las estufas mejoradas son un medio eficaz para reducir el uso de la madera. Además, hay muy pocas pruebas de que reduzcan los importantes efectos sobre la salud que sufren sobre todo las mujeres y las niñas al cocinar con biomasa. Tampoco abordan las injusticias culturales y sociales subyacentes.

Jacqueline Ayinkamiye dijo que todavía está en la mentalidad de los ruandeses que el trabajo doméstico no remunerado, como la cocina y la limpieza, debe ser realizado por mujeres y niñas. “No vamos a cambiar esta mentalidad de la noche a la mañana”, dijo. “Sigue siendo responsabilidad de la mujer cocinar para la familia, y cuando no llevamos algo a la mesa… nos sentimos avergonzadas e irresponsables, lo que provoca conflictos en nuestras familias. Por eso nos esforzamos por encontrar leña, así como por utilizar residuos agrícolas como las mazorcas de maíz”.

La carga de trabajo de las mujeres y las niñas, sobre todo en las familias pobres, afecta los demás aspectos de sus vidas. “Las jóvenes llegan tarde a la escuela y tienen menos tiempo para estudiar en comparación con sus homólogos masculinos, otras abandonan los estudios, y las mujeres apenas participan en las iniciativas de desarrollo de la comunidad. Cocinar ocupa la mayor parte del tiempo”.

Por lo tanto, basar la política energética y forestal en un enfoque que por definición acepta los impactos diferenciados por género del uso doméstico de la biomasa es fundamentalmente injusto. Las políticas forestales de Ruanda deben adaptarse a las necesidades de las mujeres rurales. En GER creemos que la única manera de conseguirlo de forma equitativa es dando prioridad a las mujeres y asegurando su participación en los procesos de gobernanza forestal. La participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas a todos los niveles garantizará que sus derechos sean reconocidos y respetados en todos los esfuerzos por proteger los bosques y frenar la deforestación. 

GER trabaja con y defiende a las mujeres de las comunidades rurales y los grupos históricamente marginados, para luchar contra la deforestación, y conservar los bosques naturales de forma justa. Nuestras campañas nacionales pretenden reducir la vulnerabilidad de las mujeres a las repercusiones sociales de la deforestación, superar la carga que supone el suministro de energía para uso doméstico y evitar los problemas de salud debidos a la exposición diaria al humo. 

Según Innocent Musore, Director Ejecutivo del GER, “necesitamos una mayor participación de las mujeres en la gestión de los recursos forestales, y todas las políticas relacionadas con los bosques deberían tener en cuenta la imposibilidad de las mujeres rurales de adaptar la energía renovable para uso doméstico. La transición de la biomasa a la energía renovable es un proceso que debe hacerse paso a paso en función de la capacidad de las comunidades y del apoyo de que dispongan, para que la energía renovable sea asequible.”

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Equipo Editorial: Almuth Ernsting, Coraina de la Plaza, Jeanette Sequeira, Johanna Molina, Juana Delgado, Megan Morrissey, Oliver Munnion, Simone Lovera y Souparna Lahiri

Editores: Oliver Munnion y Megan Morrissey

Traductores: Amira Armenta, Danae Barrera, Kwami Kpondzo, Megan Morrissey and Patricia Puechagut

Diseño gráfico: Oliver Munnion

Esta publicación ha sido producido con el apoyo de Women Engage for a Common Future (WECF) a través de la Green Livelihoods Alliance, financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, y la Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Coalición Mundial por los Bosques y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de los donantes.

2 nov., 2021
Posted in Forest Cover, recursos y publicaciones, Justicia de género y bosques, Bosques y Cambio Climático