GFC apoya a nuestros miembros de ALC y a las comunidades en los territorios – Estados miembros de la ONU deben poner fin inmediatamente a la financiación de falsas soluciones

Crédito de la foto: Annie Spratt

La Coalición Mundial por los Bosques (GFC) contribuye regularmente con procesos de las Naciones Unidas sobre temas como bosques, biodiversidad, cambio climático y género, con el fin de llevar las prioridades y perspectivas de nuestros grupos miembros a los espacios internacionales de formulación de políticas. Este mes, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente invitó a presentar propuestas para las Primeras Consultas Regionales sobre soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para América Latina y el Caribe. Las SbN han sido utilizadas de forma cuestionable para promover enfoques de mercado a las crisis climática y de biodiversidad, como la compensación de carbono, enfoques que utilizan la misma lógica capitalista que causó las crisis originalmente. A continuación te presentamos nuestra propuesta para el proceso de consulta.

 

Presentación para las Primeras Consultas Regionales sobre soluciones basadas en la naturaleza

América Latina y el Caribe

Coalición Mundial por los Bosques (GFC)

Junio 2023

La Coalición Mundial por los Bosques (GFC), ONG con miembros de más de 120 organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales del mundo, agradece al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a las copresidentas la oportunidad de presentar propuestas durante las Primeras Consultas Regionales sobre soluciones basadas en la naturaleza (SbN).

La GFC, junto a sus organizaciones aliadas, se une a los estados miembros y a las partes interesadas que han expresado su preocupación por los impactos de las soluciones basadas en la naturaleza a los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres en toda su diversidad, jóvenes y comunidades afrodescendientes. La Resolución 5/5 destaca “la necesidad de analizar los efectos de las soluciones basadas en la naturaleza (…), reconociendo que no sustituyen la necesidad de reducciones rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero”. A pesar de esta resolución, las soluciones basadas en la naturaleza siguen siendo un concepto utilizado para calificar falsamente de respetuosas con el medio ambiente o “verdes” prácticas polémicas e incluso descaradamente perjudiciales.

Nuestra organización, y sus miembros latinoamericanos y caribeños, están con las comunidades que se encuentran en primera línea de resistencia y exigimos que los estados miembros de la ONU pongan fin inmediatamente a la financiación de falsas soluciones, así como su apoyo a través de donantes multilaterales, bilaterales y privados. Los flujos financieros deben apoyar soluciones genuinas, justas desde la perspectiva de género e interculturalidad, basadas en los derechos humanos y de la madre naturaleza, capaces de abordar las causas profundas de la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la depleción de las fuentes de agua. Es necesario acabar con el apoyo a prácticas que intensifican la naturalización de la exclusión de las poblaciones indígenas, generan conflicto de intereses e intensifican la financiarización de la naturaleza.

Responsables políticos y algunas ONG conservacionistas de alto nivel han intentado presentar la siembra de árboles como eucalipto, acacia y pino como proyectos de “restauración forestal”. Sin embargo, las plantaciones de monocultivos no son bosques, sino que almacenan mucho menos carbono que los bosques naturales. La tala y el desbroce regulares de las plantaciones también devuelven a la atmósfera el CO2 almacenado.

En cambio, los bosques naturales siguen secuestrando carbono durante muchas décadas. Las plantaciones de monocultivos bloquean las tierras comunitarias, destruyen los medios de subsistencia, bajan el nivel freático y dañan la biodiversidad. Estudios realizados en comunidades que han experimentado proyectos de plantación de árboles en las últimas décadas han documentado importantes impactos negativos sociales, ambientales y económicos. Una de las principales razones es que el derecho a la tierra tiende a pasar de las mujeres a los hombres cuando esta se vuelve comercialmente atractiva a través de, por ejemplo, plantaciones y proyectos de compensación.

En Colombia, REDD+ es un programa altamente controversial que ha facilitado el despojo, la extracción de recursos y la violación de derechos fundamentales. Se han planteado dudas sobre parte de los beneficios que se destina a las comunidades que están en el territorio, como señala un estudio de caso de Censat Agua Viva, publicado en un informe de nuestra organización. Otra de las principales preocupaciones en torno a las iniciativas REDD+ de Colombia es la falta de información disponible entre las comunidades afectadas que están siendo impactadas por estos proyectos, especialmente los pueblos indígenas.

Visitas a territorios donde se implementan proyectos REDD+ en el país han permitido conocer que, incluso en zonas que tienen un mercado regulado, los recursos no llegan a manos de la comunidad, sino a líderes hombres, quienes han llegado a utilizarlos para beneficio personal. También es relevante destacar que los contratos de REDD+ son de difícil acceso, incluso para miembros de las comunidades, lo que intensifica la falta de información sobre los proyectos. Al hacer seguimiento a algunos de los contratos, se determinó que usualmente son firmados por hombres, dejando de lado las necesidades, los roles participativos y el liderazgo de las mujeres, así como las formas de vida de la comunidad.

El Resguardo Indígena Unificado de la Selva de Matavén, que alberga el mayor proyecto de REDD+ de Colombia, con más de 1,5 millones de hectáreas y otros esquemas ambientalmente cuestionables, es una iniciativa de compensación de carbono de REDD+ que permite y promueve la continuación de actividades que inducen al cambio climático. Otro de los ejemplos más flagrantes son las minas de carbón a cielo abierto de Glencore, en el Caribe colombiano, las mayores del mundo. El historial de violencia y violaciones de derechos humanos de Glencore es ampliamente conocido, y las minas han devastado las comunidades indígenas y afrocolombianas del departamento de La Guajira, que sufren una mortal escasez de agua, entre otras privaciones.

Glencore pretende la “carbono neutralidad” a través de la compra de créditos de carbono de REDD+, lo que le permite expandir sus fronteras geográficas y seguir contribuyendo al aumento de las emisiones, así como a los efectos socio-ecológicos nocivos a nivel local. Este caso particular ilustra una tendencia de las empresas contaminantes en Colombia.

Otro ejemplo, por medio del cual se utiliza dinero público para reducir el riesgo de financiación de plantaciones por parte del sector privado, es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), mecanismo de financiación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta iniciativa ha otorgado aproximadamente 102 millones de dólares a cuatro proyectos en Paraguay hasta la fecha, lo que incluye la firma de un acuerdo de capital altamente controversial, de 25 millones de dólares, con una empresa de inversión de capital privado con sede en Alemania en 2020, el Fondo Arbaro, para apoyar sus planes de invertir en 75.000 hectáreas de nuevas plantaciones de árboles en siete países de América Latina y el África subsahariana. El Fondo Arbaro ya había movilizado financiación para el desarrollo del Banco Europeo de Inversiones y FinnFund (donde el Estado finlandés es accionista mayoritario).

En Brasil, las mujeres quilombolas [1] siguen resistiendo a las plantaciones de eucalipto, al tiempo que afrontan conflictos con Suzano, el mayor productor mundial de pulpa de papel. En Espíritu Santo, la empresa tiene varias fábricas de celulosa y posee miles de hectáreas de plantaciones de eucalipto y otras zonas de plantación, utilizando pesticidas agresivos que causan importantes repercusiones al ambiente y comunidades locales. Como muestra un estudio de caso de nuestro miembro FASE, la empresa, que afirma ser “neutra en carbono” gracias a sus “proyectos de generación de créditos”, ha intimidado a unas 12.000 familias que habitaban Sapê do Norte (región que comprende los municipios de São Mateus y Conceição da Barra), engañándolas con la promesa de mejores condiciones de vida, invadiendo su rico ecosistema de selva atlántica y destruyendo viviendas, cultivos y bosques.

Las mujeres negras han sido las más afectadas, en parte porque quienes fueron expulsadas de sus tierras tuvieron que sobrevivir en las periferias urbanas, a menudo en condiciones de vida y trabajo deplorables. Las que consiguieron quedarse tuvieron que resistir la pérdida de biodiversidad y de bosques, el cierre de escuelas comunitarias, el deterioro de sus condiciones de salud, incluyendo el surgimiento de tumores fibroides por la exposición al glifosato, así como los impactos a sus medios de vida y prácticas agroecológicas. Muchos de los defensores de las soluciones basadas en la naturaleza son industrias, como Suzano, responsables de gran parte de la destrucción del terreno ecológico, político y social del planeta.

América Latina es un territorio complejo, históricamente impactado por el extractivismo y el colonialismo, que demanda soluciones climáticas basadas no en esquemas mercantilizados, sino en mecanismos de mitigación construidos desde y para las comunidades, que incluyan a las mujeres como sujetos políticos en resistencia a cualquier forma de dominación. Las falsas soluciones deben ser descartadas no solo porque están ligadas a prácticas de lavado “verde” altamente cuestionables que inducen a la violación del derecho a la tierra, a la autodeterminación, a la salud, a la consulta libre, previa e informada, a las tradiciones y costumbres culturales, entre otros, sino porque socavan significativamente esfuerzos para llegar a la meta de 1.5ºC. 

La financiación climática y la política fiscal deben adoptar enfoques no mercantiles, incluso en virtud del artículo 6.8 del Acuerdo de París. El dinero público debe reorientarse para financiar soluciones reales -enfoques basados en los ecosistemas, transición justa, resiliencia climática de las comunidades en los territorios, conservación, protección de la tierra y los bosques, y reforestación-, así como proporcionar acceso directo a la financiación a los pueblos indígenas, las mujeres en los territorios y comunidades locales. Deben garantizarse sus derechos a la tierra, a los recursos, a sus territorios y a gobernar.

 

[1] Quilombolas son habitantes de asentamientos quilombos, comunidades con gobiernos locales independientes, inicialmente establecidas en Brasil por esclavas y esclavos que huían de la crueldad colonialista. En otras partes de América se les conoce como “cumbes” o “palenques”.

23 jun., 2023
Posted in Justicia de género y bosques, Bosques y Cambio Climático