El fin de las falsas soluciones: avanzando hacia soluciones basadas en derechos y transformadoras de género ante el cambio climático
Las falsas soluciones al cambio climático son cada vez más denunciadas y rechazadas por las comunidades de todo el mundo. Existen verdaderas soluciones basadas en los derechos y que transforman el género, y son la única manera de evitar el catastrófico aumento de la temperatura global. Los responsables políticos de los bosques y el cambio climático deben tener en cuenta estas soluciones reales.
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El número 68 de Cobertura Forestal ofrece un contexto sobre el difícil camino hacia la consecución de la justicia climática y el contexto en el que las organizaciones miembros del GFC ven la COP27, y presenta artículos sobre los impactos de las falsas soluciones a la crisis climática desde Uganda, Colombia, Nepal y Sudáfrica. Presenta ademas un análisis crítico de los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre adaptación y mitigación, y la necesidad de que éstos vayan más allá de la contabilidad del carbono y reconozcan los conocimientos tradicionales, la sabiduría y el papel de los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades locales.
FC68 también describe los puntos de vista sobre las falsas soluciones de todo el mundo a partir de una serie de talleres que el GFC llevó a cabo este año, destacando la forma en que las falsas soluciones apuntalan la dinámica de poder existente, y lo que la gente está haciendo al respecto.
El informe se publicó en inglés el 3 de noviembre y pronto se publicará en árabe, francés y español.
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El fin de las falsas soluciones: Avanzando hacia soluciones al cambio climático basadas en los derechos y transformadoras del género
Cobertura Forestal 68
Tabla de contenido:
- Colonialismo climático y falsas soluciones: el difícil camino hacia la justicia climática, por Souparna Lahiri, Maureen Santos y Kwami Kpondzo
- Tapar el sol con un dedo: Una mirada crítica a los informes del IPCC desde una perspectiva de género y derechos, por Coraina de la Plaza y Souparna Lahiri
- Posibilidades y riesgos de la Iniciativa de Restauración del Paisaje Forestal Africano (AFR100), por Philip Owen
- Trees for Global Benefit Uganda: un estudio de caso sobre los fracasos de la compensación de carbono, Por: D.K. y Marvin Kamukama
- La industrialización de la producción de bioenergía de origen forestal en Nepal y su impacto en las mujeres y otros pueblos dependientes de los bosques, Por Bhola Bhattarai
- La tierra no se vende, el aire no se vende: REDD+ en Colombia, Por Andrea Echeverri Sierra -Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia
- Resistencia global a las falsas soluciones: Cómo los intereses de los poderosos ignoran las raíces de la crisis climática y las respuestas de los pueblos
Colonialismo climático y falsas soluciones: el difícil camino hacia la justicia climática
Por Souparna Lahiri (GFC, India), Maureen Santos (FASE, Brasil) y Kwami Kpondzo (GFC, Togo)
Cobertura Forestal 68 expone cómo las naciones desarrolladas y las corporaciones del Norte trasladan la carga de la reducción de emisiones a las comunidades vulnerables y a sus territorios, utilizando la crisis climática como medio para lucrarse, lanzando falsas soluciones al Sur global e infligiendo consecuencias devastadoras a las comunidades que están en primera línea.
Las intensas olas de calor, las sequías, las lluvias e inundaciones incesantes, los tifones destructivos y los incendios forestales son señales invariables de que nuestro planeta está próximo a alcanzar su punto de inflexión: un aumento de la temperatura global de 1,5 °C, el código rojo para la humanidad y los seres vivos de la Madre Tierra. Ya estamos presenciando y sufriendo los efectos devastadores e irreversibles de un aumento de la temperatura de 0,8 °C a 1,1 °C.
Las medidas correctoras son fuertes y claras: debemos reducir drásticamente las emisiones. Dado que las emisiones de combustibles fósiles deben alcanzar su punto máximo en 2025, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha recomendado una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 43 % para 2030. Según las promesas y los compromisos asumidos por los países en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), no solo vamos a sobrepasar los 1,5 °C, sino que las vías de emisión actuales apuntan a un aumento de más de 3 °C en este siglo.
Mientras parece que los países desarrollados, aparentemente ajenos a esta catástrofe e históricamente responsables de la crisis siguen actuando como de costumbre, los países en desarrollo se llevan la peor parte de los impactos del cambio climático al que menos han contribuido. Las comunidades de primera línea -pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres, niños, jóvenes, agricultores y campesinos- están librando una batalla para sobrevivir y proteger sus territorios, su soberanía alimentaria y sus medios de vida. Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con diversidad de género se ven desproporcionadamente afectados por este escenario global de desigualdad y colonialismo climático.
Durante más de una década, los países desarrollados se han negado a cumplir las obligaciones prometidas en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares al año para la adaptación y mitigación del clima, sin mencionar las reparaciones que exigen los países en desarrollo y los movimientos de justicia climática. En su lugar, los países y las empresas del Norte global subvierten sistemáticamente la política climática mundial y los acuerdos multilaterales, infundiendo una narrativa y un discurso climático falsos que comienzan con la negación del clima y terminan con el ofrecimiento de falsas soluciones. Las empresas dominan la política climática mundial. Lideradas por las corporaciones de combustibles fósiles, la agroindustria, sus financiadores y los grandes gigantes de la tecnología están utilizando toda su fuerza para resistir los cambios sistémicos y estructurales necesarios para superar la crisis climática. Están ahogando las voces del Sur global y trasladando la carga de la reducción de emisiones a las comunidades vulnerables y a sus territorios: las tierras indígenas, los bosques, los pastos, las tierras agrícolas fértiles y los bienes comunes que son el sustento de las comunidades del Sur global.
En la COP26 de Glasgow, con el mundo tambaleándose bajo la pandemia de la COVID-19, el Norte global no solo se negó a contribuir y a apoyar los llamamientos a favor de un mecanismo dedicado a financiar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, sino que rechazó de plano el cese inmediato de la producción de combustibles fósiles, incluida la quema de carbón. Por otro lado, la presidencia del Reino Unido, respaldada por las mismas corporaciones de combustibles fósiles y los cowboys del carbón, forzó un acuerdo para poner en funcionamiento un mercado internacional de carbono y dar rienda suelta a falsas soluciones que no se basan en la ciencia, no conducirán a la reducción de emisiones y agravarán aún más la crisis climática.
¿Por qué? Porque los acuerdos alcanzados en Glasgow sobre las soluciones basadas en el mercado en virtud de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París no contribuyen a una mitigación real del clima a través de la cooperación internacional. Estos acuerdos promueven una falsa vía de solución en la que los mayores emisores pueden comprar esencialmente créditos de carbono procedentes de las acciones climáticas y la resiliencia de los países vulnerables y sus comunidades en el Sur global para compensar sus continuas emisiones. En términos sencillos, los países del Norte global podrán compensar su consumo y producción excesivos y las emisiones resultantes de sus economías basadas en la combustión mediante la compensación y el pago de acciones climáticas de bajo coste en el Sur global.
El artículo 6.2 se refiere al comercio de opciones de mitigación transferidas internacionalmente (OMI) entre dos países sin atenerse a la integridad medioambiental, a las obligaciones en materia de derechos humanos ni a ninguna norma global que regule dicho comercio. El artículo 6.4, originalmente denominado mecanismo de desarrollo sostenible, se ha transformado en un nuevo invento del tan denostado e infame mecanismo de desarrollo limpio (MDL), que permite comerciar con los bosques y otros ecosistemas en el mercado mundial. Ambos artículos desafían el propio espíritu de un Acuerdo de París que, por lo demás, es débil.
¿Cómo se traduce esto? En que las empresas de combustibles fósiles están comprando (es decir, acaparando) millones de hectáreas de tierra en África, Asia y Suramérica con el pretexto de la reforestación o la reducción de la deforestación. Lo que en realidad están haciendo es invertir en plantaciones comerciales de monocultivos de árboles y otros proyectos distorsionados de REDD+ y de compensación de carbono forestal, reclamando fraudulentamente los derechos sobre el carbono secuestrado o los “sumideros de carbono mejorados”. De este modo, afirman falsamente que están en camino de descarbonizar sus operaciones y de alcanzar las emisiones netas cero (no el cero real). Las pruebas científicas demuestran que se trata de una afirmación totalmente falsa basada en la equiparación del carbono de los depósitos geológicos con el de los depósitos biológicos. La reducción de emisiones y la absorción o eliminación de emisiones no tienen las mismas consecuencias e impactos climáticos.
Estas falsas soluciones avanzan rápidamente hacia una narrativa que promueve el colonialismo climático, por el que los gobiernos y las empresas del Norte incursionan y saquean los ecosistemas inviolados e intactos, las tierras natales y los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades forestales. Tal y como sostiene el artículo de esta edición que examina los informes del IPCC sobre mitigación y adaptación, los modelos climáticos actuales siguen careciendo de un marco que reconozca los conocimientos tradicionales, la sabiduría y el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como sus derechos y prácticas de conservación y protección de la naturaleza y los ecosistemas. Esto ha provocado inevitablemente conflictos y provocará más, violando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, avivando la violencia contra las mujeres, niñas y niños y convirtiendo los recursos naturales en mercancías comercializadas a nivel mundial. Además de que refuerza todos los rasgos dominantes del colonialismo, que destruye la cohesión social y crea conflictos y divisiones entre comunidades, razas, colores y géneros.
La falsa acción climática a través de las compensaciones y el comercio de carbono -como se expone en los informes de este número sobre los proyectos en Colombia y Uganda- no solo es la antítesis de una verdadera solución climática y una relación simbiótica entre las personas, las comunidades y la naturaleza, sino que ignora el uso de los conocimientos tradicionales en la conservación y protección de la naturaleza y sus ecosistemas. Esto socava el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales, especialmente el de las mujeres, y sus conocimientos, sabiduría y prácticas tradicionales que durante siglos han mantenido este planeta habitable y vivible. Y desafía la misma noción de bienestar humano.
Sin embargo, el avance hacia el colonialismo climático a través de falsas soluciones no es indiscutible. Los movimientos de justicia climática llevan mucho tiempo exigiendo reparaciones por la responsabilidad histórica del Norte global en la creación de la crisis climática; y las voces son cada vez más fuertes. El Sur global está pidiendo al Norte que se responsabilice y contribuya con su parte justa para apoyar la reconstrucción tras las pérdidas y daños sufridos por las comunidades de primera línea.
A medida que se agravan los efectos del cambio climático y se exponen las implicaciones de las falsas soluciones, las luchas de las comunidades de primera línea se hacen más fuertes y contundentes. No solo están luchando contra las falsas soluciones y sus repercusiones, sino que también se están volviendo más resistentes e impulsando sus propias soluciones climáticas, las verdaderas.
En este número 68 de Cobertura Forestal desvelamos algunas de las falsas soluciones al cambio climático, como la compensación de carbono y los planes voluntarios de REDD+ y la reforestación mediante monocultivos y sus impactos en las comunidades, las mujeres y las personas que dependen de ellas, y en las tierras. También ponemos de manifiesto cómo unas políticas de desarrollo no muy bien fundamentadas pueden conducir a “soluciones” climáticas fallidas, y los fracasos, a nivel internacional, para adoptar un enfoque de la adaptación y la mitigación del cambio climático basado en los derechos y con perspectiva de género, que reconozca los conocimientos tradicionales, la sabiduría y el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Un informe de Uganda revela cómo el proyecto Trees for Global Benefit (Árboles para el beneficio global) está provocando la inseguridad alimentaria de las comunidades que han cedido sus escasas tierras por periodos de hasta 25 años para cultivar árboles, con el fin de secuestrar carbono que se vende como créditos a empresas principalmente europeas. El proyecto no aborda la pobreza ni la mejora de la tenencia de la tierra o el acceso de las mujeres a la tierra y los recursos y vincula a las comunidades en contratos unilaterales y parcializados.
Desde América Latina, un artículo sobre los proyectos REDD+ en Colombia también cuestiona la falsa idea de reducir las emisiones mediante proyectos de compensación de carbono. El artículo plantea cuestiones importantes relacionadas con la falta de información y conocimiento de estos esquemas entre las comunidades impactadas y la miseria que obtienen de la financiación internacional que reciben estos proyectos. A su vez, los proyectos REDD+ profundizan las injusticias al tiempo que permiten a los contaminadores continuar con sus actividades destructoras del planeta.
Un informe de Nepal examina cómo un pequeño país en desarrollo (Nepal está calificado como país menos desarrollado) puede ser presa de falsas soluciones en sus esfuerzos por sustituir los combustibles fósiles y proporcionar acceso a la energía a sus ciudadanas y ciudadanos. El gobierno pretende industrializar la producción de bioenergía mediante la quema de bosques y biomasa forestal, con consecuencias graves y de largo plazo para los bosques, la biodiversidad y las comunidades que dependen de los bosques y los productos forestales.
Nuestro informe de Sudáfrica expone los peligros de que otra importante iniciativa climática sea víctima de la captura corporativa, con la amenaza de que se establezcan plantaciones comerciales de monocultivos de árboles bajo la fachada de la Iniciativa de Restauración de los Bosques Africanos (AFR100), que supuestamente debe propiciar la detención y reversión de la degradación de los ecosistemas en todo el continente. El artículo destaca cómo estas mismas plantaciones comerciales de árboles han impulsado la degradación de la tierra y el suelo en los últimos 40 años, trayendo consigo impactos adversos en las comunidades locales, especialmente en las mujeres y las niñas.
En una mirada crítica a los informes del IPCC sobre adaptación y mitigación, argumentamos que los modelos climáticos siguen sin tener un marco que reconozca el conocimiento tradicional, la sabiduría y el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sostenemos que la ciencia del clima debe partir de un enfoque basado en los derechos y ser sensible a las cuestiones de género, si queremos tener alguna esperanza de abordar el cambio climático.
Con estos conocimientos nos acercamos a otra COP. La COP27, que se celebra en Egipto, se conoce cada vez más como una “COP africana”. En el último año, el continente ha sufrido inundaciones devastadoras en Sudáfrica, Mozambique y Uganda, eventos que han causado cientos de muertos y decenas de miles de desplazadas y desplazados. Mientras tanto, el Cuerno de África se encuentra en su cuarto año de sequía, con más de 18 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria.
África, que contribuye con menos del 4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ha sido asolada por 500 años de colonialismo, extractivismo, deuda y desposesión. Su vía de desarrollo ha sido a menudo impuesta por el Norte global y las empresas transnacionales. El colonialismo de los combustibles fósiles a través de la extracción de carbón, petróleo y gas ha devastado comunidades, infligido abusos de los derechos humanos y destruido ecosistemas locales, al tiempo que ha alimentado el racismo y la violencia de género.
Mientras las comunidades de Gabón, Mozambique, Nigeria, la República del Congo, Sudáfrica, Sudán y otros países luchan contra los mayores contaminantes del mundo, hoy también están sometidas al colonialismo del carbono. Todo lo que habían conservado, protegido y alimentado durante siglos -desde los bosques, pastos, praderas y tierras de cultivo hasta los desiertos del Sahel- es colonizado y esculpido para aplicar las falsas soluciones climáticas impuestas por el Norte global.
Los proyectos REDD+, plagados de conflictos, las extensas plantaciones de monocultivos en el marco del AFR100, las plantaciones de árboles para cultivar madera y bioenergía con el apoyo del Fondo Verde para el Clima y de empresas de capital privado como el Fondo Arbaro, los millones de hectáreas acaparadas por las empresas de combustibles fósiles para cumplir sus compromisos de reducción a cero, y la proliferación de los MDL y de compensaciones de carbono forestal, todo ello parece la apertura de las compuertas de las falsas soluciones. El reciente anuncio de Gabón de que abrirá sus bosques al mercado voluntario de carbono y movilizará 90 millones de créditos antes de la COP27 demuestra que los países desarrollados y sus aliados corporativos están impulsando y reforzando una vía de desarrollo en África que ha demostrado ser un fracaso y la causa fundamental de muchas crisis, incluida la climática. La naturaleza, los recursos naturales, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los campesinos son los corderos sacrificados.
Pero la gente de África, los movimientos de justicia climática, los movimientos de mujeres y las comunidades indígenas tienen una visión diferente: quieren descolonizar la economía y el modelo de desarrollo. Quieren alejarse de los modelos de crecimiento económico dominados por el Norte. Y exigen condiciones favorables para una transición justa a las energías renovables mediante una eliminación equitativa de los combustibles fósiles. Sus prioridades inmediatas son la salud pública, la justicia económica, la soberanía alimentaria y la agroecología.
En una declaración reciente, el Colectivo Africano por la Justicia Climática ha exigido a los países ricos que devuelvan la deuda climática, cumplan con sus obligaciones de financiación del clima, reduzcan las emisiones a cero y dejen de aplicar falsas soluciones. Las empresas del Norte están utilizando la crisis climática como medio para lucrarse, vertiendo falsas soluciones en el continente africano e infligiendo consecuencias devastadoras a las comunidades de primera línea.
Una COP sobre el clima tiene su propia dinámica, en la que las cuestiones políticas globales y los grupos de presión empresariales suelen enturbiar la mesa de negociaciones, y puede que la COP27 no siga un camino muy diferente. Pero en sus pasillos resonarán las demandas del movimiento por la justicia climática. Sabiendo que las conversaciones de la ONU sobre el clima y otras plataformas multilaterales de la ONU están dominadas por los países ricos y las corporaciones, las COP pueden no ser el único foco de atención para las y los activistas y defensores del clima. Pero pueden dar un impulso para construir la solidaridad y la acción local, regional y global, para forzar una revisión del sistema multilateral para abordar la crisis climática, la inequidad y la injusticia, y construir el poder de la gente para un cambio real. Nuestro papel es garantizar que el mundo no se deje cegar y engañar por las falsas soluciones y las promesas vacías que se anuncian en estos eventos. Necesitamos acciones y soluciones reales.
Este número de Cobertura Forestal revela el tamaño de las artimañas de las propuestas oficiales y corporativas y la importancia de estar informadas e informados. Debemos proteger a la Madre Tierra y lograr la justicia y la equidad climática defendiendo los derechos de nuestras comunidades, mujeres, campesinos y trabajadores a elegir e impulsar sus propias soluciones climáticas para un verdadero cero.
Tapar el sol con un dedo: es imperativo fortalecer las verdaderas soluciones climáticas
Una mirada crítica a los informes del IPCC desde una perspectiva de género y derechos
Por Coraina de la Plaza y Souparna Lahiri, Coalición Mundial por los Bosques
Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre adaptación y mitigación muestran que el mundo está en una encrucijada. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera superaron las 420 ppm en 2022, muy por encima de las 350 ppm normalmente consideradas “seguras”. Los niveles de CO2 desde el año 2000 están aumentando en unas 20 ppm por década, diez veces más rápido que durante los últimos 800.000 años, y ya estamos sintiendo los impactos devastadores de un aumento de la temperatura de 1,1 °C.
Para 2019, aproximadamente el 34% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana provenían del sector del suministro de energía; el 24% de la industria; el 22% de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo; el 15% del transporte; y el 6% de los edificios. Para limitar el calentamiento a 1,5°C y evitar los peores impactos climáticos, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su pico antes de 2025 y ser reducidas en un 43% para 2030.
Los informes del IPCC nos ayudan a comprender las distintas dimensiones del cambio climático y a contextualizar los múltiples retos entrelazados a los que nos enfrentamos. Y aunque la necesidad de acción sobre el clima es urgente, es primordial comprender el contexto de la acción inmediata. El cambio climático surge de la creciente desigualdad y acumulación de riqueza que el capitalismo fomenta y alimenta. Mientras los ricos siguen consumiendo en exceso y acaparando recursos cada vez más escasos, contribuyendo al aumento de las emisiones, los grupos más vulnerables del mundo, como los Pueblos Indígenas, las mujeres en toda su diversidad y las comunidades que están en la primera línea de frente, sufren los peores impactos de esta crisis.
Necesitamos transformaciones rápidas en todos los sistemas. Sin embargo, no vamos a lograr soluciones efectivas con las políticas climáticas actuales, los compromisos y las promesas de los gobiernos y las empresas.
La proliferación de falsas soluciones a la crisis climática
Las falsas soluciones, como los mercados de carbono y las compensaciones, las promesas de cero neto, las plantaciones de monocultivos de árboles a gran escala, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) y la agricultura “inteligente”, entre otras, siguen creciendo. Estas falsas soluciones lucrativas no sólo ignoran las raíces de la crisis climática, sino que perpetúan y crean nuevas formas de desigualdad, incluyendo la disparidad de género.
Por ejemplo, la BECCS depende de los monocultivos de árboles a gran escala, desarrollados con especies de rápido crecimiento y a menudo invasivas, que provocan la conversión de tierras forestales y no forestales en plantaciones. En muchas ocasiones estas plantaciones se utilizan como parte de proyectos de forestación y reforestación para la bioenergía, así como para otras industrias extractivas como la del papel y la celulosa. Frecuentemente provocan una serie de impactos adversos interconectados, por ejemplo, el acaparamiento de tierras; la pérdida de biodiversidad y de hábitats de vida silvestre; la reducción de la resiliencia ecológica; la pérdida de las medicinas y los conocimientos tradicionales; el aumento de la carga de trabajo; las oportunidades de empleo limitadas y a corto plazo; la invasión de otros ecosistemas; la contaminación de los recursos de agua dulce debido al uso de productos agroquímicos; y el aumento de los riesgos de incendio y las plagas.
El informe del IPCC sobre la adaptación reconoce estos impactos, muchos de estos con una “confianza muy alta”, y señala que las plantaciones u otras conversiones de uso de la tierra a gran escala podrían dar lugar a una mala adaptación y mitigación. También contribuyen a la injusticia climática, ya que producen impactos desproporcionados en los grupos marginados y vulnerables, incluidos los Pueblos indígenas y las mujeres. Los impactos de género que se producen en las comunidades que hacen vida en estas plantaciones y sus alrededores han sido denunciados ampliamente. Estos efectos incluyen el aumento del acoso sexual y la violencia contra las mujeres, el debilitamiento de los acuerdos de derechos de tenencia de la tierra (ya inseguros), la inseguridad alimentaria, la pérdida de conocimientos tradicionales y locales únicos y el refuerzo del uso de la bioenergía con los impactos nocivos asociados a la salud y la fertilidad, así como otros problemas de salud debido al uso de agroquímicos
Sin embargo, a pesar de todos los riesgos e impactos asociados, los actuales modelos del IPCC sobre cómo restringir el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C y 1,5°C a los niveles preindustriales siguen basándose en gran medida en intervenciones en el sector de la tierra a gran escala. Esquemas como BECCS siguen ocupando un lugar demasiado destacado entre algunas de las vías de mitigación, a pesar de que el IPCC reconoce los riesgos potenciales. Esto se debe, en parte, a que el marco de modelización de las trayectorias hacia 1,5 °C está centrado excesivamente en la reducción de las emisiones. Necesitamos modelos que ayuden a conservar y mejorar los sumideros naturales, dando prioridad a la soberanía y seguridad alimentaria y garantizando los derechos y el acceso a la tierra de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las mujeres.
Soluciones climáticas reales
Cada vez hay más pruebas de que se podría alcanzar gran parte de las eliminaciones de carbono necesarias conservando los sumideros naturales y aumentando la resistencia de los ecosistemas mediante una mayor protección de la biodiversidad. Restaurar la integridad de los ecosistemas es fundamental para lograr una acción climática sólida en la tierra y los bosques y, no debería seguir siendo considerada como un mero beneficio paralelo de la acción climática. Según el informe Los caminos que faltan para llegar a los 1,5 °C, elaborado por CLARA (Climate Land Ambition and Rights Alliance), existe el potencial de restaurar una cuarta parte de los bosques naturales del mundo y protegerlos junto con los bosques primarios, lo que permitiría que la mitad de la cubierta forestal mundial se convirtiera en ecosistemas intactos.
Mejorar y proteger los ecosistemas terrestres y los sumideros naturales a través de una mejor gobernanza y gestión de la tierra, así como de prácticas agrícolas transformadoras bajo la administración de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las mujeres, representa una forma más equitativa y rentable de abordar la crisis climática. Pero aún más importante, es también una vía más justa y equitativa de alcanzar los objetivos de mitigación climática, en comparación con otras medidas de captura y almacenamiento de carbono, como BECCS.
Los territorios indígenas representan el 37% de todas las tierras naturales que quedan en el planeta. Al menos el 22% del carbono total almacenado en los bosques tropicales y subtropicales se encuentra en tierras gestionadas colectivamente. De estos, un tercio se encuentra en zonas donde los Pueblos Indígenas y las comunidades locales carecen de reconocimiento legal. Garantizar los derechos de tenencia colectiva de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales se traduce en menores tasas de deforestación y degradación del suelo.
Las mujeres tradicionalmente tienen papeles de liderazgo en la conservación y protección de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas de los que se sostienen estas comunidades. Duplicar la superficie de las tierras comunitarias, así como proteger y restaurar los bosques primarios degradados, mientras se garantiza la regeneración natural de las zonas recientemente deforestadas, incluso mediante el uso responsable de los bosques gestionados para restaurar la biodiversidad y la función de los ecosistemas, supondría 6,1 Gt de CO2eq al año en emisiones evitadas, y 8,7 Gt de CO2eq al año en secuestro de carbono para 2050. Los territorios indígenas amazónicos almacenan de manera exclusiva 102 Gt de CO2, aproximadamente un tercio de los sumideros de carbono sobre el suelo de la región amazónica (en aproximadamente el 30% de la superficie terrestre).
Las prácticas agroecológicas reflejan el funcionamiento de los ecosistemas naturales y los aspectos de esos ecosistemas que son esenciales para su funcionamiento. Hoy en día tenemos numerosas pruebas de que los sistemas agroecológicos son superiores a la agricultura industrial y son altamente productivos y sostenibles. Además, crean medios de vida, dan mayor autonomía a las comunidades, promueven la resiliencia climática y aportan múltiples beneficios sociales, culturales y medioambientales. Las mujeres también desempeñan un papel vital en la conservación de los ecosistemas, la gestión de los recursos naturales y las prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología. Según el IPCC, “los enfoques agroecológicos transformadores del género y sensibles a la nutrición fortalecen las capacidades de adaptación y permiten sistemas alimentarios más resilientes al aumentar el liderazgo de las mujeres y su participación en la toma de decisiones y en el trabajo doméstico con igualdad de género [sic]”.
Las mujeres suelen ser guardianas del conocimiento y conservacionistas. En consecuencia, se ven especialmente afectadas por la pérdida de bosques y biodiversidad, así como la degradación de los ecosistemas en general. Sin embargo, las leyes, las restricciones culturales, el patriarcado, el capitalismo y las estructuras sociales, como la división sexual del trabajo y las leyes y normas consuetudinarias discriminatorias, suelen reducir la capacidad de las mujeres para apoyar el uso sostenible de los recursos de la tierra y poseer derechos de tenencia. De hecho, el Informe sobre la Tierra del IPCC ha reconocido la importancia de los derechos a la tierra de las mujeres y su participación en la gobernanza territorial. Además, el AR6 del GT II recomienda un enfoque sensible al género y transformador en la elaboración de políticas climáticas para reducir los riesgos y vulnerabilidades climáticas. Mientras tanto, el AR6 del GT III encuentra pruebas sólidas de que el empoderamiento de las mujeres beneficia la mitigación y la adaptación y afecta positivamente a la política climática. Son buenas señales. Pero, ¿por qué estas recomendaciones no logran imponerse?
Redireccionar el enfoque político hacia el origen de la crisis
Los enfoques basados en los derechos, sensibles al género y transformadores han recibido hasta ahora poca atención por parte de los responsables políticos. El IPCC aún no ha planteado vías que incorporen de forma más completa el fortalecimiento sociocultural e intersectorial de los derechos de tenencia, que sean transformadores del género y socialmente justos. El IPCC, en particular a través de su AR6 del GT II del AR6 sobre la adaptación, ha empezado finalmente a considerar los principios de la justicia distributiva, la justicia procesal y el reconocimiento, al concluir que la justicia climática comprende la justicia que vincula el desarrollo y los derechos humanos para lograr un enfoque basado en los derechos para abordar el cambio climático.
Pero su próximo informe de síntesis AR6 debería ser audaz y decisivo a la hora de presentar un marco para la mitigación climática que no esté basado en falsas soluciones y que articule claramente el papel fundamental de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las mujeres, así como sus derechos de tenencia y acceso a la tierra y los medios de vida. Sin esto, los responsables políticos están destinados a llevar al mundo por el camino equivocado.
El IPCC debería contribuir a la creación de un consenso político mundial, basado en la ciencia, para la rápida eliminación y desinversión de las industrias extractivas, detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad y hacer frente a los impulsores del cambio climático, como la agricultura industrial y el sector ganadero, poniendo fin a las compensaciones. Se necesita un marco global para soluciones climáticas reales que deben ser transformadoras de género y gobernadas por las comunidades, basadas en derechos y enfoques socialmente justos. La elaboración de políticas climáticas debe incluir medidas socioculturales e intersectoriales integrales que fortalezcan los derechos de tenencia y aborden la inequidad, la desigualdad, la vulnerabilidad climática, el riesgo y la resiliencia.
Por suerte las soluciones existen, las comunidades y movimientos se ponen de pie cada vez más para defender sus derechos, preservar los ecosistemas y los recursos naturales. Muchos grupos de base ya están aplicando verdaderas soluciones climáticas con perspectiva de género y transformadoras del género que hacen hincapié en la justicia medioambiental y los derechos humanos. Están luchando por garantizar los derechos colectivos a los bosques, la tierra y el agua para los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y las mujeres que toman la iniciativa de conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas.
Implementar este enfoque no es tan complicado como parece. Las soluciones no vendrán de las mismas prácticas corporativistas de siempre , que producen más desigualdad y especulación, lo que nos ha llevado a este punto de inflexión. La verdadera acción climática requiere justicia de género, justicia social, justicia económica y justicia climática. Podemos lograrlo si nos centramos en las soluciones reales que ya tenemos.
Posibilidades y riesgos de la Iniciativa de Restauración del Paisaje Forestal Africano (AFR100)
Las plantaciones comerciales de árboles son una de las principales causas de la degradación del suelo y no tienen cabida en los esfuerzos por restaurar los ecosistemas degradados
Por Philip Owen, GeaSphere, Sudáfrica
En toda África las plantaciones comerciales de árboles son uno de los motores de la degradación de la tierra y de sus devastadoras consecuencias ambientales y socioeconómicas. Por este motivo, comunidades y activistas se sienten alarmados por el hecho de que se promuevan las plantaciones de monocultivos de árboles en el marco del Programa de Restauración del Paisaje Forestal Africano (AFR100), una iniciativa de ámbito africano cuyo objetivo es restaurar 100 millones de hectáreas de tierras forestales degradadas para 2030.
Lanzado en 2015 en la Cumbre del Clima de París, AFR100 tiene como objetivo movilizar el apoyo de los gobiernos nacionales, los socios del sector público y privado, los programas internacionales de desarrollo y las comunidades locales para restaurar la productividad de las tierras deforestadas y degradadas para mejorar los medios de vida en todo el continente africano. Hasta la fecha, 32 países se han comprometido a aportar casi 130 millones de hectáreas al proyecto.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hasta el 65% de las tierras productivas de África están degradadas y la desertificación afecta al 45% de la superficie del continente. Aunque la tendencia general es a la baja, la pérdida neta de bosques sigue aumentando en África, donde cuatro millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año.
Eliminar el carbono de la atmósfera mediante la restauración de los bosques y otros ecosistemas es vital para hacer frente a la crisis climática e iniciativas como AFR100 pueden desempeñar un papel importante en este sentido. Muchos de los proyectos asociados a AFR100 y el impulso que ha creado han permitido contribuciones muy valiosas a la restauración del paisaje. Sin enbargo, la iniciativa no está exenta de controversias y cada vez es más preocupante que la captación del programa por parte de empresas esté conduciendo a una expansión sin precedentes de nuevas plantaciones comerciales de madera en todo el continente, la misma industria que impulsa la deforestación y la degradación del suelo que la iniciativa supuestamente debería abordar.
Las comunidades de toda África conocen de primera mano los efectos devastadores de los monocultivos de árboles. En la provincia sudafricana de Kwa-Zulu Natal, la activista social y ambiental Sibongile Mtungwa recuerda haber notado por primera vez el cambio de paisaje cuando era niña. Cuando acompañaba a su abuela a recoger leña, divisaba hileras de pinos perfectamente plantados en el lugar donde había estado el bosque natural. Las empresas habían talado los árboles autóctonos- cuenta- y los habían sustituido por plantaciones de monocultivo de madera.
Sibongile es la directora del Programa de Liderazgo y Formación de la Mujer en el sur de la provincia de Kwa-Zulu Natal. Trabaja sobre todo con mujeres jóvenes de entre 12 y 19 años en zonas rurales donde muchos residentes dependen de la agricultura a pequeña escala.
La región es principalmente una pradera rica en especias, con parches de bosque autóctono a lo largo de las zonas ribereñas en barrancos y cañadas. Pero lamenta “con el dolor de mi corazón y el dolor de mi comunidad” la degradación de la tierra provocada por la erosión del suelo de los últimos cuarenta años. Los impactos ambientales y socioeconómicos en las comunidades locales, especialmente en las mujeres, han sido devastadores. Muchos residentes han abandonado sus campos erosionados y degradados, lo que ha provocado inseguridad alimentaria. “Antes, cuando más gente cultivaba sus parcelas, había comida, aunque no hubiera dinero”, comenta.
Cuando Sibongile tenía 16 años, la superficie de las plantaciones se había incrementado. Había menos espacio para el pastoreo del ganado, que se limitaba a unos pastizales cada vez más reducidos y fragmentados. Esto provocó un pastoreo excesivo, lo que llevó a la erosión del suelo, aseguró. Estaba claro: la erosión del suelo se aceleró con la expansión de las plantaciones madereras. Las plantaciones madereras de Sudáfrica cubren 1,2 millones de hectáreas, casi el 40% de esas plantaciones se encuentran en KwaZulu-Natal y cubren más del 5% de la provincia.
Al igual que los impactos más amplios de los desastres naturales inducidos por el cambio climático, la degradación de la tierra y la expansión de las plantaciones comerciales de árboles afectan de manera desproporcionada a las comunidades pobres y vulnerables que viven en las zonas rurales. Las mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos son los más afectados, ya que son las mujeres las que tienen la responsabilidad principal de hacer frente a las necesidades básicas de la familia, como el suministro de agua.
En toda África, la quema de biomasa de madera sigue siendo el principal medio para cocinar y la recolección de leña es una tarea diaria esencial para muchos hogares. En la mayoría de los casos, esta carga recae sobre las mujeres, niñas y niños, para quienes resulta más larga, difícil y peligrosa si tienen que alejarse de la seguridad de sus hogares y de su comunidad cercana. Cuando el bosque autóctono fue destruido y los recursos dejaron de ser accesibles, Sibongile y su abuela tuvieron que caminar más -a veces hasta ocho kilómetros- para conseguir leña, sólo para recogerla de un bosque invasivo de arbustos de zarzo, que es muy inferior a la madera autóctona que antes se podía recoger en un bosque cercano, cuenta.
Ninguna de las maderas cultivadas comercialmente (eucalipto, pino y zarzo) es adecuada para cocinar, explica Sibongile; arden demasiado rápido, por lo que hay que quemar más y se produce más humo, con un mayor impacto en la contaminación del aire y la salud. Esto afecta de forma desproporcionada a las mujeres, que son las principales responsables de preparar la comida.
Las plantaciones comerciales de árboles se promocionaban como una forma de “desarrollo” que generaría oportunidades de empleo. Y de hecho, algunas personas fueron empleadas por la industria, dice Sibongile, pero no muchas. Una vez plantados, los árboles requieren relativamente poca atención hasta la cosecha y, por lo tanto, ofrecen menos oportunidades de empleo que en la agricultura tradicional, donde el cultivo y la cosecha son anuales. El trabajo también es peligroso. Son frecuentes los accidentes mortales, así como las consecuencias para la salud a largo plazo debido a la exposición a herbicidas químicos que contienen glifosato, afirma.
Las repercusiones ambientales, sociales, sanitarias y económicas adversas de las plantaciones comerciales de árboles en la comunidad local de la provincia de Kwa-Zulu Natal son evidentes. Existe una necesidad urgente y reconocida de proteger los recursos naturales de una mayor degradación, y de restaurar la integridad ecológica de los ecosistemas en todo el continente para mitigar los impactos del cambio climático y aliviar el sufrimiento social, económico y medioambiental de las comunidades marginadas de toda África. Pero considerar las plantaciones de árboles como una de las soluciones es más que temerario.
Sin embargo, se están estableciendo plantaciones de monocultivos de alto impacto bajo la apariencia de “forestación” o “reforestación”, incluso en el marco de la iniciativa AFR100. Estas plantaciones suelen ser de especies madereras exóticas (como el pino y el eucalipto) con el objetivo principal de extraer la máxima cantidad de biomasa. Los nuevos conocimientos científicos demuestran que las plantaciones madereras provocan en realidad emisiones de carbono debido a las alteraciones de los suelos. Solo cuando el sistema forestal se estabiliza puede secuestrar el carbono y entonces es el “ecosistema vivo”, y no los árboles por sí solos, el responsable del secuestro de carbono. Cuanto más biodiverso sea el ecosistema natural, mejor será el secuestro de carbono. Los pastizales también son importantes sumideros de carbono.
Los pastizales naturales también tienen una función de retención de agua, ya que reservan el agua de la lluvia y la liberan lentamente en el acuífero subterráneo. La destrucción de los pastizales mediante el establecimiento de plantaciones madereras, compromete este proceso natural.
En una entrevista, Mamadou Diakhite, jefe en funciones de la División de Sostenibilidad Ambiental de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana, expresó su preocupación por la expansión de las plantaciones de monocultivos con el pretexto de la restauración. Según Mamadou, la NEPAD “está totalmente en desacuerdo con la plantación de monocultivos de árboles no apropiados para un lugar determinado”. Sin embargo, a pesar de su objeción ideológica, reconoció que las plantaciones industriales formaban parte de los programas de AFR100; lamentó que, con solo 10 empleados, la secretaría es pequeña “y el continente es enorme”.
Según el informe AFR100 de la Coalición Mundial por los Bosques ¿Impulsando la expansión de las plantaciones comerciales en África?, “[la mitad] de los 30 países participantes tienen en la actualidad objetivos relacionados con las plantaciones comerciales que entran dentro de sus compromisos de AFR100 o coinciden con estos. En conjunto, suponen más de 4,5 millones de hectáreas de expansión de las plantaciones comerciales de árboles y 770.000 hectáreas de gestión mejorada de las plantaciones. Esto equivale a un aumento del 91% de la superficie que actualmente ocupan las plantaciones comerciales en África”.
Esta expansión de las plantaciones comerciales de madera tendrá un impacto devastador sobre la integridad ecológica, la diversidad indígena y los servicios de los ecosistemas, comprometiendo la seguridad hídrica y alimentaria de muchas comunidades rurales. No deja de ser irónico que la gran cantidad de “plantas invasoras” responsables de la erosión del suelo sean un resultado directo de las plantaciones de madera a gran escala en el marco de las iniciativas de “forestación”. Las semillas de pinos, eucaliptos y zarzas se dispersan en el entorno natural adyacente por medio del viento, el agua y la maquinaria, a menudo en las zonas más difíciles de controlar, como barrancos escarpados, arroyos y ríos vulnerables. Esta propagación incontrolada de especies arbóreas exóticas repercute negativamente en los escasos y valiosos recursos hídricos y disminuye la biodiversidad de la zona al competir con las plantas autóctonas.
La propia Sudáfrica se ha comprometido a destinar 3,6 millones de hectáreas a AFR100. Las prioridades publicadas en el marco de la iniciativa incluyen el aumento de la retención de agua y la estabilidad del paisaje mediante el control de la erosión y la lucha contra la desertificación, pero aún no está claro qué métodos se emplearán para lograrlo. Los densos rodales de plantas invasoras están secando arroyos y ríos en Sudáfrica y el AFR100 podría ayudar a los programas gubernamentales de obras públicas, como Working for Water (WfW), en este monumental y muy necesario esfuerzo. Sudáfrica también dice que utilizará los programas del AFR100 para combatir la invasión de arbustos, un fenómeno en el que las especies pioneras autóctonas invaden y transforman los pastizales primarios, disminuyendo la biodiversidad natural y perjudicando la capacidad de producción de la tierra.
No está claro si Sudáfrica tiene previsto utilizar la financiación del AFR100 para establecer más plantaciones comerciales de árboles, ya que existe muy poca información accesible al público sobre la iniciativa. Sin embargo, en la hoja de ruta forestal 2030 de Sudáfrica, que coincide con la fase de implementación de AFR100, existe un objetivo de 100.000 hectáreas para las plantaciones comerciales de árboles.
El único medio disponible públicamente para supervisar la aplicación de AFR100 es el Barómetro del Desafío de Bonn. Después de dos años del Desafío de Bonn y de la fase de implementación de AFR100 (2020-2030), sólo un puñado de países ha informado de algún progreso y Sudáfrica no es uno de ellos. Esta falta de transparencia y responsabilidad dificulta enormemente el seguimiento de su aplicación.
Al tratarse de una iniciativa de múltiples partes interesadas que hace hincapié en las asociaciones público-privadas y en el aprovechamiento de las inversiones del sector privado, AFR100 es intrínsecamente susceptible de ser capturada por las empresas, que tratarán de impulsar las plantaciones comerciales de árboles y otras soluciones rentables, pero falsas a la crisis climática. Esto hace que la necesidad de transparencia y responsabilidad sea fundamental, no solo para los gobiernos que las implementan, sino también para las empresas y gobiernos del Norte Global que las financian y apoyan.
Entre los socios técnicos de AFR100 se encuentran consultorías y empresas climáticas con sede en Europa, como Unique, una “empresa de gestión y consultoría forestal” con sede en Alemania, que promueve y está vinculada a la creación de plantaciones comerciales en varios países africanos, como Madagascar, Kenia y Mozambique. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania también es socio fundador de AFR100 y presta apoyo a la estructura de la iniciativa y a los países seleccionados de AFR100, a través de la GIZ, para la cooperación técnica, y del KfW para la cooperación financiera.
Los gobiernos y los socios técnicos y financieros de AFR100 deben garantizar que la financiación y el apoyo de la iniciativa se destinen a esfuerzos realmente eficaces que reviertan la degradación de la tierra y la deforestación, al tiempo que beneficien a las comunidades rurales y aborden los agravios históricos y las desigualdades estructurales de las comunidades marginadas, incluidas las mujeres.
El impacto de las plantaciones comerciales de árboles en el entorno natural agota los recursos hídricos y afecta negativamente los recursos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, lo que repercute directamente en las comunidades que viven en estas zonas rurales. Como el Grupo de Trabajo Africano sobre la Biomasa dice tan honestamente, “¡Las plantaciones de árboles de monocultivo no son bosques!”
Abordar la degradación de la tierra en África es fundamental en la batalla global contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La clave de la sostenibilidad es la diversidad. Los paisajes ecológicamente diversos deben cultivarse a todos los niveles para mejorar los servicios ecológicos, como la retención natural de agua y la prevención de la erosión del suelo. El monocultivo de madera no es una solución, sino una causa de la degradación de la tierra y no debe permitirse en el marco del AFR100.
Trees for Global Benefit Uganda: un estudio de caso sobre los fracasos de la compensación de carbono
Las empresas que compran créditos de carbono como compensación son culpables de lavado verde y ocasionan impactos adversos en las comunidades locales
Por: D.K. y Marvin Kamukama
Desde 2003, miles de agricultores de Uganda han plantado más de dos millones de árboles en el marco de Trees for Global Benefit [Árboles para el Beneficio Mundial] (TGB), un programa de compensación de carbono cuyos diseñadores afirman que es un modelo de mitigación del clima, desarrollo social y económico. Sin embargo, investigaciones muestran que el proyecto, dirigido por el Fondo de Conservación Ambiental de Uganda (ECOTRUST) y facilitado por Plan Vivo, es uno de los crecientes ejercicios de lavado verde a nivel mundial que no solo no reducen la cantidad de carbono que se libera a la atmósfera, sino que también causan impactos ambientales, sociales y económicos adversos a las comunidades locales involucradas.
En julio de 2022, una organización miembro de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC) visitó las comunidades implicadas en el proyecto en los distritos de Hoima y Kukuube, en el oeste de Uganda. Las y los participantes expresaron su preocupación por la seguridad alimentaria, las dificultades económicas y otros impactos negativos, especialmente en las mujeres y otros grupos marginados. La investigación documental también identificó a empresas, principalmente de Suecia y otros países escandinavos y europeos, que compran créditos de carbono a través del programa TGB, lo que contribuye directamente a los impactos negativos en las comunidades locales.
Trees for Global Benefit – ¿Innovación positiva o colonialismo climático y de carbono?
TGB se describe a sí misma como una “innovadora iniciativa de restauración del paisaje forestal que integra los resultados de la conservación de la biodiversidad con los de la adaptación y mitigación del cambio climático, en el contexto de la reforestación del paisaje vinculada a la mejora de los medios de vida y los paisajes sostenibles”.
Desde 2003, ECOTRUST asegura que ha firmado contratos con más de 15.000 hogares de agricultores en 14 distritos de Uganda, donde se han plantado aproximadamente 2,3 millones de árboles. Según el último informe del proyecto, estos árboles han secuestrado más de dos millones de toneladas de CO2, que se han vendido como créditos en el mercado voluntario de carbono a empresas nacionales e internacionales y a particulares en los últimos 18 años.
Sin embargo, podemos concluir con seguridad a partir de los hallazgos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en sus informes AR6 que no hay más espacio para las compensaciones. Cuanto más utilicemos las compensaciones, más estaremos retrasando el objetivo inmediato de reducción de emisiones para 2030 y avanzando hacia un punto en el que el aumento de la temperatura se alejará de 1,5. Las compensaciones son un obstáculo para las soluciones climáticas reales.
El proyecto TGB se inició en el distrito de Bushenyi, en el suroeste de Uganda, y desde entonces se ha ampliado, operando en cuatro lugares principales: el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, al norte del Rift Albertino, que incluye los distritos de Hoima y Kukuube; el Parque Nacional Reina Isabel, en las zonas escarpadas del valle del Rift Albertino; y los distritos vecinos al Parque Nacional del Monte Elgon y las montañas de Rwenzori, limítrofes con el Congo, patrimonio de la UNESCO. Según la norma del Plan Vivo, no es necesario realizar nuevas evaluaciones o registros para la ampliación del proyecto a nuevos distritos.
En esencia, ECOTRUST firma contratos con pequeños agricultores para que planten y cultiven determinadas especies de árboles en sus tierras durante 15 o 25 años a cambio de pagos por el “carbono” que se secuestra en los árboles. ECOTRUST actúa como intermediario de la “cooperativa” de agricultores, agregando y vendiendo después los créditos de carbono al mercado internacional.
La Fundación Plan Vivo afirma que el proyecto “funciona como una solución basada en el mercado que reduce la explotación insostenible de los recursos forestales y el deterioro de la calidad del ecosistema, al tiempo que diversifica y aumenta los ingresos de los agricultores rurales y sus familias”. Afirma que proporciona beneficios económicos mediante pagos directos a los agricultores por la plantación de árboles y contribuye a la “estabilidad de los ingresos, la seguridad alimentaria y la seguridad del combustible” a nivel comunitario. También menciona que la plantación de árboles se convierte en silvicultura sostenible o agroforestería.
Pero, ¿estas afirmaciones resisten el escrutinio? ¿Cuáles son las experiencias de los agricultores y terratenientes locales que han firmado contratos con ECOTRUST? ¿Entienden los procesos involucrados y los conceptos que están asumiendo sobre la carga de secuestrar el CO2 que están liberando a la atmósfera las empresas, principalmente en el Norte Global? ¿Ha ayudado el proyecto a disminuir la deforestación en las áreas donde se está implementando? ¿Ha ayudado a las comunidades locales a acceder a la riqueza, el empleo y la seguridad alimentaria? ¿O ha llevado a una mayor inequidad y ha sembrado divisiones y conflictos dentro de las comunidades? ¿Cuál ha sido el impacto específico sobre las mujeres y otros grupos marginados?
Más allá del hecho de que la compensación de carbono no es la respuesta al cambio climático, estas y otras preguntas importantes sobre la justicia, la equidad y los impactos económicos, sociales y de salud locales de estos proyectos requieren un escrutinio. Las discusiones con miembros de la comunidad en Hoima y Kukuube revelaron problemas significativos con el proyecto que sugieren que no logró sus objetivos y está causando más daño que beneficio y, por lo tanto, debería reconsiderarse.
Voces desde el terreno: “¡No se puede comer dinero!”
En julio de 2022, una organización miembro de la GFC viajó a los distritos de Hoima y Kukkube en el oeste de Uganda, donde habló con más de 100 miembros de la comunidad, tanto participantes como no participantes del proyecto TGB, entre las cuales destacan 60 mujeres. La investigación se llevó a cabo en las comunidades de Kigaaga A, parroquia de Kigaaga, subcondado de Kabale en el distrito de Hoima, y en las comunidades de la aldea de Kyakayemba, parroquia de Kidoma y subcondado de Kiziranfumbi en el distrito de Kikuube. Las entrevistas se llevaron a cabo en entornos uno a uno, incluidas visitas a las plantaciones del TGB y consultas grupales con miembros de la comunidad.
El mensaje claro de todas las comunidades fue que el proyecto no estaba entregando los beneficios prometidos y los participantes estaban cada vez más amargados y desesperados. Todos los encuestados dijeron que se sentían atrapados por los largos contratos que habían firmado y que no estaban recibiendo el dinero y la seguridad que esperaban. Al no poder ya cultivar alimentos en tierras agrícolas, ahora asignadas al cultivo de árboles para “capturar” carbono y compensar el CO2 que las empresas multinacionales liberan a la atmósfera, aseguraron a la GFC que actualmente enfrentan dificultades económicas e inseguridad alimentaria.
Dado que las mujeres de la región a menudo carecen del mismo acceso a la propiedad de la tierra y al empleo alternativo que los hombres, han sido las más afectadas por estos impactos adversos. En términos de justicia económica, las mujeres tienen menos oportunidades de independizarse financieramente ya que son culturalmente responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Las mujeres también recolectan madera y agua y cultivan alimentos, lo que las convierte en actores cruciales en la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta división sexual desigual del trabajo tiene impactos negativos en las oportunidades de las mujeres en la región, incluyendo menos tiempo para desarrollar otros trabajos remunerados y altos niveles de agotamiento y demanda física.
El acceso al poder y al control de los recursos también es limitado para las mujeres. Cuando diferentes empresas llegaron a la región para construir el aeropuerto internacional de Hoima y explotar petróleo y gas a través de proyectos extractivos masivos, obligaron a la gente de la comunidad a abandonar sus tierras. Más allá de las importantes repercusiones en sus medios de vida y en sus prácticas consuetudinarias, este acaparamiento de tierras se tradujo en una indemnización inadecuada para muchas mujeres, ya que el dinero de la compensación terminaba en las cuentas bancarias de los hombres, quienes son los verdaderos propietarios de las tierras. No hay evidencia de ningún plan de acción de género para compensar a las mujeres, responsables de la continuación de la vida y la preservación de la seguridad alimentaria, después de esta intervención. Ni una sola mujer en las comunidades visitadas está a cargo de ninguno de los proyectos de créditos de carbono. La mayor parte de la coordinación, la firma de contratos y la toma de decisiones está controlada por los hombres, lo que socava la capacidad de las mujeres para elegir y decidir sobre los usos particulares de los recursos.
El proyecto TGB se gestiona como una cooperativa, en la que ECOTRUST compra créditos de carbono a los pequeños agricultores y luego los vende en el mercado. Según un contrato visto por la GFC, ECOTRUST realiza pagos basados en el rendimiento a los propietarios de las tierras o “productores” a lo largo de 10 años en función de los términos del acuerdo. Estos pagos se realizan en los años 1, 3, 5, 7 y 10, pero solamente si los agricultores cumplen los objetivos de rendimiento establecidos en los contratos. Durante los tres primeros años, la atención se centra en la supervivencia de los árboles; después, se pasa a parámetros de los árboles como la altura del tronco, la anchura de la copa y la altura total, supuestamente una forma de medir la cantidad de carbono secuestrado.
Según el último informe anual de ECOTRUSTS sobre el proyecto TGB, en Hoima sólo el 51% de los agricultores (146 de 287 supervisados) cumplieron su objetivo, lo que significa que el resto no recibió los pagos previstos. En Kikuube, el porcentaje de éxito fue ligeramente superior, del 63% (170 de 267 supervisados). Según ECOTRUST, “el bajo rendimiento de los agricultores [sic] en Hoima y Kikuube fue consecuencia de la sequía, que hizo que los agricultores [sic] no plantaran ni cumplieran sus objetivos”. Independientemente de la causa, el proyecto parece indiferente a las luchas y el sufrimiento de los pequeños agricultores, que no han visto los beneficios que les prometió ECOTRUST cuando los convenció para que se suscribieran al proyecto.
Los cuadros 1 y 2 siguientes muestran los índices de rendimiento de los agricultores de cada uno de los distritos, desglosados según el año del proyecto en que se encuentran sus plantaciones, tal como se publica en el informe anual del TGB.
Dificultades económicas e inseguridad alimentaria
Muchos de los participantes con los que conversó la GFC dijeron que sufrían dificultades económicas e inseguridad alimentaria. Afirmaron que el dinero recibido de los contratos del TGB era insuficiente para sustentar a sus familias y que habían convertido la tierra que antes se utilizaba para cultivos alimentarios en árboles. Como dijo un representante de una ONG local a la GFC: “No se puede comer dinero”.
Los problemas subyacentes descubiertos a través de esta investigación sugieren que ECOTRUST no informó a los participantes de los aspectos técnicos del proyecto, incluidos los calendarios y detalles de los pagos e incluso lo que ECOTRUST les pagaba específicamente. Una de las quejas más comunes fue que los pagos iniciales al firmar el contrato con ECOTRUST no cubrían suficientemente el coste del establecimiento de los árboles.
Casi todos los participantes dijeron que no habían recibido los pagos previstos. ECOTRUST solo puede efectuar los pagos en función de los resultados después de una visita de seguimiento formal para asegurarse de que los agricultores han cumplido los objetivos acordados por contrato, algo que muchos no lograron. También se plantearon cuestiones relativas a los retrasos en las visitas de seguimiento de ECOTRUST para evaluar si se habían cumplido los objetivos y aprobar los pagos en función de los resultados, posiblemente debido a la rápida expansión del proyecto a nuevas zonas. Los participantes también afirmaron que ECOTRUST suele realizar los pagos a través de su aplicación de dinero móvil y, por lo general, al miembro masculino del hogar. La GFC conoció situaciones en las que los maridos no informaban a sus esposas, hijas e hijos sobre estos pagos, lo que provocaba un aumento de las tensiones y, en algunos casos, violencia basada en género.
Estas experiencias ponen de manifiesto un fallo central del proyecto TGB (más allá del hecho de que la compensación climática no funciona): su falta de reconocimiento de la naturaleza dinámica de las economías rurales y de que las preferencias de uso de la tierra cambiarán a lo largo de la duración del contrato. El principal problema de las comunidades implicadas en el TBG que hablaron con la GFC es la seguridad alimentaria o la falta de esta. Casi todos los participantes con los que habló la GFC en los distritos de Hoima y Kukuube dijeron que se enfrentaban a problemas de seguridad alimentaria.
Antes de incorporarse al proyecto TGB, los agricultores tenían el control de sus cultivos. Podían decidir qué árboles y cultivos alimentarios sembrar y cuándo y cómo rotarlos. Bajo los contratos con ECOTRUST, están atados durante al menos 15 años. El dinero que reciben de esta empresa es insuficiente para comprar alimentos y, a medida que los árboles crecen, no pueden cultivar otros rubros en el intervalo. Esto no solo afecta a los agricultores que participan directamente en el proyecto, sino también el acceso a los alimentos en la comunidad en general.
Además, el proyecto exige una cierta cantidad de tierra propia; excluye a los miembros más pobres de la comunidad o incentiva la compra de tierras adicionales (potencialmente a través de préstamos) o la reconversión de las tierras de cultivo para que los agricultores más humildes puedan participar.
Los beneficios relativos de los distintos usos de la tierra dependen por completo de las circunstancias específicas del agricultor, que pueden cambiar con el tiempo. Así, los agricultores desconocen las consecuencias contractuales del cambio de uso de la tierra, por lo que ellos y sus hijas e hijos quedan vinculados a largos contratos, lo que limita considerablemente su capacidad de maniobra en el futuro. La investigación de campo puso de manifiesto que algunos agricultores de la aldea de Kigaaga, en el distrito de Hoima, han convertido toda la tierra disponible, incluso en los recintos de sus casas, para cultivar árboles con la esperanza de ganar más dinero. Este es un modelo insostenible y conduce a una mayor inseguridad alimentaria entre los que participan en el proyecto. Sencillamente, no se puede alcanzar la soberanía alimentaria convirtiendo las principales tierras de cultivo de alimentos en plantaciones de árboles.
Transparencia y Comunicación
A través de las conversaciones mantenidas con los participantes de TGB, queda claro que muchos carecen de información detallada sobre el proyecto y sienten que no pueden relacionarse con ECOTRUST para solicitar información o plantear quejas o reclamos. Un fallo fundamental en este sentido es el nivel de información y detalle del contrato firmado por ECOTRUST y los agricultores o “productores”. Por ejemplo, el acuerdo firmado por los agricultores no proporciona información esencial, como qué ocurriría si los productores o los compradores incumplieran su acuerdo y qué pasaría si los árboles se perdieran por actos malintencionados o desastres naturales. Además, los agricultores se sentían frustrados porque el contrato sólo estaba disponible en inglés. También era evidente que algunos agricultores no parecían tener una copia del acuerdo y a menudo no tenían claro cuánto se les pagaría y cuándo. La falta de acceso al asesoramiento y a la información de fuentes ajenas al proyecto aumentó el riesgo de que las personas potencialmente vulnerables pudieran tomar decisiones que no les convenía en ese momento o reducir su capacidad de adaptar el uso de sus tierras a las circunstancias cambiantes en el futuro.
La última auditoría del proyecto confirma los hallazgos relativos a la falta de comprensión de los agricultores sobre lo que han firmado, declarando: “Las entrevistas con los productores/agricultores durante las visitas al terreno indicaron que la mayoría tenía una copia real de su contrato, pero muchos no tenían claros los detalles reales del mismo”.
La compensación de carbono no funciona: es hora de acabar con la práctica del lavado verde
Como el TGB es principalmente un proyecto de compensación de carbono, es intrínsecamente defectuoso. Está motivado y dictado por el mercado mundial del carbono. Apoya las iniciativas de relaciones públicas de las empresas que son contrarias a las soluciones reales de mitigación del clima y a los intereses de los pequeños agricultores a los que se ha convencido para que participen.
Las decisiones importantes sobre el diseño y la ejecución del proyecto se toman a niveles inaccesibles para los agricultores que lo ejecutan sobre el terreno y muchas veces en contra de sus intereses. Las presiones del capital mundial hacen que ECOTRUST esté obligado y sea responsable ante los mercados internacionales de carbono, en este caso, la normativa del Plan Vivo. Esto incluye requisitos sobre las especies de árboles específicas que deben cultivarse, aunque no sean las más viables o rentables económicamente a largo plazo. Estas cuestiones han sido bien analizadas y planteadas en numerosos estudios, como un estudio de 2017 de Carton y Andersson, y un documento de 2017 de Fisher et al.
En pocas palabras, la compensación de carbono no funciona. La compensación significa que las emisiones se siguen generando, no se reducen ni se evitan y se compensan en otro lugar, lo que permite a las empresas continuar con sus prácticas insostenibles. Los proyectos basados en enfoques de mercado, incluidas las compensaciones de carbono, suelen ser concebidos y diseñados en el Norte global y aplicados en el Sur global. Por tanto, son una forma de neocolonialismo climático y del carbono y de comercialización de la naturaleza.
Hoy en día los proyectos de compensación de carbono en tierra se basan típicamente en planes de plantación de árboles, como es el caso del proyecto TGB en Uganda, lo que añade el problema de la perdurabilidad: el dióxido de carbono almacenado en los árboles volverá a liberarse a la atmósfera tarde o temprano, incluso a través de los incendios y las plagas, que ahora son más frecuentes y extremos debido al cambio climático.
Según las disposiciones del Plan Vivo, el 60 % de las ventas de créditos de carbono deben ir a parar a los agricultores. La última auditoría del proyecto TGB plantea dudas sobre la información facilitada y sobre si ECOTRUST está cumpliendo este objetivo mínimo. Según la auditoría, “se proporcionó información incompleta a los verificadores para confirmar este requisito. No estaba claro en los archivos proporcionados si, por ejemplo, los pagos a las SACCO (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito) incluían números de radicación, los archivos estaban vinculados a archivos externos sin datos de apoyo y los archivos no cubrían todo el periodo de verificación”.
Los costes operativos publicados del último informe anual de ECOTRUST muestran que casi 480.000 dólares de las ventas de carbono de los árboles plantados por los agricultores ugandeses en 2020 se destinaron a los costes de funcionamiento del proyecto en lugar de a los agricultores que cultivan los árboles que producen los créditos de carbono; esto incluía más de 280.000 dólares de créditos de carbono cultivados por los agricultores ugandeses que se destinaron a ‘tiempo del personal’. Esto se compara con los 682.889 dólares distribuidos a miles de agricultores en 2020.
Durante el último periodo de información anual publicado (2020), el proyecto dice haber vendido 285.694 tCO2 a varios compradores. La mayoría de estas compras se realizaron a través de Zero Mission y My Climate (véase el cuadro 3). La mayoría de las empresas que compran créditos de carbono a través de Zero Mission tienen su sede en Suecia o en otros lugares de Escandinavia y Europa, incluidas empresas de Francia y Alemania. Entre las principales empresas que han comprado créditos de carbono a través del TGB en los últimos dos años se encuentran cadenas de comida rápida y de venta al por menor, empresas lácteas y de procesamiento de alimentos, así como empresas de entretenimiento, moda, inmobiliarias, de aviación y de automóviles. Curiosamente, entre los compradores también figuran consultores de desarrollo sostenible y soluciones climáticas. La lista completa está disponible en el sitio web de Mer Markit a través de este enlace.
Estas empresas son culpables de hacer un lavado verde y de exportar sus responsabilidades climáticas a las comunidades africanas pobres de Uganda. Las empresas deberían, en cambio, abordar sus propias prácticas para garantizar una reducción de las emisiones de carbono, al tiempo que apoyan auténticos programas de desarrollo social, medioambiental y económico en las comunidades más pobres, especialmente en las que se llevan la peor parte del cambio climático.
Trees for Global Benefit no consigue lo que pretende. Más bien habría que etiquetarlo como Trees for Climate Greenwashing. Toda la información está ahí. La captura corporativa y capitalista de la mitigación del cambio climático es un riesgo para el planeta y debe ser detenida. Hay que acabar con el lavado verde de los programas de compensación de carbono y apoyar soluciones reales, justas desde el punto de vista del género, dirigidas y administradas por la comunidad. Esto no sólo contribuirá a la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también a la justicia social, de género y climática y a la equidad entre las comunidades más pobres del mundo.
La industrialización de la producción de bioenergía de origen forestal en Nepal y su impacto en las mujeres y otros pueblos dependientes de los bosques
Por: Bhola Bhattarai, NAFAN, Nepal
Introducción
La quema a gran escala de biomasa forestal para obtener energía, principalmente mediante el uso de pellets de madera, ha proliferado en los últimos 15 años. Este crecimiento se ha visto alimentado en gran medida por la falsa afirmación de que la quema de biomasa forestal es neutra en carbono, un enfoque erróneo explotado en la contabilidad climática que ayuda a la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otras naciones industrializadas a “cumplir” los objetivos de reducción de emisiones en virtud del Acuerdo de París.
La bioenergía es una forma de la llamada energía renovable, generada a partir de la conversión de la biomasa en calor, electricidad, biogás y combustibles líquidos. La biomasa es materia orgánica procedente de la silvicultura, la agricultura o los flujos de residuos.
Según el Informe del Suministro de Bioenergía de Europa 2021, desde el año 2000, el uso global de la bioenergía se ha triplicado, pasando de 41 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2000, a 117 Mtep en 2020, y más del 70% proviene de la biomasa forestal, en gran parte en forma de pellets de madera. En 2018, la demanda mundial de pellets de madera industriales superó los 52 millones de toneladas, siendo la Unión Europea y el Reino Unido, con amplia ventaja, los mayores consumidores de pellets del mundo, con un consumo anual de 27 millones de toneladas. El mercado de los pellets de madera en Asia también sigue creciendo, liderado en gran medida por Corea del Sur y Japón, y se está convirtiendo en el motor del mercado mundial de pellets junto con Europa. Entre 2012 y 2019, el sector experimentó una tasa de crecimiento anual del 11,6%, con la mayor tasa de crecimiento en Asia, con un 49%, seguida de Oceanía, con un 30%, según la Asociación Mundial de Bioenergía. Sin una intervención política urgente, se prevé que esta demanda siga creciendo en los próximos años, ya que los países siguen ampliando el uso de la bioenergía para satisfacer la creciente demanda de energía.
La quema de biomasa forestal no sólo no es neutra en cuanto a emisiones de carbono, sino que además perjudica activamente al clima, ya que emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como las emisiones de la cadena de suministro y de la industria maderera. También perjudica directamente a los bosques, amenazando la biodiversidad y la resistencia al clima. Además, perjudica a las personas y amenaza los derechos, intereses, vidas, medios de subsistencia y valores culturales de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres. Recientemente, Nepal ha tratado de capitalizar el crecimiento del mercado mundial de la biomasa forestal y hacer uso de las políticas gubernamentales, en gran medida en el marco de la Estrategia de Energía de la Biomasa 2017, apoyando la expansión de la producción industrial de biomasa. Este informe analiza el desarrollo de la industria de la biomasa forestal en Nepal y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales, específicamente en las mujeres y las comunidades dependientes de los bosques en el distrito de Sarlahi, al sur de Nepal.
Las políticas gubernamentales en materia de bioenergía y el crecimiento de la producción industrial de biomasa en Nepal
La energía tradicional de la biomasa, que incluye la leña, el estiércol del ganado y los residuos agrícolas, sigue siendo la principal fuente de energía en las comunidades rurales nepalesas y proporciona el 77% de las necesidades energéticas del país.
Desde el punto de vista de la industria de la bioenergía, con el 45 % del país cubierto por bosques, Nepal es “rico” en biomasa forestal. Según las cifras del gobierno, el total de la biomasa aérea de los árboles de los bosques de Nepal equivale a 1.159,65 millones de toneladas, una media de 194,51 toneladas por hectárea. Según los cálculos del gobierno, hay unos 2,76 millones de toneladas de biomasa en forma de pellets potencialmente disponibles a partir de la biomasa forestal.
A lo largo de la última década, Nepal se ha centrado cada vez más en la industrialización de su producción de bioenergía. A través de su Estrategia de Energía de la Biomasa 2017, Nepal ha identificado la bioenergía forestal, junto con la energía hidroeléctrica, eólica y solar, como un elemento clave para trazar el desarrollo energético sostenible del país y la transición a “soluciones de energía limpia”. En el marco de esta estrategia, el gobierno está promoviendo el desarrollo de la producción industrial de biomasa forestal. La estrategia pretende proporcionar asistencia técnica y financiera para la investigación y el desarrollo de tecnologías e industrias de energía de biomasa modernas, eficientes y asequibles. Este plan contradice la ciencia y la creciente conciencia de que la industrialización de la bioeconomía es perjudicial para el clima, la naturaleza y la biodiversidad, perjudicial para los derechos humanos e incompatible con una transición justa de la economía de los combustibles fósiles.
Según la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de Nepal, presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 8 de diciembre de 2020, el país aspira a ser neto cero para 2050, con la transición a las energías “limpias” como elemento central para lograr ese objetivo. Para cumplirlo, ampliará la generación de energía limpia de aproximadamente 1.400 MW a 15.000 MW para 2030 en forma de energía mini y microhidráulica, solar, eólica y bioenergía. Paralelamente, se ha comprometido a mantener el 45% de la superficie total del país bajo cubierta forestal (incluyendo otras tierras boscosas limitadas a menos del 4%) para 2030, así como a gestionar de forma sostenible el 50% de los bosques del Tarai y del Tarai interior y el 25 % de los bosques de las colinas medias y de las montañas.
La estrategia del gobierno afirma falsamente que se puede lograr un cambio hacia la producción de energía de biomasa industrial a partir de residuos agrícolas, biomasa y residuos forestales, así como de residuos orgánicos, además, apoya la conservación del medio ambiente mediante la producción sostenible de energía de biomasa.
La promoción de fuentes de energía alternativas, incluida la bioenergía, también está presente en el Decimoquinto Plan Periódico del Gobierno de Nepal 2019-24. El Gobierno nepalí tiene igualmente previsto movilizar recursos del Fondo Verde para el Clima y otros recursos nacionales e internacionales para el medio ambiente y el cambio climático con el fin de promover las energías alternativas, incluida la producción de pellets de madera.
En el marco de estas iniciativas han proliferado las empresas privadas que se benefician de la financiación internacional para el clima y de la financiación y los préstamos favorables de los bancos comerciales locales, incluido el NMB Bank. En una entrevista reciente, Sushil Gyawali, presidente de la Asociación de Empresarios de la Biomasa de Nepal (BEAN, por sus siglas en inglés), dijo que las empresas que producen biomasa, briquetas de carbón vegetal y pellets de madera están “obteniendo totalmente sus materias primas de los residuos forestales y la cantidad de biomasa fresca que se convertirá para preparar carbón vegetal será de unas 15.000 toneladas métricas al año”. Sin embargo, el abastecimiento de biomasa fresca de los bosques de Nepal para la producción de pellets de madera es el doble, unas 30.000 toneladas métricas al año, dijo. Al ritmo actual, esto equivale a solo el 1-2% del total de la biomasa disponible, y añadió que es probable que esta tasa aumente rápidamente, especialmente para alimentar a las empresas de las zonas más remotas del país, ya que Nepal pretende aumentar el desarrollo en los próximos 20 años.
Como han destacado Biofuelwatch y otras ONG, entre ellas la Coalición Mundial por los Bosques (GFC), serán necesarias enormes extensiones de tierra y grandes cantidades de madera para suministrar una pequeña fracción de la energía que utilizamos, lo que supone una amenaza directa para los bosques, las comunidades locales y los objetivos de mitigación del cambio climático. Los argumentos de que las emisiones de la biomasa deben considerarse nulas en el punto de combustión porque el carbono ha sido absorbido durante el crecimiento de los árboles no son creíbles. La combustión de la biomasa libera inmediatamente CO2 a la atmósfera y puede tomar años para que esa misma cantidad de CO2 quede bloqueada en la biomasa por una planta. La biomasa también emite más gases de efecto invernadero por unidad de energía que la mayoría de los combustibles fósiles.
Un nuevo informe de Estados Unidos —el principal exportador de pellets de madera del mundo— muestra cómo la industria mundial de los pellets está devastando los bosques estadounidenses. Un informe reciente de la BBC también expuso cómo una empresa industrial de pellets de madera del Reino Unido era directamente responsable de la tala de bosques primarios en Canadá. Esto debería servir de alarma para que países como Nepal no sigan sus pasos y se centren en las energías verdaderamente renovables.
Producción industrial de biomasa de pellets de madera en el distrito de Sarlahi, al sur de Nepal
Fundada en 2016, Bakas Renewable Energy Ltd. es la primera empresa que produce bioenergía a partir de biomasa forestal a escala industrial en Nepal. En 2021, comenzó a abastecerse y producir pellets de madera a partir de biomasa forestal en el Proyecto de Desarrollo Forestal Sagarnath, de propiedad estatal, en el distrito de Sarlahi, en el sur de Nepal, con una capacidad de producción prevista de 20.000 toneladas de pellets de madera al año.
En virtud de un acuerdo de 20 años con la Junta de Desarrollo de Productos Forestales del Estado, Bakas, en asociación con Arbonaut Ltd, de Finlandia, está recogiendo materia prima del sotobosque del Proyecto de Desarrollo Forestal Sagarnath, de 13.000 hectáreas, propiedad del gobierno (comunicación personal con un representante de Bakas, 7 de agosto de 2022). Según los términos del acuerdo, Bakas puede recoger 30.000 toneladas métricas de biomasa forestal al año —equivalente al 50% de la biomasa existente en el suelo del bosque— de 27 tipos de especies, incluyendo hierba, arbustos y especies invasoras. Sin embargo, la cantidad de biomasa que se extrae todavía no se controla y los funcionarios forestales locales, así como los miembros de la comunidad dijeron a la GFC que la empresa estaba extrayendo más biomasa del bosque de la permitida por el acuerdo. Bakas también está autorizada a utilizar terrenos forestales para recoger y almacenar biomasa en cinco lugares de la zona.
El proyecto cuenta con una inversión de capital procedente del fondo competitivo para el desafío climático del Nordic Climate Facility Grant, financiado por el Fondo Nórdico de Desarrollo, así como con la financiación de Business Oxygen, un fondo de riesgo para las PYME en asociación con la Corporación Financiera Internacional. El NMB Bank de Nepal también está proporcionando financiación de la deuda y un préstamo de capital de trabajo para la producción de pellets de biomasa, lo que refleja el fuerte interés de los bancos comerciales locales por la inversión en la producción industrial de biomasa.
Según el representante de la empresa, cada año se recogen unas 27.000 toneladas de materias primas, entre las que se encuentran la biomasa forestal, la biomasa de los campos de cultivo, el aserrín y subproductos como el bagazo/residuos de la madera, la biomasa seca/los residuos agrícolas, el aserrín/los trozos cortados). Según la empresa, desde hace un año extraen entre 15.000 y 20.000 toneladas de biomasa forestal del Proyecto de Desarrollo Forestal de Sagarnath, en Sarahi y Mahottari, pero el proyecto aún está en sus inicios, con una unidad de fabricación recientemente establecida y sus pellets estarán pronto en el mercado.
La empresa afirma que la tecnología de detección y alcance de la luz (LiDAR) se ha utilizado para cartografiar la biomasa del sotobosque en alta resolución. También dicen que utilizan las plataformas GIS y las aplicaciones móviles de Arbonaut para la recolección sostenible de recursos de biomasa junto con la evaluación y gestión del riesgo de incendios forestales. La empresa también afirma que reduce las emisiones de CO2 mediante la eliminación de biomasa altamente inflamable y el uso de sistemas avanzados de gestión de incendios forestales. Esta afirmación es engañosa, ya que las investigaciones demuestran que el clareo de los bosques puede aumentar la gravedad de los incendios, así como las emisiones de carbono y la reducción del almacenamiento de carbono en los bosques.
La empresa también afirma que apoya la economía local mediante oportunidades de empleo. Aseguran que, gracias a la participación de las mujeres y otros grupos marginados en la recolección y procesamiento de las materias primas del suelo del bosque, así como de los campos de los agricultores, la comunidad local obtendrá una participación del 10% en la industria. Emplean a unas 200 personas de la zona.
Sin embargo, estas afirmaciones no resisten un escrutinio. Durante una reciente visita de campo, la organización miembro del GFC, National Forum for Advocacy Nepal (NAFAN), escuchó las quejas de los miembros de la comunidad local en relación a varios problemas del proyecto, incluyendo posibles incumplimientos del acuerdo entre el gobierno de Nepal y Bakas, que ponen a la comunidad en conflicto directo con Bakas y su proyecto de energía de biomasa.
En agosto de 2022, NAFAN realizó una visita de campo al distrito de Sarlahi,al sureste de Nepal, donde conversó con miembros de la comunidad local, incluidos líderes forestales de la comunidad, recolectores de biomasa, l porteadores, funcionarios forestales del gobierno, entre otros. La investigación evidenció una lista de preocupaciones y problemas que requieren atención urgente y destaca cómo la continua expansión de la producción de energía de biomasa en Nepal conducirá sin duda a impactos ambientales, sociales, económicos y de salud negativos en la comunidad local, en particular en las mujeres.
La biomasa forestal conserva los paisajes, el suelo y los recursos hídricos. La recolección de residuos forestales, como ramas, hojas y cortezas, puede acabar reduciendo la materia orgánica y los minerales de la capa superior del suelo del bosque si se recoge con frecuencia, exponiendo el suelo forestal a diversos ambientes adversos. Por otra parte, la tala de árboles para la producción de pellets no es beneficiosa desde el punto de vista ecológico. Puede provocar la pérdida de microbios en el suelo, lo que a la larga conduce a la pérdida de biodiversidad del suelo forestal, ya que todos los organismos vivos del bosque suelen depender directa o indirectamente de la biomasa forestal para alimentarse o refugiarse. La pérdida de hábitat puede ser uno de los principales efectos de la recogida de biomasa forestal a largo plazo.
Durante las recientes observaciones de campo de NAFAN, algunas de las principales preocupaciones relativas a la expansión de la producción de bioenergía a escala industrial incluían: la reducción del acceso y la escasez de recursos forestales; la falta de acceso a las tierras de pastoreo para el ganado de la comunidad; el aumento de la contaminación atmosférica y los impactos negativos sobre la salud; los pagos injustos de la empresa por la biomasa; la recolección insostenible de la biomasa forestal, incluidas las ramas de los árboles; y el debilitamiento de la toma de decisiones y la autoridad de la silvicultura comunitaria, todo lo cual ha llevado a un aumento de los conflictos entre las comunidades locales y las empresas involucradas en la producción de bioenergía.
Una de las principales preocupaciones planteadas por la comunidad local del distrito de Salahi se refería a las restricciones de acceso y recogida de productos forestales. Según las personas con las que se conversó, la comunidad local tiene restringida la recogida de residuos forestales en los lugares del proyecto debido a los acuerdos entre Bakas y la Junta Estatal de Desarrollo Forestal. Las mujeres de las comunidades locales se ven especialmente afectadas por esta decisión, ya que son las principales responsables de la recolección de hierba, forraje y leña.
Otra cuestión planteada por la comunidad y los funcionarios locales fue que la empresa podía estar extrayendo más biomasa del bosque de la permitida en su acuerdo con el gobierno de Nepal. Sin un mecanismo de control adecuado, no hay datos oficiales sobre la cantidad y la forma de biomasa que recoge la empresa, cuándo y de dónde.
Otro problema es la denuncia de que la empresa está extrayendo del bosque formas de biomasa prohibidas, además de las permitidas por su acuerdo con el gobierno. NAFAN escuchó a miembros de la comunidad local y a funcionarios forestales del gobierno decir que Bakas estaba retirando madera viva, ramas de árboles y otras formas de biomasa forestal no permitidas. Además, los miembros de la comunidad se quejaron de que la empresa no pagaba las tarifas acordadas por la recogida de biomasa, incumpliendo sus obligaciones y compromisos, y causando más dificultades económicas a la comunidad local.
Las comunidades indígenas y tribales marginadas siguen dependiendo de los productos del bosque para su existencia diaria, para alimentarse, refugiarse, trabajar y comerciar. La sobreexplotación de los recursos forestales para satisfacer la producción de biomasa a escala industrial perturbará inevitablemente la biodiversidad del bosque, degradará el suelo y acabará afectando a la biocultura, los valores medicinales y la producción de alimentos silvestres del bosque de los que han sobrevivido tradicionalmente las comunidades indígenas.
Las mujeres de la comunidad local que hablaron con NAFAN dijeron que la creciente escasez de hierba, forraje y otros productos forestales provocará un aumento de los conflictos en sus comunidades. Como las mujeres son las principales responsables de la recogida de leña, forraje y hojarasca, esto les afectará de forma desproporcionada, obligándolas a desplazarse más lejos para conseguir estos materiales.
Los agricultores domésticos y de pequeña escala que crían cabras, vacas y búfalos plantearon preocupaciones similares. Dijeron a NAFAN que, debido al establecimiento de plantaciones de eucalipto y a la producción desenfrenada de biomasa, los agricultores se enfrentan a la escasez de hierba, forraje, hojarasca y otros productos forestales que necesitan para su ganado. “La hierba y el forraje no son fáciles de conseguir en nuestro bosque tras la plantación de monocultivos”, dijo a NAFAN una agricultora de 56 años.
La eliminación de la biomasa forestal del suelo del bosque a gran escala también afecta la capacidad de retención de agua del suelo del bosque, lo que disminuye la recarga de las aguas subterráneas, provocando finalmente la desecación de los manantiales naturales y los riachuelos del interior del bosque. Dado que animales como los ciervos, monos y jabalíes dependen del sotobosque para alimentarse, la tala de arbustos y hierbas provoca la pérdida de alimentos para esos animales. Esto hace que aumenten los daños a los cultivos agrícolas, ya que los animales buscan otras fuentes de alimento.
Con sólo un año de funcionamiento, estas cuestiones han provocado un conflicto entre la comunidad y la empresa por el proyecto y han hecho llamamientos para que se anule el acuerdo entre Bakas y el gobierno. Dado que muchos de estos problemas afectan de forma desproporcionada a las mujeres, incluido el acceso restringido a los productos derivados del bosque, estas se encuentran en primera línea de este conflicto. Cualquier ampliación del proyecto empeoraría estos impactos negativos y el conflicto en la zona.
No ha habido ninguna respuesta positiva por parte de Bakas o del gobierno sobre estas repercusiones económicas, sociales, sanitarias y medioambientales.
Conclusiones y recomendaciones
La estrategia energética de Nepal no aborda todo el impacto de la promoción de la producción industrial de bioenergía a partir de la biomasa forestal. Las pruebas sobre el terreno demuestran que, incluso en su fase incipiente, la industrialización del sector está afectando negativamente a las comunidades locales y los bosques.
Los bosques proporcionan servicios y productos esenciales que sostienen la vida de millones de personas y animales en todo el planeta. Muchas comunidades indígenas y tribales marginadas siguen dependiendo de los productos forestales para su supervivencia diaria, lo que implica alimentación, refugio, empleo y comercio. Como muestra la investigación aquí arriba sobre las repercusiones en el distrito de Sarlahi, la producción industrial de bioenergía a partir de biomasa de origen forestal amenaza los derechos de los pueblos indígenas y otros pueblos y comunidades que dependen de los bosques. Cualquier producción de bioenergía de origen forestal a escala industrial perjudicará inevitablemente el ambiente y a las comunidades locales, en particular a las mujeres en toda su diversidad, y no contribuirá a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
El gobierno de Nepal debería aplicar las siguientes recomendaciones para proteger los bosques nepalíes de la explotación por parte de la industria de la bioenergía y garantizar los derechos de las personas y comunidades que dependen de los bosques:
- Detener y evitar la implementación de la producción y el uso industrializados y a gran escala de la biomasa forestal para la energía. Nepal debería modificar su estrategia y política en materia de bioenergía para centrarse en las verdaderas energías renovables. La política debería centrarse, en cambio, en la expansión de auténticas fuentes renovables de bajas emisiones, como la solar y la eólica, que no dañan la biodiversidad ni la densidad de carbono y la capacidad de secuestro de los bosques, en consonancia con los compromisos internacionales de Nepal en materia de derechos humanos y cambio climático.
- Garantizar y proteger los derechos de los pueblos que dependen de los bosques, incluidas las mujeres y otras comunidades marginadas: las políticas y leyes gubernamentales, incluidas las relacionadas con la gestión de los bosques y el uso de los recursos forestales, deben garantizar la primacía de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades marginadas, incluidos las y los jóvenes y las mujeres en toda su diversidad, sobre las empresas privadas que pretenden explotar los recursos forestales.
- Establecer un mecanismo de gobernanza de la bioenergía inclusivo y transparente que garantice una regulación y una supervisión eficaces de la energía de la biomasa para uso local y doméstico y que aplique salvaguardias sociales y medioambientales, incluidas normas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación y la calidad del aire, y que garantice el acceso de las comunidades marginadas a fuentes de energía limpias, confiables y asequibles.
La tierra no se vende, el aire no se vende: REDD+ en Colombia
Por: Andrea Echeverri Sierra -Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia
“La colonización pasó de forma tardía por las mujeres,
nos consideraban tan poca cosa que nuestro pensamiento
no valía, por eso mantenemos lo ancestral, lo
sagrado, la voluntad de cuidar la naturaleza
sin poner precios.”
–Lourdes Contreras, Marcha Mundial de las Mujeres, Macronorte Perú. Foro Derechos de la naturaleza
Las políticas climáticas de Colombia han seguido los lineamientos internacionales de forma entusiasta. Con la implementación del protocolo de Kioto, Colombia comenzó a impulsar mecanismos de flexibilidad en materia climática, especialmente Mecanismos de Desarrollo Limpio, y ya desde la década del 2000 ha reconocido amplias posibilidades de compensación en el carbono forestal. A partir de 2018, tras la ratificación en el país del Acuerdo de París la ruta de compensar las emisiones de Gases de efecto Invernadero -GEI- y no de reducirlas de forma real, se ha profundizado mediante instrumentos de fijación de precios del carbono. Incluso la IETA International Emissions Trading Association galardonó al país en 2018 como “campeón de fijación de precios del carbono”.
Uno de los instrumentos clave para los programas de compensación de carbono de Colombia es REDD+, una importante iniciativa mundial lanzada en 2013 para reducir las emisiones que provocan el cambio climático ofreciendo incentivos financieros a los países para evitar la deforestación. REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) se ha promovido como una forma inclusiva y creativa de abordar la crisis climática y la deforestación beneficiando a las comunidades mediante la conservación y el aumento de las reservas de carbono de los bosques.
Colombia tiene distintas características que han creado condiciones favorables para REDD+: 59% de sus emisiones provienen del cambio de uso de suelo, y 31% del total son efecto de la deforestación. De otro lado, para 2018 tenía 52,6% de superficie continental en bosque natural, y 33,6% (alrededor de 25,5 millones de hectáreas) del territorio nacional titulado a comunidades étnicas o campesinas. En la actualidad alberga REDD jurisdiccional y otros mecanismos basados en proyectos como Visión Amazonía y Biocarbono Orinoquía Paisajes, sostenibles bajos en carbono, impulsados por el Estado colombiano, así como un número indeterminado de proyectos desarrollados por actores privados: en la base de datos internacional sobre proyectos y programas REDD+, aparecen listados a 2021, 55 de ellos, entre proyectos de Mejora de la gestión forestal (IFM), Aforestación, Reforestación y Revegetación (ARR) y REDD.
En 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 1447, por la que se establece el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones nacionales de mitigación y específicamente el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE). Pero RENARE ha tenido bastantes fallas, y durante varios meses de 2022, incluyendo al momento de cierre de este artículo, no ha sido posible accederlo. Este registro “pretende gestionar la información a nivel nacional de las iniciativas de mitigación de GEI que pretenden optar a pagos por resultados o compensaciones”, es decir, está amparado en una lógica de compensaciones y no de reducciones reales. Esta plataforma debe registrar proyectos REDD+, MDL, programas y proyectos de Desarrollo Bajo en carbono, entre otros. En paralelo, Colombia, cuenta con un impuesto al carbono desde 2017, pero este puede evadirse adquiriendo bonos de carbono o créditos voluntarios en el mercado nacional, con lo cual, las empresas pueden proclamar su carbono neutralidad, y, con ello, no solo profundizar la crisis climática, si no los impactos territorializados de industrias extractivas que se benefician de este lavado de imagen.
Otra gran preocupación en torno a las iniciativas REDD+ de Colombia es la falta de información y comprensión entre las comunidades impactadas que participan en estos proyectos, en particular los pueblos indígenas. “Estos términos son ajenos para las comunidades donde se implementan los proyectos. Las comunidades piensan que están vendiendo oxígeno, que será enlatado o empacado en costales, para ser enviado a países que han contaminado su aire; a cambio de nada. Sin embargo, están vendiendo sus derechos de uso territorial, no es realmente a cambio de nada”, indicó Luz Mery Panche Chocué, indígena nasa de San Vicente del Caguán, municipio ubicado en la región de la Amazonía.
Además, según la interpretación de la lideresa, las comunidades ceden sus derechos por muy poco, o mejor, por un porcentaje poco representativo de las ganancias. Un informe publicado en 2016 por Forest Trends sobre el seguimiento al financiamiento de REDD+ entre 2009-2014, señala que de los aproximadamente 55 millones dólares desembolsados por financiamiento internacional en ese período, apenas 6,4 millones fueron destinados a organizaciones basadas en la comunidad como primeras beneficiarias, frente a 14,5 millones recibidos por empresas y consultoras internacionales, y un monto de 16 millones para fundaciones y ONG nacionales e internacionales.
Visitas a territorios donde se implementan proyectos REDD+ en el país (incluso en el marco del mercado regulado) han permitido conocer que, en ocasiones, estos recursos no llegan a manos de la comunidad, sino a líderes hombres, quienes han llegado a usarlos para beneficio personal, como la compra de motos e incluso para el financiamiento de campañas políticas, lo cual ha contribuido a acrecentar las inquietudes por parte de las mujeres en las comunidades. A pesar de existir grandes dificultades en el acceso a los contratos de REDD+, tanto Luz Mery Panche como María Rosario Chicunque, indígena del pueblo Kamnsá, fundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas (ASOMI), han señalado que estos convenios suelen suscribirlos hombres, dejando de lado las necesidades, roles de participación y subjetividades femeninos, así como las formas de vida de comunidad. Los actos de corrupción en los que se han visto envueltos hombres indígenas de sus comunidades han acrecentado, en varios casos, las suspicacias de las mujeres en sus territorios indígenas y las divisiones comunitarias.
De igual modo, a nivel macro, el panorama parece ser poco favorable para las mujeres. A pesar de la intención por retratar la perspectiva de género en los programas REDD+ de las Naciones Unidas, por ejemplo, con la publicación en 2011 del informe “Estudio de viabilidad sobre la incorporación de la perspectiva de género a REDD+”, la participación efectiva de las mujeres en estos mecanismos está supeditada a un proyecto hegemónico de “desarrollo” vinculado a la mercantilización del clima y del ambiente, en lugar de crear beneficios reales para las comunidades de mujeres que viven y protegen los bosques. Según analiza Hannah Yore, este informe “justifica la importancia de la perspectiva de género con base en la suposición de que las mujeres son inversiones ‘productivas’ y ‘rentables’, en lugar de plantear la idea de que tienen derecho a expresar sus opiniones sobre qué tipo de desarrollo quieren o si realmente buscan algún tipo de ‘desarrollo’”.
El respeto a las costumbres y formas tradicionales de vida que desarrollan las mujeres indígenas y rurales de los biomas entra en contradicción con este régimen climático. Ultrapasar la construcción occidental de las identidades femeninas es otro debate complejo que pasa por problematizar las múltiples formas de colonización y resistencia en América Latina.
“El programa ONU-REDD ignora la forma como las mujeres en América Latina han resistido -y continúan resistiendo- a iniciativas de desarrollo neoliberal. Ciertamente, para poder tener una mejor idea de lo que quieren y necesitan las mujeres, se debe contextualizar cómo los individuos construyen sus propias identidades, no solo en términos de su género, sino en relación a sus costumbres culturales, cosmovisiones y mundos de vidas anclados al lugar”, asegura Yore. América Latina es un territorio complejo, históricamente marcado por el extractivismo, que demanda soluciones climáticas basadas no en construcciones simplistas y mercantilizadas, sino en mecanismos de mitigación construidos desde las comunidades, que incluyan a las mujeres como sujetos políticos en resistencia a cualquier forma de dominación.
Por otro lado, la escasa comprensión de las comunidades de los proyectos de compra y venta de carbono, y específicamente de los proyectos REDD+, ha sido un escenario propicio para un avance de empresas cuyas credenciales ecológicas, sociales e incluso legales, a menudo resultan cuestionables, enmarcadas en un mercado voluntario de carbono, que ha proliferado en Colombia sin ningún tipo de barreras.
Al respecto, resultan esclarecedoras dos declaraciones de entidades gubernamentales. La primera, en un comunicado público emitida en 2019 por Corpoamazonia, la primera autoridad ambiental a nivel regional en el sur de la Amazonía colombiana, institución que recomendó a las comunidades abstenerse de entregar documentación, dinero o información a cooperativas u ONG para proyectos de venta o compra de bonos carbono, por riesgos de fraude o estafa y desconocimiento de beneficios . La mayoría de estos proyectos suelen ser proyectos REDD+. La segunda, puede encontrarse en un informe de 2020 sobre deforestación en la Amazonía, en el cual la Contraloría General de la República, trajo a colación las respuestas del Ministerio de Ambiente ante inquietudes ciudadanas por la contribución a la lucha contra el cambio climático del proyecto REDD+ “Resguardo Indígena Unificado Selva de Matavén”. El objetivo de este programa REDD+, desarrollado en un territorio indígena al este del país, es la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero cuyas supuestas reducciones de 19,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, certificadas por Verra, han sido cuestionadas por partir de una línea base de deforestación superior a la del resto de la Amazonía. El proyecto es el más grande del país y abarca un área superior a las 1,5 millones de hectáreas.
La respuesta textual del Ministerio de Ambiente, es la siguiente: “Dado que es un mercado, “no tiene reglas de funcionamiento establecidas en instrumentos normativos u otros de carácter vinculante proferidos por los gobiernos nacionales’, de manera que el Gobierno Nacional no tiene injerencia directa en ese tipo de proyectos”. Las respuestas ponen de manifiesto que el gobierno colombiano no tiene control en la contabilidad climática de estos proyectos, ni puede garantizar los derechos de la población en las áreas donde se asientan.
Este proyecto es apenas indicativo de los riesgos climáticos que entrañan este tipo de mecanismos, pues otro caso permite ejemplificar cómo los esquemas de fijación del precio del carbono, específicamente REDD+, permiten el uso de estas compensaciones en lugar de limitar la extracción de los mismos, como ocurre con las actividades de Glencore en las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicadas en el Caribe colombiano, y cuyo prontuario de violencia y violaciones de derechos humanos es conocido de sobra, ya que ha afectado de forma dramática la vida de pueblos indígenas y afros del departamento de La Guajira, quienes, entre otras carencias, sufren de una mortal escasez de agua.
Glencore habla de su “carbono neutralidad” por la compra de bonos de carbono provenientes de REDD+, con lo cual adquiere la potestad para ampliar sus fronteras geográficas y continuar contribuyendo al aumento de emisiones, así como a los efectos socioecológicos nocivos a nivel local. Aquí hablamos de Glencore, pero el nombre propio resulta meramente ilustrativo de una tendencia y una posibilidad para las empresas contaminantes en Colombia.
Aunque las reducciones no sean reales, la contaminación sí lo es, así como la elusión de medidas reales para enfrentar la deforestación, que en Colombia no se ha visto drásticamente transformada por proyectos REDD+, provengan estos del sector privado o del gobierno mismo. Si bien poco más de la mitad de Colombia está cubierta por bosques, solo entre 1990 y 2018, más de cinco millones de hectáreas de los mismos desaparecieron. Más aún, REDD+ profundiza las injusticias socioecológicas, pues, de un lado, permite a los grandes contaminadores lavar su imagen y continuar expandiéndose, y, de otro modifica la cultura local de los pueblos, elemento que justamente ha sido lo que ha permitido el cuidado territorial de bosques y selvas.
Aunque los sucesivos gobiernos colombianos hayan pretendido mostrar REDD+, y de forma amplia, los mecanismos de flexibilidad como un gran éxito, las críticas y temores que ha suscitado pueden corroborarse en la realidad del país, que a pesar de haber creado una arquitectura de vanguardia para incluir sus selvas en los esquemas de carbono, no ha logrado protegerlas, ni prevenir el avance del extractivismo fósil, que amenaza las posibilidades de un futuro para todas las formas de vida. Lastimosamente, las pistas que da el actual gobierno de Gustavo Petro tampoco parecen sugerir una superación de la lógica de financiarización de la naturaleza que caracteriza a REDD+.
No obstante, los reparos a este tipo de proyectos, que hace años se limitaban a pocas voces en el país, parecen haber encontrado en los hechos un nuevo impulso. Ha resultado diciente que justamente en distintos territorios del Caribe, los Andes y la Amazonía destaquen las voces de las mujeres, quienes, preocupadas por la pérdida identitaria, cultural y espiritual que ha garantizado sus medios y modos de vida, se oponen con fuerza a proyectos que les indican cómo deben cuidar y entender sus selvas y territorios.
Por esta razón, visitas a territorios sociobiodiversos de Colombia han permitido constatar cómo mujeres y jóvenes alertan de los riesgos de conceder su territorio por décadas o cientos de años a actores cuyos intereses no les resultan tan claros. Llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer la espiritualidad para sanar las heridas ambientales actuales y superar la exclusión en la toma de decisiones a la que a menudo se ven sometidas. Esas voces empecinadas, constituyen un llamado a la sensatez para pedir cambios profundos ante un sistema que coloniza a las mujeres, a la naturaleza y a los pueblos. Con esas mujeres gritamos también “¡el agua no se vende, la tierra no se vende, el aire no se vende!”
Resistencia global a las falsas soluciones:
Cómo los intereses de los poderosos ignoran las raíces de la crisis climática y las respuestas de los pueblos
Por Megan Morrissey, Coalición Mundial por los Bosques
Las falsas soluciones a la crisis climática no abordan los problemas reales de la emergencia ambiental que vive el planeta y proyectan una imagen engañosa, camuflada bajo una estrategia de respuesta eficaz, muchas veces valiéndose de un marketing manipulador promovido por empresas transnacionales y gobiernos. Lamentablemente, estas supuestas soluciones desencadenan problemas adicionales que empeoran el cambio climático, así como la pérdida de biodiversidad, desplazando a comunidades y destruyendo sus medios de vida.
Esta realidad es ampliamente conocida por los grupos miembros de la Coalición Mundial por los Bosques que, desde diferentes países del mundo, han presenciado los impactos del lavado verde para la venta de proyectos “atractivos” concebidos en países del Norte que devastan el ambiente y las comunidades locales.
Para aprovechar la experticia de nuestros miembros, organizamos una serie de webinarios en los que reflexionamos sobre la desmitificación de las falsas soluciones ante la crisis climática y conocimos los impactos producidos en el terreno, así como las alternativas disponibles en América Latina, Asia, y África. En agosto y septiembre de 2022 se celebraron tres encuentros multilingües con expertes y activistas de las tres regiones, quienes compartieron sus perspectivas con todes les participantes. El presente artículo recoge las reflexiones de estas sesiones.
Definir las falsas soluciones
Las falsas soluciones a la crisis climática son numerosas y difíciles de definir sucintamente, pero son inconfundibles: las reconocemos cuando las vemos. Una pista que ayuda a detectarlas es que son adoptadas por actores poderosos, como las compañías petroleras. Les participantes en los webinarios tenían ideas comunes y complementarias sobre qué son las falsas soluciones y compartieron historias similares acerca del daño que estas propuestas han hecho a las comunidades y sociedades en los tres continentes.
Una definición general ofrecida por Stephen Leonard, del Climate Justice Programme en Australia, es que las “[falsas] soluciones son las que pretenden abordar los problemas clave, pero que en realidad sólo perpetúan el statu quo insostenible; y peor aún, “soluciones” que pueden afectar y violar aún más los Derechos de la Naturaleza”. Destacó cinco características de las falsas soluciones:
- Suelen representar los intereses de las grandes empresas y de los países con altas emisiones;
- Perpetúan el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad y la erosión de los derechos de las personas;
- Provocan desplazamientos y violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales;
- Se amparan en sistemas de certificación, normas y criterios que etiquetan como “sostenibles” las actividades perjudiciales para el ambiente;
- No abordan las causas fundamentales del cambio climático y hasta pueden empeorarlo.
Las falsas soluciones ignoran la situación social, económica y ambiental de la comunidad y, en particular, de la mujer, dijo Titi Soentoro de Aksi! en Indonesia. En ese sentido, vulneran los derechos de las personas a la información, a la toma de decisiones, a un ambiente sano, al acceso al agua y a otras necesidades domésticas básicas. Por eso no habrá justicia climática sin justicia de género, “las verdaderas soluciones deben prestar atención a la situación de las mujeres”, afirmó la especialista.
Para explicar las falsas soluciones, Catalina Gonda, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, utilizó la metáfora de una solución versus una suspensión en química. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, pero en una suspensión, las sustancias no se mezclan (imagínense un cóctel en capas). Las falsas soluciones a la crisis climática son como estas “suspensiones”, dijo, porque tratan los problemas por separado e ignoran la interrelación e interdependencia de los componentes de nuestro complejo sistema planetario. En cambio, las soluciones reales adoptan un enfoque holístico de preocupaciones como los ecosistemas y los medios de vida. Gonda advirtió que se debe tener cautela con:
- Las acciones que sólo buscan modificar algunos elementos del sistema y evitan el cambio estructural;
- Acciones que se presentan como una panacea;
- Acciones que comprometen o perjudican a otras partes del sistema;
- Acciones que se basan en tecnologías prospectivas o en beneficios futuros lejanos;
- Acciones que perpetúan las desigualdades estructurales.
Las múltiples crisis sociales y ambientales que estamos viviendo no pueden ser abordadas de manera separada y su complejidad requiere un enfoque sistémico, así como un cambio estructural, enfatizó Gonda. Las falsas soluciones evitan estos cambios profundos en la forma en que interactuamos con el planeta y, en cambio, apuntalan las relaciones de poder existentes. Esto se ve claramente en los siguientes ejemplos de falsas soluciones específicas que se dieron en las sesiones.
Ejemplos en el Sur Global
Las soluciones basadas en la naturaleza son a menudo “un lobo con piel de cordero”, dijo Stephen Leonard, porque conducen a las plantaciones de monocultivos de árboles y a otros viejos esquemas con una nueva marca. La ciencia demuestra que las plantaciones tienen poco o ningún potencial de mitigación en comparación con otros enfoques como la protección y restauración de los ecosistemas naturales.
La bioenergía es una de esas “soluciones” que resultan contraproducentes; utiliza los árboles de forma similar al carbón, y gran parte del biocombustible procede de plantaciones de monocultivos de árboles que ejercen más presión sobre la tierra y expulsan a los pequeños agricultores. El mercado internacional de la bioenergía aleja la financiación de las energías renovables y desvía la atención de la eliminación de los combustibles fósiles. Por ejemplo, hay una tendencia a seguir utilizando plantas de carbón y a mejorarlas para que quemen biomasa, un “acuerdo dudoso” que mantiene la misma infraestructura sucia.
REDD es otro ejemplo de las formas que los poderosos intereses han encontrado para evitar abordar las verdaderas raíces de la crisis climática, dijo Andrea Echeverri de Censat Agua Viva en Colombia. Colombia ha sido un terreno fértil para los proyectos REDD y REDD+, en detrimento de las comunidades y los bosques (véase su artículo en este número). REDD pone precio a los bosques y tiene graves riesgos climáticos e impactos de género, advirtió.
Los mercados de carbono que se centran en el comercio de créditos de carbono obligan a los países del Sur Global a lidiar con los problemas causados por el Norte y a realizar el trabajo real para cumplir los objetivos climáticos, dijo Maureen Santos, de la Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) de Brasil. Tampoco tienen en cuenta la integridad medioambiental, que tiene que ver con todos los ecosistemas y todas las poblaciones de los territorios.
Los mecanismos de mercado planteados en la COP21 de París no abordan las cuestiones de derechos y reducen el debate climático a la cuestión de las emisiones, y no se puede traducir la complejidad de la crisis climática a los términos de la contabilidad del carbono, dijo Santos. Del mismo modo, Echeverri señaló que “todos hemos tenido que aprender a “hablar en carbonés” (frase de la investigadora brasileña Camila Moreno) para discutir la crisis climática en términos de unidades de carbono, cuando en realidad es una crisis social, política y medioambiental.
La compensación de carbono mediante la reforestación y otros proyectos REDD facilita el acaparamiento de tierras, explicó Vanessa Cabanelas, de Justiça Ambiental en Mozambique. En los países en los que existen elevados índices de pobreza junto a abundantes recursos naturales, los gobiernos cortejan la inversión extranjera directa del Norte Global en forma de proyectos a gran escala, con uso intensivo de tierras y recursos, como las plantaciones de monocultivos, las presas y la explotación de combustibles fósiles. Las poderosas instituciones financieras internacionales que aportan la mitad del presupuesto de un país como Mozambique apoyan este tipo de proyectos extractivos, y el país ha revisado la política nacional de tierras y la política forestal para dar cabida a falsas soluciones de compensación y hacerla más favorable a empresas como Portucel, dijo Cabanelas.
El cero neto no es cero, señalaron varios panelistas en los talleres, aunque a menudo se presenta como cero. Se trata de un enfoque de compensación muy popular que se adelantó en el Acuerdo de París. Stephen Leonard explicó que el cero neto da la falsa noción de que se puede equilibrar el aumento de las emisiones con la eliminación de CO2 por los sumideros, que de hecho no son permanentes, porque “como sabemos, los bosques se queman, los ecosistemas se degradan, especialmente en un mundo más cálido. Así que esas eliminaciones se convierten en lo que se llama reversiones y esas emisiones vuelven a la atmósfera”.
Las tecnologías de geoingeniería pretenden eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera, explicó Neth Daño, del Grupo ETC de Filipinas, mediante métodos centrados en la eliminación del dióxido de carbono o CDR. Tres grandes métodos de RCD que están recibiendo mucha atención por parte de las empresas son la Captura Directa del Aire (para aspirar el carbono o el metano de la atmósfera), la Captura y Almacenamiento de Carbono y la Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS) para quemar biomasa, capturar el carbono y almacenarlo en formaciones geológicas, con impactos devastadores en la tierra, el agua y la biodiversidad.
Las extracciones no son mitigación, advirtió Daño, porque no se trata de prevenir o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de permitir que continúen. Sin embargo, los términos se han utilizado erróneamente de forma intercambiable, incluso por los negociadores en las conversaciones de la ONU sobre el clima.
Lo que hay debajo de la superficie
Las falsas soluciones son la fachada que utilizan los gobiernos y las empresas neoliberales para seguir lucrándose y contaminando, y profundizan la crisis climática, afectando a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las niñas y las mujeres, especialmente los grupos campesinos, indígenas, afrodescendientes e inmigrantes y otros históricamente excluidos y discriminados.
Este argumento fue presentado por Johanna Molina, del Colectivo VientoSur de Chile, quien hizo un análisis ecofeminista de los impactos de las falsas soluciones. Explicó cómo esta situación conduce a la pobreza, la desigualdad y la migración forzada, que se suma a los obstáculos que enfrentan los cuerpos feminizados.
En el sistema capitalista colonialista y patriarcal, que transforma toda la vida en mercancía y la pone al servicio del capital, normalmente sólo vemos la “punta del iceberg”, o el espacio masculinizado del mercado, dijo Molina. Debajo de la superficie está el grueso de la actividad que sostiene el sistema y la vida en su conjunto: las relaciones, los procesos, la esfera reproductiva, el trabajo doméstico y de cuidados, y la participación comunitaria; todo aquello que no pasa por el mercado pero que es necesario para sostenerlo.
Este trabajo no monetario se desvaloriza y se hace invisible. Sin embargo, es el “grueso de la actividad” que asegura la supervivencia diaria, y está tradicionalmente en manos de las mujeres y de los cuerpos feminizados, al igual que el cuidado de la naturaleza, de las semillas, de los jardines y de los bosques, dijo Molina. Esto está relacionado con la división sexual del trabajo en un sistema patriarcal, que asigna mayor valor al trabajo de los hombres. En este escenario, la relación con la naturaleza es de explotación y dominación, y las mujeres son igualmente oprimidas a través de la dominación de sus cuerpos, trabajos y territorios.
¿Qué tiene que ver esto con las falsas soluciones climáticas? Todo, en cierto modo. Sabemos que estos “trucos sucios” evitan abordar la crisis climática e incluso la empeoran, dificultando la supervivencia diaria y aumentando la carga de los explotados. El trabajo de cuidado se vuelve difícil por el acaparamiento de tierras y la escasez de agua por su uso indiscriminado en megaproyectos como las plantaciones forestales que sustituyen a los bosques autóctonos y a las tierras de cultivo. Se hace más difícil producir alimentos, hay envenenamiento químico, incendios forestales y aumento de la violencia de género. En Chile, empresas forestales como Arauco (que fue certificada como “neutra en carbono” en 2020) han tomado el 90% del territorio de la comunidad de Curanilahue, causando despojo y pobreza.
En cuanto al género y los proyectos energéticos, Titi Soentoro compartió historias de mujeres de Indonesia, como la de un pueblo de Java Central que vio contaminada su agua potable y destruidos sus ingresos y medios de vida por un proyecto geotérmico. Una mujer local dijo: “Ya no podemos llegar a fin de mes. La carga de mi hogar se hizo más pesada… Privarnos de agua potable es violencia contra nosotras, las mujeres y las niñas”.
Esto ocurre en toda América Latina, África y Asia. Como explicó Molina, la escasez de agua impulsa la inseguridad alimentaria, las mujeres deben ir más lejos para encontrar agua, las escuelas rurales se cierran, hay migración forzada y pérdida de culturas y medios de vida. Esto inflige enfermedades, miedo y estrés, con mayores tasas de enfermedades crónicas, defectos de nacimiento y envenenamiento: lo que el patriarcado hace a nuestros cuerpos se parece a lo que la economía extractivista hace a la tierra. Las mujeres y la naturaleza reciben el mismo trato por parte de las actividades extractivas, explicó, y por lo tanto, el cuerpo femenino y la naturaleza tienen una lucha común por liberarse de la dominación y la violencia del patriarcado.
Soluciones reales
El mundo se enfrenta a un conflicto persistente entre la acumulación capitalista y la sostenibilidad que afecta a cómo nos organizamos como sociedad, porque somos profundamente ecodependientes e interdependientes, recordaron panelistas como Molina. No es de extrañar, pues, que las mujeres, en su papel de sostén de la vida, hayan estado a menudo a la vanguardia de la propuesta de soluciones reales, como la soberanía alimentaria y la agroecología, las economías locales feministas y solidarias, la recuperación de la sabiduría ancestral y la búsqueda de otras formas de organizarnos, con autodeterminación para las comunidades.
Existen soluciones reales, y varios panelistas describieron sus características comunes. Peter Riggs, de Climate Land Ambition and Rights Alliance (CLARA), explicó que las verdaderas soluciones climáticas tienen los siguientes impactos positivos:
- Refuerzan los derechos sobre la tierra de las comunidades
- Aumentan el control de las comunidades locales
- Aumentan la biodiversidad
- Permiten la regeneración de los bosques naturales
- Protegen los medios de vida
Las soluciones basadas en los derechos, dijo, son las verdaderas y necesarias. La idea de los enfoques basados en los ecosistemas está ahora en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y debería formar parte del debate sobre el clima. Frente a las soluciones basadas en la naturaleza mal informadas, dijo Riggs, “respondemos con proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible la naturaleza”, el proceso de tres pasos que CLARA defiende y utiliza como barómetro para medir lo que es una solución real. “Cuando se habla de mercados de carbono, nosotros hablamos de enfoques no comerciales, de soluciones lideradas por la comunidad, de economía solidaria y de cumplimiento de los ODS”, dijo.
Necesitamos economías transformadoras que se alejen de las prácticas extractivas y se dirijan a una economía regenerativa y baja en carbono, indicó Titi Soentoro. No se trata sólo de cambiar nuestras prácticas energéticas, sino de una transformación fundamental que se centre en los derechos de los marginados y permita a las comunidades determinar sus necesidades energéticas. El trabajo de cuidados debe ser reconocido y redistribuido en las comunidades, y la sabiduría y las experiencias de las mujeres deben ser la base de las decisiones sobre el clima, el desarrollo o los proyectos de inversión.
Las soluciones reales tienen que ver con las personas reales sobre el terreno, que son los guardianes tradicionales de los ecosistemas y la biodiversidad, dijo Pasang Dolma Sherpa, del Centro de Investigación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CIPRED) de Nepal. Señaló que muchos negociadores y organismos aún no están sensibilizados con el papel de las mujeres y los pueblos indígenas y su contribución a la protección de la biodiversidad. Ignoran las realidades sobre el terreno. Por ello, las mujeres, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deben participar en los planes climáticos nacionales, las NDC y la comunicación sobre el clima. Los derechos, conocimientos, habilidades y medios de vida tradicionales de los Pueblos Indígenas deben ser protegidos y mejorados, ya que son los principales protectores de los frágiles ecosistemas de la tierra. Sólo en Asia, 150 millones de personas viven en áreas protegidas.
La cuestión de los espacios multilaterales también fue planteada por Martin Vilela, de Corporate Accountability, quien habló de la captura corporativa de las negociaciones climáticas de la ONU y de cómo esto ha alimentado falsas soluciones. Las empresas son conscientes del cambio climático y colocan a expertos en las negociaciones para que guíen las conversaciones y protejan sus intereses. Las conferencias de la ONU son espacios cada vez más exclusivos, de difícil acceso y comprensión, y la sociedad civil tiene cada vez menos protagonismo. Algunas campañas destacadas que están trabajando en contra de esto son Make Big Polluters Pay y Kick Big Polluters Out.
La CMNUCC tiene el objetivo declarado de ayudar a los gobiernos y a los actores sociales a abordar conjuntamente la peligrosa interferencia humana en el sistema climático, lo que significa que las causas fundamentales de la crisis climática y las voces de los más afectados deben incluirse en las negociaciones y decisiones. Una verdadera respuesta global al cambio climático tiene que incluir una participación más efectiva y equitativa de los pueblos indígenas, las mujeres rurales y otros grupos marginados con derechos, y menos corporaciones. Un enfoque feminista, decolonial e interseccional efectivo en los mecanismos de aplicación multilaterales nos permite abordar los desequilibrios de poder y las estructuras de privilegio en la elaboración de políticas medioambientales.
Se acerca otra conferencia sobre el clima de la CMNUCC: la COP27 en Egipto. Kwami Kpondzo, de Togo, señaló que ninguna de las COP sobre el clima celebradas en el continente se ha basado en las realidades y necesidades de los africanos. Una COP27 “africana”, dijo, debería limitar la participación de los promotores de falsas soluciones y de los contaminadores y dar más espacio a la sociedad civil, a los jóvenes activistas y a las comunidades indígenas y locales afectadas por la crisis climática. Necesitamos más y mejores críticas en los medios de comunicación sobre estas falsas soluciones que se ponen sobre la mesa de negociación. También necesitamos más eventos y acciones conjuntas sobre soluciones reales, añadió.
El camino a seguir
En tres continentes, las organizaciones miembros del GFC se mostraron unidas en su condena de las falsas soluciones a las crisis del clima y la biodiversidad.
Las soluciones reales no son soluciones rápidas, reconocieron, pero son el camino a seguir. Para contrarrestar la seductora narrativa de las falsas soluciones, los oradores sugirieron que debemos destacar la importancia de restaurar los bosques y ecosistemas naturales, trabajar más en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, hacer hincapié en las necesidades de adaptación de las comunidades (desplazando la narrativa de la mitigación), y elevar las iniciativas de cambio de sistemas como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Las soluciones reales pasan por garantizar los derechos colectivos a los bosques, la tierra y el agua; conservar y proteger la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas; y garantizar la justicia social, climática y de género. Son objetivos ambiciosos pero dignos.
Agradecimientos
Editores: Ismail Wolff, Chithira Vijayakumar, Coraina de la Plaza, Juana Vera Delgado, Megan Morrissey, Souparna Lahiri, Valentina Figuera Martínez
Traductores:
Español: Amira Armenta, Megan Morrissey, Valentina Figuera Martínez
Francés: Danae Serinet Barrera, Gaelle Le Gauyer, Rachel Babin
Árabe: Oussema Guesmi
Diseño: Iximché Media
Esta publicación ha sido producida con el apoyo de Women Engage for a Common Future (WECF) a través de la Green Livelihoods Alliance (GLA), financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos; Swedish Society for Nature Conservation; Heinrich Boell Foundation; Bread for the World; Environmental Paper Network; y Urgent Action Fund. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Coalición Mundial por los Bosques y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de los donantes.
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