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¿Economía circular o círculo vicioso? Cómo la captura corporativa en la elaboración de políticas y de incentivos perversos promueve la deforestación

El nuevo número de nuestra serie de informes Cobertura Forestal analiza la captura corporativa de la elaboración de políticas gubernamentales y los incentivos perversos que dañan la biodiversidad, lo que constituye un ciclo que se retroalimenta. Incluye análisis de grupos miembros y aliados cercanos en nueve países sobre incentivos para la expansión de la ganadería insostenible, plantaciones comerciales de árboles, generación de bioenergía y otras industrias que impulsan la pérdida de bosques. Los ejemplos de América Latina, Europa, Asia y África muestran el arraigo de estos incentivos debido a la captura corporativa de la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. El informe concluye que la única forma de detener la deforestación es romper el círculo vicioso de la influencia empresarial sobre la elaboración de políticas públicas y el apoyo a las industrias dañinas que crea.

El informe se lanza en inglés, español, frances, ruso y portugués (tres artículos) durante un seminario web el 21 de enero – Únase a nosotros!

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Contents:


Introducción: Sobre los bosques, las finanzas y las asociaciones perversas

Por Simone Lovera, Coalición Mundial por los Bosques, Paraguay

Ganado huyendo de los incendios en una finca que antes era bosque. João Paulo Guimarães

Una de las principales ideas equivocadas en las políticas de conservación de bosques es la suposición de que los bosques crecen con dinero[1]. Un análisis comparativo de 2015[2] de la relación entre la conservación de los bosques y la inversión en el sector forestal en 19 países que lograron detener y revertir la pérdida de la cubierta forestal exitosamente, encontró que no existe una relación estadística entre las dos cosas. Si bien unos pocos países que recibieron importantes fondos para la conservación de bosques y otras inversiones forestales habían detenido o revertido la pérdida de la cubierta forestal, como por ejemplo China, muchos países con inversiones mínimas en su sector forestal, incluidos los países menos desarrollados, tenían una cubierta forestal natural estable e incluso creciente. Obviamente, la relación entre la conservación de los bosques y las inversiones en el sector forestal es, cuanto menos, ambigua. Los organismos forestales gubernamentales y las grandes organizaciones de conservación de bosques puede que dependan del dinero, pero la conservación y la restauración de los bosques tendrá lugar de forma gratuita, siempre y cuando que los seres humanos no los destruyan.

Desde el punto de vista biológico, el hecho de que los bosques no crecen con dinero es algo lógico, y han sido perfectamente capaces de conservarse y restaurarse durante millones de años en este planeta antes de que se inventara el dinero. Además, los pueblos indígenas y otros pueblos y comunidades con economías principalmente no monetarias tienden a cuidar muy bien sus bosques[3], mientras que la historia de las economías monetarias ha sido mucho menos positiva. Las evaluaciones de la resiliencia de conservación comunitaria facilitadas por la Coalición Mundial por los Bosques entre 2015 y 2019 mostraron que, en comparación con las inversiones financieras, el reconocimiento de los derechos de gobernanza forestal son mucho más favorables para la conservación comunitaria; el respeto del papel de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres en la conservación de los bosques; y la prestación de servicios públicos asequibles (si no gratuitos) como la atención a la salud, la educación, el agua, y la electricidad[4]. Los investigadores incluso han advertido que la introducción de la idea de que la conservación debe ser pagada podría socavar los sistemas de valores tradicionales que forman el núcleo de muchas iniciativas comunitarias de conservación[5].

Por lo tanto, si bien el vínculo positivo entre los bosques y las finanzas es objeto de controversia, el vínculo negativo no lo es. Se reconoce ampliamente que los incentivos perversos en forma de subsidios y otros incentivos para sectores, proyectos y actividades que desencadenan la pérdida de bosques son un motor clave de deforestación y degradación de los bosques. Como muestran los estudios de caso en este informe de Cobertura Forestal, en muchos países la pérdida de bosques es el resultado de actividades y sectores que reciben importante apoyo a través de inversiones, préstamos en condiciones favorables, subvenciones u otras formas de apoyo económico. Este apoyo proviene de los mismos gobiernos que se comprometieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a poner fin a la deforestación en 2020[6]. Por esa razón, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica acordaron en 2010, como parte de su primer Plan Estratégico, que “para 2020, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos…”

Lamentablemente, la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5 (GBO-5) que informó sobre el estado de implementación del primer Plan Estratégico de la CDB concluyó en 2020 que se habían hecho “pocos progresos” en la eliminación de incentivos perversos durante la última década[7]. Esto es notable ya que la eliminación gradual de incentivos perversos e inversiones públicas perjudiciales no solo sería una de las medidas más eficaces para detener la pérdida de bosques y mitigar el cambio climático, sino que también ayudaría a los gobiernos a ahorrar dinero. Además, y ya que la mayoría de los gobiernos se encuentran profundamente endeudados debido a los costes económicos de la crisis del Covid-19, ahorrar dinero sería un beneficio complementario de las políticas y medidas ambientales. Hoy en día sería más útil que los gobiernos invirtieran en atención a la salud en lugar de en sectores que causan deforestación y, por lo tanto, aumentan el riesgo de futuras pandemias[8].

Entonces, ¿por qué ha habido tan poco progreso en el campo de la reducción de incentivos perversos como subsidios y otras formas de apoyo económico a sectores que causan la pérdida de bosques? ¿Por qué los gobiernos siguen teniendo grandes contradicciones en sus regímenes fiscales y económicos en relación con los bosques, gastando millones de dólares en conservación de bosques mientras que gastan a su vez miles de millones en sectores y actividades que a su vez los destruyen?

La respuesta radica en la captura corporativa de la formulación de políticas y finanzas gubernamentales relacionadas con los bosques y los sectores que causan deforestación, incluidos los sectores forestal, agrícola y ganadero. La captura corporativa se define, según la International Network for Economic, Social and Cultural Rights, como “los medios por los que una élite económica socava la realización de los derechos humanos y el medio ambiente al ejercer una influencia indebida sobre los responsables de la toma de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas”[9]. Amigos de la Tierra Internacional identifica varias formas de actividades a través de las cuales las corporaciones buscan influir en la formulación de políticas nacionales e internacionales: cabildear entre bastidores a los responsables políticos, convocar eventos sociales y otras formas de ‘hospitalidad’, financiar partidos políticos, nombrar aliados del sector privado para ocupar posiciones públicas influyentes, financiar grupos de expertos y unirse a grupos de trabajo nacionales e internacionales u otros organismos influyentes[10].

Otra tendencia sumamente problemática que facilita la captura corporativa de la formulación de políticas públicas es la creciente tendencia de los gobiernos y los fondos y organismos intergubernamentales a combinar su apoyo financiero para supuestos proyectos de desarrollo sostenible con inversiones del sector privado, creando así una dependencia financiera mutua. Y si los proyectos gubernamentales dependen, parcial o totalmente, de la financiación corporativa, las agencias gubernamentales involucradas no estarán dispuestas a tomar medidas como eliminar los incentivos perversos, ya que socavarían la rentabilidad de estos donantes tan generosos.

También existe la idea errónea de que hay falta de recursos económicos para hacer frente a la deforestación, sus impulsores, la pérdida de ecosistemas y la crisis del cambio climático en general, y de ahí viene el mantra sobre la necesidad de movilizar las finanzas privadas. Sin embargo, la realidad es diferente. Si se redirige la financiación, los recursos y los incentivos perversos lejos de sectores perjudiciales (por ejemplo, combustibles fósiles, fuerzas armadas, agronegocios) y se destinasen a otros usos, este problema se resolvería en gran medida.

La financiación combinada puede presentarse de muchas formas diferentes, incluidas las asociaciones público-privadas en las que tanto los donantes públicos como las empresas contribuyen en especie o financieramente a una iniciativa conjunta. También incluye subsidios públicos para inversiones del sector privado, o, por ejemplo, garantías gubernamentales para inversiones privadas que hacen que sea más atractivo para los inversores privados invertir en proyectos con riesgos potenciales ambientales o sociales. Fondos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial proporcionan financiación inicial para iniciativas como el acelerador Nature+ de la UICN, que tiene por objeto facilitar las inversiones del sector privado en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” (ver Cobertura Forestal 61) que buscan utilizar la naturaleza como una “solución” para aumentar los beneficios empresariales. El Fondo Verde para el Clima se ha subido al carro en cuanto a la financiación privada para la mitigación y adaptación al cambio climático y se ha convertido en un importante acelerador de los intereses del sector-privado en el clima al combinar su financiación con una amplia gama de industrias altamente cuestionables, si no claramente destructivas, como las plantaciones comerciales de árboles y las empresas de ganadería intensiva. Las empresas se benefician significativamente de los subsidios, la financiación combinada y otros incentivos para la expansión (agro)industrial.

Como muestran los casos de diferentes países en este número de Cobertura Forestal, en todo el mundo, las empresas, los productores agroindustriales y otros representantes del sector privado se están beneficiando de importantes subsidios directos o indirectos, beneficios fiscales, y otros incentivos para sectores y actividades que son perjudiciales para los bosques y los pueblos que habitan los bosques. Por lo tanto, es lógico que sean reacias a la eliminación, a la retirada gradual o la redirección de estos incentivos perversos al influir en la formulación de políticas públicas.

Sectores como la ganadería industrial insostenible y la producción de bioenergía, que tienen un impacto devastador en los bosques de todo el mundo, probablemente ni siquiera existirían sin los miles de millones de dólares de apoyo público que han recibido en las últimas décadas.

Este número de Cobertura Forestal empieza con un análisis de los incentivos perversos y los subsidios que promueven la intensificación y expansión de la ganadería industrial en Argentina, Paraguay, Brasil, República Democrática del Congo y Nepal, señalando cómo estos incentivos están impulsando la destrucción de ecosistemas biodiversos, las emisiones de carbono y conflictos con las comunidades. También analiza cómo la captura corporativa de la toma de decisiones en cuatro ejemplos a nivel nacional, regional e internacional, ha promovido subsidios e incentivos para prácticas destructivas en los sectores forestal y agrícola, y asegura que la reforma de estos incentivos continúa siendo una posibilidad lejana. A nivel nacional, la influencia de la industria de la celulosa y el papel sobre la toma de decisiones en Portugal está teniendo impactos directos en las comunidades campesinas de Mozambique, y, en el Reino Unido, el intenso cabildeo de los propietarios de la central eléctrica de biomasa más grande del mundo ha garantizado enormes subsidios para los próximos años. A nivel regional, exploramos cómo los grupos de presión corporativa que trabajan en nombre de la agroindustria han bloqueado la reforma del mayor incentivo perverso de todos, la Política Agrícola Común de la Unión Europea. A nivel internacional, observamos cómo la captura de los mecanismos de financiación y formulación de políticas climáticas globales está incentivando las plantaciones comerciales de árboles, la bioenergía y otras soluciones falsas a la crisis climática y de biodiversidad.

En las conclusiones, destacamos los puntos en común entre el diverso rango de ejemplos en este informe y argumentamos que la única forma de lograr cambios y el fin de la deforestación y los subsidios e incentivos que son dañinos para la biodiversidad es romper el círculo vicioso corporativo que influencia el desarrollo de las políticas públicas, los incentivos perversos que resultan de estos y las barreras insuperables para la reforma de los subsidios que han sido creados.

[1] https://www.un.org/esa/forests/news/2020/11/policy-brief-on-forest-financing-and-covid-19/index.html

[2] Lovera, S., Gupta, J. y van Ros-Tonen, M., 2015. Forests, Finance and Fairy Tales: The economic inefficiency of REDD+. Paper presented at the XIV World Forestry Congress, September 2015, Durban.

[3] Nepstad D et al., 2006. Inhibition of amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands, Conservation Biology, 20(1), 65-73.

[4] https://globalforestcoalition.org/ccri-reports/

[5] https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v28y2000i6p1001-1016.html y https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092180090900456X

[6] https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=15&Target=15.2

[7] https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf, p.12

[8] https://www.nature.com/articles/d41586-020-02341-1

[9] https://www.escr-net.org/corporateaccountability/corporatecapture/about

[10] https://www.foei.org/what-we-do/corporate-capture-explained

 

Argentina en quiebra: Los subsidios y el apoyo estatal a la ganadería y la agricultura industrial están destruyendo los humedales

Por Emilio Spataro, Amigos de la Tierra Argentina

El ecosistema de humedales de los Bajos Submeridionales en Argentina. Los Bajos No Se Tocan

Argentina está atravesando la peor crisis económica de su historia. A los problemas estructurales, se sumaron las medidas neoliberales que en los últimos cuatro años del gobierno anterior (2015-2019) endeudaron al país y aumentaron la fuga de divisas. En 2020 a pesar del cambio de gobierno (de corte progresista), las consecuencias de la pandemia han agravado la situación[1].

Pero más allá de las finanzas y el agotamiento de las reservas del Banco Central, el gobierno argentino sigue desarrollando planes, programas y proyectos para apoyar, estimular y profundizar en el modelo extractivista en general y en el basado en los agronegocios en particular.

Entre las iniciativas que tuvieron difusión pública destaca la denominada «Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres«. La misma fue publicada formalmente en el Boletín Oficial a través de la resolución 216/2020[2] y presentada en los medios de comunicación por Luis Basterra, el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Esta iniciativa gubernamental busca que la Argentina logre alcanzar las 200 millones de toneladas anuales de grano antes de 2030[3]. La medida propone el desarrollo de políticas públicas como beneficios fiscales, acceso a financiamiento y la reducción de las tasas de créditos bancarios, entre otras. Asimismo, el Gobierno estimó posible una recuperación de entre 500.000 y 1 millón de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión o amortiguamiento con el uso de nuevas tecnologías como los transgénicos, biología sintética y de agricultura digital[4]. Según el proyecto esto se traducirá en un incremento de US$ 20.000 millones, para así alcanzar las US$ 57.000 millones en exportaciones totales del sector en un periodo de 5 a 10 años[5].

Este plan no se trata de otra cosa más que el avance de monocultivos de soja, trigo, maíz y arroz (entre otros), sobre humedales y bosques nativos, dado que la iniciativa no plantea la recuperación ni la restauración de tierras degradadas por la agricultura o la ganadería.

Además, tendrá un impacto enorme en la expansión ganadera, tanto en Argentina como en otros países. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 75% del consumo interno de maíz (12,4 Mt) se destina al forraje animal[6]. Un 55% de la soja se destina al consumo animal (vía exportación principalmente a China[7]), siendo Argentina el líder mundial en producción y comercialización de harina y otros derivados de la soja para alimento de ganado.

Si bien no hay información sobre el porcentaje de tierras que se pretende dedicar a cada cultivo y a la ganadería, el reconocimiento de la transformación de áreas naturales como los humedales, se menciona explícitamente en el anexo de la Resolución 216, la cual dice “obras de habilitación para cultivos de cereales en los Bajos Submeridionales”.

Los Bajos Submeridionales, ubicados en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, pero principalmente en la Provincia de Santa Fe, son uno de los humedales más grandes e importantes de la región del gran Chaco Sudamericano. Con aproximadamente 4.000.000 hectáreas, son una depresión inundable donde el agua discurre ocupando y conectando lagunas, pantanos y esteros. Alojan especies amenazadas y/o vulnerables como las aves, playerito canela (Tryngites subruficollis) y el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), está última, una especie endémica que habita solo en los Bajos Submeridionales[8]. Además de ser uno de los últimos refugios del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus leucogaster), también son Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs) por BirdLife International[9].

Pero se encuentran bajo una enorme presión para disponer de sus tierras para la agricultura y la ganadería industrial, impulsada por el Estado argentino y gobiernos provinciales (subnacionales). A principios de año, el gobierno nacional anunciaba el gasto de 60 millones de dólares en canales para drenar 3 millones de hectáreas de este humedal[10], bajo la excusa de disminuir el efecto de las inundaciones. Ahora, en un año de sequía pronunciada, con la inclusión explícita de los Bajos Submeridionales en la iniciativa de los 200 millones de toneladas para el 2030, queda en claro que lo único que se busca es seguir avanzando con fondos públicos en la transformación de humedales en monocultivos agrícolas y la expansión ganadera.

Los agronegocios no solo están tratando de impulsar la expansión agropecuaria sobre tierras naturales financiadas y subsidiadas por el Estado sino que también se oponen a las iniciativas de la sociedad civil para aumentar la protección legal de humedales y bosques tal y como demuestra el plan que el Consejo Agroindustrial Argentino[11], una asociación de industrias muy poderosa, presentó al Presidente de la Nación[12]. La mesa de enlace rural que integran las entidades empresariales Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se opone a la creación de un observatorio de agroquímicos para sistematizar oficialmente la información sobre la contaminación producida por las fumigaciones agrícolas. También se oponen a la ley del fuego que busca prohibir los cambios en el uso del suelo tras las quemas por 30 años en humedales y por 60 años en bosques incendiados. Pero la mayor oposición es a la ley de humedales, para la cual declararon que «basados en una amplia y cuestionable definición de humedales, de prosperar, afectaría amplias porciones del territorio nacional para la actividad productiva«[13]. En tanto desde las Confederaciones Rurales Argentinas plantearon objeción por el impacto en la ganadería: (…) “no estamos de acuerdo en que haya una ley de presupuestos mínimos que involucre a toda la Nación y sobre todo a los humedales con una definición tan amplia que involucre al 25 o el 30% del territorio nacional y que va a complicar a un sector productivo que viene de muchos años produciendo carnes en campos bajos (…)”[14].

De esta forma se evidencia cómo opera el agronegocio agrícola y ganadero; primero generan propuestas de “reactivación económica y creación de empleo” que no se basan en inversiones directas de capital privado, sino en reducciones de impuestos, subsidios, financiamiento y obras públicas de infraestructura. Es decir, distintos mecanismos de transferencia de recursos públicos a los privados. Después de muchas reuniones con funcionarios y un intenso lobby, el Gobierno crea iniciativas, planes y programas que institucionalizan las peticiones de las corporaciones. Por último, las entidades del agronegocio presionan al Estado para que rechace nueva legislación ambiental que pueda limitar sus planes de expansión.

Pero después de un año de pandemia e incendios que destruyeron más de medio millón de hectáreas de humedales, las organizaciones de la sociedad civil no están dispuestas a que el lobby empresarial sea más fuerte que el reclamo popular. La Red Nacional de Humedales (ReNaHu)[15] convocó desde el 14 de noviembre hasta el 21 del mismo mes, a una semana de lucha por los humedales y visibilizar las más de 600 mil firmas recolectadas en reclamo de la sanción de una ley de protección de los humedales que salvaguarde estos ecosistemas de los intereses corporativos que los destruyen sobre el interés general y bien común de toda la sociedad.

[1] https://www.pagina12.com.ar/280812-claudio-moroni-estamos-atravesando-la-peor-crisis-economica-

[2] https://www.boletinoficial.gob.ar/web/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Faviso%2Fprimera%2F236002%2F20201014

[3] https://www.telam.com.ar/notas/202010/524850-agricultura-aprueba-iniciativa-alcanzar-200-millones-toneladas–granos-antes-2030.html

[4] Si bien el gobierno no ha detallado cómo el plan articulará las 200 millones de toneladas, recientemente la Argentina habilitó la siembra del trigo transgénico resistente a la sequía. Ver: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/transgenicos/trigo-hb4-transgencio/. También se firmó un convenio con la Bill Gates Foundation (el plan AgTech) para implementar la agricultura de precisión mediante la digitalización. Ver: www.biodiversidadla.org/Documentos/El-socio-menos-pensado-Bill-Gates-desembarca-en-el-sistema-agroalimentario-argentino

[5] https://www.ambito.com/agronegocios/granos/el-gobierno-impulso-una-iniciativa-producir-200-millones-toneladas-anuales-antes-2030-n5140217

[6] ttps://bcrnews.com.ar/ganaderia/cuanto-maiz-se-destina-a-la-alimentacion-animal-en-argentina/

[7] http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/casi-mitad-de-harina-de-soja-que-se-exporta-en-mundo-es-argentina

[8] L. Benzaquen et al (eds.), Regiones de Humedales de la Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fundación Humedales/Wetlands International, Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires, 2017.

[9] A. S. Di Giacomo (ed.), “Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad”, Temas de Naturaleza y Conservación 5:1-514. Aves Argentinas, BirdLife International, Buenos Aires, Argentina, 2005.

[10] https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/bajos-submeridionales-buscan-reactivar-produccion-3-millones-nid2332481

[11] http://bcch.org.ar/BCCH/web/bundles/BCCH/PDF/Agronegocios/bf6f7ef6ebd899ece581e5f75241f67a0551c457.pdf

[12] https://www.telam.com.ar/notas/202008/498483-alberto-fernandez-y-el-consejo-agroindustrial-analizaron-plan-para-aumentar-las-exportaciones.html

[13] https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ceea-nid2487724; https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/bosques/greenpeace-la-sociedad-rural-presiona-para-que-no-haya-castigo-a-quienes-provocan-incendios-y-desmontes/; https://www.infocampo.com.ar/si-la-ley-de-humedales-no-se-encara-bien-podriamos-sacar-de-la-produccion-una-enorme-cantidad-de-hectareas/

[14] https://www.infobae.com/campo/2020/09/27/ley-de-humedales-de-que-se-trata-y-que-piensan-el-campo-y-los-ambientalistas/

[15] https://www.facebook.com/RedNacionaldeHumedales

 

Ganadería y privilegios en Paraguay: Destrucción e injusticia

Por Miguel Lovera, Iniciativa Amotocodie, Paraguayx

Área quemada para despejar terrenos para la ganadería en el Chaco paraguayo. Simone Lovera

La ganadería, particularmente la de ganado vacuno, es una de las actividades económicas de mayor arraigo en Paraguay. Ya a mediados del siglo XVI, tal y como reporta el cronista criollo Ruy Díaz de Guzmán, se introducen los primeros vacunos al que hoy es su territorio. Es, entonces, de larga data la relación tensa, injusta y necesaria entre los habitantes humanos de este país y el ganado vacuno, venerado por la élite feudal que se instauró durante el coloniaje y cuyos herederos siguen ejerciendo una fuerte y retrógrada influencia en la economía nacional[1].

En Paraguay, el rebaño bovino ha pasado de 7 millones de cabezas en 2007 a alrededor de 14 millones en la actualidad, ubicándose como noveno exportador mundial de carne vacuna[2]. En los últimos 20 años, se ha registrado un incremento en las inversiones para acompañar la introducción de nuevas razas y nueva genética en el hato ganadero criollo[3]. El principal aliciente para este incremento de las inversiones en el sector es la exportación de carne, que ha pasado de 27 mil toneladas en 1994 a 249 mil toneladas en 2019[4]. Esto, en términos de valor monetario, significó pasar de US$55 millones en exportaciones por año, a $1.022 millones[5].

Estos “logros” se alcanzaron a través de un sistema de privilegios y subsidios al sector ganadero. Partiendo con la principal causa subyacente y subjetiva de la hecatombe ambiental, que arranca de la tradición arcaica que, para ser “gente” en un país como Paraguay, hay que tener una estancia (por lo menos una), el partido Colorado, en el poder por 162 de los 209 años de vida independiente del país, repartió al menos 20.000.000 de hectáreas de tierras públicas entre su clientela. De esta manera, se logró que alrededor del 90% de la superficie del país fuese privatizada y que alrededor del 80% de la tierra quedase en manos del 2% de la población[6], otorgando así el principal subsidio a la ganadería nacional.

Este partido ha sido el principal nexo entre el sector ganadero y la clase política y, en la actualidad, los políticos, funcionarios y parlamentarios del mismo son, en sí mismos, terratenientes ganaderos. De esta manera, la actividad ganadera permanece en manos de un sector que mantiene sus privilegios a través del tiempo. Hoy en día, esta estructura sociopolítico-económica, conforma la base de la producción primaria para la exportación de carne vacuna. En meses recientes, se reveló que un influyente senador paraguayo, de familia colorada, aunque representante de un partido diferente al Colorado, es el propietario espurio de una finca que forma parte de un parque nacional[7]. Se sabe que este tipo de adjudicación de tierra—la que implica la temeraria determinación de cercenar el parque nacional más antiguo del país—fue obtenida a través de la combinación de influencias políticas y de sobornos a funcionarios venales. Este caso ejemplifica uno de los múltiples eventos de usurpación y adjudicación de tierras públicas en el Paraguay.

Pero los subsidios y privilegios a la elite ganadera no terminan ahí. La ley les garantiza la explotación de la mano de obra nacional, concediéndole al sector ganadero el pago de un salario mínimo “minimizado” de $129/mes a empleados en las estancias con hasta 4.000 cabezas y de 178/mes a las estancias de más de 4.000 cabezas, mientras que el salario mínimo “normal” es más del doble; unos $364/mes[8].

Además, los impuestos aplicados a la actividad ganadera son sumamente ínfimos. Por ejemplo, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO), único impuesto directo a las actividades agropecuarias, es estimado, calculado y cuantificado por las mismas empresas, simplemente suscribiendo una “declaración jurada”, que rara vez es controlada por un fisco y que sólo cuenta con un centenar de fiscalizadores para más de 200.000 establecimientos agropecuarios, pequeños en su mayoría, medianos algunos y grandes los menos, pero, que ocupan casi el 90% del área en cuestión. Se atribuye así un subsidio adicional que debe ser financiado por el resto de los habitantes del país, quienes no cuentan con privilegios y son obligados a aportar con sus impuestos, principalmente a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 65% de la recaudación fiscal nacional proveniente de todas las transacciones comerciales en la plaza local.

Otro impuesto que normalmente representa una tajada importante sobre el capital productivo es el impuesto inmobiliario. Este, en el Paraguay, representa sólo el 1% sobre el valor fiscal de los inmuebles rurales, lo que equivale al 5-10% del valor comercial, alcanzando apenas una recaudación de $6-7 millones anuales, recordando que se debería aplicar a una base de unas 20.000.000 de hectáreas. Producto de esta situación es que, la sumatoria de los tres principales impuestos pagados por el sector agropecuario en el país, el IRAGRO, más el impuesto inmobiliario más el IVA, apenas suman $67 millones, el 2,8% recaudación total nacional, en años buenos, mientras la participación agropecuaria en el PIB es del 27%[9].

Sin dudas que el sector ganadero bovino, y la actividad exportadora conexa, no es solamente el resultado del “esfuerzo” local. La actividad cuenta con el apoyo de “imagen” del propio sistema de las Naciones Unidas, con la participación estelar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el apoyo financiero internacional, tanto privado como público. Así, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, decidió iniciar un proceso de apoyo a la expansión ganadera en el Chaco Paraguayo, una de las regiones con mayor tasa de deforestación en el mundo. El apoyo consiste en proveer a la actividad de un “ropaje verde”, incluyéndose en su portafolio de plataformas de actividades “sostenibles”[10]. También, la International Finance Corporation informó en julio del 2019, bajo el sugestivo título en inglés de “Beefing up Paraguay’s meat industry”[11] (en castellano, “Fortalecimiento de la Industria Ganadera del Paraguay”). El artículo enumera las contribuciones de múltiples entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, dedicadas a financiar el aumento de la productividad de las explotaciones ganaderas para detener la deforestación, ejercicio que ha comprobado tener el efecto contrario, es decir, el aumento de la productividad ha acompañado el aumento de la deforestación, como se comprueba en el Chaco y en el resto de Paraguay.

Así, Paraguay aporta su suelo, agua y trabajo, y los inversores extranjeros exportan el producto más codiciado de este suelo, la carne vacuna. Entre el 60 y el 70% de las exportaciones de este producto se realizan a través de empresas de capital brasileño, sin pagar impuestos por su exportación[12]. Paraguay se sitúa en el selecto grupo de “guaridas fiscales” que realizan el “saneamiento” contable de fondos de cuestionable origen, asumiendo costos sociales, económicos y ambientales superlativos, especialmente para su población más carenciada, acumulando una deuda con las generaciones presentes y futuras, las que ven postergados sus derechos por subsidiar los privilegios de una vetusta clase feudal.

[1] Miguel Lovera, “La Dimensión Ganadera de los Agronegocios: Negocio insustentable que mantiene la inequidad”, en Marielle Palau, Con la soja al cuello 2015. Informe sobre Agronegocios en Paraguay, BASE-IS Asunción, 2015.

[2] Cifras de USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, 2020. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf. Paraguay ocupó, durante el 2016 y el 2017, el sexto lugar como exportador mundial de carne. Actualmente, cayó al noveno puesto, debido principalmente al sobrefaenamiento motivado por la ambición de aumentar los ingresos de los productores, quienes, en ese afán, recurrieron a la disminución de los vientres de cría en sus rebaños, interfiriendo así con el desarrollo del hato ganadero.

[3] L. Arce, La industria Cárnica en el Paraguay. Observatorio de Economía Internacional, Asunción, 2012.

[4] https://www.datamarnews.com/noticias/mercosur-registers-exceptional-beef-exports-in-2019/

[5] Cifras calculadas para 2019 en base a datos de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay.

[6] Miguel Lovera, “Transgénicos en la agricultura: una imposición motivada ideológicamente”, Espacio Orgánico, Asunción, 2014.

[7] https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/26/denuncian-al-senador-fidel-zavala-por-la-usurpacion-y-venta-ilegal-de-una-parte-del-parque-nacional-ybycui/

[8] https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/contenido.php?c=130

[9] Calculado a partir de datos de la Secretaría de Estado de Tribiutación de la República del Paraguay.

[10] Lanzamiento de la Plataforma Nacional de Carne Sustentable. https://greencommoditiesparaguay.org/lanzamiento-de-la-plataforma-nacional-de-carne-sustentable/

[11] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/paraguay+meat+industry

[12] Miguel Lovera, “La Dimensión Ganadera de los Agronegocios: La ganadería en el contexto del ‘Nuevo Rumbo’”. En M. Palau, Con la soja al cuello 2016. Informe sobre Agronegocios en Paraguay, BASE-IS Asunción, 2016.

 

La cadena insostenible de suministro agroindustrial de Brasil y los incentivos perversos contra los bosques y los derechos humanos

Por Carolina Alves, Plataforma Socioambiental; y Letícia Tura y Maureen Santos, FASE, Brasil

By Carolina Alves, Plataforma Socioambiental, Brazil; and Letícia Tura and Maureen Santos, FASE, Brazil

Un ganadero en una área devastado por incendios en la región del Pantanal. João Paulo Guimarães

La cadena de suministro de la producción industrial de carne de Brasil va mucho más allá de la cría, el sacrificio y el procesamiento de animales. También incluye el sector de la soja, donde el 90% de la producción se utiliza para la alimentación animal. La producción brasileña de soja ha crecido más del 140% en los últimos 20 años, y durante más de una década FASE ha estado llevando a cabo estudios[1] que exponen cuán insostenible es el sector ganadero agroindustrial.

Brasil tiene 215 millones de vacas, el segundo rebaño más grande del mundo y más numeroso que la población humana de Brasil. La ganadería ocupa más tierra que cualquier otra actividad económica del país y, en conjunto, la ganadería y la producción agrícola ocupan un total de 350,2 millones de hectáreas.[2] Brasil es también el mayor exportador de soja del mundo, y los productos agrícolas representan el 46% del valor de las exportaciones brasileñas, la gran mayoría de las cuales van a Asia. Además, las empresas brasileñas representan una parte significativa del mercado mundial de la carne de vacuno, y el país es el tercer productor de leche más grande del mundo.[3]

El crecimiento del sector se sustenta a base de inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y su escala económica se corresponde con la magnitud de los problemas socioambientales que genera. La política agrícola y ganadera nacional (el Plan Safra) incluye una serie de programas gubernamentales que implican un fuerte apoyo a la producción ganadera. La mayoría de estos programas pretenden promover la ganadería sostenible, como el Plan de agricultura bajo en carbono y la Política nacional de integración agropecuaria-forestal, pero la realidad es distinta.

En un informe reciente, La Voz de los Pueblos Indígenas de Brasil[4], junto con Amazon Watch, mostró los vínculos entre las principales instituciones financieras internacionales y la producción y exportación de las materias primas involucradas en conflictos en tierras indígenas, deforestación, acaparamiento de tierras y debilitamiento de la protección ambiental. Según el informe, la cosecha récord de 120 millones de toneladas de soja alcanzada en 2019/2020 fue posible gracias al aumento de la deforestación y las violaciones de derechos sociales y ambientales.

El modelo de producción del sector de la soja se basa en grandes monocultivos, y las empresas transnacionales dominan todos los aspectos de la cadena de suministro. Combinadas con la constante expansión de los pastos de ganado en la Amazonía y el Cerrado, estas actividades son los principales vectores de destrucción ambiental en el país, causando deforestación, contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad. Esta destrucción tiene profundas repercusiones sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales y campesinas, así como en la soberanía alimentaria en el campo y las ciudades.

La ganadería es uno de los principales impulsores de la deforestación en el país, y las cuatro empresas más grandes del sector – JBS, Marfrig, Minerva y BRF – han sido a menudo acusadas de comprar ganado de ganaderos que han sido multados por deforestar ilegalmente.[5] En los últimos años, Brasil ha tenido unas tasas de deforestación alarmantes. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE)[6], 11.000 km2 de bosques fueron despejados en la Amazonia brasileña entre agosto de 2019 y julio de 2020.

Además de su poder económico, el agronegocio también tiene un gran poder político. Una de las principales formas en las que se ejerce la influencia política es a través del Frente Parlamentario de Agricultura y Ganadería (FPA), también conocido como la bancada rural. El FPA cuenta con 39 senadores y 245 diputados federales entre sus miembros. Opera en el Congreso Federal y también tiene influencia en las Asambleas legislativas estatales y en las Cámaras municipales. Según un informe de De Olho nos Ruralistas, la principal organización que monitorea las acciones de la bancada[7], está financiada por el sector bancario brasileño, incluyendo el Banco do Brasil, Santander e Itaú BBA, y por 22 de las 50 empresas ganaderas y agroindustriales más importantes de Brasil, entre ellas Bayer, BASF, Syngenta, Bunge, Cargill, BRF, SEARA, Aurora, JBS y Ceratti.

El apoyo estatal y privado a los sectores ganadero y de piensos sigue creciendo a pesar del actual desastre ambiental que está viviendo Brasil y de la presión internacional sobre el gobierno de Bolsonaro, liderado por estados miembros de la Unión Europea preocupados por los posibles impactos del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. Según datos publicados para 2020/2021, el gobierno federal pretende invertir 39 mil millones de euros en el sector, lo que representa 6% más que en 2019, con gran parte de los recursos provenientes de bancos públicos como BNDES.[8] De este total, 200 millones de euros se destinarán a subvenciones para los costes de los seguros. Otras formas de apoyo estatal incluyen inversiones en investigación y nuevas tecnologías y cambios legislativos a favor de la industria.

El llamado financiamiento verde también está ganando popularidad rápidamente. Brasil es líder en la emisión de bonos verdes en América Latina, con $5.13 mil millones emitidos desde 2014, y los sectores de la agricultura y la ganadería son considerados los principales mercados para estas inversiones “verdes”. Esta tendencia se apoya en nuevas políticas que facilitan el acceso de inversores internacionales a los mercados y que financian indirectamente la expansión de la industria.

La economía brasileña está en crisis debido a la pandemia y a la falta de una estrategia económica del gobierno. Los graves incendios en el Amazonas, Cerrado y Pantanal también han hecho que los inversores sean más cautelosos. Sin embargo, Brasil sigue siendo un terreno fértil para las inversiones en agronegocios. Según la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), la baja tasa de interés del país es otro gran incentivo para los inversores y, también con la devaluación de la moneda, las inversiones son ahora más baratas y hay más competencia entre los inversores. Además, las importaciones chinas de carne procedentes de Brasil habían aumentado en un 65.8% en 2020 hasta agosto[9], aliviando en parte los desafíos económicos.

Si bien el Estado sigue garantizando el apoyo a la agroindustria, los recursos para servicios esenciales como la agricultura familiar – que produce la mayor parte de los alimentos consumidos en el país – están siendo socavados y duramente afectados por la pandemia. Recientemente, el gobierno federal vetó una ley para un plan de emergencia para la agricultura familiar y también trató de vetar el plan de emergencia para los Pueblos Indígenas. Su argumento de que había falta de fondos para apoyar estas medidas demostró claramente que sus lealtades políticas están con los intereses del beneficio económico más que con el pueblo.

[1] Véase https://fase.org.br/wp-content/uploads/2010/06/Onde-pastar.pdf; https://fase.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Livro-Cadeia-Industrial-da-carne.pdf; https://fase.org.br/wp-content/uploads/2017/03/brazil-case-study-PT.pdf; https://fase.org.br/pt/acervo/documentos/a-luta-camponesa-construindo-transicao-agroecologica-no-mato-grosso-resistencia-ao-modelo-hegemonico-da-pecuaria-industrial/;

[2] https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-censo-agro-2017.html ; https://www.canalrural.com.br/noticias/area-ocupada-por-agricultura-cresceu-5-desde-2006-aponta-ibge/

[3] https://agronewsbrazil.com.br/brasil-e-o-3o-maior-produtor-de-leite-do-mundo-superando-o-padrao-europeu-em-alguns-municipios/

[4] http://apib.info/files/2019/05/Cumplicidade_Na_Destrui%C3%A7%C3%A3o.pdf

[5] https://deolhonosruralistas.com.br/2020/07/18/omissao-do-bndes-faz-jbs-comprar-gado-de-desmatamento-da-amazonia-diz-anistia/> e https://reporterbrasil.org.br/2020/09/bb-e-bndes-sao-os-bancos-que-mais-financiam-setores-que-desmatam-mostra-estudo-internacional/

[6] http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5615

[7] https://deolhonosruralistas.com.br/

[8] https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho

[9] https://www.moneytimes.com.br/exportacao-de-carne-do-brasil-aumenta-12-no-ano-ate-agosto-china-compra-658-mais/

 

El sector ganadero en Kivu del Sur, República Democrática del Congo: Corrupción, mala gobernanza y desprecio brutal por los derechos humanos

Por John Ciza, FCPEEP, RDC

Ganadería en Kivu del Sur. FCPEEP

La República Democrática del Congo (RDC) está dotada de una variedad de ecosistemas y hábitats naturales que poseen una diversidad biológica excepcional, convirtiéndolo en uno de los diez países mega-biodiversos del mundo. Con una cubierta forestal de más de 155 millones de hectáreas, la RDC posee alrededor del 10% de los bosques del mundo y más del 47% de los bosques de África[1]. Sin embargo, esta biodiversidad está gravemente amenazada por la intensa demanda de tierras fértiles donde concesiones forestales se están otorgando para fines agropecuarios.

La demanda y la producción de productos animales están aumentando rápidamente en el país debido al crecimiento de la población y a los cambios en el estilo de vida y la dieta. La ganadería insostenible, tanto a gran escala como a pequeña escala, y llevada a cabo por las empresas, así como por los agricultores individuales, contribuye a la destrucción de bosques y biodiversidad, y a la contaminación del aire, agua y suelo[2].

Como en muchos otros lugares, el sector ganadero tiene un gran peso social y político en la RDC, y asegura la supervivencia de muchas poblaciones rurales, siendo una fuente importante de sustento. Sin embargo, cada vez se da más prioridad a la producción a gran escala para la venta en las zonas urbanas y menos a la producción a pequeña escala para el consumo local. Al mismo tiempo, los pueblos que dependen de los bosques y grupos marginados como las mujeres, están siendo explotados, abusados y privados de sus derechos fundamentales. Este es especialmente el caso en los territorios de Mwenga, Kabare y Kalehe en la provincia de Kivu del Sur[3], que es el enfoque de este artículo.

Algunas aldeas de Mwenga, Kabare y Kalehe han perdido grandes superficies de bosques debido a la ganadería, en gran parte como resultado de los cambios en el uso de la tierra relacionados con la producción de cultivos forrajeros, donde se talan árboles y se quema la tierra para convertirla en superficie cultivable[4]. Esto ha resultado en invasiones de áreas protegidas como el Parque Nacional Kahuzi-Biega, la Reserva Natural Itombwe y otras áreas de bosques comunitarios, por pastores en búsqueda de nuevas tierras. Las invasiones generan conflictos a veces mortales entre pastores, administradores de áreas protegidas y comunidades que dependen de los bosques.[5]

La ganadería no solo ha generado presión sobre el medio ambiente en Kivu del Sur, sino que también ha acentuado la miseria de los pueblos que dependen de los bosques y de las comunidades locales que son despojados de sus tierras y bosques. Aunque algunas de las prácticas agrícolas de las comunidades locales también son parte del problema, los principales responsables son las grandes empresas. Varios pueblos han sido invadidos por inversores, accionistas de empresas, políticos y empresarios influyentes. Bajo la protección de los jefes consuetudinarios y de los políticos locales, estos actores utilizan su influencia política y financiera para obtener acceso a la tierra y a los recursos naturales en muchas zonas forestales, y se benefician directamente de la mala gobernanza y de las normativas laxas.

Dentro de la industria ganadera, las mujeres también son explotadas de forma rutinaria. Se les considera mano de obra barata y reciben salarios precarios por sus funciones, que incluyen transportar forraje, barrer cobertizos, sacar agua, alimentar al ganado y lavar los utensilios que se utilizan para almacenar la leche. También corren el riesgo de sufrir acoso sexual por parte de los administradores y propietarios de granjas.[6] Las mujeres experimentan una mayor marginación porque enfrentan costumbres rígidas que les niegan sus derechos a poseer y heredar tierras y a trabajar con condiciones dignas y salarios justos. En varias comunidades, las mujeres congoleñas son tratadas como ciudadanas de segunda clase, por lo que les resulta especialmente difícil defender sus derechos o sus bosques.

En general, los responsables de la expansión de la ganadería en la República Democrática del Congo son los empresarios influyentes, algunos de los cuales son políticos activos o jubilados que también son accionistas directos en las empresas agropecuarias (o tienen familiares que lo son). Con los recursos financieros a su disposición, estos empresarios influyen fácilmente en los responsables de la toma de decisiones para llevar a cabo actos políticos y administrativos a su favor, incluyendo el otorgamiento de subvenciones y otros incentivos financieros, como exenciones fiscales.

En los territorios de Mwenga, Kabare y Kalehe, existen numerosos ejemplos de empresas que se benefician directamente de sus estrechos vínculos con los responsables de la toma de decisiones. La empresa 1[7], por ejemplo, está activa en los sectores agropecuario y minero y pertenece a un empresario influyente que está asociado con el Estado congoleño. La empresa 2 es una compañía agropecuaria propiedad de un diputado que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de la Asamblea Nacional de la RDC. La empresa 3 es otra agropecuaria que pertenece a un ex ministro del gobierno y diputado de la RDC. La influencia política y financiera que estas empresas ejercen sobre los líderes locales, los agentes estatales y las instituciones políticas les ayuda a adquirir tierras y aprovechar una amplia gama de servicios y apoyos estatales.

En la RDC, las actividades agropecuarias se llevan a cabo en un contexto de gobernanza quebrada y brutal desprecio por los derechos humanos. Los grupos marginados no pueden hacer valer sus derechos frente a las empresas ganaderas en sus territorios porque la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el clientelismo aseguran que el sistema judicial no sea independiente, y que los dueños de estas empresas estén protegidos por miembros del gobierno que tienen interés en apoyar y proteger sus intereses.

Algunas leyes también favorecen la expropiación de tierras de las comunidades locales por parte de empresas agropecuarias, otorgando concesiones de tierras y bosques. Este es el caso de una ley que ha convertido al Estado congoleño en el único e inalienable propietario del suelo y del subsuelo[8], donde los individuos son simples usuarios y/o inquilinos, y no se reconocen las tierras comunitarias. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de una reforma agraria en la RDC que refleje las realidades económicas, ambientales y sociales actuales, y reconozca los derechos consuetudinarios de las poblaciones vulnerables y marginadas a ocupar y utilizar tierras comunitarias no registradas.

El apoyo que se ofrece al sector ganadero en la RDC no se extiende a los agricultores locales, sino que se orienta a las empresas con estrechos vínculos con políticos influyentes. Esto solo aumenta los recursos financieros y la influencia política que ejercen estas empresas y refuerza la mala gobernanza en la región, alejando la ganadería de los sistemas más sostenibles, productivos y resistentes que se necesitan con tanta urgencia.

Minería: Otro motor de pérdida de bosques y abusos de los derechos humanos en la RDC

Hay muchos paralelismos entre los sectores minero y ganadero de la República Democrática del Congo. De hecho, algunas de las empresas agropecuarias con estrechos vínculos políticos también están involucradas en la minería. El sector minero está igualmente dividido en grandes y pequeñas escalas, y la minería industrial y artesanal a menudo están en competencia y en conflicto entre sí.[9] Ambos tienen efectos negativos en cuanto a la pérdida de bosques, la violación de los derechos de los pueblos que dependen de los bosques, y la explotación de las mujeres que reciben escasos ingresos. La mayoría de las operaciones mineras en Mwenga, Kalehe y Kabare son a cielo abierto, lo que lleva a la destrucción de los bosques, a la degradación del suelo y del paisaje y a la contaminación del agua. También tiene impactos sociales y riesgos para la salud de las comunidades circundantes. En Kivu del Sur, se acusa a las empresas mineras de acaparar las tierras de las comunidades rurales. Utilizan su influencia sobre las autoridades políticas y administrativas, los jefes consuetudinarios, los dirigentes locales o los grupos armados para obtener permisos de funcionamiento sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales. A pesar de la riqueza de recursos naturales que posee la RDC, su explotación no contribuye a mejorar las condiciones de vida de su población. Esto es consecuencia de la mala gobernanza que penetra la política y la influencia que las empresas tienen sobre los responsables políticos.

[1] Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible de la República Democrática del Congo, 2016: 14-15.

[2] http://www.fao.org/livestock-environment/fr/

[3] http://www.fao.org/ag/fr/magazine/0612sp1.htm

[4] Información proporcionada por el activista ambiental Josué Aruna Sefu, Presidente de la Environmental Civil Society of South Kivu (Sociedad Civil Ambiental de Kivu del Sur), entrevista realizada en Bukavu, el 4 de noviembre de 2020.

[5] Información proporcionada por Juvénal Munganga Mulengezi, Oficial de Turismo del Parque Nacional Kahuzi-Biega, entrevista realizada en la estación Tshivanga, del 2 de noviembre de 2020.

[6] Información proporcionada por uno de los administradores de criadores locales, Dieudonné Byanjira, Presidente de criadores de vacas en el grupo Bugorhe / Kabare, entrevista realizada en Kashenyi el 5 de noviembre de 2020.

[7] Los nombres de estas empresas han sido cambiados para proteger al autor, lo que es otra indicación de la influencia potencialmente peligrosa que ejercen.

[8] El artículo 53 de la Ley No. 73/021 del 20 de julio de 1973 sobre el régimen general de la propiedad, el régimen de la tierra y la propiedad y el régimen de los derechos de seguridad, tal como enmendada y complementada por la Ley Nº 80-008 del 18 de julio de 1980.

[9] Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible de la República Democrática del Congo, 2016: 45.

 

Los incentivos gubernamentales para la agricultura animal intensiva chocan con la protección de los bosques en Nepal

Por Bhola Bhattarai y Roshan Chikanbanjar, National Forum for Advocacy, Nepal (NAFAN)

Ganadería intensiva en Nepal. Roshan Chikanbanjar

Tanto la ganadería industrial como la ganadería a pequeña escala son factores impulsores de la deforestación, las emisiones de carbono, la contaminación del agua y el aire, y la pérdida de biodiversidad en Nepal. El pastoreo abierto e incontrolado afecta en particular a la conservación de los bosques. Alrededor de una cuarta parte de la población nacional se dedica a la agricultura animal[1], y sin embargo, el apoyo gubernamental a la ganadería promueve la intensificación y la expansión de las grandes explotaciones agrícolas y agroindustrias, dejando atrás los pequeños agricultores.

Aunque el consumo de carne y productos lácteos per cápita en Nepal sigue siendo relativamente bajo, la producción ha aumentado en más del 40% en los últimos diez años. Si bien más de la mitad de la producción de carne y productos lácteos procede de búfalos, la producción avícola ha registrado con mucho el mayor aumento, del 260%, seguido de un aumento de casi el 70% en la producción de cerdo.[2] El tamaño de los rebaños ha aumentado a un ritmo más lento durante el mismo periodo, lo que sugiere que la intensificación ha sido clave para este aumento y que, en el caso de la producción avícola, son las fincas industriales las que han impulsado el fuerte aumento y no la agricultura de pequeña escala.

Los nepaleses también consumen de promedio un 40% más de carne per cápita que hace 20 años, aunque esta tendencia se asocia principalmente con el aumento de los ingresos de las familias de clase media[3]. Al mismo tiempo, cada vez hay más pruebas de que el alto consumo de carne roja, especialmente de carne procesada, podría estar asociado con un mayor riesgo de varias enfermedades crónicas importantes, como enfermedades cardíacas, cáncer, apoplejía y diabetes[4], cuya incidencia está aumentando en Nepal.

Las prácticas religiosas son otro motor de la demanda de producción ganadera en Nepal. Aunque la carne de res generalmente no se consume debido a creencias religiosas, muchos hindúes creen que el sacrificio animal agrada a sus dioses. Esto tiene un impacto significativo en los derechos y el bienestar de los animales, especialmente durante los festivales. Por ejemplo, en Gadhimai, un festival de dos días que se celebra cada cinco años y atrae a miles de devotos nepaleses e indios, miles de animales son sacrificados, en su mayoría búfalos. Las organizaciones de defensa de los derechos de los animales han estado tratando de detener esta práctica inhumana y cruel durante muchos años, pero a pesar de la prohibición del evento, sigue siendo muy popular.

Existe una falta clara de alineación de políticas dentro de las estructuras gubernamentales de Nepal, ya que existen numerosos actos, directivas y políticas que promueven la expansión de la agricultura animal[5], y muy pocas políticas tienen como objetivo proteger el bienestar de los animales[6]. También existe un conflicto entre las políticas relacionadas con el ganado y la Ley Forestal, que es muy respetada, y que entrega el control de grandes áreas de bosque a las comunidades. Mientras que la Ley Forestal busca controlar el pastoreo y la recolección de forraje en los bosques para su protección, otras políticas y leyes incentivan el uso de los bosques para actividades ganaderas y son un motor de degradación forestal.

Además del apoyo a las políticas, el gobierno de Nepal está promoviendo la agricultura animal mediante subsidios y otros incentivos a los agricultores a través de varios proyectos de desarrollo. Por ejemplo, el proyecto de modernización agrícola del Primer Ministro[7] se ha ampliado recientemente y da prioridad a la intensificación y a la mecanización. Este proyecto subvenciona la compra de tractores (donde los agricultores requieren al menos cinco hectáreas de tierra cultivable para ser elegibles), equipo y herramientas agrícolas, semillas y fertilizantes. También da subvenciones para la compra de variedades mejoradas de semillas y plantas como el té, el café, el cardamomo y las nueces de areca, todas las cuales se consideran en gran medida cultivos comerciales y no de subsistencia.

Los costos de los seguros también son subsidiados por el gobierno para cubrir los riesgos para la ganadería, tales como enfermedades y pérdida de acceso al mercado. En 2013, la Junta de Seguros de Nepal publicó las Directivas de Seguros de Cultivos y Ganadería, a través de las cuales los productores pueden recibir una subvención del 75% sobre los costos de los seguros[8]. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ganadero, los pagos a los seguros para la ganadería aumentaron más de diez veces entre 2014 y 2017, pasando de 4.15 a 55.23 millones de euros[9].

En general, estos mecanismos de apoyo están orientados hacia explotaciones más grandes y de propiedad privada. Los pequeños propietarios y los agricultores pobres sin tierras no pueden beneficiarse de este apoyo debido a la falta de acceso a la información sobre los programas gubernamentales, falta de medios para formar negocios y falta de capital para cubrir los costos que sólo están parcialmente subvencionados.

El carácter discriminatorio de los subsidios e incentivos de Nepal para la producción ganadera es el resultado del hecho de que los intereses comerciales han influido mucho en los procesos de formulación de políticas del país. Una fuente gubernamental anónima afirmó que la mayoría de las empresas agrícolas recientemente registradas que se benefician de subsidios gubernamentales han sido establecidas por las élites políticas y por instrucciones de los líderes electos locales. Existe un nexo entre el gobierno y el sector privado que es una forma de corrupción institucionalizada, y asegura que las enormes sumas de dinero asignadas en subsidios agrícolas se pagan principalmente a los agricultores ricos y a las empresas privadas con conexiones gubernamentales, y siguen fuera del alcance de los agricultores pobres y marginados.

[1] Karki, Y. K., 2015. Nepal Protofolio Performance Review (NPPR). Kathmandu: Ministry of Agriculture Development (MOAD).

[2] Poudel et al., 2020. Livestock and Poultry Production in Nepal and Current Status of Vaccine Development. Vaccines, 8, 322.

[3] Ministry of Finance, 2017. Economic survey of Nepal 2073/74 BS (2016/17).

[4] Wolk, A., 2017. Potential health hazards of eating red meat (Review). Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden J Intern Med 2017; 281: 106–122.

[5] Tales como la Ley de forraje de 1976, la Ley de la junta nacional de desarrollo de los productos lácteos de 1991, la Ley de sanidad pecuaria y servicio pecuario de 1998, la Política nacional de promoción de la agricultura de 2006, la Política industrial de 2011, la Política de pastizales de 2012, la Política de cría de ganado de 2012, las Directivas sobre seguro de cultivos y ganado de 2013, la Política forestal de 2015, las Directivas sobre seguro de cultivos y ganado (actualizadas) de 2017, y la Política nacional de agroforestería, 2019.

[6] Tales como la Ley de protección de los animales acuáticos de 1960, la Ley de protección y bienestar de los animales de Nepal de 2011, y las Directivas sobre bienestar de los animales de 2016.

[7] https://pmamp.gov.np/

[8] Devkota, D., et al, 2020. Livestock insurance adoption in Nepal: lessons learned. Lalitpur: Nepal Agricultural Research Council.

[9] MOALD, 2020. Statistical information on Nepalese Agriculture. Kathmandu: Ministry of Agriculture and Livestock Development (MOALD).

 

Cómo el negocio agrícola de la UE obstaculizó la reforma del incentivo más perverso de todos: La Política Agrícola Común

Por Nina Holland, Corporate Europe Observatory; y Simone Lovera, Coalición Mundial por los Bosques

La reforma de la Política Agrícola Común podría ser una oportunidad para reducir drásticamente el uso de fertilizantes y pesticidas. Bill Meier/Flickr

El 22 de octubre de 2020, menos de tres meses antes de la finalización del primer Plan Estratégico (PE) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Ministros y el Parlamento de la Unión Europea adoptaron una decisión que socavará las nuevas ambiciones de la UE en materia de biodiversidad y agricultura sostenible: votaron por no reorientar fundamentalmente uno de los sistemas de subvenciones más perversos del planeta, la Política Agrícola Común (PAC). Al hacerlo, se aseguraron de que miles de millones del dinero de los contribuyentes se seguirán gastando en agricultura industrial, en lugar de cambiar para mejorar los métodos de producción agrícola. La decisión viola la Meta 3 del PS Aichi sobre la eliminación o reforma de las subvenciones y otros incentivos perversos que perjudican la biodiversidad, así como las estrategias de la Comisión Europea sobre agricultura y biodiversidad de von der Leyen, que incluyen un objetivo de reducción del uso de pesticidas en un 50%.

No menos de un tercio del presupuesto total de la UE se gasta en la PAC. La «nueva» PAC revisada permitiría gastar 391,4 mil millones de Euros[1] entre 2021 y 2027 en subsidios, principalmente para la ganadería agroindustrial y la producción agrícola convencional a gran escala. Esto tendría efectos devastadores en los bosques y otros ecosistemas, tanto dentro como fuera de Europa. El nuevo esquema seguirá subvencionando un sistema agrícola que ha sido responsable de una dramática pérdida de especies en los paisajes agrícolas europeos y sus alrededores. Por ejemplo, BirdLife International ha estimado que Europa ha perdido el 57% de sus aves camperas debido al modelo agrícola apoyado por la PAC.

Además, al subvencionar el uso agrícola convencional de la tierra, la PAC constituye un obstáculo importante para las iniciativas que promueven la reserva de tierras para la restauración de bosques naturales y otros ecosistemas. La OCDE ha señalado que cualquier sistema que subsidia la agricultura convencional por encima de los usos alternativos de la tierra perjudica la biodiversidad.[2] Las deposiciones de nitrógeno por parte de la industria ganadera y los agroquímicos utilizados en los cultivos agroindustriales y la ganadería tienen un impacto negativo masivo en la calidad de los bosques europeos y otros ecosistemas también. Además, al subvencionar una industria ganadera intensiva que importa grandes cantidades de soja modificada genéticamente de Sudamérica, la PAC es un motor clave de la expansión de la soja y la deforestación relacionada en países como Brasil, Argentina y Paraguay (ver los estudios de caso sobre el impacto de la producción de soja en estos países en este informe).

Los profundos impactos medioambientales de la PAC son igualados por sus dramáticos impactos sociales: Entre 2005 y 2016, 10 millones de personas perdieron sus empleos en la fuerza laboral agrícola regular de la UE. Durante los últimos 40 años de agricultura subvencionada de la UE, millones de pequeñas explotaciones se vieron obligadas a abandonar sus actividades. Solo en los Países Bajos, que es el segundo mayor exportador agrícola del mundo en términos del valor de las exportaciones, entre 1950 y 2014, un promedio de 15 granjas por día fue a la bancarrota o abandonó la producción.[3] Entre 2003 y 2013, una de cada cuatro granjas desapareció en la UE[4], causando una profunda miseria para aproximadamente cuatro millones de familias.

Esta tragedia se explica por la liberalización de los mercados agrícolas (azúcar, leche), por una parte, y, por otra, por la continuación de la entrega de subvenciones por hectárea. Esto dio lugar a una situación en la que los grandes agricultores y terratenientes se han beneficiado más de las subvenciones de la PAC. Se estima que el 80% de todas las subvenciones concedidas están en manos del 20% de los productores más grandes de la UE. [5]

Para las grandes empresas agroindustriales, el resultado de la PAC ha sido hasta ahora un gran triunfo. Estas empresas consideran que la PAC es una herramienta clave para reducir los compromisos medioambientales mucho más ambiciosos asumidos por la actual Comisión de la UE que afectará directamente sus ganancias, incluida la Estrategia “Farm to Fork” de 2020, la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad y el Acuerdo Verde. Entre ellos figuraban objetivos de reducción del 50% para plaguicidas y antimicrobianos y un objetivo de reducción del 20% para los fertilizantes sintéticos. Dado que el dinero de la PAC no se redireccionará para cumplir estos objetivos, se han vuelto mucho más difíciles de alcanzar.

Estos grandes productores agroindustriales y otros actores empresariales siguen dominando la formulación de políticas de la UE en el ámbito de la agricultura. Como se describe en un nuevo informe del Corporate Europe Observatory[6], Copa-Cogeca, que representa a los agricultores y a las cooperativas de agricultores, incluido el gigante lácteo FrieslandCampina y el Rabobank, tiene una influencia desproporcionada en la Dirección General de Agricultura de la UE y en la toma de decisiones agrícolas generales en la UE. El presidente del Consejo de la UE tradicionalmente concede una audiencia privada a la Copa-Cogeca antes de las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para que pueda hacer oír sus opiniones. En la crucial reunión del Consejo de Agricultura de septiembre de 2020, se le dio incluso la oportunidad de dirigirse a todos los ministros de agricultura reunidos.

Copa-Cogeca junto con organizaciones aliadas como ELO, un grupo de presión de grandes terratenientes, y la industria alimentaria en general, también dominan los llamados grupos de diálogo civil que sirven para asesorar a la Comisión Europea sobre nuevas políticas y legislación, incluyendo asesoría sobre la PAC. Ellos ocupan el 68.4% de los lugares en el grupo de cultivos herbáceos y el 73.6% en el grupo de la leche. En 2019, el Copa-Cogeca presidió ocho de los 13 grupos.

Mientras tanto, el grupo de presión sobre plaguicidas Croplife, junto con BASF, trató de socavar el objetivo de reducción de plaguicidas de la iniciativa “Farm to Fork” estableciendo una mesa redonda cerrada en junio de 2020 para discutir sus preocupaciones con el Comisionado de Agricultura de la UE.

En algunos casos, como el del primer ministro checo Andrej Babis, los grandes intereses agroindustriales y el gobierno están incluso representados por una misma persona. Debido a este obvio conflicto de intereses, Babis ha sido objeto de investigaciones por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Babis posee varias grandes empresas agroindustriales que, en 2018, recibieron 42 millones de euros en subvenciones de la PAC distribuidas por su propio gobierno.[7] Naturalmente, el Gobierno Checo ha favorecido la continuación de la PAC sin una reforma importante, así como una mayor flexibilidad para que los gobiernos nacionales determinen la asignación de los subsidios agrícolas y establezcan o no un límite superior.

La PAC socavará gravemente el recién adoptado Acuerdo Verde de la UE. También va a contradecir la nueva Estrategia de Biodiversidad de la UE, que irónicamente fue adoptada en la misma «Semana Verde» en la que se adoptó la nueva PAC. Es un ejemplo muy claro de las políticas fragmentadas e incoherentes en el campo de la biodiversidad. La actual Comisión de la UE, que ha invertido tanto tiempo y credibilidad en su Acuerdo Verde y en políticas más favorables al clima y a la biodiversidad en general, debería retirar su propuesta de la PAC o encontrar otras formas de obligar a los estados miembros a aplicar objetivos ecológicos sobre la forma en que se gasta el dinero de la PAC. Si no lo hace, la UE entrará en las negociaciones de 2021 sobre la Estrategia de Biodiversidad posterior a 2020 con una legitimidad muy pequeña frente al gran plan de la PAC.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_985

[2] https://www.oecd.org/env/resources/19819811.pdf

[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/26/afname-aantal-boerenbedrijven-zet-door

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7089766/5-26112015-AP-EN.pdf/e18e5577-c2a4-4c70-a8c7-fd758ea7b726

[5] https://www.arc2020.eu/agriculture-atlas-tied-to-the-land/

[6] https://corporateeurope.org/en/2020/10/cap-vs-farm-fork

[7] https://www.nytimes.com/2019/12/11/world/europe/eu-farm-subsidy-lobbying.html

 

Portucel Moçambique – ¡Su beneficio no es nuestro desarrollo!

Por Vanessa Cabanelas, Justiça Ambiental, Mozambique

Plantaciones de de monocultivos de eucaliptos de Portucel en Mozambique. Justiça Ambiental

Portucel Moçambique fue formado en abril de 2009 por la Navigator Company (anteriormente el Grupo Portucel Soporcel, una empresa portuguesa de celulosa y papel). Ese mismo año, el gobierno mozambiqueño le concedió el derecho a plantar eucaliptos en 173,000 hectáreas en la provincia de Zambézia. En 2011, se le concedieron otras 183,000 hectáreas en la cercana provincia de Manica.

Las plantaciones de monocultivos de árboles se están estableciendo para convertirse en astillas de madera para su exportación a las fábricas de celulosa de la Compañía Navigator en Portugal, y luego para suministrar otra planta de celulosa que planean construir en Mozambique. Esto se promueve falsamente como un proyecto de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y como un proyecto de reforestación para mitigar los impactos del cambio climático. Hasta ahora, Portucel ha plantado solo 13,500 hectáreas, pero esto ya ha causado importantes impactos negativos en las comunidades.

El proyecto de Portucel es visto como una inversión importante para el gobierno mozambiqueño y se ajusta al modelo de desarrollo del país mediante el cual se apoya a grandes inversionistas extranjeros para extraer la riqueza natural del país a expensas del pueblo. Portucel también se ha beneficiado considerablemente del desarrollo internacional y el financiamiento climático. En diciembre de 2014, la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial) adquirió alrededor del 20% de las acciones de Portucel[1]. En 2016, el Programa de Inversión Forestal (uno de los Fondos de Inversión en el Clima también bajo la responsabilidad del Banco Mundial) proporcionó financiación para apoyar la plantación de las primeras 40,000 hectáreas.

«El eucalipto cuando llegó aquí, nos destruyó. Antes de llegar aquí, no sufríamos hambre, no sufríamos dónde sacar leña, no teníamos problemas de agua, ni de dónde sacar paja para cubrir nuestras casas… Hoy, no tenemos donde producir; la mayoría de nuestros campos ya fueron entregados a Portucel”. – Miembro de la Comunidad Mutaliua, Distrito de Namarroi, Provincia de Zambézia.

En 2016, Justiça Ambiental (JA) publicó “Portucel: El proceso de acceso a la tierra y los derechos de las comunidades locales”[2], un informe basado en el trabajo de campo realizado desde 2011, que incluye entrevistas y visitas a varias comunidades afectadas por el proyecto. Este informe detalló la desesperación generalizada de estas comunidades rurales pobres y cómo la mayoría se sienten engañados por las promesas de una vida y un empleo mejores y la construcción de escuelas y pozos que nunca se realizaron.

En Mozambique, la tierra pertenece al estado, que otorga el derecho de uso y beneficio sobre la tierra tanto a individuos como a empresas. La ley prevé la protección de los derechos consuetudinarios sobre la tierra para las comunidades locales, aunque las comunidades generalmente no son conscientes de ello. El artículo 13 de la Ley de tierras Nº 19/97 de Mozambique establece que «el proceso de titulación para el derecho de uso y aprovechamiento de la tierra incluye la consulta con las autoridades administrativas locales, precedidas de consultas con las respectivas comunidades, con el fin de confirmar que la zona está libre de otros usos y no tiene ocupantes”.

A diferencia de la afirmación de Portucel de que sólo utiliza tierras marginales, abandonadas o de bajo rendimiento, la tierra concedida a Portucel ya está ocupada, sea por bosques nativos y sabanas, o por tierras fértiles utilizadas para la producción de alimentos por aproximadamente 13,000 familias en Zambézia y 11,000 familias en Manica. Estas 24,000 familias dependen directamente de la agricultura familiar campesina para su sustento, y la expansión de las plantaciones está en competencia directa con la capacidad de las comunidades para alimentarse.

«No dimos [nuestra tierra] bajo la libre voluntad. Fuimos sorprendidos con máquinas haciendo derrumbar los campos» – Miembro de la Comunidad Mutaliua, Distrito de Namarroi, Provincia de Zambézia

Portucel afirma haber llevado a cabo un proceso de consulta muy amplio y participativo, después de lo cual las comunidades consultadas renunciaron voluntariamente a sus tierras para las plantaciones de monocultivos. Aunque las consultas comunitarias son un requisito en Mozambique, funcionan como una mera formalidad. Aprovechan el hecho de que la gran mayoría de las comunidades rurales no conocen sus derechos, su papel en el proceso de consulta comunitaria, o incluso el hecho de que tienen una opción y pueden negarse a entregar sus tierras.

Las comunidades consultadas por Portucel tampoco sabían cómo sería vivir completamente rodeadas de hectáreas y hectáreas de monocultivos de eucaliptos, ya que se les ocultó deliberadamente información importante sobre los planes de la empresa. Esto incluía la superficie total que se plantaría, los posibles impactos sociales y ambientales, las carreteras y caminos que se mejorarían y cuáles serían los puestos de trabajo.

«Nos trajeron muchas promesas, pero hasta hoy no hemos visto nada… y ahora que han tomado nuestros campos, olvidaron el asunto de los puentes, las escuelas y los pozos. Estábamos reunidos, las comunidades de Harela, Nalelo, Mucuna y Mutaliua, con Portucel, y exigimos que las promesas fueran cumplidas, pero el representante de Portucel dijo que los puentes, hospitales y carreteras son responsabilidad del gobierno.» – Miembro de la Comunidad de Harela, Distrito de Ile, Provincia de Zambézia.

Fue sin duda la promesa de empleo y una vida mejor que inicialmente llevó a las comunidades a aceptar el proyecto. Sin embargo, hoy en día, estas mismas comunidades se dan cuenta de que la estrategia de Portucel fue engañarlas con falsas promesas, aprovechando su pobreza y su vulnerable situación de tenencia de la tierra. Según las comunidades, de los miles de empleos prometidos, muy pocos han sido creados. Los puestos que se han creado son estacionales y muy mal pagados y ni siquiera cubren el valor de lo que los agricultores alguna vez produjeron en la tierra que perdieron. Una visita a la zona muestra que muy poco de lo prometido se ha cumplido, y es impactante escuchar testimonio tras testimonio de las injusticias que se está sufriendo.

A pesar de que se han presentado numerosas denuncias a los distintos niveles de gobierno, desde los jefes locales hasta el Presidente de la República, nada ha cambiado. En muchos casos, las comunidades ni siquiera han recibido respuesta a sus reclamos, cartas y peticiones.

También se crean obstáculos para las organizaciones de sociedad civil que trabajan con las comunidades para crear desconfianza y miedo. Estas organizaciones son acusadas por representantes del gobierno de trabajar para intereses externos, de estar en contra del desarrollo del país e incluso de ser insurgentes (una referencia a la insurgencia islamista en curso en el norte del país).

También es extremadamente difícil acceder a la información que por ley debería estar disponible públicamente. JA ha solicitado en repetidas ocasiones copias de los procesos legales para obtener los derechos a la tierra y copias de los informes de monitoreo ambiental y social presentados por Portucel a los ministerios gubernamentales. A pesar de que Portucel se presenta como una empresa honesta y transparente y el Estado tiene la obligación legal de revelar estos documentos, JA tuvo que llevar el Ministerio de Tierra y Medio Ambiente al Tribunal Administrativo para obtenerlos.

«Nada ha cambiado en Hapala. Estamos llorando porque nos arrancaron nuestra tierra… Prometieron una escuela, no la vemos… Prometieron un hospital, no lo vemos… Prometieron trabajo, no lo vemos… Ya nos estamos poniendo nerviosos porque nada cambia… No vemos la vida mejorada que nos prometieron». – Miembro de la Comunidad Hapala, Distrito Ile, Zambézia.

A pesar de estos retos, JA y otras organizaciones nacionales han apoyado a las comunidades afectadas para amplificar sus demandas y hacer valer sus derechos. Como parte de estos esfuerzos, han organizado reuniones para compartir experiencias entre las comunidades que se resisten a la invasión de sus tierras y medios de vida. También han hecho reuniones entre comunidades que ya están en conflicto con Portucel y aquellas en las que aún no ha comenzado la plantación de monocultivos. Así pueden estar más conscientes de cuáles serán los impactos reales en sus vidas y puedan tomar una decisión informada sobre si deben abandonar sus tierras.

A aquellos que siguen creyendo en los “cuentos de hadas” de Portucel sobre cómo la empresa mejora la vida de los afectados por las plantaciones, que vengan a visitar estas comunidades. Intenten recorrer las escuelas y centros de salud supuestamente construidos por Portucel, pasear por las carreteras y caminos mejorados y beber el agua limpia de los pozos nuevos. No es posible; la realidad es muy diferente, como explica un residente: «Fuimos engañados. Si prestamos algo a alguien y no lo cuidan bien y no cumplen lo prometido, se lo debe devolver… Queremos nuestra tierra de vuelta.»

[1] http://en.portucelmocambique.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/485f8a78c5d3c71da8055572aa115483.pdf

[2] https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2017/04/Portucel_O_Processo_de_acesso_%C3%A0_Terra_e_os_direitos_das_comunidades_locais.pdf

 

La captura de la formulación de políticas por parte de la industria de celulosa y papel está impulsando mega-incendios en Portugal y acaparamiento de tierras en Mozambique

Por Oliver Munnion, Coalición Mundial por los Bosques, Portugal

Eucaliptos quemados tras los incendios del 2017. Mrinalini Rai

La empresa transnacional Navigator Company (anteriormente Portucel) y propietaria de Portucel Moçambique es el mayor productor de celulosa y papel de Europa. El poder de cabildeo de la empresa, combinado con una puerta giratoria entre la industria y el gobierno portugués, ha dado lugar a enormes subsidios y mecanismos de apoyo financiero y a un desmantelamiento de las barreras para la expansión de las plantaciones de monocultivos. Además de convertir a Portugal en el país con la mayor proporción de plantaciones de eucaliptos en el mundo, también está impulsando la expansión de las plantaciones en Mozambique, una antigua colonia portuguesa. Los efectos han sido devastadores.

En su artículo “Portucel Moçambique: ¡Su beneficio no es nuestro desarrollo!» Justiça Ambiental describe cómo la empresa está aplastando los derechos y medios de vida de las comunidades agrícolas rurales con sus planes de sembrar más de 300,000 hectáreas de eucalipto para sus operaciones de celulosa y papel. Una reliquia del brutal pasado colonialista de Portugal es que las empresas portuguesas tienen un acceso privilegiado a los mercados mozambiqueños, un incentivo que fomenta las máximas ganancias para los inversores y los mínimos beneficios para los mozambiqueños. Por lo tanto, las inversiones de la Navigator Company en Mozambique están directamente relacionadas con la manera en que han podido capturar la toma de decisiones en Portugal, lo que asegura que los fuertes subsidios e incentivos mantengan rentable su modelo de plantaciones de monocultivos.

En Portugal, tal vez el mayor impacto de las plantaciones de monocultivos proviene de su tendencia a quemarse. Tanto el pino como el eucalipto son extremadamente propensos al fuego, y vastas áreas de estas plantaciones de una sola especie permiten que los incendios se propaguen con gran velocidad e intensidad. En 2017 se produjo la peor temporada de incendios que se ha vivido en Portugal. Se quemaron más de medio millón de hectáreas de tierra y 115 personas fallecieron, principalmente durante los mega-incendios de junio y octubre. La industria de celulosa y papel se ha esforzado mucho para negar cualquier culpabilidad por el terrible problema de incendios en Portugal, pero ahora es ampliamente reconocido el papel desempeñado por la industria en esta destrucción tan generalizada [1].

La industria de celulosa y papel en Portugal, liderada por la Navigator Company, ejerce una fuerte influencia sobre los responsables de la toma de decisiones con su poder de cabildeo, y existen numerosas operaciones de relaciones públicas ambientales que tienen como objetivo cambiar a la opinión pública a su favor creando una imagen “verde” y la ilusión de la sostenibilidad. Décadas de influencia en sucesivos gobiernos portugueses han dado frutos con el desmantelamiento de la regulación forestal y la expansión continua de las plantaciones de eucaliptos[2]. Acorde con el experto forestal Paulo Pimenta de Castro, “…en la ausencia del Estado, [la industria de celulosa y papel] maneja el mercado de la madera y el país a su gusto”[3].

A finales de 2017, un informe escrito por Susana Coroado[4], vicepresidenta de Transparencia Internacional en Portugal, aportó una valiosa visión de los estrechos vínculos entre la Navigator Company y el gobierno portugués. Coroado describe cómo el presidente de Navigator en aquel momento, Pedro Queiróz Pereira, era el noveno hombre más rico de Portugal y considerado el decimonoveno más poderoso del país. Queiróz Pereira también ha financiado campañas políticas. En las elecciones presidenciales de 2011 donó la cantidad máxima permitida por la ley al candidato ganador.

Navigator también ha empleado tácticas de cabildeo pesadas cuando ha sido necesario. Cuando el partido político actualmente en el gobierno llegó al poder y prometió derogar una ley que desregulaba la expansión de las plantaciones de eucaliptos, la presión de la industria mantuvo estos planes a raya. Como parte de esta presión, el entonces presidente de Navigator amenazó con acabar la inversión de la empresa en Portugal por completo, y suspendió una inversión de 120 millones de euros en una de sus fábricas, amenazando con trasladarla a otro lugar[5].

Celpa, la asociación de productores de celulosa y papel de Portugal que representa a Navigator y cuyos miembros controlan casi 200,000 ha de plantaciones, también es una importante fuente de presión. Recientemente, el director general de Celpa, que también fue director de ventas globales de Navigator durante 16 años, ha intentado acceder a hasta 665 millones de euros en financiamiento para bosques bajo el Programa de recuperación y resiliencia, una iniciativa que responde al riesgo de incendios y la pandemia. Ha pedido un “equilibrio” entre la conservación y la producción forestal[6], promoviendo el mito de que las plantaciones de eucaliptos bien administradas reducen el riesgo de incendios e ignorando el hecho de que los bosques dedicados a la conservación de la biodiversidad representan apenas el 4.5% de la cobertura forestal de Portugal, en comparación con el 26% de las plantaciones de eucaliptos[7].

Navigator es también una de las 16 empresas que participan en «Act4Nature Portugal», una iniciativa de lavado verde establecida por el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Portugal (BCSD). Espera conseguir 40 millones de euros de financiamiento gubernamental para pagar a los propietarios de tierras para «plantar y gestionar bosques». Supuestamente como respuesta a los incendios forestales en Portugal, este financiamiento parece estar destinado a financiar la gestión más rentable de las plantaciones en lugar de la restauración forestal[8].

El informe de Coroado también describe una puerta giratoria entre el gobierno y la industria de celulosa y papel. El actual director gerente de Agroges[9], una empresa agrícola cuyos principales clientes son los productores de celulosa, comenzó en el gobierno portugués como asesor del Ministro de Agricultura. Luego ocupó un puesto de trabajo con Agroges, sólo para volver más tarde al gobierno como Secretario de Estado para el Desarrollo Rural y, al terminar su mandato, regresó a Agroges como director. En otro ejemplo, un ex Secretario de Estado de Bosques que ocupó el cargo hasta 2003 también fue anteriormente empleado de Portucel. Además, no menos de nueve ex funcionarios del gobierno también han trabajado en algún momento para el conglomerado Semapa, que posee el 77% de Navigator[10].

Tras los incendios de 2017, el gobierno portugués aprobó varias medidas para garantizar que tal tragedia no se repitiera. Entre las medidas se incluye la creación del programa «Sistema integrado de gestión de incendios rurales» bajo el liderazgo de Tiago Martins Oliveira, quien había trabajado para la Navigator Company durante 20 años. Esta no fue la primera vez que Oliveira trabajó para el actual primer ministro de Portugal; en 2005 fue uno de los técnicos designados para elaborar las propuestas de reforma forestal del gobierno[11].

Los subsidios estatales y otros apoyos públicos han incentivado la plantación de eucaliptos con pocas barreras regulatorias. Solo en 2017, el gobierno de Portugal puso a disposición 18 millones de euros para aumentar la productividad de las plantaciones, complementando una inversión de 125 millones de euros de Altri, una empresa líder de eucalipto[12]. Otros 9 millones de euros provinieron de la Unión Europea a través de un programa de desarrollo rural para apoyar la replantación de monocultivos de eucalipto, donde las plantaciones ya se habían cortado tres veces. Estas zonas también se consideran de alto riesgo de incendio[13]. El “Programa limpia y abona” de Portugal también invertirá 17 millones de euros en empresas representadas por Celpa para ayudarles a gestionar plantaciones de eucaliptos en los próximos años[14].

Las exenciones fiscales son otro incentivo, intencionado o no. A finales de 2019, el gobierno portugués afirma haber «olvidado» imponer un impuesto a los productores de celulosa y papel que consiste en una contribución al Fondo Forestal Permanente. El Fondo se creó para plantar árboles de crecimiento lento como parte de los esfuerzos por regenerar las zonas devastadas por los incendios en 2017. En una clara indicación de que el gobierno no tenía ninguna intención de recaudar el impuesto de forma retroactiva, la cifra quedó completamente fuera del presupuesto de 2020[15].

El financiamiento internacional también desempeña un papel importante, ya que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha destinado recientemente a la Navigator Company 27.5 millones de euros para sustituir un generador a gas por una caldera de biomasa en su planta de celulosa de Figueira da Foz (que también venderá electricidad subvencionada a la red) como parte del objetivo de la empresa de alcanzar las emisiones “netas cero” para 2035[16]. Esto fue la octava vez que el BEI financió la empresa en los últimos años[17]. Además, Navigator está fuertemente subvencionada por vender electricidad a la red de Portugal, principalmente a través de la quema de biomasa, por lo que recibe millones de euros cada año[18].

Tal vez no sea de extrañar que el apoyo recibido por Navigator no se haya traducido en apoyo a su propia fuerza de trabajo durante un año extremadamente difícil para los trabajadores de las fábricas. El principal sindicato que representa a los empleados de Navigator afirma que los anuncios hechos por la empresa sobre el apoyo a los trabajadores afectados por la pandemia son «pura ficción» y que lo único que la empresa está tratando de hacer es «silenciar a sus trabajadores para asegurar la distribución sin oposición de 100 millones de euros en dividendos a sus accionistas»[19].

[1] https://magazine.scienceforthepeople.org/geoengineering/fire-plantations-portugal/

[2] https://torresvedrasweb.pt/torres-vedras-100-eucaliptal-e-isso-que-queremos-artigo-de-opiniao-de-rui-matoso/

[3] https://www.publico.pt/2020/12/11/opiniao/opiniao/suicidio-celuloses-1942265

[4] https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/Inc%C3%AAndios-em-Portugal-quando-os-lobbies-matam

[5] https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/Inc%C3%AAndios-em-Portugal-quando-os-lobbies-matam

[6] https://www.publico.pt/2020/11/29/economia/noticia/papeleiras-pedem-investimento-equilibrado-floresta-producao-conservacao-1941020

[7] Tiago Monteiro-Henriques and Paulo. Fernandes, 2018. Regeneration of Native Forest Species in Mainland Portugal: Identifying Main Drivers. Forests, 9, 694.

[8] https://eco.sapo.pt/2020/09/25/so-17-empresas-portuguesa-estao-comprometidas-com-a-biodiversidade-governo-quer-mais/

[9] https://www.agroges.pt/equipa-francisco-gomes-silva/

[10] https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/Inc%C3%AAndios-em-Portugal-quando-os-lobbies-matam

[11] https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2017-10-26-quem-e-o-homem-escolhido-para-a-missao-de-acabar-com-o-flagelo-dos-incendios/

[12] A. Costa, “Governo disponibiliza 18 milhões de euros para melhorar produtividade na plantação de eucalipto,” Observador (2017). http://observador.pt/2017/01/16/governo-disponibiliza-18-milhoes-de-euros-para-melhorar-produtividade-na-plantacao-de-eucalipto/

[13] M. Lopes, “Governo está a financiar renovação do eucaliptal em zonas como a de Pedrógão”, Público (2017). https://www.publico.pt/2017/06/23/politica/noticia/governo-esta-a-financiar-renovacao-do-eucaliptal-em-zonas-como-a-de-pedrogao-1776653

[14] https://www.publico.pt/2020/06/13/sociedade/noticia/programa-limpa-aduba-investe-17-milhoes-ate-2024-1920361

[15] https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/daniel-deusdado/governo-esqueceu-se-do-novo-imposto-sobre-as-celuloses-leu-bem-11668014.html

[16] https://www.publico.pt/2020/09/01/economia/noticia/bei-financia-275-milhoes-euros-nova-caldeira-biomassa-navigator-1929757

[17] https://www.noticiasaominuto.com/economia/1557644/bei-financia-energia-limpa-da-navigator-com-27-5-milhoes

[18] https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/the-navigator-company-produziu-em-2018-cerca-de-4-da-energia-eletrica-em-portugal-482026

[19] https://www.noticiasdecoimbra.pt/sindicatos-dizem-que-ajudas-anunciadas-aos-trabalhadores-da-navigator-sao-pura-ficcao/

 

La captura corporativa del financiamiento climático: Impulsando inversiones en plantaciones de árboles y bioenergía en lugar de restauración forestal

Por Coraina de la Plaza, Coalición Mundial por los Bosques, España; y Oliver Munnion, Coalición Mundial por los Bosques, Portugal

Carbón producido a partir de eucalipto para la industria siderúrgica. Federica Giunta

En cada crisis, el capitalismo ve una oportunidad para beneficiarse.[1] La captura corporativa del financiamiento climático es una de las versiones más insidiosas de este fenómeno, en el que el sector privado aprovecha la oportunidad de acceder a cantidades cada vez mayores de dinero público que se están poniendo a su disposición a través de diferentes políticas y mecanismos de financiación para hacer frente a la emergencia climática.

Este involucramiento del sector privado lo promueven de forma activa los principales fondos climáticos, incluidos el Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), los Fondos de Inversión en el Clima (CIF por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), que cada vez actúan más como instrumentos para atraer la inversión del sector privado en lugar de fondos de inversión pública. El GCF, por ejemplo, tiene un mecanismo especial para el sector privado para “financiar y movilizar a los actores del sector privado, incluidos los inversores institucionales, y usar los fondos del GCF para alentar a las empresas a invertir con nosotros”.[2] Las corporaciones son consideradas tanto socios como co-inversionistas, así como beneficiarios del GCF, lo que abre la puerta a una amplia gama de dependencias financieras mutuas y conflictos de intereses.

Los países donantes son los principales impulsores de la privatización del financiamiento climático. No han logrado juntar los 100 mil millones de dólares al año que prometieron en la Cumbre del Clima de 2015 en París y ahora están tratando de ocultar esta falta de inversión pública tras una cortina de humo de inversiones privadas. No es de extrañar que los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón sean algunos de los principales defensores de la participación del sector privado en el financiamiento climático y la formulación de políticas.[3]

Gracias a sus esfuerzos, las empresas están cada vez más presentes durante las negociaciones sobre el clima. Un paseo por las salas de conferencias de la CMNUCC revela la presencia de numerosas empresas, asociaciones internacionales y grupos financieros privados, incluidas muchas empresas cuyos intereses son diametralmente opuestos a resolver la crisis climática. Por ejemplo, el director general de Shell se jactó de su influencia en la conformación del Artículo 6 del Acuerdo de París,[4] y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones tuvo una delegación de más de 140 personas en la COP 25 en Madrid, incluyendo representantes de Shell y Chevron. Por lo tanto, no es sorprendente ver que la captura corporativa avanza en forma de asociaciones público-privadas, acuerdos de inversión en capital y otros mecanismos de financiación opacos.

Por supuesto, el sector privado solo busca inversiones que le sean rentables. Por eso están particularmente interesados en las plantaciones comerciales de monocultivos de árboles y en la generación de bioenergía, dos soluciones climáticas cada vez más populares pero falsas que son activamente promovidas e incentivadas por los responsables de las políticas, tal y como demuestran otros artículos de este informe. Las verdaderas soluciones climáticas que abordan las causas subyacentes de la crisis, como reducciones de emisiones drásticas y la restauración de los ecosistemas, rara vez ofrecen oportunidades de lucro. Por otro lado, las plantaciones de monocultivos y la bioenergía son actividades comerciales de las que sí se obtienen beneficios cuando se vende madera y electricidad (y créditos de carbono). Por lo tanto, tienen el potencial de pagar préstamos, hacer las inversiones rentables y saldar las cuentas.

Como describe Miguel Lovera en este informe, la estrecha colaboración entre fondos climáticos como el GEF y el sector privado también está generando apoyo para otros sectores destructivos como la ganadería a gran escala.[5] Iniciativas como la Alianza para el crecimiento sólido[6] trabajan con empresas en Paraguay para “intensificar la producción [de carne] de manera sostenible”, a pesar de que el sector es el principal motor de la pérdida de bosques en Paraguay y América Latina en su conjunto. También es una causa clave del cambio climático, el acaparamiento de tierras, las violaciones de los derechos indígenas, el sufrimiento animal y los problemas de salud no transmisibles en seres humanos como la obesidad y las enfermedades cardíacas. Igualmente, la ganadería intensiva se reconoce cada vez más como una de las causas más importantes de nuevas enfermedades zoonóticas peligrosas como los coronavirus.[7]

Lo más preocupante de todo esto es que es sólo la punta del iceberg. Prácticamente todos los aspectos de la política climática internacional se están orientando hacia la dependencia del sector privado y, como consecuencia, las finanzas se dirigen cada vez más hacia soluciones falsas como las plantaciones de monocultivos de árboles y la bioenergía. Hay pruebas concretas del daño que esto ya ha causado, pero los proyectos que se encuentran actualmente en tramitación o que resultarán de las recientes promesas de los gobiernos eclipsan a los que ya se han implementado en escala e impactos. Tomemos por ejemplo el Desafío de Bonn, un esfuerzo internacional masivo para restaurar 350 millones de hectáreas de paisajes deforestados y degradados. Hasta ahora, casi la mitad de la superficie prometida se convertirá en plantaciones comerciales de árboles.[8]

A medida que crece la urgencia de la crisis climática, también lo hace el oportunismo del capitalismo.

Apoyo del GCF al Fondo Arbaro

La exitosa solicitud del Fondo Arbaro al GCF por $25 millones en financiamiento para crear 75,000 ha de plantaciones, presentada como una iniciativa del sector privado para secuestrar carbono en los árboles, es un símbolo de lo que está por venir. En primer lugar, a pesar de ser supuestamente un proyecto del sector privado, la mayoría de los inversores del Fondo Arbaro son públicos, e incluyen al Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), además del GCF. En segundo lugar, el Fondo Arbaro es un inversor en sí mismo, lo que significa que estos fondos públicos están a dos pasos de los proyectos de plantación reales, y lo que tiene como consecuencia que no tendrán voz sobre cómo se implementan o qué sucede con la madera que se produce. En tercer lugar, el plan de negocios de Arbaro depende de la venta de las inversiones que ellos mismos han realizado (usando financiamiento climático público) después de 15 años y el cierre del Fondo, momento en el que el capital[9] del Fondo Verde para el Clima (GCF) será devuelto, con intereses, y reinvertido según ellos en más proyectos. Esto significa que el GCF no tiene influencia ni poder de decisión sobre las plantaciones de monocultivos que se financian, y no tiene voz sobre lo que sucede con la madera después de que el Fondo deje de existir. Por lo tanto, es muy probable que los únicos beneficiarios reales de este proyecto sean los gestores de fondos de Arbaro, que básicamente ganan grandes salarios del erario público. Sin embargo, estas cuestiones alarmantes de gobernanza y el hecho científico de que las plantaciones de monocultivos ofrecen poco o ningún beneficio de mitigación[10] en comparación con alternativas de uso de la tierra como la restauración de bosques, no han sido suficientes para disuadir a los miembros del consejo del GCF de aprobar la propuesta.

Subvenciones del GEF y del PNUD para la producción de carbón en Brasil

Otro ejemplo reciente de la participación del sector privado en el financiamiento climático público es el proyecto “Hierro y acero sostenibles” financiado por el GEF y ejecutado por el PNUD, que se está llevando a cabo en Minas Gerais, Brasil. Dos grandes compañías brasileñas de arrabio y dos productores multinacionales de acero con malos antecedentes están siendo subsidiados directamente para producir carbón “sostenible” a partir de plantaciones de eucaliptos, que utilizan para producir hierro y acero. Una investigación reciente del proyecto[11] sostiene que en realidad se está creando un incentivo perverso para la expansión de plantaciones de eucaliptos altamente perjudiciales y conflictivas, y al mismo tiempo no aborda las emisiones del mayor emisor de dióxido de carbono del sector industrial en Brasil. Lo que el proyecto realmente pretende hacer es reducir los costos de producción del llamado “carbón sostenible” para que la industria pueda crear un suministro barato y constante de combustible socialmente aceptable que cumpla con la legislación y sea elegible para recibir créditos de carbono (lo que puede compensar el aumento de los costos de producción).

REDD+ como incentivo para las industrias contaminantes

La reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, o REDD+, es otro esquema que atrae cada vez más el interés del sector privado. Aunque las inversiones directas en REDD+ del sector privado han sido hasta ahora limitadas, han incentivado este esquema fallido a través de la compra de créditos de carbono generados por proyectos REDD+.[12] Algunas de las empresas más contaminantes apuntan orgullosamente a las compensaciones REDD+ como prueba de su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Shell, por ejemplo, compra créditos emitidos por el proyecto REDD+ “Mai Ndombre” en la República Democrática del Congo, entre otros, que según una investigación de la sociedad civil ha sido un fracaso. El hecho de que algunas de las empresas más contaminantes estén compensando sus emisiones en lugar de reducirlas al comprar créditos REDD+, que se han pagado con financiamiento climático público, hace que REDD+ sea otro incentivo perverso para las industrias con emisiones altas. Esto probablemente empeorará a corto plazo dado el bombo alrededor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y el hecho de que el tipo más popular de créditos de carbono que se compran son los generados por proyectos REDD+ vinculados a SbN.[13]

[1] Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Toronto: A. Knopf Canada.

[2] https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/green-climate-fund-s-private-sector-facility_0.pdf

[3] Ver, por ejemplo: https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201810041701—AT-10-04-EU%20Submission%20on%20Strategies%20and%20Approaches.pdf y https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201805041017—SUBMISSION%20FROM%20JAPAN%20-PRE-2020%20IMPLEMENTATION%20AND%20AMBITION-.PDF

[4] https://theintercept.com/2018/12/08/shell-oil-executive-boasts-that-his-company-influenced-the-paris-agreement/

[5] https://goodgrowthpartnership.com

[6] https://goodgrowthpartnership.com

[7] https://www.grain.org/en/article/6437-new-research-suggests-industrial-livestock-not-wet-markets-might-be-origin-of-covid-19

[8] https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8

[9] Las inversiones en capital implican a financieros que compran acciones en una empresa o entidad y, por lo tanto, no operan de la misma manera que los préstamos o las subvenciones.

[10] Ver, por ejemplo, https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8

[11] https://globalforestcoalition.org/brazil-charcoal-case-study/

[12] https://globalforestcoalition.org/es/15-years-of-redd/

[13] https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2019/12/SOVCM2019_web.pdf

 

Drax y el arte de la captura corporativa: Subsidiando la central de biomasa más grande del mundo

Por Frances Howe y Sally Clark, Biofuelwatch, Reino Unido

Proyección sobre torres de enfriamiento de Drax. Extinction Rebellion North

Mientras el Primer Ministro del Reino Unido se compromete a “reconstruir más verde”[1] y a apoyar la “energía limpia”[2], puede preguntarse por qué el mayor contaminador del Reino Unido, la central eléctrica Drax, recibe más de £2.1 millones[3] al día en subvenciones para energías renovables para quemar millones de toneladas de madera importada de bosques talados. Drax es el mayor quemador de árboles del mundo[4] y emitió casi 13 millones de toneladas de CO2 en 2019 por la quema de madera , pero es elogiado por el Gobierno del Reino Unido como[5] como parte de las soluciones al cambio climático. Para entender por qué Drax recibe un apoyo político tan fuerte, necesitamos investigar el turbio mundo de la captura corporativa.

Según Amigos de la Tierra Internacional[6], la captura corporativa se define como «la influencia de las empresas en las instituciones públicas». Las industrias contaminantes utilizan el cabildeo y el lavado verde para influir en las instituciones públicas y en las políticas gubernamentales, a menudo con consecuencias devastadoras para las comunidades, los ecosistemas y el clima. Drax es un actor clave en este juego, y su influencia es uno de los principales obstáculos para la protección de los bosques y para la transferencia de dinero público de la quema de biomasa a las auténticas energías renovables como la eólica y la solar.

¿Cómo influye una empresa como Drax en la política gubernamental? Algunas de las estrategias[7] utilizadas para influir en la toma de decisiones incluyen el cabildeo entre bastidores de políticos, el patrocinio corporativo de las cumbres climáticas de la ONU[8] y otros eventos, la financiación de la investigación académica, la membresía en comités nacionales e internacionales y el lavado verde de prácticas perjudiciales como «sostenibles» y «amigables con el clima». Por medio de estas estrategias, los mayores contaminadores del mundo se aseguran de que están en el centro de la toma de decisiones y en una posición privilegiada para obtener subsidios gubernamentales que les permitan seguir beneficiándose de la destrucción ambiental.

El ejemplo de Drax nos ofrece una clase magistral en técnicas de cabildeo y lavado verde que han llevado a la destrucción de los bosques, injusticia ambiental[9] y emisiones devastadoras para el clima. Ahora bien, profundicemos en algunos de sus métodos de captura corporativa.

En primer lugar, Drax tiene una larga historia de influencia en la toma de decisiones del gobierno a través del cabildeo de los Miembros del Parlamento. Según Open Access[10], Drax ha asistido a un total de 53 reuniones con diputados desde principios de 2012, incluidas varias reuniones durante la pandemia del coronavirus[11]. Casi todos los Ministros de Energía desde 2012 han sido fotografiados en Drax con un casco y un chaleco amarillo, siendo la más reciente una visita del ministro de energía Kwasi Kwarteng[12] en abril. Según el registro de cabildeo del Parlamento escocés[13], Drax también ha asistido a 19 reuniones con los proveedores de servicios administrados (MSP, por sus siglas en inglés) y funcionarios desde 2019.

Estas reuniones han dado frutos, ya que Drax obtuvo el apoyo del gobierno para su conversión de carbón a leña en 2013 después de hacer declaraciones engañosas a los diputados de que podría quemar residuos forestales y cultivos producidos localmente[14] cuando de hecho requería madera de árboles de crecimiento lento con un alto contenido de corteza para quemar en sus unidades de combustión de carbón. Más recientemente, Kwarteng[15] ha elogiado la afirmación de Drax de que puede convertirse en una central eléctrica «negativa en carbono «[16], mientras que el proyecto piloto de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) de Drax de la quema de madera recibió £2 millones en financiamiento del gobierno[17] en 2018.

Drax es miembro fundador de la Zero Carbon Humber Coalition[18] que ha lanzado una solicitud de alrededor de £75 millones en financiamiento gubernamental[19] bajo el Industrial Strategy Challenge Fund, una entidad financiada por el sector público/privado, con una carta abierta al Ministro de Energía[20]. Kwarteng debe estar muy familiarizado con el proyecto después de haberse reunido con los miembros de la Coalición ZCH no menos de 11 veces entre abril y junio de 2020 para discutir “el impacto de Covid 19” y “la recuperación verde”.

Lo que Drax no menciona es que su ambición de “reconstruir mejor”[21] con “tecnologías de emisiones negativas” se basa en la tecnología no probada de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)[22] de la quema de árboles, lo que llevará a una destrucción aún mayor de los bosques y a la conversión de la tierra en monocultivos de árboles si esto llegase a materializarse..

Otra técnica de captura corporativa es el uso de grupos de presión como la Asociación de Energías Renovables[23] (REA, por sus siglas en inglés), y empresas de relaciones públicas, incluyendo Robertsbridge y Stonehaven, que han representado los intereses de Drax. Durante varios años, la REA tenía una campaña, también apoyada por operadores de centrales de carbón, llamada “Back Biomass” (“apoya la biomasa”), que organizó reuniones y eventos con los diputados, incluyendo una reunión con Lord Barker of Battle[24], Ministro de Estado por el Departamento de Energía y Cambio Climático, para discutir “el apoyo a la biomasa” en junio de 2014.

Drax también ha asistido a la Conferencia del partido conservador, a menudo facilitada por el influyente grupo de estudio, Policy Exchange[25]. En la Conferencia del partido conservador de 2020[26],por ejemplo, el director general de Drax, Will Gardiner, habló junto a Kwasi Kwarteng sobre las “tecnologías verdes del mañana”. El año pasado, los inversores de Drax se rebelaron durante la asamblea general anual de la compañía por las propuestas de aumentar el umbral presupuestario de “gasto político”[27] para cabildear[28] en eventos como recepciones en conferencias de partidos políticos hasta cantidades tan grandes que incluso ellos se sentían incómodos.

Los vínculos de Drax con el Gobierno no terminan ahí. Nigel Adams, el diputado de Selby (donde Drax está situado) y que apoyan la quema de biomasa, recibió donaciones[29] y la hospitalidad de Drax y asistió a las conferencias de la Industrial Pellet Association[30] en Florida, EEUU, entre 2015 y 2019, todo pagado por Drax. El diputado también presidió el difunto Grupo parlamentario para la biomasa [31], que fue creado y financiado por Drax.

Además, Nigel Adams es miembro del Grupo Parlamentario para la energía renovable y sostenible[32](PRASEG, por sus siglas en inglés). Este grupo multipartidista de políticos y representantes de la industria del Reino Unido acoge regularmente a ponentes de Drax, incluyendo al director general Will Gardiner y al ex jefe de políticas y relaciones gubernamentales de Drax, Karl Smyth[33]. Drax se encuentra entre los “partidarios de pleno derecho” o financiadores del PRASEG[34].

La influencia de Drax no se limita a sus relaciones con los políticos. Rebecca Heaton, responsable del Grupo sobre el Cambio Climático de Drax, también es miembro del Comité sobre el Cambio Climático[35] (CCC), un órgano asesor del Gobierno del Reino Unido. Anteriormente, trabajó para BP y Shell, y contribuyó a los informes del CCC sobre la reducción de las emisiones del Reino Unido[36] y la contribución del Reino Unido a detener el calentamiento global[37]. Este último informe apoya la afirmación de Drax[38] de que «BECCS es fundamental para lograr emisiones netas cero de carbono para 2050».

Rebecca Heaton no es la única representante de Drax que tiene vínculos con los órganos consultivos del gobierno. El director general Will Gardiner forma parte del Consejo para la captura y almacenamiento de carbono del gobierno[39] junto con representantes de BHP, Exxon Mobil, Shell, BP y Equinor. Este mismo consejo dio £5 millones en financiamiento a Drax y una pequeña empresa de arranque llamada C-Capture[40] para un experimento fallido de BECCS para capturar carbono de la quema de árboles y «almacenar» el CO2 para carbonatar cerveza.

Igual de inquietante es el reciente nombramiento de Rebecca Heaton para el Natural Environment Research Council[41], el cuerpo responsable de financiar la investigación académica[42] en todas las ciencias ambientales. Esta no es la única conexión de Drax con la investigación académica. La compañía creó la publicación trimestral Electric Insights[43] con académicos del Imperial College London y encargó en 2018 un informe con académicos de University College London[44]. También financió la investigación de doctorado en la University of Sheffield[45] y nombró el Consejo asesor independiente sobre biomasa sostenible[46] (IAB, por sus siglas en inglés) en 2019. Tal vez no sea de extrañar que el primer informe de la IAB[47] apoye la “biomasa sostenible” de Drax. A través de estos nombramientos y la financiación de la investigación científica, Drax ha podido influir en la narrativa científica alrededor de la quema de biomasa.

Drax también es adepto al lavado verde de su quema de árboles[48] como “sostenible”, “ampliamente neutral en términos de CO2”[49] y “renovable”. Además, sus representantes hablan regularmente en las conferencias de la ONU sobre el clima[50]. Drax ha descrito la COP-26 como: “una oportunidad emocionante para que el gobierno del Reino Unido demuestre al mundo que está adoptando una posición de liderazgo en materia de emisiones negativas”[51]. Mientras tanto, dos de sus socios en la Zero Carbon Humber Coalition, el National Grid y SSE[52], acaban de anunciarse como patrocinadores de la COP26. Incluso si Drax no es nombrado patrocinador de la COP-26, sus frecuentes referencias a la conferencia de la ONU sobre el clima[53] sugieren que busca desempeñar un papel de liderazgo en la promoción de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y las «tecnologías de emisiones negativas» durante la COP.

Si bien es dudoso que Drax y sus colaboradores puedan capturar y almacenar carbono a la escala que ellos dicen, existe el riesgo de que se sigan gastando grandes cantidades de dinero y tiempo públicos en estos planes y en la quema de biomasa en general. Esto significa que en estos años cruciales en los que podríamos estar protegiendo los bosques y reduciendo nuestras emisiones, Drax seguirá quemando millones de toneladas de árboles cada año. Por el bien de nuestro planeta, no podemos permitir que Drax continúe con su lavado verde y la destrucción forestal, promoviendo soluciones falsas como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y la generación de energía a partir de biomasa. Como afirman más de 120 organizaciones de todo el mundo[54], necesitamos poner fin urgentemente a las subvenciones para la quema de árboles y reorientarlas hacia auténticas energías renovables: “Proteger y restaurar los bosques del mundo es una solución para el clima, quemarlos no lo es”.

Usted puede tomar acción aquí: https://you.wemove.eu/campaigns/the-eu-must-protect-forests-not-burn-them-for-energy

[1] https://www.gov.uk/government/news/new-national-parks-and-thousands-of-green-jobs-under-plans-to-build-back-greener

[2] https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs

[3] https://www.biofuelwatch.org.uk/axedrax-campaign/#C3

[4] https://www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/drax-briefing-update-2020_compressed.pdf

[5] https://www.yorkshirepost.co.uk/news/opinion/columnists/how-hull-and-humber-will-power-green-energy-revolution-kwasi-kwarteng-2932751

[6] https://www.foei.org/what-we-do/corporate-capture

[7] https://www.foei.org/what-we-do/corporate-capture-explained

[8] https://corporateeurope.org/en/2019/12/cop25-bankrolled-big-polluters

[9] https://www.dogwoodalliance.org/2020/06/the-injustice-of-bioenergy-production/

[10] https://openaccess.transparency.org.uk/

[11] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929740/april-june-2020-disclosure-ministerial-meetings.csv/preview

[12] https://www.c-capture.co.uk/clean-growth-minister-kwasi-kwarteng-visits-the-c-capture-pilot-project-at-drax-power-station/

[13] https://www.lobbying.scot/SPS/LobbyingRegister/SearchLobbyingRegister

[14] http://www.biofuelwatch.org.uk/docs/Drax-PR.pdf

[15] https://www.yorkshirepost.co.uk/news/opinion/columnists/how-hull-and-humber-will-power-green-energy-revolution-kwasi-kwarteng-2932751

[16] https://www.drax.com/press_release/negative-emissions-pioneer-drax-announces-new-ccus-projects-during-energy-ministers-visit/

[17] https://www.gov.uk/government/news/plan-to-enable-first-uk-carbon-capture-project-from-the-mid-2020s-announced-at-world-first-summit

[18] https://www.zerocarbonhumber.co.uk/

[19] https://www.current-news.co.uk/news/zero-carbon-humber-makes-75-million-bid-for-funding

[20] https://www.zerocarbonhumber.co.uk/wp-content/uploads/2020/10/Open-letter-to-Kwasi-Kwarteng-with-support-letters.pdf

[21] https://www.drax.com/energy-policy/coalition-negative-emissions/

[22] https://www.desmog.co.uk/2019/07/17/comment-policymakers-shouldn-t-trust-drax-s-bizarre-tree-burning-climate-solution

[23] https://www.r-e-a.net/our-members/our-members-directory/

[24] https://openaccess.transparency.org.uk/

[25] https://policyexchange.org.uk/2018-conservative-party-conference/

[26] https://brightblue.org.uk/previous-events/2020events/party-conferences-2020/

[27] https://www.drax.com/wp-content/uploads/2020/03/EC1068989_Drax_AR19_Notice_of_Meeting.pdf

[28] https://www.telegraph.co.uk/business/2019/04/17/drax-investors-rebel-political-spending-splurge/

[29] https://unearthed.greenpeace.org/2017/03/31/mp-biomass-adams-donations-miami/

[30] https://www.theyworkforyou.com/regmem/?p=24878

[31] https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/170215/biomass.htm

[32] https://www.praseg.org.uk/parliamentary-members

[33] https://uk.linkedin.com/in/karlsmyth

[34] https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/201104/renewable-and-sustainable-energy.htm

[35] https://www.theccc.org.uk/about/

[36] https://www.theccc.org.uk/publication/reducing-uk-emissions-2019-progress-report-to-parliament/

[37] https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-contribution-to-stopping-global-warming/

[38] https://www.drax.com/press_release/drax-group-ceo-responds-to-committee-on-climate-changes-report-to-parliament-reducing-uk-emissions/

[39] https://www.gov.uk/government/groups/ccus-council

[40] https://www.drax.com/press_release/5m-boost-scale-ground-breaking-carbon-capture-pilot-drax-uks-largest-power-station/

[41] https://nerc.ukri.org/about/organisation/boards/council/membership/

[42] https://nerc.ukri.org/funding/

[43] https://www.drax.com/wp-content/uploads/2020/02/200207_Drax_19Q4_Report_3.pdf

[44] https://www.drax.com/wp-content/uploads/2018/12/Energising-Britain-Drax-Imperial-E4Tech-Full-Report-Nov-2018.pdf

[45] https://www.drax.com/press_release/drax-collaborates-academics-meet-uks-changing-energy-needs/

[46] https://www.drax.com/press_release/drax-strengthens-biomass-sustainability-policy-and-appoints-independent-advisory-board/

[47] https://www.drax.com/press_release/draxs-new-biomass-policy-paves-the-way-for-world-leading-sustainability-standard/

[48] https://www.dogwoodalliance.org/2019/02/more-greenwashing-from-drax/

[49] https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-power-companys-potent-vision-from-neutral-to-negative-emissions#

[50] https://www.drax.com/energy-policy/will-gardiners-drax-negative-carbon-ambition-remarks-at-cop25/

[51] https://www.drax.com/energy-policy/coalition-negative-emissions/

[52] https://cultureunstained.org/2020/11/18/campaigners-slam-choice-of-fossil-fuel-linked-companies-as-sponsors-of-cop26/

[53] https://www.drax.com/energy-policy/cop26-will-countries-with-the-boldest-climate-policies-reach-their-targets/

[54] https://environmentalpaper.org/the-biomass-delusion/

 

Conclusión: El círculo vicioso de la captura corporativa en la elaboración de políticas y de incentivos perversos para la destrucción de bosques

Por Oliver Munnion, Coalición Mundial por los Bosques, Portugal; y Simone Lovera, Coalición Mundial por los Bosques, Paraugay

Las asociaciones
público-privadas conducen a actividades comerciales como las plantaciones de monocultivos de árboles en vez de la conservación de bosques. Simone Lovera

La variedad de ejemplos en este informe describen cómo los incentivos perversos para las industrias ganaderas y forestales, así como la creciente dependencia de las finanzas privadas por parte del sector público, están causando conflictos con las comunidades y daños a los bosques. También muestran cómo el financiamiento para la destrucción de los bosques es el resultado de la captura corporativa de la formulación de políticas, siendo un ciclo que se retroalimenta. La influencia que ejercen las corporaciones y los intereses privados sobre la toma de decisiones está fortalecida por el apoyo que reciben, lo que también hace que las corporaciones estén en condiciones de bloquear legislación que podría eliminar los subsidios o restringir sus actividades.

Los incentivos perversos tienen lugar de muchas formas, empezando por los subsidios directos. El ejemplo más claro de esto, denominado el mayor incentivo perverso de todos, es la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que proporciona enormes subvenciones a los jugadores más importantes de la agroindustria a expensas de los pequeños productores y en clara contradicción con otras políticas de la UE destinadas a proteger la biodiversidad. Las subvenciones directas también están impulsando la intensificación de la producción ganadera en el Sur mundial, en particular en los países en los que estas industrias siguen siendo relativamente pequeñas. En Nepal, por ejemplo, los programas gubernamentales están subvencionando la maquinaria y las primas de seguros exclusivamente para las grandes explotaciones agrícolas.

El financiamiento climático y la generación de energía renovable subvencionada son otra forma de subsidios directos que a menudo daña a los bosques y que no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado es la central eléctrica de Drax en el Reino Unido, que recibe £2 millones al día para producir electricidad muy contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales altamente biodiversos en el sureste de los Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos incluyen el subsidio del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a las empresas siderúrgicas para producir carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y numerosos subsidios nacionales y a nivel de la UE para la industria de la celulosa y el papel en Portugal.

Los incentivos financieros pueden tomar la forma de distintos instrumentos financieros complejos. Estos incluyen préstamos, acciones, asociaciones público-privadas y financiación mixta. Los fondos públicos o las instituciones «se asocian» con el sector privado en inversiones que se espera que generen un retorno financiero, haciendo particularmente atractivas actividades comerciales como la ganadería y las plantaciones de árboles. Por ejemplo, en el período 2020/21, el gobierno brasileño invertirá casi 40 millones de euros en su sector ganadero, con la mayor parte del financiamiento en forma de préstamos de bancos estatales de desarrollo como el BNDES.

Los bancos de desarrollo nacionales, regionales e internacionales juegan un papel clave en este tipo de financiamiento, siendo una fuerza impulsora de las industrias cárnica y forestal. Por ejemplo, en Mozambique, los mecanismos del Banco Mundial, como la Corporación Financiera Internacional y el Programa de Inversión Forestal, están financiando plantaciones de eucaliptos de Portucel en tierras que las comunidades utilizan para cultivar alimentos. El Banco Europeo de Inversiones también ha proporcionado financiamiento en múltiples ocasiones al propietario de Portucel, la empresa Navigator, el mayor productor de celulosa y papel de Europa. Este banco también está financiando la expansión de plantaciones en América Latina y en el África subsahariana a través del Fondo Arbaro.

Tal vez lo más alarmante de todo esto es el crecimiento de instrumentos financieros opacos dirigidos por el sector privado que supuestamente apoyan la reducción de emisiones, pero que a menudo sólo incentivan la continuación de las prácticas destructivas. Esquemas como los bonos verdes o climáticos están destinados a financiar proyectos que mitiguen el cambio climático, pero en Brasil, esto simplemente facilita el acceso de los inversionistas a la agroindustria y la canalización de miles de millones de dólares en una industria que está teniendo un impacto catastrófico en los bosques, las comunidades locales y el clima. Los mecanismos del financiamiento climático también están impulsando esta tendencia, ya que la dependencia creciente del sector privado y los complejos acuerdos financieros se están convirtiendo en una nueva norma. Un ejemplo de esto es la participación de $25 millones que el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) compró en el Fondo Arbaro, lo que significa que este vehículo de financiación de las Naciones Unidas compartirá los beneficios de las operaciones forestales comerciales. Por lo tanto, el GCF tiene un fuerte interés en asegurar que los árboles sean cortados y vendidos al mejor postor.

Estos tipos de incentivos perversos forman parte de una tendencia más amplia en la que, debido a la influencia de poderosos intereses comerciales, las líneas entre el financiamiento para la conservación de los bosques y la mitigación del cambio climático, y los incentivos para la destrucción de los bosques y las industrias con altas emisiones se están volviendo cada vez más borrosas . Varios proyectos REDD+ son un ejemplo de este fenómeno; algunas de las empresas más contaminantes del mundo están llevando a cabo un lavado verde de su imagen al comprar compensaciones de carbono generadas por estos proyectos.

Las formas de apoyo indirecto son igualmente variadas. En América del Sur, las tasas tributarias muy bajas son una forma clave de incentivos indirectos que benefician a la industria ganadera. Incluso en un buen año, el sector agrícola de Paraguay aporta menos del 3% del total de los ingresos fiscales nacionales, a pesar de que representa el 27% del PIB. Las exenciones fiscales también se están utilizando para incentivar la expansión del cultivo de piensos en áreas protegidas de humedales en Argentina, al igual que las bajas tasas de interés que sirven para motivar la inversión en los sectores ganadero en Brasil y Argentina.

Los salarios mínimos artificialmente bajos y la impunidad ante las malas condiciones de trabajo son otro medio de incentivar la inversión, particularmente en Paraguay, donde la industria ganadera puede pagar a sus trabajadores menos de la mitad del salario mínimo nacional dependiendo del tamaño de la hacienda. En Mozambique, los empleos creados a través de la expansión de las plantaciones han sido mucho menos de lo prometido, mal pagados y estacionales. Por otra parte, en la República Democrática del Congo, las mujeres se enfrentan al acoso sexual en la industria ganadera y ganan menos que los hombres. En Portugal, un sindicato que representa a los trabajadores de las plantas de celulosa de Navigator Company ha criticado a la empresa por no hacer nada para apoyar a los trabajadores durante la pandemia, al tiempo que ha pagado grandes dividendos a sus accionistas.

Un tema común en los ejemplos de este informe es la medida en que la mala gobernanza es un incentivo para la destrucción de los bosques. En la República Democrática del Congo, la ganadería comercial se beneficia directamente de la inestabilidad política del país y del desprecio violento por los derechos humanos. Los grupos marginados, incluidas las mujeres y los Pueblos Indígenas que a menudo no tienen derechos formales sobre la tierra, no pueden hacer valer sus derechos ni confiar en el sistema judicial, mientras que los propietarios de las empresas están protegidos por las autoridades debido a sus intereses compartidos.

Tanto en la República Democrática del Congo como en Mozambique, la tierra es propiedad del estado, que otorga los derechos de uso. Por lo tanto, las leyes relativas a la propiedad y el uso de la tierra hacen muy fácil quitar las tierras a las comunidades y entregarlas a intereses privados con mucha más influencia, especialmente en lugares donde las empresas pueden afirmar que la tierra está degradada, es marginal o está abandonada, y por ende necesita desarrollo económico. En Paraguay, el éxito de toda la agroindustria está ligado al hecho de que en los últimos 200 años el Partido Colorado ha entregado el 70% de la tierra del país al 2% de la población, lo que representa un enorme subsidio que sustenta la producción nacional de carne y piensos.

En este informe se destacan numerosos mecanismos diferentes a través de los que las empresas están captando la formulación de políticas, desde procesos que tienen lugar dentro de un contexto institucionalizado y semitransparente, hasta casos en los que quienes tienen el capital financiero se aprovechan de la mala gobernanza y las instituciones débiles..

La forma más clara de captura corporativa es cuando los representantes del gobierno utilizan sus posiciones de autoridad para sus propios intereses privados. Esto se ve en los tres ejemplos de empresas en Kivu del Sur en la República Democrática del Congo, donde los representantes de los gobiernos estatales y locales participan en empresas ganaderas y mineras, y en el ejemplo del Primer Ministro checo, que se beneficia directamente con la renovación de las subvenciones a la agroindustria concedidas en el marco de la EUCAP. Este es también el caso de la “puerta giratoria” que existe en Portugal entre el gobierno y la industria de celulosa y papel, cuyos intereses son priorizados como resultado. En estos ejemplos, hay un claro conflicto de intereses para los involucrados, pero rara vez se cuestiona.

También como parte integral de la captura corporativa vemos el nepotismo, donde los que tienen poder e influencia lo utilizan para favorecer a amigos y familiares, el clientelismo, donde los incentivos se intercambian por apoyo político, y por supuesto la corrupción. En Nepal, una fuente enterada indica que la mayoría de las empresas agrícolas recientemente registradas que se benefician de subsidios gubernamentales fueron establecidas por las élites políticas bajo la instrucción de los líderes electos locales, asegurando que el dinero asignado en subsidios agrícolas se pague principalmente a los agricultores ricos con conexiones gubernamentales. En Paraguay, los funcionarios del gobierno siguen robando tierras para la cría de ganado a través de la manipulación por influencia y el soborno. Mientras tanto, en Portugal, el ex presidente de la Navigator Company donó abiertamente grandes cantidades de dinero a las campañas electorales presidenciales a cambio de un apoyo continuado por parte del ejecutivo.

Otra forma de captura corporativa consiste en el patrocinio corporativo y la influencia sobre los espacios de formulación de políticas, tanto para el lavado verde de las imágenes de las empresas, como para obtener resultados concretos. Esta práctica está bien establecida en la CMNUCC. La petrolera Shell ha alardeado de su papel en las negociaciones sobre los mercados internacionales de carbono, mientras que la Asociación Internacional del Comercio de Emisiones inundó la COP 25 con más de 140 delegados, incluyendo representantes de algunas de las mayores compañías petroleras y de gas. Por su parte, Drax y sus aliados se han posicionado para aprovechar las conversaciones de la COP 26 que se están celebrando en el Reino Unido.

Otro proceso clave a través del cual se lleva a cabo la captura corporativa es el cabildeo de las propias empresas o de las asociaciones industriales y las agencias de relaciones públicas que las representan. En el Reino Unido, Drax ha asistido a 53 reuniones con ministros de gobierno desde principios de 2012, y casi todos los ministros de energía del Reino Unido desde 2012 han participado en algún evento publicitario en la central eléctrica. En Argentina, el Consejo Agroindustrial Argentino, un poderoso grupo de cabildeo de la agroindustria, ha presionado directamente al presidente y a muchos otros funcionarios en sus esfuerzos por impulsar la expansión agrícola patrocinada por el estado en áreas de humedales. En Brasil, una de las principales formas en que el sector agroindustrial ejerce su influencia política es a través de la bancada ruralista, en que los representantes electos representan los intereses de los grandes agronegocios. Los poderosos intereses de los grupos de presión también siguen garantizando el poder de los agronegocios en la formulación de políticas relacionadas con la agricultura de la Unión Europea.

La filantropía corporativa y la captura de la ONU

La filantropía corporativa es otro método que las grandes empresas usan para ganar influencia sobre las políticas públicas. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, financiada por Bill Gates, ex-CEO de Microsoft y accionista activo del gigante agroindustrial Monsanto (ahora Bayer)[1], es uno de los principales financiadores de la Alianza para una Revolución Verde en África. Esta entidad tiene como objetivo impulsar la agroindustria africana mediante el uso mejorado de los agroquímicos y los cultivos genéticamente modificados producidos por Bayer. El presidente de AGRA fue nombrado recientemente Enviado Especial de la ONU para la próxima Cumbre sobre la Alimentación de la ONU. En enero de 2020, la Fundación Gates lanzó “Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations LLC”, también conocida como “Gates AG One”, dirigida por Joe Cornelius, un ex ejecutivo de Bayer. Gates AG One supuestamente tiene el objetivo de «empoderar a los pequeños agricultores con las herramientas, tecnologías y recursos asequibles y de alta calidad que necesitan para salir de la pobreza». [2] La Fundación Gates también tiene un papel cada vez más influyente en lo que antes eran los bancos públicos de semillas y los centros de investigación agrícola del mundo, el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional.[3]

Recomendaciones: Romper la “economía circular” de incentivos perversos y la captura corporativa

Audre Lorde, una activista feminista de derechos civiles, alguna vez dijo que «las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo». Lorde rechazaba el uso de «las herramientas de un patriarcado racista…para examinar los frutos de ese mismo patriarcado», pero estas palabras también pueden aplicarse a la lucha para acabar con la deforestación y defender los derechos y medios de vida de los pueblos de los bosques.

Reformar y eliminar los incentivos perversos que causan la pérdida de bosques es clave para detener la deforestación y la degradación de los bosques. También tiene muchos beneficios sociales y económicos paralelos y libera importantes cantidades de fondos públicos que pueden reinvertirse en soluciones genuinas a las crisis planetarias que enfrenta la humanidad, así como servicios públicos como atención de salud y educación. Sin embargo, los estudios de caso en este informe demuestran cómo la captura corporativa de la formulación de políticas y la creciente dependencia de la inversión privada sólo crean incentivos perversos adicionales que son barreras a la reforma de las políticas existentes. Como dice el dicho, no muerdas la mano que te da de comer. Cuando esa mano se beneficia de subsidios generosos y otras formas de apoyo gubernamental, se forma una economía circular en la que las corporaciones y las agencias gubernamentales tienen los mismos intereses financieros, en perjuicio de los derechos, las necesidades y los intereses del pueblo.

Las instituciones públicas deben representar los intereses de todas las personas, incluidos los titulares de derechos marginados política y económicamente, como las mujeres, los Pueblos Indígenas y otros pueblos que dependen de los bosques, y no los intereses de unas cuantas grandes corporaciones. Romper la economía circular de los incentivos perversos y la captura corporativa requiere ante todo una verdadera transformación de las estructuras de gobierno para asegurar que estas sean imparciales e independientes y que estén en condiciones de defender, respetar y apoyar los derechos, necesidades e intereses del público en general. Esto es cierto para los gobiernos nacionales y sus organismos, pero también lo es para el sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Reducir la dependencia financiera de la inversión del sector privado también requiere abordar algunos de los supuestos subyacentes que han llevado a muchos actores del sector de la conservación de los bosques a adoptar un enfoque «eco-capitalista» que se basa en la creencia de que los bosques crecen con dinero, y que los bosques no son capaces de «gestionarse» a sí mismos. Los bosques son perfectamente capaces de gestionarse a sí mismos, y lo harían si no fuera por las enormes cantidades de fondos que fluyen hacia los sectores que los destruyen.

La incesante búsqueda de crecimiento que ha creado el sistema económico capitalista no puede usarse para resolver los problemas que ha creado, que ahora se manifiestan como una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes en la historia geológica, y como una recesión económica e injusticia social sin precedentes en la historia humana. Para sobrevivir a estos desafíos, se requiere un cambio sistemático. Por lo tanto, es vital romper los numerosos lazos que existen entre la formulación de políticas públicas y los intereses comerciales privados de las grandes corporaciones y sus ejecutivos. Solo entonces podremos reorientar los incentivos perversos para la destrucción de los bosques en un apoyo genuino para la restauración y conservación de los bosques que sea sensible al género e impulsada por las comunidades, lo que no requiere mucho capital de todos modos.

 

[1] http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/sep/29/gates-foundation-gm-monsanto

[2] https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/01/Gates-Foundation- Statement-on-Creation-of-Nonprofit-Agricultural-Research-Institute

[3] https://www.etcgroup.org/content/next-agribusiness-takeover-multilateral-food-agencies

 


Equipo editorial: Coraina de la Plaza, Isis Alvarez, Megan Morrissey, Oliver Munnion y Simone Lovera

Editores: Oliver Munnion y Megan Morrissey

Traductores: Danae Barrera, Elena Kreuzberg, Megan Morrissey, Oliver Munnion, Patricia Puechagut, Pierre-Yves Serinet y Svetlana Abramovich

Diseño: Oliver Munnion

Esta publicación ha sido producida con la ayuda de Misereor, la Silicon Valley Community Foundation y la Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). El contenido es responsabilidad exclusiva de la Coalición Mundial por los Bosques y no necesariamente refleja las opiniones de los donantes.

16 dic, 2020
Posted in Forest Cover, Unsustainable Livestock Production, recursos y publicaciones, Forests, trees and climate change, Trade and other underlying causes of forest loss