El respeto a los derechos de las mujeres en juego. Las brechas entre las “buenas intenciones” de la ONU y la vida real
por Juana Vera Delgado, Coalición Mundial por los Bosques
Evaluar el progreso hacia el logro de la igualdad de género, y cómo éste se ve afectado por COVID-19, es hoy prioritario en la agenda del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, el cual se está organizando virtualmente desde Nueva York. Estas ocasiones generalmente implican una gran cantidad de alardes de progreso, pero un nuevo reporte de la Global Forest Coalition proporciona información detallada sobre la verdadera realidad de la igualdad de género en las comunidades. Estos datos que se obtuvieron a través de evaluaciones de género que se desarrollaron en cinco países latinoamericanos y muestran que, si bien existen políticas nacionales y de la ONU muy bien elaboradas sobre la igualdad de género, las comunidades no están experimentando los beneficios de éstas en el terreno.
Necesitamos que se escuchen más las voces y experiencias de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, ya que ellas siguen experimentando de manera creciente diferentes formas de violencia (doméstica, estructural, política, económica y cultural), las cuales se intersectan y refuerzan mutuamente en la vida cotidiana. Pero también, estas formas de violencia generan formas de resistencia y soluciones.
En parte, la ONU es responsable de estas injusticias, porque mientras la ONU apoya las reformas institucionales domésticas para avanzar hacia la igualdad de género con la ‘mano izquierda’, con la mano derecha está creando vínculos con el poder corporativo, cuyo poder amenaza el cumplimiento del ODS 5, incluso poniendo en riesgo el logro la Agenda 2030.
Las voces de las mujeres de las comunidades indígenas y forestales nos muestran que existe una fuerte conexión entre las injusticias de género y las actividades de poder corporativo y las políticas de acumulación por desposesión, que sustentan los actuales modelos de producción y consumo. Los resultados del análisis -realizada en Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil- indican cómo el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y los pueblos indígenas está siendo mediado por las actividades extractivas, como la agricultura extensiva, explotación forestal, la ganadería insostenible, la minería, etc. Éstas son los responsables de la pérdida de biodiversidad y la deforestación, degradación de los suelo, contaminación y pérdida de fuentes de agua. Estos efectos ponen en riesgo la seguridad/soberanía alimentaria y medios de vida, generando migraciones forzadas, aumento de la violencia de género, entre otros impactos negativos; los cuales afectan desproporcionalmente a las mujeres, socavando su capacidad de hacer frente a la pobreza, el cambio climático, incluidas la actual pandemia COVID-19.
Si bien existen tendencias generales, cada país presenta desafíos y necesidades específicas. Por ejemplo en Chile, los principales problemas que enfrenta el pueblo mapuche son: las plantaciones de eucaliptos y pinos y proyectos hidroeléctricos, los mismos que han convertido sus territorios en recursos para los grandes capitales, devastando los bosques nativos y la riqueza de la biodiversidad local; como una de las entrevistadas durante este estudio explica: “La tierra está en manos de las transnacionales que han arrinconado a hombres y mujeres campesinas a través de compras fraudulentas, a través de diferentes formas de engañar a las personas, y las comunidades indígenas mapuche están en la misma situación de ser acorralado; para ellos, es mucho peor debido a la usurpación del bosque”.
En Colombia, las comunidades en el área rural enfrentan el creciente impulso de megaproyectos por parte del Estado, tales como, las compañías agroindustriales, las compañías de extracción de petróleo, infraestructura vial, la gran minería, y las grandes represas. Estos megaproyectos están causando deforestación y daño ambiental sin precedentes, como lo indica el testimonio de una mujer: “El problema surgió debido a las políticas gubernamentales que favorecen la extracción de recursos sobre la protección de la biodiversidad. Los gobernantes piensan que los territorios y los bosques son fuentes de riqueza, independientemente de cómo estas políticas nos afecten, a la naturaleza y ocasionan la contaminación ambiental.”
En Paraguay, los bosques de la región del Chaco de la parte occidental del país han sido particularmente afectados por los incendios, con el objetivo de “limpiar” la tierra para los agronegocios. En la región oriental, el 94% de la tierra cultivable se usa para cultivar monocultivos de soja y más recientemente arroz y eucalipto. La soya es exportada para alimentar vacas, chanchos y gallinas. Las fumigaciones agrotóxicas ponen en peligro todo el ecosistema y atropella el derecho de los habitantes locales a vivir una vida sana y digna. El avance de estas actividades depredadoras ha convertido al país en un páramo, y las mujeres y hombres campesinos e indígenas en parias en su propia tierra: “El principal problema en el campo es la pérdida de nuestros territorios, que son capturados por monocultivos de soja y maíz genéticamente modificados, además de la cría intensiva de ganado”.
En estos cinco países y en otros, las políticas que apuntan a fomentar la igualdad de género deberían reconocer que las mujeres y las comunidades indígenas, incluidas las organizaciones y movimientos de mujeres, enfrentan diferentes barreras estructurales, políticas y socioculturales para materializar en la práctica la “buena voluntad” de las reformas institucionales. Estas barreras están entrelazadas con las prácticas coloniales de acumulación por desposesión y discriminación de género/etnia/raza, corrupción y falta de transparencia. Este despojo va más allá de la privación de recursos, ya que afecta las identidades de las mujeres y hombres vinculadas a su territorio e historia.
Como aspecto positivo, el informe también destaca cómo las mujeres se están organizando para disminuir las brechas existentes y lograr la justicia de género por sí mismas. Lo hacen construyendo la solidaridad entre las comunidades, fortaleciendo el papel vital que desempeñan en la producción de alimentos y la conservación de los bosques y la biodiversidad, y buscando alternativas para el “Buen Vivir” (viviendo bien). Estos modelos de desarrollo alternativos y justos al género deben estar en el centro de los esfuerzos para lograr los ODS.
Para leer el reporte del análisis de género, visite: https://globalforestcoalition.org/es/lac-gender-assessments-report/
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