Skip to content
or

Language switcher

Chile 2019: El Derecho de Vivir en Paz

3 Dec, 2019
Posted in Blog, Defending Rights, Unsustainable Livestock Production, , ,

por Eduardo Giesen (Colectivo VientoSur) y Ruth Nyambura (Coalición Mundial por los Bosques)

El 18 de octubre, comenzaron en Chile las mayores protestas presenciadas desde el final de la dictadura de 17 años del general Augusto Pinochet. La causa inmediata de estos levantamientos fue una subida del 3.75% de la tarifa del metro en la capital de Santiago. Estas protestas fueron en esencia un rechazo del neoliberalismo y la privatización, subsidios generalizados que existen para las empresas de energía sucia y medios privados de transporte (vehicular, aéreo) que en gran medida sólo son accesibles a la clase media y a la élite.

Los manifestantes chilenos están defendiendo su derecho a tener un sistema de transporte público bien financiado y en funcionamiento y a vivir una vida digna. El gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera respondió con un estado de emergencia que recuerda mucho a la dictadura de Pinochet. Las agencias militares y la policía fueron enviadas a las calles para enfrentar a los manifestantes. La emergencia ha sido revocada, pero hasta ahora han muerto 24 personas, con más de 200 parcialmente cegadas y miles más heridas y detenidas. También se ha informado de agresiones sexuales llevadas a cabo por los militares y la policía.

Chile fue la cuna de los experimentos neoliberales y durante mucho tiempo ha sido el ejemplo modelo de los llamados éxitos del crecimiento económico neoliberal. Si bien el país tiene una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, su riqueza está en manos de unos pocos. La generación de riqueza se basa en gran medida en ingresos fáciles y rápidos de la intensa e insostenible extracción y exportación de materias primas sin valor añadido, complementados por una economía ultra liberalizada, gracias a la firma compulsiva de acuerdos de libre comercio durante las últimas décadas. Además, Chile tiene la tasa más alta de desigualdad de ingresos entre el grupo de la OCDE.

En términos de contribución al PIB, la silvicultura ocupa el segundo lugar después de la minería en Chile. Debido al firme apoyo estatal a los propietarios de plantaciones a gran escala, las plantaciones de pinos y eucaliptos, principalmente para la industria de la celulosa, ahora cubren más de tres millones de hectáreas de tierra, con sólo tres empresas que generan más del 70% de los beneficios de la industria. La expansión de las plantaciones se considera el principal motor de la pérdida de bosques nativos y biodiversidad en Chile, y estos problemas se ven agravados por la escasez de agua y la creciente privatización de los recursos hídricos que permanecen.

Además, las comunidades campesinas e indígenas y los mapuches (“pueblos de la tierra” en mapudungun) en particular sufren las consecuencias de los impactos negativos de la industria, ya que se ven desplazados de sus tierras y sin posibilidades de mantener sus economías tradicionales, sus prácticas ancestrales y sus formas de vida. El colonialismo, la dictadura y ahora el neoliberalismo chileno patrocinado por el Estado han obligado a los mapuches a luchar incansablemente por su tierra en oposición a la invasión de monocultivos de árboles exóticos (y otras formas de extractivismo) que quitan su acceso al agua, a suelos sanos y a la medicina tradicional.

La extensa plantación de pino y eucalipto altamente inflamable y no nativo ha exacerbado seriamente otra amenaza para las comunidades y los bosques: los incendios. En 2017, 600,000 hectáreas de bosques, plantaciones y tierras agrícolas se quemaron después de las temperaturas excepcionales y la sequía, con 11 personas perdiendo sus vidas e innumerables hogares y medios de subsistencia destruidos.

Otro sector que se ha beneficiado enormemente de políticas regresivas de reforma agraria e incentivos estatales perversos, y que también destruye los bosques en el proceso, es la ganadería industrial para la carne de vacuno y los productos lácteos. La dependencia de la industria de los piensos animales importados a base de soja también es responsable de la deforestación en los países vecinos donde se cultiva. La concentración de tierras en manos de productores de carne de vacuno y leche a gran escala ha expulsado los pequeños productores y campesinos, cuyas prácticas tradicionales son mucho menos perjudiciales para el medio ambiente. A pesar de ello, las pequeñas explotaciones siguen siendo imprescindibles: más de la mitad de los alimentos consumidos en Chile se siguen produciendo en explotaciones de menos de 20 hectáreas de tamaño.

Las actuales protestas en Chile forman parte de una nueva ola de levantamientos en toda América Latina, desde Argentina, Ecuador, Honduras y ahora también en Colombia. Una región que ha tenido el mayor crecimiento económico de los últimos años es, paradójicamente, también la más desigual del mundo. Las tasas de crecimiento presenciadas en toda la región, como en Chile, se han atribuido en gran medida a diversas formas de proyectos extractivistas, desde la agricultura industrial (soja, producción de carne a gran escala) y la silvicultura hasta la minería, y grandes proyectos de infraestructura tales como mega represas hidroeléctricas y carreteras. Los impactos de estos proyectos en las comunidades locales e indígenas de toda la región han sido la destrucción de sus ecosistemas naturales, con los recientes incendios en el Amazonas revelando la magnitud total de la crisis.

También han aumentado los niveles y la naturaleza de los abusos de los derechos humanos perpetuados en beneficio de los actores extractivistas de la región, a menudo conjuntamente con los mecanismos y la corrupción del Estado. Un informe reciente publicado por Global Witness reveló que, de todos los defensores del medio ambiente asesinados en todo del mundo en 2018 (164), más de la mitad (83) eran de América Latina.

Si bien la región es la más peligrosa para los defensores del medio ambiente, los movimientos latinoamericanos en su diversidad han sido en gran medida contundentes en su defensa de sus cuerpos y territorios y la justicia social y ambiental. Sin duda, esto supone un elevado coste. En Chile, la persecución sistemática y la criminalización de los mapuches queda demostrado por el asesinato del activista indígena Camilo Catrillanca, quien fue baleado y asesinado por la policía. En otras partes, los viles asesinatos de Berta Cáceres, defensora del medio ambiente hondureña, así como de Marielle Franco, la política feminista negra brasileña, han conmocionado particularmente al mundo.

El 30 de octubre, después de semanas de protestas y resistencia por parte del pueblo chileno, el presidente Piñera anunció que su país ya no sería anfitrión de la Cumbre de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) en noviembre o la COP25 en diciembre. El grupo miembro del GFC Colectivo VientoSur y uno de los grupos organizadores de la Cumbre de los Pueblos, señalaron que mientras los movimientos chilenos calificaron como victoria la cancelación de la cumbre neoliberal del APEC, interpretan la cancelación de la COP25 como una manera de que el gobierno distraiga la atención de las atrocidades que está cometiendo contra los manifestantes, así como de las causas estructurales de las protestas en el país. También existe el hecho de que, dada la magnitud actual de la movilización, ninguna de estas reuniones internacionales hubiera sido posible.

Con o sin la COP, los movimientos sociales chilenos siguen adelante con el Cumbre de los Pueblos, que comenzó ayer. La Coalición Mundial por los Bosques está organizando una serie de eventos con nuestros aliados en la Cumbre de los Pueblos y la Carpa de las Mujeres durante la próxima semana, centrándose en los derechos de las mujeres y la justicia de género, la producción ganadera insostenible y las falsas soluciones al cambio climático tales como las plantaciones de árboles y la bioenergía. ¡Si estás en Santiago, nos encantaría verte allí!