Demorar, distraer y decepcionar: La evolución de la BECCS en Sudamérica, África y Asia
Análisis: Las tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono Bioenergético (BECCS, por sus siglas en inglés) se encuentran entre las más problemáticas de la geoingeniería de eliminación de carbono. Esta serie en dos partes analiza el estado de la BECCS en Sudamérica, África y Asia y muestra que la BECCS está lejos de ser la “solución milagrosa” al cambio climático que algunos pretenden.
Coraina de la Plaza, Kwami Kpondzo y Souparna Lahiri
La geoingeniería se promueve cada vez más como una solución “necesaria” y “viable” a la crisis climática. En general, preocupa no sólo la falta de investigación sobre las posibles repercusiones de estas tecnologías emergentes, sino también la falta de marcos de gobernanza y normativas internacionales para controlar su ensayo y despliegue. Estas tecnologías cuentan principalmente con el apoyo de países como EEUU, Arabia Saudí, Reino Unido, Japón y la UE. En el plano multilateral de la formulación de políticas, mientras que hay organismos de las Naciones Unidas (ONU) como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que mantienen una moratoria sobre la geoingeniería, otros como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no sólo la acogen mejor, sino que incluso están facilitando corrientes de trabajo en las que pueden proliferar los planteamientos de la geoingeniería, como el Artículo 6.4 del Acuerdo de París y los diálogos sobre los océanos y el cambio climático.
La Eliminación del Dióxido de Carbono (RDC) es una de las principales propuestas de geoingeniería, y engloba una amplia gama de enfoques que pretenden eliminar el CO2 de la atmósfera, entre ellos la Captura y Almacenamiento Bioenergético de Carbono (BECCS). Las tecnologías BECCS consisten en quemar cantidades muy grandes de cultivos, árboles o residuos vegetales de tierras de cultivo y bosques para generar electricidad, y luego capturar y almacenar bajo tierra las emisiones de dióxido de carbono derivadas del proceso de combustión. A continuación, el CO2 se transporta y almacena bajo tierra, teóricamente, para su almacenamiento a largo plazo mediante procesos o/y máquinas extremadamente intensivos en energía y, a menudo, en agua, para capturar el CO2 en redes de tuberías subterráneas a gran escala.
Hemos analizado la situación de la BECCS en Sudamérica, África y Asia, y como muestra esta serie de artículos en dos partes, la BECCS está lejos de ser la bala de plata contra el cambio climático que algunos actores presentan como tal, ya que sencillamente no tenemos suficiente tierra para llevar la BECCS a escala y, si se implanta, tendría importantes impactos negativos sobre la tierra, las comunidades, el clima y el medio ambiente.
Primera parte: Sudamérica y África
Brasil: la cuna de la geoingeniería terrestre en Sudamérica
La geoingeniería terrestre, y en particular la BECCS, es todavía una tecnología relativamente nueva en América Latina. Según diversas fuentes y actores que promueven la BECCS, como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Global CCS Institute, la BECCS tiene potencial para desplegarse a mayor escala a corto y medio plazo. Hay múltiples estudios de viabilidad en marcha en países como Argentina, México y Brasil, siendo Brasil el que tiene más probabilidades de albergar la primera planta de BECCS de la región.
La postura actual del gobierno brasileño sobre la CAC, y en particular sobre la BECCS, aún no está clara. Aunque Brasil ha expresado en el pasado su preocupación por los riesgos de fuga de la CAC y su viabilidad en los países del Sur Global, también fue uno de los pocos países que -junto con Petrobras, una importante corporación petrolera estatal- participó en la investigación y el desarrollo de tecnologías de CAC. Actualmente, el sector privado y otras partes interesadas están presionando para que se establezca un marco regulador que haga que los proyectos de CAC sean comercialmente interesantes y estén disponibles. El Senado ha aprobado un proyecto de ley para regular el mercado del carbono, que ahora espera la aprobación del Congreso y del Presidente.
Actualmente hay tres proyectos de CAC en Brasil: i) CCUS-EOR, de Petrobras, en los yacimientos marinos de Tupi, Mero y Búzios, que pretenden inyectar 80 millones de toneladas de CO2 hasta 2025; ii) captura de CO2 (mediante zeolitas) de la generación termoeléctrica de carbón en Criciúma, que se encuentra en fase piloto y iii) BECCS, de FS Bioenergia. Nos centraremos en esta última en este artículo, pero es importante señalar que la agricultura no se ha incluido hasta ahora en el mencionado proyecto de ley sobre CAC, y por tanto, no está claro cómo podría afectar y aplicarse a este proyecto.
Fueling Sustainability (FS) es una biorrefinería brasileña que se enorgullece de utilizar maíz en el 100% de su producción, y es el cuarto mayor productor de biocombustible del país. FS es una empresa conjunta del Grupo Summit Ag y Tapajós Participações S.A. La primera controla plantas de etanol a base de maíz en EE.UU., y la segunda es propiedad de empresarios brasileños y opera como holding e instituciones no financieras. FS tiene su sede en Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.
FS tiene varios negocios, como la producción de etanol, la nutrición animal, el maíz y el aceite de maíz, la biomasa para la producción de energía y una considerable agenda de carbono. La agenda de carbono incluye el uso de biomasa para obtener energía, principalmente de “bosques plantados de eucalipto”, pero también de otros tipos de materiales, como bambú, retoños de algodón, semillas de açaí y residuos de aserraderos. Según diversas fuentes, en los próximos años habrá escasez de biomasa para la generación de energía, y para superarlo y continuar con las operaciones, FS planea establecer asociaciones con productores de eucalipto y bambú, y convertir 40.000 hectáreas de tierras degradadas del estado de Mato Grosso en plantaciones de biomasa renovable. Sin embargo, no está claro qué entiende FS por “tierras degradadas”.
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 de FS es conseguir emisiones negativas de carbono para el etanol mediante la implantación de una planta BECCS en la unidad Lucas do Rio Verde, que se inaugurará en 2024. La inversión estimada para la implantación de la tecnología es de 342 millones de BRL y el proyecto entra ahora en la fase 3, lo que significa que están perforando y explorando dónde se inyectará el carbono. FS también pretende seguir vendiendo créditos de carbono procedentes del secuestro previsto y llega a afirmar que “Lucas do Rio Verde puede ser pionera en RenovaBio 1 , con una huella de carbono negativa mediante BECCS” 2 . En 2022, a través de Renovabio, FS vendió 441.000 créditos CBIO (Créditos de Descarbonización) y pretende alcanzar los 32 millones de CBIO en 2030. Sin embargo, los mercados de carbono son otra falsa solución que no aborda las causas profundas del problema que intentan resolver, en este caso también la crisis climática, y que ha demostrado durante las últimas décadas ser un fracaso. Esto hace que este proyecto sea aún peor.
El maíz es el principal producto agrícola de Brasil, después de la soja. Sin embargo, ahora se utiliza en gran medida para producir biocombustibles y piensos, en lugar de alimentos para el consumo humano. De hecho, el mercado brasileño de etanol a base de maíz, la mayor parte de él situado en Mato Grosso, ha crecido un 800% durante los últimos cinco años, y las exportaciones han aumentado en gran medida durante este periodo. Un estudio publicado este año vincula a los ejecutivos de FS con la deforestación ilegal en Mato Grosso y las zonas circundantes a las plantas. La investigación también vincula la expansión de las plantaciones de maíz y eucalipto con esta deforestación ilegal.
FS forma parte de la cartera de AndGreen, una fundación creada en Holanda en 2017 que actúa como intermediaria financiera concediendo subvenciones y préstamos a proyectos y empresas como Marfrig, una de las mayores empresas de procesamiento de carne y alimentos de Brasil y del mundo. Marfrig ha sido vinculada en repetidas ocasiones a la deforestación y a violaciones de los derechos humanos. AndGreen comprometió el año pasado un préstamo de 30 millones de USD por un plazo de 8 años. También afirma que “se esperan inversiones adicionales de más de 100 millones de USD para financiar futuras actividades de expansión, procedentes de una combinación de bancos e inversores bilaterales y multilaterales”.
Casualmente, en julio de 2023, AndGreen presentó un proyecto para su aprobación por el Fondo Verde para el Clima (GCF). Durante la reunión de la junta del GCF de julio de 2023, se aprobó la propuesta de financiación 212, “Invertir en agricultura inclusiva y proteger los bosques”, que proporcionará un préstamo de 185 millones de USD y una subvención de 9,35 millones de USD. En la propuesta de financiación, se menciona la Agricultura Solidaria como parte de la cartera AndGreen. Sin embargo, no está claro qué cantidad de fondos del GCF podría llegar realmente a la instalación BECCS de FS. Esto podría constituir uno de los primeros casos de financiación climática multilateral destinada a un proyecto BECCS.
África: atrapada en el bucle de los financiadores de la geoingeniería
Según Geoengineering Monitor, ha habido varios intentos de desarrollar proyectos de geoingeniería en África. Entre ellos, un proyecto en Tanzania que pretendía promover la permacultura marina a gran escala creando afloramientos artificiales en las aguas marinas tanzanas, y un proyecto en Marruecos que pretendía fertilizar el océano. En Sudáfrica, se llevó a cabo el Experimento Europeo de Fertilización del Océano con Hierro (EIFEX) y, actualmente, ClimateWorks y Great Carbon Valley están estudiando el desarrollo de un proyecto de Captura Directa del Aire en Kenia. No se dispone de información actualizada sobre la mayoría de estos proyectos, y algunos de ellos, como el de Tanzania, se cancelaron por motivos financieros..
A pesar de los riesgos potenciales de la geoingeniería, se sigue impulsando en África, incluida la investigación sobre la Gestión de la Radiación Solar (SRM). La Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente (AMCEN) participa en los debates sobre la Gestión de la Radiación Solar (SRM). En 2012 y principios de 2013 se celebraron en África talleres sobre la gobernanza de la investigación en SRM, y sus informes resultantes concluyeron que no hay suficiente información disponible sobre SRM para concluir si es útil o perjudicial para gestionar los riesgos climáticos, y que se necesita más investigación para comprender todas sus implicaciones.
En agosto de 2023, el AMCEN también pidió un mecanismo mundial de no utilización para la SRM, y advirtió contra la promoción de los enfoques de Eliminación de Dióxido de Carbono (CDR) hasta que se comprendan mejor los riesgos.
Los estudios muestran que la aplicación de las MIA desplegaría grandes cantidades de BECCS en el África Subsahariana, ya que la región cuenta con grandes zonas que podrían aportar energía de biomasa y capacidades de almacenamiento. También se ha sugerido que EEUU podría cumplir sus ambiciosos objetivos nacionales de emisiones en 2050 comprando offsets de proyectos BECCS africanos. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente en este artículo, se trataría de un costoso experimento con consecuencias de largo alcance para los bosques, la biodiversidad, los derechos humanos y el derecho a la alimentación y al sustento.
Segunda parte: BECCS en Asia: agravamiento de la pérdida de bosques y crisis climática
El gobierno de Japón es uno de los primeros y más firmes partidarios de la CAC, y las tecnologías de CAC se consideran clave para alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono de Japón para 2050. El Ministerio de Industria del país está trabajando para crear un marco legal para la CAC, y publicó una hoja de ruta a largo plazo a principios de 2023 que tiene como objetivo el despliegue comercial y aspira al almacenamiento de 6-12 MtCO2/año para 2030, y de 120-240 MtCO2/año para 2050.
Japón es también un actor clave a la hora de impulsar el establecimiento de un marco legislativo internacional común para los proyectos de CAC y de crear normas que los rijan a escala regional. Esto es especialmente importante para Japón, ya que existe un esquema en el marco normativo que permite a Japón transportar CO2 y almacenarlo en otros países siempre que no sea posible almacenarlo en el propio Japón. Así pues, no es sorprendente que Japón ya cuente con unas cuantas instalaciones de operaciones de CAC, incluido un proyecto de BECCS.
Japón ha sido un importante importador de cáscaras de almendra de palma (PKS), un subproducto de la trituración del aceite de palma, desde que el subproducto del aceite de palma se autorizó como biomasa para el sistema Feed in Tariff (FIT) en 2012. Las estimaciones apuntan a unas importaciones de 2,5 millones de Tm de PKS y otros residuos de palma en 2019, utilizados como materia prima por centrales eléctricas de biomasa medianas y grandes (más de 20 MW) con derecho a FIT. Se espera que esta cifra alcance los 5 millones de Tm en 2025, debido al creciente número de centrales eléctricas de biomasa que necesitan una materia prima fiable y barata. A partir de abril de 2022, el aceite de palma y sus derivados utilizados en centrales eléctricas de biomasa en Japón no tenían que estar certificados por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
El mercado japonés incluye una mezcla de materias primas certificadas y no certificadas, y de origen ilegal, lo que se conoce como “mercado de fugas”. El gobierno japonés incentiva el uso de “energías renovables” y ha impulsado el uso de aceite de palma, cáscaras de palmiste y pellets de madera para la llamada generación de energía renovable.
En octubre de 2020, Toshiba Corporation anunció que “ha iniciado el funcionamiento de una instalación de captura de carbono a gran escala” y que “la nueva instalación que entrará en funcionamiento será la primera central eléctrica de Bioenergía del mundo que se aplicará con una capacidad de Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS) a gran escala”. Se trata de la central de Mikawa, explotada por la filial de Toshiba ESS, SIGMA POWER Ariake Corporation (SPAC), en Omuta, prefectura de Fukuoka. Está financiada por el Ministerio de Medio Ambiente (MOE) de Japón y utiliza PKS como principal fuente de combustible.
Las investigaciones demuestran que el 70% de la PKS que se quema en las centrales eléctricas de Japón procede de Indonesia -el mayor exportador de cáscaras de palmiste de aceite utilizadas en las centrales eléctricas de biomasa de Japón- y el 30% de Malasia.
Otra central eléctrica de biomasa de Mikawa que utiliza PKS obtiene su materia prima de las provincias de Johor, Sarawak y Sabah, en Malasia, y de Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Sumatra Septentrional, Riau y Jambi, en Indonesia.
La creciente demanda de PKS en Japón ha provocado una serie de terribles repercusiones medioambientales, políticas y sociales en el Sudeste Asiático. Por ejemplo, el desarrollo del aceite de palma es una de las causas principales de los incendios forestales y de turberas en Indonesia, que, según los informes, provocaron la destrucción de unos 4,4 millones de hectáreas de tierra entre 2015 y 2019. Se calcula que las exportaciones de aceite de palma vinculadas a la deforestación en Indonesia rondan las 12 Mt, con un valor de 6.000 millones de dólares sólo en 2019. Forest Trends calcula que el 89% de la pérdida de bosques en Indonesia se debió a la agricultura comercial, y casi la mitad a las plantaciones de palma aceitera. Una revisión de la Agencia Suprema de Auditoría de Indonesia concluyó que el 81% de las concesiones de palma aceitera infringían una o más leyes o normas de gestión obligatorias.
El Consejo de Administración Forestal (FSC) ha descubierto que en estas plantaciones también se cometen abusos contra los derechos humanos, incluidas violaciones de los derechos de los indígenas y de los derechos laborales. Forest Trends también cita informes de ONG como la Coalición contra la Mafia Forestal sobre las ilegalidades en los sectores de la agricultura comercial. Las comunidades indígenas adat han denunciado violaciones de los requisitos legales de compensación y reparto de beneficios, y del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
En Malasia se perdieron 3,3 Mha de bosque entre 2013 y 2019, lo que supone el 4% de toda la pérdida forestal de los trópicos. Según los informes, dos tercios de esta pérdida forestal se debió a productos básicos como la palma de aceite. El fenómeno es similar en toda la Malasia peninsular y borneana. Una revisión del Departamento Forestal de Sabah descubrió que sólo dos tercios de las 37 Unidades de Gestión Forestal, asignadas a más de 1,8 Mha, podían cumplir siquiera las normas mínimas. Cuatro tuvieron que suprimirse por completo. En 2019, Malasia exportó al menos 6.500 millones de dólares estadounidenses en aceite de palma vinculado a la deforestación, gran parte de él potencialmente ilegal.
Todos los estudios de caso de Forest Trends detectaron abusos de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas y locales y conflictos por la tierra.
En la COP26 de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2021, 141 países firmaron la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, que incluye una lista de seis compromisos para conservar y restaurar los bosques, reforzar los incentivos y las políticas para una producción de materias primas más sostenible que no impulse la pérdida de bosques, y aumentar la financiación disponible para la agricultura y la gestión forestal sostenibles. Aunque voluntario y no vinculante, el Compromiso de Glasgow es la primera declaración que reúne a jefes de Estado sobre la deforestación, incluidos los de países con bosques tropicales y los mayores productores de aceite de palma, Malasia e Indonesia. Un marco de rendición de cuentas, que se está estudiando ahora para la COP28, podría reforzar la Declaración y darle algo de fuerza, lo que repercutiría tanto en el sector del aceite de palma del sudeste asiático como en el creciente uso de PKS en plantas de biomasa y BECCS como materia prima barata.
Conclusiones
A pesar de lo que dicen sus defensores, la BECCS sigue siendo en gran medida una opción poco plausible para abordar la crisis climática. Las enormes cantidades de tierra necesarias para su implantación provocarían, entre otras cosas, acaparamiento de tierras, conflictos con las comunidades y desplazamientos de éstas, deforestación y pérdida de biodiversidad. Incluso en las vías modelizadas en las que el calentamiento se limita a 1,5°C sin rebasamiento o con un rebasamiento limitado, se prevé que la BECCS elimine acumulativamente entre 30 y 780 GtCO2 hasta 2100. Estas cifras corresponden a unos 199 a 482 millones de hectáreas de tierras de cultivo que se necesitarán de suministro de biomasa para bioenergía en 2050. El extremo superior de la horquilla equivale a una vez y media la superficie terrestre de la India. Estas cantidades poco realistas de RCD demuestran la importancia crítica de eliminar rápida y completamente los combustibles fósiles para alcanzar el objetivo de 1,5°C. En cambio, confiar en la BECCS puede ser una distracción arriesgada, que podría retrasar las acciones necesarias y conducir a un peligroso y posiblemente irreversible rebasamiento de la temperatura de 1,5°C. Como vimos en el ejemplo de Brasil, la materia prima de biomasa para la BECCS tendrá que basarse en el establecimiento y mayor expansión de plantaciones de monocultivos de árboles, lo que agravará todos sus impactos negativos, como el agotamiento del agua dulce, la erosión y degradación del suelo, el aumento del riesgo de incendios y plagas, las emisiones (que normalmente no se contabilizan) procedentes del desmonte y las alteraciones del terreno, los impactos diferenciados por género y la pérdida de soberanía y seguridad alimentarias, ya que se dedicará más tierra a cultivos para quemar que a alimentos. Es importante recordar que todo esto se intensificaría con otras tecnologías CDR.
La geoingeniería es una distracción peligrosa para las soluciones climáticas reales. Estos enfoques de geoingeniería climática son arriesgados y podrían dañar los ecosistemas, incluida la vida marina, paralizar el crecimiento de las plantas, dañar la capa de ozono y reducir las precipitaciones al tiempo que aumentan el calentamiento en otras zonas. Estas soluciones tecnológicas no resolverán el problema del cambio climático provocado por el hombre. Sólo son una forma de distraer y retrasar la reducción de las emisiones de CO2 que se necesita urgentemente.
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