De Leticia a Belém: queda mucho para llegar al punto cumbre
Foto por Nathalia Segato
Por: Diego Cardona – Censat Agua Viva y Coalición Mundial por los Bosques
Acaba de tener lugar en Belém do Pará, Brasil, la cumbre amazónica, en la que se reunieron por cuarta vez presidentes de los Estados parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, pero que previamente propició una serie de diálogos entre un amplio espectro de actores, entre ellos pueblos indígenas, movimientos sociales, academia, ONG’s, empresas, corporaciones y entidades financieras.
Varios resultados o propuestas de esta cumbre deben subrayarse, en tanto pueden representar cambios significativos para la Amazonía, sus gentes y todos los otros territorios y poblaciones que se articulan a sus dinámicas, más allá de las fronteras de la selva, lo que puede ser en cualquier rincón del planeta.
Entre las acciones que empezaron a tomar curso está el pensar y actuar de manera conjunta el territorio, lo que se quiere materializar mediante una visión común entre los Estados parte, que les permita actuar para incidir sobre problemáticas comunes que trascienden las fronteras, como es el caso de la deforestación, el tráfico de fauna, flora o estupefacientes. Para viabilizar gran parte de las propuestas se propone fortalecer la OCTA, que hasta el momento ha jugado un papel discreto y sin mayores repercusiones; al interior de esa estructura se plantea consolidar el Observatorio Regional de la Amazonía, ORA, que se encargaría de monitorear y generar datos oportunos en los ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales, acción de suma relevancia que resulta coherente para mantener una mirada amplia y actualizada sobre las realidades de la región.
Es preciso destacar el hecho de haber propiciado el encuentro de una multitud de actores sociales en el marco de los diálogos amazónicos que precedieron la cumbre, los cuales, como es de esperar, exhibieron posturas, propuestas y discursos diversos y en no pocos casos diametralmente opuestos. No obstante, fueron importantes para facilitar el encuentro de las diversidades amazónicas, identificar las apuestas y propuestas para el territorio, con sus oportunidades y riesgos, lo que, visto desde afuera, hizo de la cumbre un momento relevante para el encuentro de movimientos sociales brasileños, que luego de un aciago periodo, se proyectan nuevamente con fuerza. Es igualmente importante que la cumbre recibiera y escuchara los planteamientos de procesos y articulaciones sociales como el Foro Social Panamazónico, Fospa.
Ahora bien, conferirle “rostro humano” a la conservación y toma de decisiones en la cuenca amazónica, como plantea la declaración final, es un propósito con amplio trabajo por delante. El texto resalta la relevancia de pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales amazónicas en aquello que tiene que ver con su territorio, pero el proceso de precumbre y cumbre ha adolecido de su participación activa y efectiva. Evidencia de esta falencia fueron las protestas en Belém por parte de comunidades quilombolas de la Amazonía brasileña, precisamente por sentir que su presencia y aportes estaban siendo desconocidos. Esa misma falta de vinculación se había presentado anteriormente en Leticia, Amazonas, en donde la representación de la sociedad civil careció de participación de amplios sectores de poblaciones locales y algunos otros apenas si contaron con un par de personas, como en el caso del campesinado, en contraste con otros sectores sociales convocados, que además contaron con financiación para el desplazamiento hasta la ciudad sede de la precumbre, lo que permitió una amplia presencia en la mesas para representantes de la cooperación internacional, investigadores o académicas, ONG’s conservacionistas y el sector privado.
Así, además de que no se ha cumplido la afirmación que aparece en el preámbulo de la declaración sobre dar “especial atención a los pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales en situación de vulnerabilidad”, también faltan otras poblaciones fundamentales de la Amazonía, determinantes además en la solución de varios conflictos. Este es el caso del campesinado, afrodescendientes y población urbana, que se distribuye por numerosas ciudades, incluso superando los dos millones de habitantes, como en el propio Belém. ¿Cómo, sin ellos y ellas, podríamos pensar en remediar la deforestación y la desigualdad, por ejemplo?
Luego de convocar a sectores y poblaciones hasta ahora excluidos, su participación debe ser activa y efectiva, nunca accesoria, como sucede en múltiples asuntos, como consultas previas en las cuales la negativa de las poblaciones a aceptar proyectos extractivos no tiene ningún efecto. En Belém, el centro de convenciones que albergó a la cumbre, fue escenario de manifestaciones en contra de la explotación petrolera en la Amazonía de Brasil, siendo solo una muestra de lo que millones de personas en ese país están exigiendo; sin embargo, ninguna moratoria, prohibición o mecanismo similar quedó plasmado en la declaración. Por el contrario el objetivo 79 dejó planteado un “diálogo entre los Estados parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la región”. Ni siquiera trascendió la propuesta del Gobierno colombiano de incluir la prohibición a la explotación petrolera en la cuenca amazónica.
Esa postura brasileña sobre un supuesto extractivismo responsable en la Amazonía, recuerda el argumento injustificable de gobiernos anteriores en Colombia, que además de promover y profundizar la actividad petrolera y minera en la selva, hicieron caso omiso de sus impactos, miraron hacia otro lado y se enfocaron en combatir actividades ilegales como minería sin licencia, bajo la idea errada o amañada de que ellas son las únicas causantes de la enorme conflictividad socioambiental en la Amazonía. Es grave que esa sea la misma óptica adoptada en la declaración de Belém, que deja de lado los impactos ocasionados por la explotación petrolera, la minería, la construcción de infraestructura como carreteras y oleoductos, como si el hecho de ser legales las eximiera de ser causas de fondo de las disputas territoriales y ecológicas.
El abordaje de la deforestación tampoco cuenta con una meta común definida en la declaración y, si ya es suficientemente complejo alcanzar un objetivo que no está trazado o encontrar soluciones reales y de fondo a un problema cuya existencia no se reconoce, quizás es más preocupante que el documento apenas si menciona la degradación de la selva. La degradación es la pérdida de la calidad de los bosques, afectando sus características y reduciendo su capacidad para llevar a cabo funciones vitales para ellos mismos y para la vida en el planeta, como la regulación hídrica y climática o la conservación de los suelos; en muchos casos, como el de Colombia, se estima que la superficie anual afectada por degradación es mayor que la alcanzada por la deforestación. La declaración de Belém apenas menciona esta problemática haciendo alusión a la participación de actores sociales en esfuerzos de conservación que disminuyan la deforestación y degradación.
Finalmente, también es preocupante la insistencia, tanto en Leticia como en Belém, sobre la bioeconomía como tabla de salvación para la cuenca y sus habitantes. El prefijo bio puede ser manejado de diferentes maneras según los intereses, y enmascarar acciones como las de la biopiratería por parte de farmacéuticas, laboratorios o corporaciones. Así mismo, es al menos inquietante el contenido del objetivo 36 en torno al canje de deuda por acción climática. Esto puede ser debido a la falta de profundidad en la explicación de cuál es su propósito y cómo funcionaria, o a las posturas divergentes entre el presidente de Colombia y su ministro de Hacienda respecto al tema; pero frente a la falta de información y claridad, persisten preguntas como qué es lo que se entiende por acción climática. Se plantea el canje de deuda para obtener recursos, pero, ¿recursos para hacer qué?, ¿cuál sería el tipo de acción concreta que se desarrollaría con ellos?
Otras perspectivas que deberían ser consideradas incluyen la visión de las fronteras más allá de espacios para el crimen que deben ser retomados por la autoridad, para llegar a entenderlas desde el sentido de pueblos amazónicos para quienes el trazado de líneas con divisiones políticas resulta una imposición reciente y no una separación de sus parientes y culturas. El ámbito urbano inserto en medio de la mayor selva del planeta es otro asunto desafiante, definir qué tipo de urbes se quieren construir y ofrecer para sus habitantes, cómo garantizar derechos a las personas sin sacrificar el territorio, y hasta dónde expandir los centros urbanos. Estos son sólo algunos de los asuntos a resolver y, aunque la declaración incluye un sucinto objetivo, el número 14, en torno a las ciudades amazónicas, sin lugar a dudas se queda corto en el abordaje de los desafíos.
Se requiere, pues, pensar y actuar más allá de los actores y las lógicas de la cooperación, que es el eje orientador del OTCA, y considerar una perspectiva de integración. Esto implica trascender las relaciones priorizadas para la consecución de recursos, el intercambio entre gobiernos, agencias e institucionalidad, dando paso al acercamiento de los pueblos y comunidades amazónicas, cimentado sobre otro tipo de valores y prioridades como la solidaridad, la equidad y la soberanía. Dicha necesidad fue destacada por las mujeres negras de la Guyana Francesa en el marco de la asamblea de los pueblos, realizada de manera paralela en Beleḿ, quienes hicieron un llamado al reconocimiento de la diversidad de pueblos de su territorio, el cual no hace parte de la OTCA, ni fue convocado a la cumbre a pesar de hacer parte de la panamazonia. Su voz es también un reclamo sobre cuál es el tipo de relacionamiento entre nuestros pueblos, quiénes los determinan, por qué y a quiénes nos acercamos o de quiénes nos distanciamos, hacia dónde miramos para establecer referentes.
Integración amazónica es indispensable.
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