Nuevo informe: La gran ilusión climática de REDD+
La gran ilusión climática de REDD+: una ecuación equivocada para los bosques, los pueblos y el planeta
Un nuevo informe de la Coalición Mundial por los Bosques
La investigación examina críticamente el programa REDD+, mostrando que ha sido una peligrosa distracción de la acción genuina sobre los bosques y el clima, y una fuente de daño real para las comunidades locales.
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A pesar de los miles de millones de financiación y los cientos de proyectos, REDD+ no está dando los resultados prometidos en la reducción de la deforestación o la degradación forestal.
Por el contrario, estos planes permiten que las grandes empresas continúen contaminando y obteniendo beneficios, al tiempo que provocan el desplazamiento de las comunidades indígenas, el rechazo de sus conocimientos tradicionales y la mercantilización de los bosques como sumideros de carbono, ignorando sus complejas funciones como ecosistemas que sustentan a las comunidades y la biodiversidad.
El informe destaca la necesidad de alejarse de enfoques erróneos y verticalistas como REDD+ e incluye estudios de casos de Asia, África y América Latina que demuestran la necesidad de dejar de lado las falsas soluciones y abordar las causas profundas de la crisis climática mediante reducciones genuinas de las emisiones y garantías de derechos para los pueblos indígenas, las mujeres en toda su diversidad y las comunidades locales que han protegido sus bosques y territorios durante generaciones.
Se puede descargar La Gran Ilusión Climática de REDD+ en formato PDF o leer el texto completo abjao. Este documento forma parte de una serie de informes de la GFC sobre REDD+. Consulte nuestro informe anterior: ¿Quién se beneficia realmente? Cómo perjudica REDD+ a los bosques y a quienes los protegen.
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La gran ilusión climática de REDD+: Una ecuación equivocada para los bosques, los pueblos y el planeta
Introducción
El poder y la influencia de la industria de los combustibles fósiles son asombrosos. A pesar del consenso científico de que los combustibles fósiles son los principales impulsores de la crisis climática, estas empresas contaminantes han logrado infiltrarse en los espacios de toma de decisiones sobre el medio ambiente.
Términos de moda como “neutralidad en carbono”, “cero neto” y “soluciones basadas en la naturaleza” (NBS, por sus siglas en ingles) son eufemismos que encubren esquemas que perpetúan prácticas contaminantes bajo el disfraz de la acción climática. Ocultas la realidad de que emitir gases de efecto invernadero en un lugar mientras se “compensan” esas emisiones en otro no sirve para detener la extracción y la quema de combustibles fósiles responsables de la crisis climática. Sembrar árboles en una parte del mundo no puede deshacer el daño causado por la producción incontrolada de petróleo y gas ni sustituir el trabajo de conservación y protección realizado durante milenios por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, que han sido los guardianes de los bosques desde tiempos inmemoriales.
Los científicos están de acuerdo en que el mundo necesita reducir drásticamente las emisiones de inmediato. Sin embargo, esquemas como el NBS y el “cero neto” no están diseñados para proteger el planeta o a las personas, sino para mantener los intereses y la influencia de las corporaciones con sus poderosos grupos de presión.
Lamentablemente, las falsas soluciones que promueven las corporaciones se han impuesto en las negociaciones mundiales sobre el cambio climático, lo que permite a la industria de los combustibles fósiles seguir adelante con sus actividades mientras se mantiene la política sin cambios.
En medio de una escalada de desastres ecológicos y sociales, estas corporaciones perpetúan los sistemas extractivos y petrocapitalistas que alimentan tanto la crisis climática como el desplazamiento y el debilitamiento de las comunidades que salvaguardan nuestros ecosistemas.
Se sabe lo que hay que hacer, pero se está perdiendo el mensaje: para tener alguna posibilidad de frenar los efectos catastróficos del cambio climático, tenemos que edetener a los grandes contaminadores causantes de la crisis climática para mantener los combustibles fósiles bajo tierra y garantizar justicia y reparaciones para los más afectados. También debemos proteger los bosques primarios y la biodiversidad, no para su uso en planes de compensación, sino como ecosistemas irremplazables con un valor inherente. Todo lo que no sea eso es una distracción, incluidos los famosos programas REDD+.
¿Ha reducido REDD+ la deforestación?
Este informe parte de los hallazgos de la reciente publicación de la GFC, ¿Quién se beneficia realmente? Como REDD+ perjudica a los bosques y a quienes los cuidan, profundizando en los marcos REDD+ y de compensación de carbono. El anterior documento informativo mostraba que, aunque REDD+ se diseñó para combatir la deforestación, las pruebas obtenidas en países como Brasil e Indonesia demuestran que no se han logrado reducciones significativas de la deforestación. Al mismo tiempo, la biodiversidad ha seguido sufriendo. Los programas REDD+, que a menudo implican plantaciones de monocultivos de árboles que se sabe que perjudican a las comunidades y al medio ambiente, no funcionan: no se pueden recuperar rápidamente los años de complejas interrelaciones que ya se han perdido cuando se diezman los bosques.
El anterior informe también destacaba cómo REDD+ mercantiliza los bosques al reducir su valor a su mera capacidad de actuar como sumideros de carbono, ignorando su papel como ecosistemas complejos que regulan el clima del planeta, como hábitat y sustento de los pueblos y las comunidades, y como hogar de biodiversidad irremplazable. Pone las compensaciones por encima de la integridad ecológica y de los derechos de las comunidades.
En el marco de REDD+, los bosques no se consideran ecosistemas valiosos en sí mismos, sino más bien como recursos que pueden reducirse a moléculas básicas como el «carbono» y comercializarse. Esto no solo va en contra de las cosmovisiones indígenas, que consideran que toda la vida es valiosa, sino que también oprime a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales, provocando desplazamientos y conflictos, pérdida de medios de vida y de prácticas culturales. Los Pueblos Indígenas ya están protegiendo los bosques, pero REDD+ los perjudica continuamente, lo que demuestra su naturaleza intrínsecamente incompatible con los bosques y los pueblos que viven en ellos.
Como mecanismo de mercado, REDD+ también ignora los conocimientos tradicionales y la comprensión más profunda de las funciones ecológicas y espirituales de los bosques. Existe una necesidad urgente de estrategias impulsadas por las comunidades y basadas en los derechos para hacer frente al cambio climático, incluida la financiación directa de quienes ya están trabajando en ello.
Sin embargo, a pesar de sus defectos fundamentales, REDD+ sigue siendo una parte importante del discurso climático debido al apoyo continuo de las instituciones financieras multilaterales (como el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima), su inclusión en las negociaciones del artículo 6.4 del Acuerdo de París y su papel en los mercados voluntarios de carbono. Esto no puede continuar.
¿Quién financia los programas de REDD+?
Existen más de 700 proyectos REDD+ en 57 países, que cuentan con el apoyo de financiación bilateral y multilateral. Entre los principales promotores se encuentran el Programa ONU-REDD y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, que abarcan más de 50 países cada uno.
Desde 2008, se han comprometido más de 5600 millones de dólares (o hasta 10 000 millones de dólares) de financiación pública a fondos multilaterales para el clima que apoyan la REDD+, y se han aprobado 3000 millones de dólares para proyectos. Entre los principales patrocinadores se encuentran Noruega, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. A pesar de estas inversiones, la deforestación continúa. Cuestiones como las fugas, la falta de permanencia y la contabilización de las plantaciones de monocultivos como bosques han puesto de manifiesto la ineficacia de REDD+.
Ante esta situación, ¿qué papel desempeñan los gobiernos en el apoyo a la REDD+? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Debería detenerse por completo la financiación de los proyectos REDD+?
La controversia en torno a las compensaciones
Las compensaciones de carbono, como parte de los programas REDD+ y otros planes, siguen siendo un mecanismo ineficaz y perjudicial. A través de un examen detallado de las experiencias en Colombia, Camboya, Kenia, Uganda, Indonesia, Perú y Brasil, revelamos los problemas fundamentales de la mercantilización de la naturaleza.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define las compensaciones como “la reducción, evitación o eliminación de una unidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de una entidad, adquirida por otra entidad para contrarrestar una unidad de emisiones de GEI por parte de esa otra entidad”. Según la Climate Land Ambition & Rights Alliance (CLARA), “los promotores hablan de compensaciones como si las emisiones ‘de aquí’ fueran a ser efectivamente anuladas por alguna otra actividad ‘de allí’. Pero esas emisiones siguen produciéndose a pesar de todo. Evitar las emisiones o reducirlas en otro lugar no cambia eso”. En otras palabras, la compensación no aborda realmente las causas fundamentales del cambio climático.
En 2022, el IPCC informó de la necesidad de reducciones rápidas y profundas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y destacó las preocupaciones sobre la eficacia, permanencia y adicionalidad de las compensaciones de carbono. Sin embargo, las compensaciones siguen siendo objeto de debate y mención en el Acuerdo de París, a pesar de sus muchos defectos, e incluso están en el centro de las llamadas acciones del Artículo 6. Mientras tanto, el verdadero problema de la crisis climática, y las verdaderas soluciones, están siendo ignorados en favor de marcos ineficaces y problemáticos que anteponen las ganancias financieras a corto plazo y la conveniencia política a la resiliencia ecológica y social a largo plazo.
Las compensaciones permiten a los grandes contaminadores, incluidas las empresas petroleras y de gas, seguir emitiendo mediante la “compensación” de sus actividades contaminantes con proyectos como la reforestación o la “evitación de la deforestación” en el marco de los programas REDD+. Este enfoque permite a estas corporaciones y gobiernos seguir contaminando en lugar de comprometerse e implicarse en una verdadera acción climática.
Un estudio de Carbon Market Watch puso de manifiesto los patrones de los proyectos REDD+, entre los que se incluyen líneas de base infladas, ahorros de carbono no verificables y resultados generalmente ineficaces. La existencia de estos defectos crea un terreno de juego desigual, de modo que, aunque algunos proyectos se presentan como exitosos, a menudo no consiguen aportar beneficios medioambientales reales. Corporaciones como las empresas fósiles pueden explotar fácilmente los créditos defectuosos y baratos y seguir contaminando mientras se escudan en la “neutralidad en carbono”. Al comprar créditos cuestionables y baratos, pueden afirmar que anulan sus emisiones sin realizar ningún cambio significativo.
Verificación, cancelaciones y créditos fantasma
Recientemente, la empresa de verificación de compensaciones de carbono Verra se vio obligada a cancelar muchos de sus créditos después de que se descubrieran pruebas que demostraban que un gran número de ellos eran falsos, ineficaces y estaban vinculados a violaciones del medio ambiente y de los derechos humanos. Existen pruebas generalizadas que relacionan sus créditos con la tala ilegal, el acaparamiento de tierras y el “blanqueo de madera”. Una investigación de The Guardian de 2023 reveló que más del 90% de los créditos de Verra eran “fantasmas”, es decir, aparentemente inexistentes, y no proporcionaban ningún beneficio climático tangible. Aunque Verra afirma que revisará sus metodologías para 2025, estos créditos ineficaces siguen activos, perpetuando el daño medioambiental y social.
Una vez verificados, estos proyectos carecen de control. El proyecto Kasigau REDD+ de Kenia, uno de los más antiguos certificados por Verra, se ha enfrentado a acusaciones de acoso y abusos sexuales generalizados. Un estudio realizado por el Centre for Research on Multinational Corporations y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia descubrió abusos sexuales rampantes en el proyecto, gestionado por Wildlife Works. Aunque estos créditos de carbono verificados por Verra afirman promover la capacitación de las mujeres y las comunidades, las acusaciones sugieren lo contrario. La controversia plantea interrogantes sobre la verificación de los créditos de carbono en general. Los mercados voluntarios de carbono se autorregulan, y las empresas auditoras son pagadas por los promotores de los proyectos, lo que hace que las certificaciones sean cuestionables. Verra pidió a Wildlife Works que abordara las acusaciones de abuso, pero es evidente que existen profundos desequilibrios de poder sistémicos inherentes a los modelos de “conservación” en los que se permite que los sistemas opresivos se perpetúen a través de la conservación vertical y de estilo fortaleza.
En Camboya, Human Rights Watch (HRW) ha documentado casos de violencia, desalojos forzosos y destrucción de propiedades contra las comunidades indígenas en el proyecto REDD+ Cardamomo del Sur, que también fue aprobado por Verra. La ONG Wildlife Alliance, que colabora en la gestión del proyecto, no siguió los protocolos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI). También se han presentado informes que indican que el personal de la ONG, a menudo acompañado por guardabosques del Gobierno y policías militares, desaló por la fuerza y con violencia a miembros de la comunidad. Wildlife Alliance afirmó que contaba con un apoyo abrumador de la comunidad para el proyecto, pero el informe de HRW sugiere que esto es falso, ya que el apoyo real oscila entre el 10 y el 16%. La ONG afirmó que HRW estaba tergiversando los datos para favorecer su propia agenda y que el proyecto había tenido éxito. Sin embargo, los datos de Global Forest Watch muestran que entre 2016 y 2022 se perdieron 1.400 hectáreas de bosque primario y que el proyecto no consiguió proteger el bosque frente a la construcción de una megapresa hidroeléctrica. La tala ilegal también ha aumentado y los bosques estȧn cada vez más amenazados. Existe un considerable secretismo en torno a los ingresos generados por el proyecto y la cantidad que llega a la comunidad, si es que llega alguna.
A pesar de las investigaciones en curso sobre las numerosas denuncias de abusos de los derechos humanos denunciadas por Mongabay y otros, Wildlife Alliance planea establecer otro proyecto de compensación REDD+ en las cercanías sin abordar adecuadamente las graves acusaciones ni demostrar resultados significativos. Aunque algunos argumentan que el bosque de Cardamomo está siendo protegido por la iniciativa REDD+, esto no se puede demostrar, ya que la adicionalidad no se ha comprobado. La comunidad indígena de la zona ya había logrado detener una presa hidroeléctrica en 2014. Si este nuevo proyecto no consigue impedir la construcción de otra presa, se plantea la cuestión de por qué debería recibir crédito por los continuos y exitosos esfuerzos de protección de la tierra de la comunidad.
Otro proyecto acreditado por Verra en Camboya, el Proyecto Tumring dirigido por el Servicio Forestal de Corea, fue celebrado en 2020 como un proyecto REDD+ modelo, pero desde entonces se ha enfrentado a la pérdida de un 22% de sus árboles, según los informes, desde el inicio del proyecto. A pesar de su fracaso a la hora de frenar la deforestación, sigue vendiendo créditos de carbono.
Estos ejemplos ilustran cómo los proyectos de compensación de REDD+ anteponen el beneficio económico frente a la auténtica conservación. También se basan en un sistema de verificación defectuoso y autorregulado en el que los auditores son pagados por los promotores y las empresas compran créditos sin supervisión, lo que perpetúa un sistema que permite que la violación de derechos y la degradación medioambiental continúen sin control. Debido a estos problemas y al hecho de que la deforestación no disminuye en las zonas donde operan los programas REDD+, no debería haber financiación.
Otro problema importante de las compensaciones son las fugas. La demanda de productos forestales suele desplazarse de las zonas protegidas a las no protegidas, lo que significa que la protección de una zona no elimina la deforestación, sino que simplemente la deslocaliza. Un informe de Carbon Market Watch mostró la existencia de una gran infradeclaración de fugas. Aunque las metodologías REDD+ de Verra exigen a los promotores que estimen las deducciones por fugas, se descubrió que el 59% de los proyectos de Verra no informaron de ninguna deducción, y los que lo hicieron aplicaron tasas más bajas. Esto provoca un exceso de créditos, lo que permite a los proyectos reclamar más créditos de carbono de los que merecen, ya que no contanbilizan las emisiones causadas por las actividades desplazadas. En consecuencia, cualquier beneficio medioambiental que estos proyectos reclamen está sobrevalorado, lo que da lugar a créditos de carbono que no reflejan reducciones genuinas de las emisiones.
Áreas protegidas, acaparamiento de tierras y colonialismo
A menudo, los proyectos de compensación de REDD+ conducen al acaparamiento de tierras, al desplazamiento de comunidades y a graves violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia pasan por alto o ignoran los derechos territoriales y la gobernanza indígenas, y muchos proyectos se llevan a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Esta situacion prevalece en muchos proyectos de todo el Sur Global, lo que pone de manifiesto un fallo persistente y fundamental en el diseño de REDD+.
Otro ejemplo de acaparamiento de tierras y desplazamiento debido a las compensaciones de carbono es el proyecto REDD+ del Monte Elgon en Uganda, dirigido por la empresa holandesa FACE Foundation. El gobierno ugandés, con el apoyo del Banco Mundial, designó la zona como parque nacional como parte de su estrategia de compensación de carbono. En lugar de proteger el bosque o a las comunidades indígenas, el proyecto desplazó por la fuerza al pueblo benet, que había protegido la tierra durante generaciones. Los desalojos fueron brutales y violentos, y se destruyeron hogares y medios de subsistencia bajo el pretexto de la conservación del bosque.
Este caso apunta a una práctica insidiosa que se remonta a la época colonial: el desalojo de grupos indígenas de sus tierras en nombre de la “conservación”. Históricamente, los proyectos coloniales impusieron la idea de una naturaleza virgen separada de la humanidad, lo que condujo al establecimiento paternalista de parques nacionales en todo el mundo. Con frecuencia, las comunidades indígenas fueron desalojadas por la fuerza, y los parques quedaron relegados al uso recreativo, para lo que se cobraba una entrada. Este patrón persiste hoy en día, incluso en África, donde las comunidades indígenas son desplazadas para dejar paso al turismo. Esto también está ocurriendo en Tanzania con los masai.
Muchos proyectos REDD+, especialmente los designados como áreas protegidas y parques nacionales, siguen este modelo colonial de “conservación de fortaleza”. Aunque muchas zonas se siguen utilizando para el turismo, otras se explotan para plantaciones de monocultivos o proyectos de compensación de carbono. Las comunidades indígenas suelen ser vistas como una amenaza para estos proyectos o se ven obligadas a adaptarse a nuevas formas de vida para sobrevivir.
El Parque Nacional del Monte Elgon en Uganda es un ejemplo de cómo el establecimiento de zonas protegidas en el marco de REDD+ refleja las estrategias coloniales de desposesión, en las que se se despoja a los pueblos de sus tierras para dejar paso al comercio de carbono y a los objetivos internacionales de conservación.
Estos proyectos a menudo ignoran el hecho de que los Pueblos Indígenas han estado protegiendo estos bosques mucho antes de la llegada de actores externos. Este modelo de “conservación de fortaleza” exacerba los conflictos por la tierra y los abusos de los derechos humanos, reforzando la noción colonialista de que la naturaleza debe protegerse de la gente, en lugar de ser protegida por ella.
Mientras tanto, estos proyectos suelen suelen ignorar el CLPI, que es fundamental para respetar los derechos territoriales de los pueblos originarios. Los desalojos forzosos y la destrucción de los medios de subsistencia no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio en el que los proyectos REDD+ sirven a los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales. A pesar de las promesas de proteger los bosques y empoderar a las comunidades, los verdaderos beneficiarios suelen ser los inversores extranjeros y los compradores de créditos de carbono, mientras que quienes viven en estos ecosistemas se enfrentan al despojo y la violencia. Esto subraya un fallo clave de la arquitectura REDD+: mercantiliza y facilita el acaparamiento de los bosques y sus recursos, sin aportar ningún beneficio climático o social significativo, y deja tras de sí un rastro de injusticia.
No existen datos suficientes sobre la deforestación en Brasil e Indonesia, países que albergan numerosos proyectos REDD+ aprobados por Verra. A pesar de ello, las tasas de deforestación no han variado y el acaparamiento de tierras sigue siendo un problema importante. Se ha criticado considerablemente algunos proyectos notables de compensación de carbono en estos países, previamente verificados por Verra. Se descubrió que el proyecto Jari, en Brasil, vendía créditos de tierras públicas sin la aprobación del Estado, incluso a grandes empresas como CNN, BMW y Janssen, y los informes indican el problema del acaparamiento de tierras sigue siendo grave. Una investigación reveló que el proyecto operaba en tierras disputadas. En Indonesia, los proyectos Katingan Mentaya y Rimba Raya han sido acusados de exagerar su eficacia en la prevención de la deforestación y de excluir a las comunidades locales de los procesos de toma de decisiones.
En junio de 2023, otra investigación descubrió que el resguardo indígena Cumbal, en Colombia, estaba vendiendo créditos de carbono sin el conocimiento de muchos de sus miembros. Chevron, que emitió 745 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente en 2023 y cuyas emisiones no dejan de aumentar, fue la única empresa que compró créditos del Proyecto Ambiental REDD+ para la Protección de la Pachamama Cumbal. Chevron alegó que sus auditorías indicaban que se había consultado suficientemente a la comunidad, a pesar de que los resultados positivos de conservación se comunicaron antes de que ningún miembro de la comunidad conociera el plan de compensación. Esta situación pone de manifiesto la presencia de marcos neocoloniales presentes en los proyectos de compensación, ya que Chevron sigue contaminando mientras compra créditos a una comunidad indígena que desconoce el programa y no se beneficia de él.
Los miembros de la comunidad formaron el Colectivo Ambiental Cumbal e intentaron obtener información sobre el proyecto, pero no lo consiguieron. Una vez más, los sistemas de compensación REDD+ son sumamente opacos. No hubo transparencia y los miembros de la comunidad afectada no recibieron ningún beneficio, lo que creó tensiones internas. Surgieron preguntas sobre la gestión del proyecto, así como al cuestionable historial de los implicados. Parte de la comunidad interpuso una acción de tutela ante los tribunales, donde el juez reconoció que se había violado el CLPI y ordenó a los demandados que rectificaran en un plazo de seis meses. Las fuentes confirman que el proyecto sigue comercializando créditos, y que las principales empresas son Chevron y Zeuss.
Aunque se informa de que las tasas de deforestación en Colombia están disminuyendo, atribuir esto a las iniciativas REDD+ es erróneo. En 2022, el Gobierno colombiano anunció planes para reducir la deforestación y limitar la expansión de la agroindustria, así como para crear reservas donde las comunidades indígenas puedan recolectar recursos forestales no madereros. Además, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos guerrilleros podrían haber contribuido a esta disminución. Sin embargo, según la agencia Associated Press, las tasas de deforestación en la región andina están aumentando de nuevo debido a los incendios, la ganadería, los cultivos de drogas y la minería ilegal, lo que demuestra la fuga, por la que la deforestación simplemente se traslada de una zona a otra.
En los últimos seis años, se han puesto en marcha cientos de proyectos similares en Colombia. Entre los factores que contribuyen a este aumento se encuentran las exenciones fiscales que el Gobierno colombiano concede a las empresas de combustibles fósiles tras la compra de créditos, la posibilidad de obtener beneficios rápidamente con una supervisión mínima y el hecho de que aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de tierra ya estén salvaguardados por comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen la gobernanza de las zonas. Esta situación permite a empresas como Chevron reclamar créditos por la ausencia de deforestación que ya no se producía, mientras siguen obteniendo beneficios del petróleo y el gas.
Los miembros de las comunidades que protegen activamente sus bosques y tierras no suelen beneficiarse de los proyectos REDD+, sino que algunos incluso se enfrentan a demandas judiciales. Mientras tanto, se les sigue diciendo que necesitan REDD+ para proteger sus hogares ancestrales. La ministra de Medio Ambiente de Colombia ha reconocido que la falta de regulaciones sobre los proyectos de compensación de carbono significa que se negocian sin supervisión gubernamental, lo que permite a las empresas explotar a las comunidades.
En cuanto al CLPI y la participación de las comunidades, es crucial identificar quiénes están incluidos y quiénes no. Una entrevista realizada por el WRM a Letícia Yawanawa, líder indígena de Acre, Brasil, y a Dercy Teles de Carvalho, expresidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri, reveló que las mujeres suelen quedar excluidas de todas las fases de la planificación de REDD+, si es que se realiza alguna consulta. Las mujeres apenas ven beneficios económicos y las comunidades indígenas reciben escasos recursos.
Dercy también señaló que la nueva normativa de 2010 afectó a las prácticas culturales de las mujeres al prohibirles sembrar en el bosque con métodos tradicionales. Esto afectó de forma desproporcionada a las mujeres, que son las principales cultivadoras, y las obligó a comprar alimentos en el exterior, lo que pone en peligro su soberanía alimentaria. Los informes también indicaban un aumento de la violencia sexual, incluso contra menores, debido a la afluencia de personas ajenas a la comunidad.
Forzar cambios en los medios de subsistencia de las mujeres o someterlas a la violencia perpetúa un ciclo de pérdida cultural. Los proyectos REDD+ se convierten en iniciativas neocoloniales cuando no se consultan de forma significativa a las comunidades, excluyen a las mujeres, imponen modos de vida no tradicionales —a menudo tachados de “modernos y desarrollados”—, socavan la soberanía indígena y perjudican a las comunidades indígenas.
REDD+, tala de árboles y plantaciones de monocultivos
Cabe señalar que los proyectos REDD+ contradicen la intención original del programa al ubicarse en zonas donde el riesgo de deforestación ya es mínimo. No reducen activamente la deforestación, sino que la “evitan”, en teoría. En algunos casos, la tala sigue estando permitida, lo que permite que la deforestación continúe incluso después de vender los créditos. Por ejemplo, algunos proyectos REDD+ en Perú suelen combinar la tala con la gestión forestal, lo que contribuye a la degradación continua de los bosques.
Además, las plantaciones de monocultivos de árboles se emplean con frecuencia en los esfuerzos de reforestación dentro de los planes de compensación REDD+. Sin embargo, estas plantaciones no mejoran las reservas de carbono; los bosques naturales lo hacen mucho mejor. Además, la tala regular devuelve a la atmósfera el CO2 almacenado, mientras que los bosques reales absorben carbono durante décadas y mantienen la biodiversidad.
A medida que el cambio climático afecta a los patrones meteorológicos, los incendios forestales incontrolados aumentan cada año. Aunque los incendios controlados pueden ayudar a la regeneración de los bosques, (ya sea de forma natural o mediante la intervención humana), los incendios incontrolados en las plantaciones de monocultivos de árboles plantean graves problemas. Los incendios forestales arden a un ritmo alarmante en todo el mundo, lo que libera más carbono a la atmósfera y reduce la capacidad de los bosques para absorber carbono. Esto es especialmente perjudicial en las plantaciones de monocultivos de árboles, que arden con mayor intensidad y facilitan la propagación de los incendios. Por el contrario, los bosques antiguos son más eficaces a la hora de mitigar la propagación de incendios, almacenar carbono y fomentar la biodiversidad.
A pesar de estos problemas, la superficie dedicada a los monocultivos no deja de aumentar. La conexión entre los proyectos de compensación y las plantaciones de monocultivos se remonta a décadas atrás y se está volviendo cada vez más insidiosa. Un informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) de mediados de 2024 indica que las solicitudes para establecer más plantaciones de árboles casi se han duplicado en los últimos tres años. Aunque los proyectos de forestación y reforestación tienen los índices de aprobación más bajos, están ampliando significativamente el uso de la tierra y generando mayores volúmenes de créditos de carbono. Entre los principales beneficiarios se encuentran las empresas madereras y de pulpa y papel, las llamadas empresas climáticas, las empresas con una importante producción de carbono (Total Energies, por ejemplo), las grandes ONG conservacionistas (como WWF o The Nature Conservancy) y los gobiernos. (Para más información, véase el informe completo del WRM.)
Las investigaciones siguen demostrando los efectos perjudiciales de las plantaciones de monocultivos de árboles. Desplazan a las comunidades, destruyen la biodiversidad y fomentan la destrucción de los bosques antiguos. “Compensar” las emisiones al tiempo que se establecen plantaciones de monocultivos de árboles ineficaces y perjudiciales no es una solución climática, sino que plantea riesgos significativos para el clima y los derechos humanos. El creciente número de solicitudes pone de manifiesto, en el mejor de los casos, una lógica errónea detrás de las compensaciones y, en el peor, el afán de las industrias destructivas por beneficiarse de falsas soluciones.
REDD+ ha fracasado
Los datos sobre el aumento de los niveles de carbono atmosférico, la creciente deforestación mundial y el crecimiento de los sistemas de compensación de emisiones de carbono -incluido REDD+- revelan una tendencia preocupante. REDD+ no está dando los resultados prometidos. La deforestación sigue aumentando y las comunidades que protegen los bosques no sólo están siendo desatendidas, sino que son objeto de violaciones generalizadas de los derechos humanos, acaparamiento de tierras, desplazamientos y explotación.
Además, nuevas investigaciones indican que los bosques, las tierras y los océanos están absorbiendo CO2 de forma menos eficaz a medida que el planeta se calienta. No podemos confiar en que estos “sumideros de carbono” hagan su trabajo, aunque el IPCC siga confiando en su potencial de captura de carbono.
La intención no equivale a la acción. Aunque detrás de REDD+ hubiera intenciones bienintencionadas, es hora de reconocer que el programa ha fracasado y que es necesario corregir urgentemente el rumbo. Los programas de compensación, sobre todo los que benefician a las corporaciones con grandes huellas de carbono, permiten a los contaminadores beneficiarse con el pretexto de la acción climática, al tiempo que no aportan ninguna solución significativa y equitativa. No podemos permitirnos más retrasos.
REDD+ es defectuoso en su esencia. Depende en exceso de un sistema de contabilidad del carbono que no aborda cuestiones críticas como la permanencia y las fugas. Además, perpetúa el modelo colonial que dio lugar a la creación de los parques nacionales en vez de abordar las desigualdades profundamente arraigadas. La escasa supervisión, la falta de presentación de informes y la opacidad hacen casi imposible realizar un seguimiento preciso de la eficacia de estos proyectos.
Para reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad, el mundo necesita enfoques de abajo arriba, basados en los derechos y dirigidos por la comunidad. Muchos de ellos existen y han demostrado su eficacia, pero carecen de atractivo para las empresas. Estas soluciones deben impulsarse desde las comunidades que dependen de los bosques, concretamente los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, teniendo en cuenta a las mujeres en toda su diversidad, a las personas jóvenes y mayores, y apoyadas directamente a través de marcos tanto financieros como políticos. Estas comunidades han salvaguardado los bosques durante generaciones, y sus conocimientos, liderazgo y derechos deben ser el centro de la acción climática.
No podemos dejarnos distraer por el lavado verde corporativo y las falsas promesas de los esquemas de compensación. La verdadera justicia climática y la protección forestal vendrán de elevar y apoyar económicamente las ideas y soluciones de aquellos que ya están defendiendo nuestros ecosistemas y trabajando incansablemente para garantizar un planeta habitable para todos y todas.
Agradecimientos
Investigadora principal y redactora
Allie Constantine
Equipo editorial
Souparna Lahiri
Gadir Lavadenz
Megan Morrissey
Ismail Wolff
Maquetación y diseño
Ismail Wolff
Traducción al español
Megan Morrissey
Traducción al francés
Gaelle le Gauyer y Rachel Babin
Arte de portada cortesía de NO REDD AFRICA/Cassandra
PIES DE FOTO:
Mujeres indígenas minangkabau de Indonesia cuidan los arrozales, honrando las tradiciones del cultivo del arroz de varias generaciones. Foto de GFC/Chaus
Una plantación de monocultivos de árboles. Estas plantaciones no son capaces de reproducir las complejas funciones de los ecosistemas forestales naturales.
Una protesta contra REDD+ en una playa de Durban, Sudáfrica, 2015. Foto de Souparna Lahiri, GFC