UTRECHT | 6 de marzo de 2026 – La justicia dominicana debe anular urgentemente la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena reducir las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua, en la República Dominicana, que forma parte de la Reserva de Biosfera de la UNESCO, para desarrollar proyectos privados de explotación turística, dijo hoy la Coalición Mundial por los Bosques (GFC). La sentencia fue aprobada el 20 de noviembre de 2025, pero solo fue divulgada públicamente en febrero de este año.
La decisión, que favorece a un consorcio privado de desarrollo de infraestructuras e inversiones inmobiliarias, viola la Constitución dominicana (artículos 16 y 6) , la Ley General del Medio Ambiente y la Ley Sectorial de Áreas protegidas. Asimismo, pone en riesgo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con base en estas violaciones, así como en anomalías y falta de transparencia en el proceso, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana deben anular la sentencia. Esta exigencia de anulación es apoyada por el movimiento ambientalista, así como por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del país.
“El Parque Nacional Jaragua es una de las áreas protegidas más grandes del Caribe y alberga bosques con altos niveles de biodiversidad, muchos de los cuales están en peligro o amenazados. Son más de 70 mil hectáreas de bosques que estarían siendo impactadas para el beneficio del turismo depredador”, dijo Darío Solano, coordinador de la Red Afros y miembro de la Junta Directiva de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC).“
Esta sentencia, además de inconstitucional, viola compromisos internacionales de protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal establece claramente una meta para conservar de manera efectiva los ecosistemas forestales, aguas y zonas costeras y marinas. También asumimos compromisos para lograr una mayor coherencia de acción climática, por lo que esta decisión es un grave retroceso”, aseveró.
En la República Dominicana la modificación de la extensión de un parque nacional demanda la aprobación de una ley orgánica por dos terceras partes del Congreso Nacional. “Esta sentencia podría abrir un terrible precedente para profundizar el acaparamiento de tierras, la violación de derechos y la degradación de las zonas marinas y los ecosistemas naturales. En un momento de profunda crisis climática y con temperaturas récord de calentamiento global, esta sentencia es un atentado contra la vida”, advirtió Solano.
“Vemos con mucha preocupación esta sentencia del tribunal. El turismo masivo y elitista, muchas veces promovido como un catalizador para el desarrollo económico y la conservación ambiental, puede producir impactos irreversibles en los pueblos indígenas, comunidades locales, pueblos afrodescendientes, mujeres, jóvenes y ecosistemas”, dijo Kwami Kpondzo, coordinador de la Campaña de Industrias extractivistas, turismo e infraestructura de la GFC. “Las áreas protegidas, como modelo de conservación surgido bajo lógicas colonialistas y patriarcales, ya de por sí pueden implicar desplazamientos forzados y robo de tierras ancestrales, pero esta decisión demuestra que incluso el marco legal puede ser vulnerable cuando se trata de defender intereses corporativos. Debemos decolonizar la conservación, confrontar a las élites corporativas y priorizar la soberanía indígena y comunitaria”.
La GFC insta al Tribunal Superior Administrativo (TSA) y a todos los órganos competentes en la República Dominicana a actuar de manera expedita para suspender esta sentencia de amparo, garantizar la protección ambiental, promover la justicia climática y respetar las leyes nacionales, compromisos internacionales y los derechos comunitarios.
