Informe: La falsa promesa de las compensaciones de biodiversidad y el mito de la “pérdida neta nula”
La falsa promesa de las compensaciones de biodiversidad y el mito de la “pérdida neta nula”
En un nuevo análisis de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC), lanzado durante la Conferencia de Biodiversidad en Cali, Colombia, abordamos el mito de la “pérdida neta nula”, la historia de las compensaciones y las verdaderas razones por las que las industrias más destructivas desde el punto de vista medioambiental y social prefieren esta herramienta de conservación.
Descargue el análisis aquí: Las compensaciones de biodiversidad: Una licencia social corporativa para perpetuar la destrucción de la biodiversidad y la desigualdad de género
Este estudio ofrece un análisis crítico de la creciente dependencia de las compensaciones de la biodiversidad como herramienta de conservación en el contexto del Marco Global para la Biodiversidad. Los gobiernos, las empresas multinacionales y las grandes organizaciones conservacionistas apoyan cada vez más este enfoque, que tiene fuertes implicaciones para los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, los afrodescendientes y las mujeres en toda su diversidad.
Como pone de relieve este estudio, la biodiversidad no puede simplemente sustituirse o comercializarse como si fuera una mercancía; las relaciones únicas que las comunidades mantienen con sus tierras son insustituibles, al igual que el valor inherente y complejo de los ecosistemas.
Este estudio sirve como llamamiento a la acción frente a la COP16 que se celebrará en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. Aboga por el fin del uso de compensaciones de biodiversidad y por el reconocimiento de la biodiversidad como elemento esencial de la vida y de los medios de subsistencia. Busca informar los debates sobre la financiación de la biodiversidad y las prácticas de conservación, impulsando la transparencia y la integridad en los esfuerzos de protección de la biodiversidad.
Puede leer el estudio completo abajo en formato html o descargarlo en formato PDF aqui.
Las compensaciones de biodiversidad: Una licencia social corporativa para perpetuar la destrucción de la biodiversidad y la desigualdad de género
Por Souparna Lahiri y Valentina Figuera Martínez
“Se acabó el tiempo de hablar; ahora es el momento de actuar. La historia es el cambio disruptivo. Romper el paradigma actual porque lo que estamos haciendo está bien, pero no es suficiente” –Inger Andersen, Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2016
Las empresas multinacionales, los gobiernos, las instituciones financieras y las principales organizaciones de conservación de la naturaleza promueven cada vez más la compensación de la biodiversidad como mecanismo clave en la conservación de la biodiversidad, especialmente a raíz del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal (KM-GBF, por sus siglas en inglés) adoptado en la Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB COP 15) en diciembre de 2022. Este marco incluye un mecanismo de compensación de la biodiversidad destinado a movilizar recursos financieros del sector privado para apoyar los esfuerzos mundiales de conservación.
Las compensaciones, a menudo promovidas como una herramienta de conservación popular, atraen a las industrias más destructivas desde el punto de vista medioambiental y social, como la extracción de combustibles fósiles, la minería, la agricultura industrial, la ganadería intensiva y los proyectos de infraestructuras a gran escala. Las compensaciones permiten a estas empresas reivindicar una relación complementaria entre los objetivos de conservación de la biodiversidad y los de desarrollo económico. Sin embargo, las compensaciones siguen siendo una herramienta controvertida en la conservación, porque exigen un compromiso: aceptar pérdidas ecológicas a cambio de ganancias inciertas. Las empresas contaminantes se benefician al obtener un fácil acceso a la tierra y al capital, asegurando su licencia social para operar. Además de sus impactos ecológicos, la desposesión de tierras, la pérdida de medios de subsistencia y las violaciones sistemáticas de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas -especialmente de las mujeres y los jóvenes- suelen ser pasadas por alto y desestimadas por los defensores de las compensaciones.
El mito de la “pérdida neta nula”
Las compensaciones de biodiversidad permiten esencialmente a las empresas destruir la naturaleza en una zona y “preservarla” en otra. Por ejemplo, una empresa minera que arrasa un bosque litoral en Madagascar, una selva tropical en la República Democrática del Congo o un bioma amazónico en Brasil puede comprar créditos para supuestamente proteger otro bosque en otro lugar a cambio del que ha destruido.
Este mecanismo facilita un doble acaparamiento de tierras: uno para extraer minerales, petróleo y gas, construir una presa o crear espacio para plantaciones de monocultivos; el otro bajo el pretexto de la conservación de la biodiversidad. Las corporaciones pueden entonces declarar “que han conseguido una “pérdida neta nula” de biodiversidad o incluso un “valor neto positivo”, y algunas llegan a sugerir que las operaciones mineras son “un rescate de la biodiversidad”. Como resultado, estos proyectos de compensación de biodiversidad se presentan falsamente como iniciativas de conservación.
El concepto de “pérdida neta nula” tiene profundas implicaciones para los derechos y los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas, las mujeres en toda su diversidad, los y las jóvenes y las comunidades locales estructuralmente desatendidas. Las compensaciones de biodiversidad, aunque a menudo se promueven como una herramienta de conservación, con frecuencia no contribuyen a la conservación de la biodiversidad y, en cambio, tienen importantes consecuencias sociales y culturales, perjudicando de forma desproporcionada a las mujeres. Los impactos sociales de los esfuerzos de conservación de la naturaleza a menudo implican la restricción del acceso a la tierra, lo que puede afectar a los medios de subsistencia y a las oportunidades recreativas. Esto es especialmente grave para los Pueblos Indígenas, ya que perturba sus prácticas socioculturales y altera su relación con el medio ambiente.
Los grandes grupos conservacionistas internacionales y las ONG, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Conservación Internacional, la Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje (WCS) y BirdLife International, desempeñan un papel clave en la promoción de las compensaciones de biodiversidad. Colaboran con algunas de las empresas mineras y de combustibles fósiles más destructivas para diseñar y ejecutar proyectos de compensación. Este inquietante nexo, que promueve la conservación mediante el extractivismo, permite a estos grupos conservacionistas ampliar la conservación de las fortalezas mediante la expansión de las áreas protegidas, y acceder a financiación para proyectos de conservación de la biodiversidad.
Los gobiernos también han apostado por las compensaciones, diluyendo y desmantelando sus políticas y legislaciones medioambientales mediante la incorporación de disposiciones para la compensación por pérdida de biodiversidad, a menudo bajo la presión de las instituciones financieras internacionales (IFI) y los grupos conservacionistas. La OCDE estimó que en 2016 había aproximadamente 100 programas de compensación de biodiversidad en funcionamiento en todo el mundo. Un informe del Panel de Inspección del Banco Mundial afirma que, en 2020, casi 13.000 proyectos de compensación de biodiversidad estaban ya finalizados o en proceso de ejecución por parte de gobiernos o del sector privado en 37 países. Además, al menos 56 países -entre ellos Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, India, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica- cuentan con leyes o políticas que exigen compensaciones de biodiversidad o medidas compensatorias de conservación.
Las políticas mundiales sobre biodiversidad han permitido que las mismas empresas responsables de la degradación medioambiental adopten instrumentos basados en el mercado, impulsados por fuertes grupos de presión empresariales bajo el pretexto de la “participación de las partes interesadas”. Estas políticas promueven esquemas “innovadores” como las compensaciones y los créditos de biodiversidad y evitan los compromisos de apoyar iniciativas eficaces para detener la pérdida de biodiversidad, como la agroecología, la conservación comunitaria y otras soluciones reales lideradas por mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades locales, afrodescendientes y campesinos de todo el mundo.
El Reino Unido y Francia surgieron como líderes en la defensa de un mercado global de créditos de biodiversidad tras la COP 15. En marzo de 2023, el gobierno británico anunció sus planes de lanzar tres mercados de la naturaleza independientes como parte de su Plan de Mejora Medioambiental 2023. Estos mercados pretenden aumentar la financiación privada para la naturaleza, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 500 millones de libras esterlinas anuales para 2027 y 1.000 millones de libras esterlinas de forma acumulativa para 2030. En junio de 2023, los dos países presentaron conjuntamente la Hoja de Ruta Global de Créditos de Biodiversidad, una estrategia para apoyar a las empresas en la obtención de créditos de biodiversidad a escala mundial.
Como parte de los preparativos para la COP 16 que se celebrará en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, el Reino Unido y Francia se comprometieron a reunir a expertos mundiales en créditos de biodiversidad y a formar grupos de trabajo para explorar las mejores prácticas en áreas como la gobernanza de la financiación de créditos y los marcos de supervisión.
La Agenda de Acción para la Naturaleza del Foro Económico Mundial (FEM) cuenta con un programa denominado “Financiación para la Naturaleza”, que pretende examinar el potencial de los mercados de créditos de biodiversidad para desbloquear la financiación de resultados “positivos para la naturaleza”. Los objetivos declarados de esta iniciativa son (1) comprender y concienciar sobre la dinámica de la oferta y la demanda de los mercados de créditos voluntarios de biodiversidad; (2) contribuir al desarrollo de un conjunto de principios básicos de integridad y gobernanza para los mercados de créditos voluntarios de biodiversidad; y (3) iterar y aprender de las transacciones piloto de créditos voluntarios de biodiversidad en fase inicial. La iniciativa del FEM pretende crear una justificación comercial para las compensaciones de biodiversidad y orientar el mercado de créditos de biodiversidad para impulsar la financiación de la biodiversidad impulsada por el sector privado. En la actualidad, con el asesoramiento del Grupo de Expertos sobre Créditos de Biodiversidad, el FEM está elaborando un documento de salvaguarda para los créditos de alta integridad que podría darse a conocer durante la COP 16 en Cali, Colombia.
¿Qué son las compensaciones de biodiversidad?
Las compensaciones a la biodiversidad se definen a menudo como acciones de conservación utilizadas para compensar los daños inevitables y residuales de la actividad humana, normalmente como último paso en la jerarquía de mitigación. Sirven como mecanismos compensatorios para hacer frente a los impactos ecológicos derivados de las actividades humanas. La jerarquía de mitigación incluye aquí la evitación, la minimización, la restauración y la compensación.
Las compensaciones de biodiversidad también se describen como un conjunto de normas y prácticas institucionales que permiten la producción y retención de ”ganancias de biodiversidad” a lo largo del tiempo y del espacio para compensar la pérdida de biodiversidad por daños autorizados. El objetivo declarado es lograr la ”pérdida neta nula” de biodiversidad.
Según un informe del PNUMA de 2012, las compensaciones de biodiversidad son acciones positivas mensurables que se adoptan para compensar las actividades perjudiciales, con el objetivo de restablecer el equilibrio o favorecer el medio ambiente. La idea es que con este enfoque se pueden evitar los efectos adversos o “pérdida neta nula” en cuanto a la biodiversidad.
El principio central de los mecanismos de compensación es el intercambio de pérdidas medioambientales por ganancias de restauración, a través de sistemas de permisos e intercambios de crédito y débito, con el fin de equilibrar los objetivos contrapuestos de desarrollo y conservación y, en última instancia, lograr la “pérdida neta nula” de biodiversidad. En términos generales, los mercados de biodiversidad engloban los pagos por la protección, restauración o gestión de la biodiversidad. Esto incluye las compensaciones por biodiversidad, las servidumbres de conservación, los productos y servicios certificados respetuosos con la biodiversidad, la bioprospección, los pagos por la gestión de la biodiversidad, los permisos de caza y el ecoturismo.
Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta visión reduccionista y mercantilista de las compensaciones de biodiversidad, pregonada por quienes pueden beneficiarse económicamente de estos mercados. Las compensaciones han sido criticadas como una forma de “lavado verde“, “dinero por daños” e incluso un “caballo de Troya“. Los críticos sostienen que, en lugar de servir como herramienta de conservación, la compensación de la biodiversidad a menudo facilita el desarrollo al tiempo que perpetúa la pérdida de biodiversidad, y podría utilizarse como “una licencia para destrozar o destruir la biodiversidad” a cambio de ganancias ambientales inciertas.
Además, las compensaciones no tienen en cuenta la singularidad socioecológica y la complejidad de los ecosistemas, que no pueden ser simplemente reemplazados o sustituidos, ni las dificultades para medir y predecir los resultados de las compensaciones. Esto incluye las dificultades para medir y predecir los resultados de las compensaciones. Por ejemplo, el valor espiritual de los lugares sagrados, los sistemas tradicionales de gestión de recursos, el autogobierno, las prácticas culturales y el sentido de pertenencia que los pueblos indígenas y las comunidades locales y afrodescendientes sienten hacia sus paisajes son valores socioecológicos irremplazables. Sus tierras son también la base material de su identidad, espiritualidad y cultura diferenciadas, que son esenciales para su dignidad y bienestar.
Por ello, la creciente popularidad y uso de las compensaciones de biodiversidad va acompañada de una preocupación cada vez mayor por su ética, las violaciones de los derechos humanos, los impactos socioecológicos, los fallos conceptuales, la pérdida de integridad de los ecosistemas y los problemas de cumplimiento y eficacia.
El origen de las compensaciones de biodiversidad en la legislación medioambiental
Las compensaciones de biodiversidad están integradas en diversos marcos legislativos estatales y regionales de todo el mundo. Por ejemplo, la iniciativa de la Unión Europea (UE) de pérdida neta nula para 2015, que forma parte de su Estrategia de Biodiversidad 2020, refleja esta tendencia. En el sector privado, cada vez más instituciones de inversión exigen las compensaciones como condición para acceder al crédito, lo que conduce a la integración de las compensaciones en las normativas y políticas gubernamentales y de los prestamistas.
Estados Unidos se considera pionero en materia de compensaciones de biodiversidad. El concepto se originó en la Ley Nacional de Política Medioambiental estadounidense (NEPA) de 1970, que aborda la conservación de los humedales y las especies en peligro de extinción. Las directrices federales de la Ley de Agua Limpia (1972) exigen que los permisos concedidos para urbanizar en humedales sigan una secuencia específica de evitación, minimización y mitigación compensatoria (compensación). Mientras tanto, se exige un procedimiento similar para la explotación de especies en peligro en virtud de la Ley de Especies en Peligro (1973).
El Reino Unido es otro de los más firmes defensores de las compensaciones de biodiversidad. En 2011, el Departamento de Asuntos Medioambientales y Rurales (DEFRA, por sus siglas en inglés) publicó un informe -una declaración de política futura propuesta- titulado Natural Choice – Securing the Value of Nature, en el que esbozaba su ambición de utilizar las compensaciones de biodiversidad para mejorar los procesos de planificación y reducir la pérdida de biodiversidad.
En Europa, muchos países exigen algún tipo de compensación de la biodiversidad o “compensación ecológica”, como se la suele llamar. Los Países Bajos, por ejemplo, cuentan con una normativa obligatoria de compensación por pérdida de biodiversidad desde principios de la década de 1990. La “Red Ecológica Nacional” (Ecologische Hoofdstructuur) se aplicó para ampliar las zonas protegidas y cualquier invasión de estas zonas requiere el uso de la jerarquía de mitigación con la aplicación de compensaciones de biodiversidad para lograr una ”pérdida neta nula de biodiversidad”.
La UE también ha incorporado elementos de compensación de biodiversidad en su Taxonomía actualizada para actividades sostenibles, a pesar de que ha habido recomendaciones de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles-un grupo de asesores del poder ejecutivo de la UE- para excluirla de las actividades relacionadas con la protección de la biodiversidad y la restauración de la naturaleza.
En Australia, las compensaciones de biodiversidad se dispararon con la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999. El país se ha centrado principalmente en la eliminación de vegetación o hábitats autóctonos en bosques, humedales y entornos marinos. Los seis estados australianos han puesto en marcha planes de compensación de la biodiversidad basados en el cumplimiento de la normativa, junto con un plan federal. El Territorio del Norte también ha introducido recientemente un nuevo marco político para las compensaciones de biodiversidad.
En América Latina, los regímenes de compensación de la biodiversidad existen desde principios de la década de 2000. Brasil, México, Colombia y Perú exigen explícitamente compensaciones a través de normativas medioambientales. En Brasil, la legislación se centra en la compensación de los impactos ambientales en áreas protegidas durante la concesión de licencias de desarrollo, mientras que en Colombia, una normativa de compensación de 2010 se deriva de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Del mismo modo, Perú introdujo su política de compensación en 2014 para los proyectos de desarrollo a gran escala y Chile exige desde 2010 compensaciones para los proyectos que requieren licencia ambiental.
Países como India, China, Indonesia, Mongolia y Azerbaiyán también han puesto en marcha sistemas de compensación de biodiversidad basados en la legislación nacional. La Ley de Conservación Forestal de la India de 1980 y la posterior Ley del Fondo de Compensación de 2016, así como leyes similares en China, obligan a crear fondos de compensación para apoyar los esfuerzos de conservación. También se han identificado sistemas de compensaciones de biodiversidad en Sudáfrica, Sierra Leona, Namibia, Mozambique y Madagascar.
En el ámbito multilateral, los Principios de Ecuador, un conjunto voluntario de normas para determinar, evaluar y gestionar el riesgo social y medioambiental en la financiación de proyectos con costes de capital superiores a 10 millones de dólares, también aplican la jerarquía de mitigación. Suelen aplicarse en industrias consideradas impulsoras de la pérdida y destrucción de biodiversidad, que varían según el país, pero las más destacadas en la literatura sobre compensaciones de biodiversidad son la agricultura, la minería, la energía, la construcción de carreteras y el turismo. Los Principios de Ecuador sirven como marco de gestión del riesgo crediticio, proporcionando una norma mínima para la diligencia debida y apoyando la toma de decisiones responsables en materia de riesgos. Pretenden garantizar que los proyectos financiados por bancos comerciales con impactos significativos en la naturaleza “se desarrollen de forma socialmente responsable y reflejen prácticas de gestión medioambiental sólidas”. Los impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades deben evitarse siempre que sea posible, o bien reducirse, mitigarse o compensarse adecuadamente.
La versión de enero de 2012 de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), que constituyen la base operativa de los Principios de Ecuador, menciona explícitamente las compensaciones de biodiversidad en la Norma de Desempeño 6 sobre “Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos”. Por lo tanto, los bancos que cumplan estos Principios deben aplicar la jerarquía de mitigación en la financiación de proyectos, tal y como la CFI la describe.
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Una visión mundial realizada por el Inventario Global de Políticas de Compensación de la Biodiversidad (GOBIP, 2019) muestra lo siguiente:
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Estudio de caso:
La fiebre del oro de las compensaciones en Colombia
Con la colaboracion de Andrea Echeverri
En 1994, Colombia ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) mediante la Ley 165, sentando las bases para las compensaciones por pérdida de biodiversidad en virtud del Artículo 14 del CDB, “Evaluación de impactos y minimización de efectos adversos”. En 2012, Colombia adoptó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que prioriza estrategias para evaluar los costos y beneficios de la relación entre las actividades productivas y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, así como fortalecer las competencias institucionales para la compensación por pérdida de biodiversidad.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ese mismo año, su Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos creó el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad para cumplir con las disposiciones de la PNGIBSE. Este manual contó con el apoyo de ONG transnacionales como el World Wildlife Fund, Conservation International y The Nature Conservancy. Fue actualizado en 2018 mediante la Resolución 256 y pasó a denominarse Manual de Compensaciones del Componente Biótico.
La actualización aclaró los procedimientos de aplicación definiendo cuatro componentes clave:
- Acciones: las compensaciones pueden incluir la preservación, la restauración (por ejemplo, rehabilitación o recuperación) y el uso sostenible de la biodiversidad en tierras públicas o privadas.
- Modos: se trata de alternativas de gestión que proporcionan instrumentos legales para garantizar la ejecución efectiva y la sostenibilidad en las zonas designadas.
- Mecanismos de aplicación y gestión: las compensaciones pueden realizarse directamente o a través de operadores, mediante acuerdos con ONG, comunidades, universidades y otras entidades, o a través de fondos públicos, bancos de hábitats o iniciativas gubernamentales como los “Bosques de Paz”.
- Formularios de presentación e implementación: los planes de compensación pueden presentarse de forma individual o colectiva, especialmente cuando se requiere una inversión obligatoria del 1%, lo que permite la agregación de compensaciones para maximizar los beneficios de la conservación.
Entre los actores clave del mercado de compensaciones de Colombia se encuentran las empresas energéticas ISAGEN, Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá y Gecelca; gigantes mineros como AngloGold Ashanti Colombia y Antioquia Gold; la cementera Argos; y la empresa de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín (EPM). El desarrollo de marcos compensatorios y el auge de empresas de “inversión en biodiversidad” como Terrasos -un actor principal en el apoyo a los contaminadores para compensar las actividades extractivas- han solidificado un marco basado en el mercado para compensar las actividades extractivas en Colombia.
Colombia, el país con el mayor número de especies de aves del mundo y casi el 10% de la biodiversidad del planeta, enfrenta complejos retos ambientales. Dada su rica complejidad de componentes ecológicos y biológicos, las políticas ambientales para regular el uso de la tierra, el agua, la biodiversidad y los bosques deben abordar las causas fundamentales de la degradación de los ecosistemas y desafiar la financiarización de la naturaleza desde una perspectiva de género. A pesar de la reducción del 36% de la deforestación en 2023, el apoyo gubernamental a las industrias extractivas -incluida la ganadería extensiva y la minería– en un intento de atraer la inversión extranjera, prioriza los intereses corporativos sobre los derechos sociales, culturales y ambientales.
El impacto de los instrumentos de mercado en las comunidades
Los enfoques de gestión ambiental basados en el mercado están teniendo un impacto devastador sobre las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales y afrodescendientes. Las políticas destinadas a atraer capital internacional socavan los esfuerzos de conservación dirigidos por las comunidades. Entre 2000 y 2010, la producción de carbón aumentó un 80%, incluso en parques nacionales y territorios en manos de comunidades indígenas y afrocolombianas, según una investigación del proyecto Clima y Comunidad de Third World Network y CCJ (2024).
Un ejemplo es el proyecto de minería de cobre de AngloGold Ashanti en el municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia, al sureste del país. El proyecto abarca 4.881 hectáreas y se espera que extraiga unos cinco millones de toneladas de concentrado de cobre con oro y plata durante un periodo de 21 años, bajo el compromiso de “cero emisiones de gases de efecto invernadero”.
Un segundo proyecto, la mina La Colosa en Cajamarca, Tolima -planeada para ser la segunda mina de oro a cielo abierto más grande del mundo-, fue rechazado contundentemente por el 97% de los y las habitantes locales durante una consulta popular. Se preveía que La Colosa produjera unas 800 onzas de oro al año, que provocaría la pérdida de biodiversidad y de bosques, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Si se pone fin a la actual prohibición minera por presión de AngloGold Ashanti, podrían aumentar los riesgos ambientales y la oposición de la comunidad. Las protestas anteriores contra este proyecto minero desencadenaron amenazas y acoso a defensoras y defensores ambientales, así como la muerte de dos jóvenes activistas.
Otro proyecto polémico es la megarepresa de Hidroituango, dirigida por EPM. La represa causó una destrucción socioambiental masiva, la pérdida permanente de la cubierta forestal y de la biodiversidad, impactos geológicos y fallos de ingeniería, desplazamientos forzosos y otras violaciones de los derechos humanos. El proyecto, planeado durante décadas, no pudo construirse a tiempo debido a conflictos armados en la zona, lo que resultó en demandas por parte de grupos de base locales que solicitaron la prohibición de la construcción de megarepresas en zonas de conflicto. Para compensar los daños ambientales, la empresa elaboró un proyecto de compensación para restaurar 24.000 hectáreas de bosques tropicales secos. Sin embargo, el concepto de “restaurar” una zona, mientras se sigue degradando el ambiente y la destrucción de las comunidades en otra, es una práctica errónea tanto desde el punto de vista ético como ambiental.
Compensaciones comercializables
El programa “Bosques de Paz”, creado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pretende apoyar actividades productivas en zonas de conflicto “para generar bienes y servicios comercializables y contribuir a la conservación”. Este programa se financia mediante aportes voluntarios de los sectores público y privado, la cooperación internacional y las inversiones obligatorias de al menos el 1 por ciento del valor de los proyectos sujetos a la normativa ambiental, así como a través de proyectos de compensación. Se han invertido alrededor de 3.500 millones de pesos (aproximadamente 1,2 millones de dólares) en agroforestería en 1.200 hectáreas del municipio de Granada. Su objetivo es establecer 150 Bosques de Paz en todo el país mediante la plantación de unos 8 millones de árboles como compensación ambiental. La metodología del programa se basa en el conjunto de datos Corine Land Cover (CLC), un sistema de clasificación del uso de la tierra de la Unión Europea.
Del mismo modo, en el marco de la iniciativa “Banco de Hábitats”, lanzada en 2017 con una inversión privada de 1,5 millones de dólares, para abril de 2024 había 667 registros de Bancos de Hábitats. Promocionado como una estrategia de conservación “rentable”, el programa “busca que las empresas, que están obligadas a compensar los impactos negativos que causan en el ambiente, lo hagan a través de tierras predestinadas a la conservación y la restauración”. Esta inversión de 1,5 millones de dólares está financiada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La necesidad de un cambio transformador
Aunque las iniciativas de los “Bancos de Hábitat” y los “Bosques de Paz” se posicionan como alternativas para cumplir los requisitos de compensación cuantificando los resultados y promoviendo las inversiones ambientales, no responden a la necesidad de cambio transformador para superar el modelo extractivista y de producción de combustibles fósiles.
Sin embargo, merece la pena seguir de cerca el reciente plan de transición energética de Colombia, estimado en 40.000 millones de dólares, que incluye una inversión de 8.500 millones para conservar y restaurar la naturaleza como parte de su distanciamiento del petróleo y el gas.
Estudio de caso: Las medidas de compensación en la India: Una historia de destrucción y desposesión
La Ley de Conservación de los Bosques de la India de 1980, aunque tiene como objetivo limitar la deforestación, incluye disposiciones para la forestación compensatoria (FC) con el fin de compensar la destrucción de tierras forestales provocada por proyectos de desarrollo. En 2004, siguiendo órdenes judiciales, se creó la Autoridad de Gestión y Planificación de la Forestación Compensatoria (CAMPA, por sus siglas en inglés) para gestionar los fondos de forestación compensatoria pagados por los desarrolladores por talar bosques para proyectos industriales y de infraestructuras.
La FC ahora se calcula sobre la base de la valoración de la densidad y la calidad del dosel arbóreo de las tierras forestales que se talan, lo que la convierte en un sistema de compensaciones estatutario para las empresas que piden autorización para deforestar. CAMPA y FC se fusionaron para dotarlas de reconocimiento legal en virtud de la Ley del Fondo de Forestación Compensatoria (FFC) de 2016. Aunque se presenta como una iniciativa de reforestación, la FC es fundamentalmente un proyecto de deforestación; detrás de cada plantación establecida bajo este programa se esconde la destrucción de bosques naturales y medios de vida locales. Su propósito es compensar la pérdida de “tierra con tierra” y de “árboles con árboles”.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, desde 1980 hasta el 31 de marzo de 2023 se han realizado FC en 1.067.520 hectáreas. (87,68 % del objetivo de 1.217.456 hectáreas). Desde la entrada en vigor de la Ley CAF de 2016, se ha gastado un total de 7.000 millones de dólares en AC hasta marzo de 2023, y las empresas han pagado gravámenes compensatorios por valor de 800 millones de dólares sólo en 2022-23.
Los pagos realizados para compensar la deforestación no sólo tienen en cuenta la pérdida de bosques, sino también la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos esenciales para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto afecta a sus medios de subsistencia y supone una carga desproporcionada para las mujeres y las niñas, profundizando así la desigualdad en las comunidades donde los impactos negativos de la pérdida de bosques se distribuyen de forma desigual. Además, la estructura centralizada de gobernanza forestal de la India permite al Estado emprender la FC, recaudar y desembolsar fondos para ella y aprobar la deforestación sin respetar los derechos ni el proceso de consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (PICL), consagrados en la Ley de Derechos Forestales de 2006. La FC también se utiliza como herramienta para reasentar por la fuerza a las comunidades de las zonas protegidas. Este mecanismo facilita el despojo de tierras a las comunidades, concentrándolas en manos de las corporaciones y del Departamento Forestal.
La implementación forzosa de plantaciones en tierras comunitarias a menudo implica la imposición obligada de monocultivos de árboles, la destrucción de los cultivos tradicionales y el desplazamiento de las comunidades de sus tierras agrícolas. Se han quemado pastos de las aldeas para despejar tierras para proyectos de FC, lo que ha provocado graves trastornos en los medios de subsistencia locales. Esta deforestación legalizada y la dependencia de las compensaciones han tenido importantes repercusiones negativas en las necesidades diarias de las mujeres, su poder de decisión y su exposición a la violencia de género debido a los conflictos por la tierra. A medida que las mujeres indígenas pierden el acceso a los recursos naturales y el control sobre ellos, pierden los árboles y las tierras de valor comercial, lo que erosiona sus papeles y su estatus tradicionales.
Un informe de 2018 del Grupo de Aprendizaje y Defensa de los Derechos Forestales Comunitarios concluyó que el FFC crea un incentivo perverso para el desvío de bosques y facilita el despojo de tierras y recursos forestales comunitarios a los Pueblos Indígenas, otros habitantes tradicionales de los bosques, grupos tribales vulnerables y comunidades preagrícolas, pastores y mujeres. La FC amenaza la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar, la identidad cultural, las prácticas tradicionales y los medios de vida de las comunidades que habitan los bosques al sustituir los hábitats alimentarios biodiversos por plantaciones de monocultivos. El desvío y el uso de tierras forestales en el marco de CAMPA también socavan los derechos y la autoridad de los consejos de las aldeas para gobernar y gestionar los recursos forestales comunitarios.
El mecanismo de compensación de la India es un claro ejemplo de cómo la contabilidad de la deforestación y la biodiversidad “pérdida neta nula” no consigue detener la deforestación y además incentiva la concentración de tierras y las adquisiciones forzosas de tierras. Lo hace imponiendo la FC en tierras comunitarias, usurpando así los derechos de los PICL y sus tierras y recursos forestales comunes. El resultado es una pérdida irreversible de los medios de subsistencia y de la relación simbiótica de éstos con los bosques, que se ve agravada por el impacto de género sobre las mujeres.
Fuente: El lado oscuro de los enfoques “netos” de la política para la biodiversidad, Coalición Mundial por los Bosques, 2022
Objetivos contrapuestos en la conservación de la biodiversidad
La inclusión del tema de la biodiversidad en la agenda medioambiental mundial lo ha convertido en algo científico y político a la vez, intrínsecamente ligado a la conservación y a la preocupación por la pérdida de entornos naturales.
Las compensaciones por biodiversidad suelen enmarcarse en torno a los temas de la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. La biodiversidad en sí se entiende comúnmente como “la variedad de la vida en la tierra“. Abarca los ecosistemas y las relaciones entre los seres vivos, reflejando las complejas interacciones dentro de las comunidades, los hábitats y las interacciones espaciales y temporales entre las especies. Algunos economistas han llegado a describir la biodiversidad como “un seguro de vida para la vida misma“. Como bien común, la naturaleza pertenece a todos, y cualquier política destinada a proteger la biodiversidad debe tener en cuenta esta responsabilidad colectiva.
Sin embargo, asignar un valor monetario a la naturaleza no siempre favorece la conservación de la biodiversidad y, de hecho, puede provocar el efecto contrario. Una narrativa de este tipo corre el riesgo de crear “una ilusión peligrosa y engañosa de la sustituibilidad” de los servicios críticos e insustituibles de los ecosistemas. En la conservación, los enfoques de mitigación se han considerado históricamente como alternativas más favorables al desarrollo que las estrictas normativas medioambientales porque permiten que el desarrollo siga adelante cuando, de otro modo, las leyes medioambientales podrían impedirlo.
Según O’Neil (1993), la valoración de la biodiversidad es técnicamente difícil y éticamente controvertida. Los entornos naturales albergan valores plurales e inconmensurables, algunos de los cuales -como el significado cultural derivado de la interacción de la creatividad natural y humana durante largos periodos- son insustituibles.
Aunque cuantificar la biodiversidad puede ayudar a integrarla en la planificación y las decisiones empresariales, Cowell (1997) sugiere que enmarcar la biodiversidad como un recurso calculable redefine las preocupaciones medioambientales como cuestiones técnicas y de gestión dentro de un marco capitalista, en lugar de objetivos morales o sociales. A menudo se considera que el capitalismo y la búsqueda continua del crecimiento económico son los principales impulsores del declive de la biodiversidad mundial y de la degradación de los ecosistemas durante el último siglo.
La fusión de los intereses empresariales con la conservación de la biodiversidad, a veces denominada “neoliberalización de la conservación”, ha promovido conceptos como el desarrollo verde y las soluciones de mercado a la pérdida de biodiversidad. Éstas se consideran paradójicamente tanto la mercantilización de la naturaleza como herramientas eficaces para financiar y promover los esfuerzos de conservación. Según investigadores como Robertson (2000), convertir los múltiples valores de la biodiversidad en una única cifra para las compensaciones mercantiliza la naturaleza, transformándola de algo intrínseco e incrustado en el lugar en algo móvil y transferible, abstraído de su contexto socioecológico en un recurso para uso o inversión humana. Asignar un valor cuantitativo a la biodiversidad, que puede vincularse fácilmente a un precio, fomenta la percepción de la naturaleza como algo abstracto de otras conexiones socioecológicas, un recurso transferible para uso o inversión humana. Este enfoque exclusivo en los criterios ecológicos ignora las dimensiones socioculturales de la biodiversidad, ya que no se consideran parte de la conservación de la naturaleza.
Este cambio de paradigma en la conservación ha dado lugar a una variedad de nuevas estrategias de conservación. La conservación se persigue ahora a través de los impuestos, la educación, la agricultura y los planes de gestión rural, los canjes de deuda por naturaleza, el ecoturismo, la certificación y la comercialización. Entre estos nuevos enfoques, la nueva alianza entre las empresas y la política de biodiversidad ha dado lugar a la promoción de la compensación de la biodiversidad como mecanismo para ayudar a alcanzar la aspiración de pérdida neta nula con respecto a la biodiversidad.
A largo plazo, los mecanismos de compensación de biodiversidad promueven enfoques tecnocráticos y basados en el mercado como soluciones para desvincular la economía de sus impactos medioambientales. Gran parte de la literatura sobre las mejores prácticas en materia de compensaciones parte del supuesto implícito de que es posible separar el desarrollo de sus impactos sobre la biodiversidad. Por lo tanto, las compensaciones son efectivamente un mecanismo para incluir el precio de ciertas externalidades medioambientales negativas en los proyectos de desarrollo.
El Informe de Evaluación Global 2019 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), encargado de reforzar la conexión entre la ciencia y la política en materia de biodiversidad, concluyó que una acción significativa sobre la pérdida de biodiversidad requiere un cambio transformador. Lo definen como “una reorganización fundamental, a nivel de todo el sistema, de los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos los paradigmas, los objetivos y los valores”.
El informe Exporting Extinction, que estudió las industrias extractivas en cinco países, reveló que los sistemas financieros y monetarios internacionales que impulsan el cambio del uso extractivo de la tierra son responsables del 90% de la pérdida mundial de biodiversidad. Este modelo de desarrollo extractivista, basado en la explotación sin restricciones de los recursos, ha dado lugar a distribuciones muy desiguales de los beneficios y los impactos, tanto entre el Norte Global y el Sur Global como dentro de esas regiones.
Las políticas neoliberales y las condicionalidades difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que pretenden resolver las crisis económicas mediante préstamos, coaccionan a los países del Sur Global para que recorten el gasto público, privaticen las empresas estatales y se centren en la productividad del sector exportador. Estas políticas dificultan la conservación de la biodiversidad por parte de los gobiernos, ya que socavan los esfuerzos por regular los sectores extractivos y apoyar formas alternativas de desarrollo económico.
A medida que se agrave la crisis de la biodiversidad en el siglo XXI, es probable que se intensifiquen los debates sobre “el desarrollo frente a la conservación”. Incluso el Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), una asociación entre empresas, gobiernos, expertos en conservación e instituciones financieras -defensora desde hace tiempo de las compensaciones para ayudar a las empresas a gestionar riesgos y responsabilidades- reconoció en 2012 que “no existe una única y mejor forma de medir las pérdidas o ganancias en biodiversidad”
La realidad de las compensaciones de biodiversidad
Las compensaciones de biodiversidad -también denominadas bancos de mitigación, bancos de conservación, compensación medioambiental, fondos comunes de compensación y créditos de conservación- surgieron principalmente de la práctica más que de los avances científicos. Maron et al. (2012) sostienen que la idea de que podemos restaurar sistemas naturales complejos es arrogancia tecnológica. Igualmente, Morrison (2016) critica la restauración por presentar la naturaleza como replicable e intercambiable, afirmando que “la restauración es rudimentaria en el mejor de los casos, criminalmente inepta, en el peor”.
Los enfoques “netos” también entran en conflicto con la misión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de vivir en armonía con la naturaleza. Estas zonas suelen albergar comunidades locales y pueblos indígenas que se enfrentan a la marginación económica y política. Estas comunidades dependen de forma desproporcionada de los bosques y otros ecosistemas para obtener agua, leña, alimentos y plantas medicinales, y son propensas a sufrir impactos variados y diferenciados debido a las diversas formas de barreras estructurales que afianzan y mantienen la discriminación basada en el género, la etnia, la raza, la edad, la situación económica, la orientación sexual y otros factores.
En comparación con los hombres, las mujeres suelen poseer menos capital, tierra y recursos económicos; recursos tangibles como el agua y el dinero del ganado, e intangibles (red familiar, solidaridad colectiva, información); y recursos humanos (mano de obra, habilidades, conocimientos), lo que significa que dependen aún más de los recursos que les proporcionan los ecosistemas. Esta situación se agrava en contextos en los que las mujeres se enfrentan a injusticias de género basadas en su situación económica, edad, capacidad, clase social, orientación sexual e identidad de género.
Cuando las industrias extractivas y otros proyectos no evitan ni minimizan el daño que causan a los ecosistemas, las mujeres en toda su diversidad, jóvenes, personas con discapacidades, grupos históricamente infrarrepresentados, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales son los primeros afectados, ya que pierden sus recursos de subsistencia. Una compensación de biodiversidad en otro lugar no les compensará en absoluto por esta pérdida. De hecho, las compensaciones de biodiversidad y otros enfoques netos de la pérdida de biodiversidad “ignoran fundamentalmente la dependencia de la biodiversidad para los medios de subsistencia locales y descartan de facto su valor económico, social y cultural local”.
La pérdida de biodiversidad y de medios de subsistencia no sólo erosiona la seguridad alimentaria y las identidades culturales locales. También pueden ahondar las desigualdades en la división del trabajo (incluidos los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico), impedir la participación efectiva y la igualdad de oportunidades para el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones, socavar el acceso al poder y el control sobre los recursos y desencadenar la violencia de género. Los desalojos forzosos, las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos injustos son prácticas habituales y también pueden conducir al acoso, la violación y el abuso sexual, socavando los derechos de las mujeres. Como señalan Bidaud et al. (2018), la gobernanza de los recursos naturales suele separarse de las consideraciones sobre los impactos en los medios de subsistencia, lo que hace que los derechos sociales queden por detrás de los objetivos de biodiversidad en los sistemas de compensación.
La pérdida de biodiversidad y de medios de subsistencia no sólo erosiona la seguridad alimentaria y las identidades culturales locales. También puede profundizar las desigualdades en la división del trabajo (incluidos los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico), impedir la participación efectiva y la igualdad de oportunidades para el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones, socavar el acceso al poder y el control sobre los recursos y desencadenar la violencia de género. Los desalojos forzosos, las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos injustos son prácticas habituales y también pueden conducir al acoso, la violación y el abuso sexual, socavando los derechos de las mujeres. Como señalan Bidaud et al. (2018), la gobernanza de los recursos naturales suele separarse de las consideraciones sobre los impactos en los medios de subsistencia, dejando de lado los derechos sociales en favor de los objetivos de biodiversidad en los sistemas de compensación.
En realidad, las compensaciones de biodiversidad son utilizadas por grandes corporaciones e instituciones financieras para reducir los riesgos operativos. Las compensaciones ayudan a las corporaciones con huellas ecológicas significativas a mantener licencias legales y sociales para operar, mejorar engañosamente sus reputaciones y reducir el riesgo crediticio.
Un informe de la UICN (2004) basado en entrevistas con partes interesadas del sector privado, gobiernos, organizaciones intergubernamentales y ONG descubrió que el sector privado participa en compensaciones de biodiversidad para obtener varias ventajas, entre ellas
- Una licencia para operar a través de una mejor reputación y buena voluntad reguladora;
- Mejor acceso al capital;
- Menores costes de cumplimiento;
- Nuevas oportunidades de mercado;
- Ventaja competitiva e influencia sobre la normativa;
- Disposición más limpia de activos durante fusiones y adquisiciones; y
- Mejor satisfacción y retención de los empleados.
A pesar de estas motivaciones empresariales, existen pocas evaluaciones sistemáticas de las compensaciones de biodiversidad en la práctica y de los impactos de la legislación relacionada. En EE.UU., por ejemplo, ha habido escasas evaluaciones sistemáticas del impacto de la legislación de protección de los humedales y de si ha logrado la ” pérdida neta nula”. Cuando los científicos analizaron 12 de las zonas de mitigación de humedales establecidas desde hace más tiempo en el estado estadounidense de Ohio, descubrieron que muchas ni siquiera cumplían los objetivos de la normativa. En Canadá, el 63% de los proyectos destinados a compensar la pérdida de hábitats para peces no alcanzaron sus objetivos de pérdida neta nula. En todo el mundo, hasta dos tercios de las compensaciones de restauración fracasan, y la tasa de éxito es aún menor en las compensaciones que intentan crear ecosistemas desde cero. La mayoría de los lugares de compensación tienen menos biodiversidad que las zonas que sustituyeron, y en general, la eficacia ecológica de las compensaciones de biodiversidad sigue sin demostrarse.
Las compensaciones de biodiversidad se evalúan utilizando parámetros como la equivalencia, la adicionalidad, el resultado ecológico, la longevidad, el desfase temporal y la reversibilidad. Sin embargo, estas medidas revelan a menudo una pérdida continua de biodiversidad, lo que plantea aún más dudas sobre su validez y eficacia.
La equivalencia ecológica también es difícil de argumentar, ya que los ecosistemas creados por el ser humano, como los humedales, no son equivalentes a los naturales. La adicionalidad -la ganancia de conservación producida por la compensación que no se habría producido de otro modo- puede verse socavada por el “desplazamiento de costes”, en el que los fondos destinados a las áreas protegidas se desvían de las compensaciones. Esta dependencia de la pérdida de biodiversidad para la continua expansión de las zonas protegidas pone en entredicho el concepto de adicionalidad.
La longevidad plantea otro problema. Garantizar que las compensaciones perduren en el tiempo es difícil, y la reversibilidad -considerada esencial para que las compensaciones sean viables- carece de una definición objetiva. Para abordar la incertidumbre de los resultados de las compensaciones, algunos sistemas utilizan “multiplicadores”, que aumentan la compensación necesaria. Sin embargo, este enfoque sólo amplifica la incertidumbre, ya que las ganancias futuras pueden no materializarse nunca.
El desfase temporal entre la pérdida de biodiversidad y la obtención de los beneficios de la compensación también puede dar lugar a una importante pérdida provisional de biodiversidad, con efectos perjudiciales para los ecosistemas. Los hábitats restaurados se vuelven cada vez más inciertos con el paso del tiempo, y la inquietante verdad es que las pérdidas de biodiversidad suelen estar garantizadas, mientras que las ganancias son escasas e inciertas.
La opción de intercambiar pérdidas de biodiversidad por ganancias futuras podría conducir a una relajación de las salvaguardias. Con un mayor énfasis en las compensaciones, los reguladores podrían verse incentivados a eludir las medidas de evitación. Esto podría conducir a un mayor daño medioambiental, ya que las empresas podrían utilizar las compensaciones para cumplir los objetivos medioambientales sin cambiar sus prácticas.
Existe una creciente preocupación de que los créditos y compensaciones por biodiversidad puedan distraer de esfuerzos de conservación más eficaces y proporcionar oportunidades para el lavado verde. Un estudio de 2021 no encontró “ninguna prueba de que las ganancias en biodiversidad de las compensaciones compensen realmente las pérdidas asociadas al desarrollo, porque nunca se estimaron las pérdidas”.
Como señala acertadamente Gilbertson (2021), la compensación por pérdida de biodiversidad es inconmensurable con la violencia infligida a los seres vivos humanos y no humanos y representa la forma en que tales proyectos silencian la oposición, acallan las movilizaciones políticas y construyen el apoyo internacional a la retórica del desarrollo corporativo.
Conclusión
Fundamentalmente, nuestros gobiernos deben empezar a reconocer la biodiversidad como un bien público que merece financiación pública o la incorporación a la toma de decisiones de inversión privada a través de políticas públicas, normativas e incentivos.
Esta financiación debe estar impulsada por cambios en las políticas gubernamentales, y no como medidas voluntarias de empresas e inversores, que históricamente han fracasado a la hora de proporcionar financiación que no genere directamente beneficios o aumente el valor para los accionistas. La financiación impulsada por políticas debe incluir el aumento de los impuestos a las empresas que perjudican a la naturaleza, incentivos fiscales para los esfuerzos de conservación, la reorientación de subvenciones perjudiciales hacia la protección de la naturaleza y normativas obligatorias que exijan la inversión en prácticas más sostenibles.
Uno de los resultados clave de la COP 15 para cerrar la brecha financiera de la biodiversidad es el compromiso de redirigir 500.000 millones de dólares de subvenciones lejos de las actividades que destruyen la naturaleza. Esto requiere, en primer lugar, desinvertir en actividades que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, incluidos los 5-7 billones de dólares que se calcula que los gobiernos invierten en subvenciones perversas y los 2,6 billones de dólares que se calcula que los mayores bancos invierten en sectores y proyectos perjudiciales para la biodiversidad. En 2022, sólo las subvenciones a los combustibles fósiles alcanzaron la cifra récord de 7 billones de dólares.
Para los gobiernos que están incentivados -o incluso obligados- a sostener sectores extractivos perjudiciales para la biodiversidad, cumplir los objetivos del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF) supondrá un reto monumental.
Conseguir resultados transformadores exigirá desmantelar las estructuras políticas y económicas que hacen rentable la extracción, especialmente para muchos países del Sur Global, donde es necesario mantener su estabilidad económica.
Sin cambiar estos sistemas subyacentes y las reglas del juego, el extractivismo continuará sin control, socavando la inversión pública en desarrollo sostenible y abordando las causas profundas de la pérdida de biodiversidad. También perpetuará los daños, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales y afrodescendientes.
La compensación de la biodiversidad, en realidad, hace más por permitir que las empresas extractivas y destructivas perpetúen y maximicen sus imperios empresariales y sus beneficios a costa de la biodiversidad que por cerrar la brecha financiera.
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