Reduzcamos la velocidad del proceso de crecimiento; detengamos la sobreexplotación. Hay más que simplemente desarrollo.

Anu Nettar*

‘En una pelea entre los elefantes, una gran cantidad de hojas se pierden’, dijo A. K. Barum, una experta independiente, señalando acertadamente la situación de los pueblos indígenas en el estado actual de los hechos, entre las empresas y los estados. La octava sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) se celebró entre los días 20 y 24 de Julio, 2015, en Ginebra, Suiza.

El MEDPI fue una de mis primeras conferencias en la ONU. Fue una experiencia práctica de primera mano, que era diferente de la lectura en los libros de texto y de escuchar a los profesores. Me di cuenta de que los pueblos indígenas se pusieron de pie para abogar por sí mismos, a diferencia de los tribunales ordinarios de justicia. Con la comunidad mundial de indígenas reunidos para discutir posibles soluciones para equilibrar el desarrollo y la conservación de los recursos naturales y el patrimonio de las generaciones futuras en el plenario, al entrar en detalle sobre países u organizaciones específicas para entender su enfoque al enfrentar a los gobiernos que no cooperan, se le dio la oportunidad a los observadores de comprender los problemas comunes que se dan en el plenario y reflexionar sobre estos durante los eventos paralelos. He tratado de reflexionar sobre algunas de las discusiones importantes y sugerencias que se hicieron, sobre todo en el panel de discusión sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en relación con las empresas comerciales.

El fenómeno de los “Auges de Inversión” con el pretexto de desarrollo va en aumento en África, donde los nuevos inversionistas se dirigen cada vez a más países, debido a que África tiene un gran potencial en términos de recursos naturales. Como era de esperarse, los líderes africanos están apoyando estos desarrollos, abriendo de esta forma a África a nuevos proyectos a través de los tratados de liberalización del comercio y las inversiones bilaterales y multilaterales. Esto es alarmante ya que el desarrollo es rápido, no sostenible y naturalmente irreversible, además de ser contaminante. Muchas de estas inversiones tendrán un impacto directo, en su mayoría adverso sobre las tierras y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

Aunque el ejemplo es sobre África, la situación en otros países no es diferente. Muchos de los participantes asintieron durante el plenario y los eventos paralelos que los burócratas se preocupan menos acerca de la sostenibilidad que por atraer a inversionistas extranjeros, lo que conduce a un desarrollo caótico y las víctimas son, por supuesto, las comunidades indígenas. Agnes Leina, un representante del IPACC señaló que las ganancias de la industria extractiva y el desarrollo de la infraestructura tiende a beneficiar a un pequeño grupo de inversionistas, mientras que las pérdidas como los daños al medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales y el desplazamiento de las comunidades son asumidas por la comunidad en general. Cuando este tipo de proyectos de inversión están en la fase de propuesta, siempre son (notablemente) sólo los estados los que son consultados para el consentimiento. A los pueblos indígenas, cuyas vidas y medios de subsistencia se verán más afectados, ni siquiera se les consulta.

El derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas en relación con las actividades que les afecten, que está consagrado en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también está siendo violado de muchas otras formas. Ya sea que se trate de la OMPI al asistir a los Estados miembros para proteger el patrimonio y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, el gobierno chino que prohíbe el patrimonio cultural, la construcción de una represa en Manipur (India) inundando 6 aldeas indígenas, o la construcción de tuberías de petróleo que trajo consigo derrames en América del Norte, todos estos casos apuntan en una dirección: la existencia del poder singular en la toma de decisiones de los estados. Como resultado, muchas voces se alzaron en MEDPI para condenar la negación del derecho al consentimiento libre, previo e informado por los estados.

Ahora surge la pregunta, ¿Quién debe actuar? Las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales, las comunidades indígenas; todos tienen un papel que desempeñar y una contribución para hacer con el fin de asegurar que las corporaciones transnacionales (TNCs) rindan cuentas por sus actos.

Hay una disposición que existe y de la que cada uno de nosotros podría hacer uso: los servicios de la Reportera Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dependiendo de la gravedad del caso, se presta atención a las solicitudes. Al proporcionar información importante como los detalles de las comunidades afectadas, autores, etc. y compilar esta información en un informe especial para las Naciones Unidas, se pueden hacer notar las atrocidades que se comenten. (Más detalles se pueden encontrar en http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SubmitInformation.aspx)

Los Estados están obligados a respetar los derechos humanos; las empresas deben hacer lo mismo. La sobreexplotación despiadada de las tierras y territorios indígenas degradan los derechos culturales y económicos, contaminan los alimentos y debilitan el acceso al agua, aparte de contaminar el medio ambiente. Los gobiernos deberían garantizar el cumplimiento del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado y otros derechos de los pueblos indígenas, antes de conceder la autorización a las empresas para explotar la madre tierra. Los efectos sociales, culturales y espirituales sobre las mujeres y los jóvenes deben ser puestos en una prioridad alta.

Con una gran cantidad de organizaciones que trabajan en favor de las comunidades indígenas y las personas de las propias comunidades indígenas participando en MEDPI, es seguro que se ha generado un cambio en la mente de la gente, los estados y las organizaciones internacionales. Con las comunidades reportando los asuntos relacionados con las atrocidades y la situación en sus regiones durante MEDPI, se ha logrado dirigir la atención hacia los derechos de los pueblos indígenas mucho más que antes. Esto presiona a los estados a aceptar y permitir la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Al reunirme con las personas que son, en el sentido estricto de la palabra, los guardias de sus bosques, escuché sobre el impacto que MEDPI tiene en sus estados. Como las sugerencias y recomendaciones provienen de la ONU, estos tienen la obligación de implementar muchas de ellas por el temor a ser juzgados por la comunidad mundial. Lo que me motiva a volver a la novena sesión de MEDPI del próximo año, es mi curiosidad por saber cuántas de estas recomendaciones del mecanismo de expertos han sido respetadas e implementadas por los estados. Con suerte, me voy a encontrar con las mismas personas y voy a escuchar los cambios positivos que se dieron para ellos y sus comunidades.

Anu Nettar trabaja como asistente legal en GFC

23 oct., 2015
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